En medio de la euforia por su saga de victorias parlamentarias, hay un tema que sigue empañando la gestión de Javier Milei: en febrero se volvieron a registrar subas de precios que, probablemente ubicarán al IPC en un nivel similar al 2,9% de enero.

Es un dato particularmente malo, porque febrero ha sido, históricamente, un mes de inflación moderada. Para empezar, porque tiene tres días menos que los dos meses anteriores y el mes posterior. Pero, sobre todo, porque tiene menos subas de precios estacionales: en diciembre suelen destacar la suba de alimentos, por las fiestas, y en enero los gastos de hotelería y turismo.

Sin embargo, este es un febrero «recargado». Una parte de ese efecto ya estaba prevista, por la postergación que habían tenido los ajustes en las tarifas de electricidad y gas, y que ahora verán reflejado su impacto.

Pero otro factor que impulsó la inflación estuvo fuera de las previsiones: el sensible rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas continúa aumentando de una alta velocidad. El último reporte de la consultora LCG indica que, aunque en la cuarta semana de febrero hubo una estabilización, los precios igual redondearán una suba promedio de 4,2%.

Es una leve mejora, si se considera que en enero los alimentos habían aumentado un 4,7%, con lo cual volvieron a ser la principal locomotora de los aumentos. Pero si se compara con lo ocurrido en febrero del año pasado, cuando el registro había sido 3,2%, el empeoramiento es notorio.

Y todo indica que se cumplirán cinco meses consecutivos en los que el rubro de alimentos varía por encima del IPC promedio, y con tendencia al alza. Es un dato particularmente nocivo para la narrativa oficialista, porque pone en duda que la pobreza y la indigencia continúen su camino descendente.

Por otra parte, una cifra de 4% en alimentos sigue superando ampliamente a la «inflación núcleo». Esto implica que lo que está compensando por las subas de precios en las góndolas de los supermercados son los productos importados, que se abarataron en términos reales, gracias a la polémica apertura de importaciones.

La paradoja de la carne

Nuevamente, la carne -un rubro de alta ponderación en la canasta del Indec- fue el «villano» del mes. Según el relevamiento de LCG, tuvo un aumento promedio de 5,2% en febrero, superando largamente al 3,6% que se había registrado en enero.

¿Por qué ocurre esto en una época en la que suele disminuir la demanda? Según los expertos del negocio agrícola, el motivo es la caída en el rodeo vacuno, que hace que los productores retraigan la oferta para recomponer sus stocks.

El mejor reflejo de esa situación está en el mercado de Cañuelas, donde se ve un sostenido aumento del ganado, con el novillito superando los $5.000 por kilo vivo en algunos momentos del mes. Ese precio implica un 42% por encima del precio de octubre y un 25% más que en diciembre, cuando se producía el pico estacional del consumo.

Dado que los ciclos biológicos en el sector vacuno son largos, se tardará al menos cuatro años para que, desde el nivel actual de 51 millones de cabezas, se vuelva a los 54 millones que se registraban en 2022. Por eso, los frigoríficos advierten que los precios podrán mantenerse altos por dos años, antes de empezar a bajar.

Y lo paradójico de la situación es que si Toto Caputo hubiese aceptado la aplicación del nuevo IPC que había preparado el renunciado Marco Lavagna, el impacto de la carne vacuna habría sido mucho menor. Ocurre que el actual IPC le sigue asignando hoy la misma ponderación en el presupuesto familiar que la que tenía en el año 2004, a pesar de que hoy el nivel de consumo es de 49,9 kilos anuales per capita, un 35% menos que los 63,9 kilos que se consumían en 2004.

De todas formas, la carne no fue el rubro que más aumentó en la canasta alimentaria de febrero: las bebidas no alcohólicas registraron subas de 6,1%, mientras los productos panificados y pastas aumentaron un 5,7%.

Sin alivio hasta abril

Si al efecto de los alimentos se le agrega el probable agravamiento de la inflación en el rubro «Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles», entonces están dadas las condiciones para esperar otro mal dato del IPC.

Desde el punto de vista de las cuentas fiscales, el rubro de subsidios a servicios públicos, si bien ha sido recortado, todavía se lleva un 6% del gasto presupuestario. Y la necesidad de recortes se acentuó por la peligrosa tendencia en la recaudación impositiva: las cifras de ARCA marcaron en enero la sexta caída consecutiva, medida en variación interanual real.

