POLITICA
La “batalla cultural” de Milei agota un foco y gira al frente económico
El Gobierno sumó celebraciones en el Congreso como cierre de las sesiones extraordinarias y, casi al mismo tiempo, el tono destemplado lo marcó Javier Milei con una nueva carga sobre algunos empresarios. Puede parecer una contradicción, pero no lo es. La “batalla cultural” afirma un giro atado a la realidad antes que a elucubraciones de escritorio. El discurso contra la “casta política” se viene agotando, por su uso en continuado y porque los festejos violetas -sobre todo, legislativos- exponen como elemento determinante el acuerdo con buena parte de la dirigencia que antes era condenada. En paralelo, el frente económico emite señales preocupantes que, en el plano discursivo, demandan una renovación de rivales para las peleas efectistas, en blanco y negro.
La primera descarga sobre Techint podía ser explicada como un hecho en sí mismo, por el caso puntual de la licitación que perdió la empresa y, más, porque insinuó la necesidad de una discusión sobre dumping o posiciones dominantes de mercado. Es algo que, en rigor, el oficialismo evita y va liquidando de hecho. La última andanada, que apuntó otra vez a Paolo Rocca y sumó definitivamente como rival a Javier Madanes Quintanilla, expresó un nuevo foco de batalla. El eco de funcionarios y la reacción violeta más o menos orgánica en redes sociales afirmó la movida.
No se trataría sólo de lo que algunos definen como componente ideológico básico, es decir, la decisión -y la necesidad- de construir un “enemigo” para confrontar todo el tiempo. En este caso, resulta evidente que la coyuntura tiene su propio peso. Es una pelea por mantener expectativas, en la economía cotidiana -más allá de la discusión abierta en términos “macro”-, objetivo complicado en todas las gestiones y que, en general, los oficialismos enfrentan colocando toda responsabilidad fuera de la gestión. Y si pueden ponerle nombre, mejor.
Milei volvió a exponer la tendencia a los apodos que considera ácidos para descalificar: “Don chatarrín”, “Don gomita alumínica”. Pero fue más allá, no sólo al tratarlos de “delincuentes”, sino al definirlos como expresiones de un “sistema corrupto que hundió a los argentinos de bien”. La referencia a un “sistema” es un dato fuerte, por lo que dice textualmente y, sobre todo, porque estaría hablando de un “enemigo” enorme y de un cuadro cuya reversión demandaría esfuerzo. Y tiempo.
Los mensajes presidenciales, y por extensión del Gobierno, provocan previsible y fuerte impacto en el mundo empresarial, descoloca a algunas de sus entidades, inquieta incluso a algunos “amigos” de Olivos. Pero tampoco, al menos por ahora, se plantea una discusión de fondo. No se trataría únicamente por el efecto de las importaciones generalizadas -que el oficialismo considera de manera ingenua o por razones de otra naturaleza como remedio económico-, sino además sobre el tipo de desarrollo y la admisión de responsabilidades propias en la larga crisis del país. Todo -la ofensiva del Gobierno y muchos silencios- como si no existiera contexto internacional, disputas arancelarias, batallas geopolíticas que distorsionan precios para hacer pie en mercados.
La “batalla cultural” no ahonda en estos temas. Está a la vista, en cambio, que los éxitos del Gobierno restan sustento al discurso sobre el factor político como excluyente responsable del cuadro socioeconómico. El Congreso acaba de exponer que no pasan por allí los sobresaltos, al menos en estas horas: se reduce así el recurso de los cuestionamientos en bloque a “la” política. El oficialismo fue estableciendo un tejido de negociaciones -con casi todo el PRO y la UCR, provinciales, peronistas que hacen su juego- para avanzar con sus principales