Para ponerlo en palabras de Caputo, todavía no se completó el «cambio de precios relativos» entre bienes y servicios, como para que el proceso desinflacionario pueda considerarse consolidado. Traducido: falta aún más recortes de subsidios y, por ende, mayores subas de precios en servicios públicos y en transporte.

En realidad, esto fue lo que llevó a Caputo a pensar que era mejor posponer el cambio de IPC, ya que la canasta que había diseñado Lavagna aumentaba la ponderación del rubro de servicios públicos desde el actual 9,4% del presupuesto familiar, a un 14,5%.

Pero claro, el ministro no contaba que el rubro de alimentos fuera a mostrar tanta presión alcista. El único consuelo que deja el mes es que en la última semana se notó un freno en los aumentos de alimentos -y específicamente de la carne-, con lo cual se podría esperar menor inflación de alimentos para marzo.

Aun así, tampoco hay que esperar una baja importante del IPC hasta abril, porque marzo es típicamente un mes de inflación elevada. Hay precios estacionales, como los vinculados al inicio de clases y al cambio de temporada textil, que pondrán un piso alto.

Importados y paritarias

Mientras tanto, la gran ayuda para el gobierno sigue llegando desde las categorías donde abundan los productos importados, como la electrónica, la textil y, por cierto, los neumáticos -que en los últimos días se llevaron el protagonismo por la polémica que generó el cierre de Fate y la «confesión» de un empresario sobre los elevados sobreprecios en ese rubro.

Aun así, Caputo deberá resignarse a que en las paritarias actualmente en discusión se deban convalidar ajustes salariales superiores a los que originalmente había previsto el gobierno.

De hecho, en los principales gremios que ya cerraron acuerdos se establecieron subas de hasta 3,5% mensual, para recuperar la pérdida salarial por el alza de los últimos meses.

La aprobación de la reforma laboral en el Congreso Nacional introdujo modificaciones estructurales en el sistema de relaciones del trabajo en el sector privado. A través de este nuevo marco normativo, se estableció la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo diseñado para que los empleadores puedan afrontar el pago de las indemnizaciones por despido y otras obligaciones derivadas de la extinción del vínculo laboral.

Este cambio de paradigma busca que el financiamiento de las desvinculaciones deje de ser una erogación directa y contingente de las empresas en el momento del despido, para pasar a un esquema de fondo acumulativo e individualizado. De esta manera, las organizaciones realizarán aportes mensuales que funcionarán como un respaldo financiero ante las eventualidades de su plantilla de personal.

El FAL tiene como objetivo principal asistir a los empleadores del sector privado en el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la Ley de Contrato de Trabajo y la Ley del Régimen de Trabajo Agrario. Se trata de un sistema de capitalización donde cada empleador deberá abrir una cuenta individual en una entidad habilitada por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Según la normativa aprobada, estas cuentas serán administradas como un patrimonio separado del resto de los activos del empleador y tendrán carácter de inembargables. El saldo acumulado en dichas cuentas solo podrá ser utilizado para cubrir las obligaciones laborales que surjan ante la finalización de una relación de trabajo. Es importante destacar que el Estado Nacional no asumirá responsabilidad por la disponibilidad o la suficiencia de los fondos, delegando la administración en entidades privadas autorizadas.

En cuanto a su aplicación técnica, el fondo no operará como un seguro de desempleo tradicional. Su uso está estrictamente limitado a situaciones específicas de egreso:

• Indemnizaciones por despido sin justa causa.
• Acuerdos de desvinculación por mutuo consentimiento.
• Fallecimiento del trabajador.

En los casos de renuncia voluntaria o jubilación del empleado, la Secretaría de Trabajo ha aclarado que los fondos no se pierden ni son retirados por el trabajador, sino que permanecen en el fondo común de la empresa para ser utilizados ante futuras contingencias de otros dependientes.

El financiamiento del FAL recae exclusivamente sobre el sector empleador a través de contribuciones mensuales obligatorias. La reforma estableció una diferenciación en las alícuotas según el tamaño y la estructura de la unidad productiva, revirtiendo una intención inicial que proponía una tasa uniforme para todos los actores.

Bajo el esquema actual, las grandes empresas deben realizar un aporte correspondiente al 1% de las remuneraciones brutas de cada trabajador. Por su parte, las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) tienen una carga superior, fijada en el 2,5% sobre la misma base salarial. Estas tasas tienen un margen de incremento; el Poder Ejecutivo, con previa aprobación del Congreso, podrá elevar los porcentajes hasta el 1,5% para las grandes firmas y hasta el 3% para las MiPyMEs.

Además de las contribuciones obligatorias, el fondo podrá nutrirse de aportes voluntarios, donaciones y los rendimientos generados por las inversiones que las entidades administradoras realicen con ese capital. En términos impositivos, los recursos acumulados estarán exentos del Impuesto a las Ganancias y no estarán alcanzados por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), a excepción de las comisiones que cobren las entidades por la gestión administrativa.

Para que un trabajador sea beneficiario de la cobertura de este fondo, debe estar debidamente registrado y contar con una antigüedad mínima de doce meses. La ley excluye explícitamente de este régimen a los trabajadores no registrados y a aquellos que pertenecen a sectores con regímenes de despido específicos, como la industria de la construcción o el personal de casas particulares.

La normativa también establece un período de carencia. El FAL solo podrá utilizarse para cubrir extinciones laborales una vez que el empleador haya realizado al menos seis contribuciones mensuales consecutivas. No obstante, el Poder Ejecutivo conserva la facultad de extender este plazo para sectores económicos determinados según la coyuntura.

Cuando se produce la desvinculación, el empleador debe iniciar un procedimiento administrativo:

1. Presentar una Declaración Jurada ante la entidad administradora con los datos del trabajador y la liquidación correspondiente.
2. La entidad debe verificar el cumplimiento de los requisitos legales.
3. Una vez aprobada, la transferencia del monto al trabajador debe realizarse en un plazo máximo de cinco días hábiles.

A pesar de la existencia del fondo, la responsabilidad final por el pago de la indemnización continúa siendo del empleador. Si el saldo acumulado en la cuenta individual resultara insuficiente para cubrir la totalidad de la deuda laboral, la empresa deberá abonar la diferencia con fondos propios. Asimismo, el sistema no impide que el trabajador recurra a la vía judicial si considera que sus créditos laborales no han sido satisfechos íntegramente.

Existe una cláusula de alivio para los empleadores: aquel que logre demostrar que el saldo acumulado en su cuenta ya cubre la totalidad de sus contingencias potenciales podrá solicitar la suspensión de las contribuciones mensuales obligatorias.

Junto con la creación del FAL, la reforma laboral introdujo un cambio sustancial en el modo en que se computan las indemnizaciones por despido sin causa. El nuevo texto legal modifica la base de cálculo, limitándola estrictamente a la remuneración mensual, normal y habitual percibida por el trabajador.

Esta redefinición excluye de forma explícita del cálculo a todos aquellos conceptos que no tienen una frecuencia mensual. En consecuencia, el Sueldo Anual Complementario (aguinaldo) y los proporcionales de vacaciones ya no forman parte de la base para determinar el monto indemnizatorio. Según el marco legal vigente, la cifra resultante de este cálculo constituye la única y total reparación por la ruptura del vínculo laboral, eliminando otros rubros que anteriormente solían integrarse por vía administrativa o jurisprudencial.

Finalmente, la reforma estipula un nuevo mecanismo para la actualización de los créditos laborales en caso de demora o litigio. El sistema de actualización se rige ahora por la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), al cual se le debe sumar un interés anual fijo del 3%. Este esquema busca estandarizar las actualizaciones y brindar previsibilidad sobre los montos finales de las liquidaciones.

En una resolución que marca un antes y un después en el negocio sanitario ganadero, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) autorizó el registro en la Argentina de una nueva vacuna contra la fiebre aftosa que ya se aplicaba en países vecinos, entre ellos Brasil.

La aprobación recayó sobre el laboratorio argentino Tecnovax, que podrá comercializar en el país una vacuna que, según informó la propia compañía, cuenta con más de una década de uso en Brasil, Paraguay y Uruguay, donde se administraron cientos de millones de dosis.

Se trata de una decisión de gran impacto, ya que el mercado de la vacuna antiaftosa en la Argentina mueve millones de dosis por campaña y constituye una pieza central del andamiaje sanitario que sostiene el estatus del país como exportador de carne. Por eso, el ingreso de un nuevo producto en un segmento históricamente concentrado reconfigura un tablero que venía tensionado desde hace años.

Vacuna antiaftosa: trámite de casi dos años y conflicto de fondo en el agro

De acuerdo con el comunicado oficial de la empresa, la autorización se produjo luego de «casi dos años de tramitaciones», durante los cuales la firma respondió «de manera exhaustiva todos los requerimientos técnicos, regulatorios y documentales» exigidos por la autoridad sanitaria.

Detrás de esa frase formal se esconde una disputa que excedía lo meramente administrativo. El ingreso de esta vacuna, producida originalmente para el mercado brasileño, había generado resistencias y cuestionamientos dentro de un negocio donde la oferta estaba prácticamente acotada a un solo proveedor mayoritario.

La discusión combinó aspectos regulatorios, técnicos y comerciales. Desde el lado de la empresa impulsora del registro se sostenía que el producto cumplía con todos los estándares exigidos por la normativa argentina y que su utilización masiva en países vecinos era prueba suficiente de su calidad, seguridad y eficacia. Del otro lado, se advertía sobre la necesidad de preservar los controles en un insumo crítico para el estatus sanitario nacional.

La resolución del Senasa salda, al menos en términos formales, esa controversia, donde el organismo consideró que el producto cumple con el marco regulatorio vigente y otorgó el registro correspondiente.

Exportaciones: un mercado estratégico para la carne argentina

La vacuna contra la fiebre aftosa no es un insumo más dentro de la estructura productiva. Es la herramienta que sostiene el esquema de vacunación obligatoria que permite a la Argentina mantener su condición sanitaria y acceder a mercados internacionales de alto valor.

En ese contexto, la ampliación de la oferta tiene implicancias económicas directas. El propio comunicado empresarial subraya que el registro «contribuye a ampliar la oferta disponible y fortalecer la competencia, en beneficio directo de los productores ganaderos y del sistema sanitario nacional».

La vacuna ahora autorizada fue utilizada durante más de una década en Brasil, Paraguay y Uruguay. En los dos primeros casos, el programa sanitario va hacía la eliminación de la vacunación contra la aftosa, a diferencia de lo que ocurre en Argentina.

Según Diego La Torre, gerente general de Tecnovax, «la vacuna que TECNOVAX comercializará en Argentina ha sido fundamental para erradicación de la fiebre aftosa en la región, permitiendo a muchos países que la utilizaron, acceder a nuevos y mejores mercados de exportación para su carne, ayudando a Brasil a alcanzar el estatus de libre de aftosa sin vacunación».

Esa referencia a Brasil envuelve la clave de todo. El vecino país avanzó en los últimos años hacia un esquema de retiro progresivo de la vacunación, tras consolidar su situación sanitaria. Que el producto ahora aprobado en la Argentina haya sido parte de ese proceso es uno de los argumentos centrales que esgrimió la compañía para respaldar su solicitud.

De Brasil a la Argentina

El dato político y comercial más relevante es que se trata de una vacuna con trayectoria en Brasil que ahora podrá aplicarse en rodeos argentinos. En términos prácticos, esto implica el ingreso de un nuevo competidor en un mercado históricamente dominado por un único laboratorio.

El negocio de la aftosa en la Argentina no sólo es voluminoso en términos de dosis, sino que está directamente vinculado con la arquitectura institucional del sistema sanitario, con campañas obligatorias, participación de entes sanitarios locales y supervisión estatal. Cualquier modificación en la oferta impacta sobre esa estructura.

Los productores ganaderos argentinos vienen reclamando una baja en los precios de la dosis de la vacuna, ya que en nuestro país el valor llega a duplicar el de los países de la región.

La empresa destacó además que muchos de sus productos se elaboran en su planta biotecnológica ubicada en Mercedes, provincia de Buenos Aires, desde donde exporta a más de 25 mercados. Sin embargo, el eje de la noticia no es la expansión industrial de la firma sino el cambio de reglas en un mercado sensible.

Un punto de inflexión para el campo

La autorización del Senasa marca un punto de inflexión en una discusión que llevaba años. No sólo habilita la comercialización de un nuevo biológico, sino que redefine el esquema competitivo en un rubro estratégico para la ganadería.

En un contexto donde el Gobierno impulsa mayor competencia y apertura en distintos sectores de la economía, la aprobación de esta vacuna se inscribe en esa lógica. Pero, más allá del clima político, lo cierto es que el mercado de la aftosa deja de ser el mismo.

La próxima campaña de vacunación será la primera en la que los productores podrán optar por una alternativa adicional. Cómo impactará eso en precios, participación de mercado y dinámica del negocio es algo que se verá en los próximos meses.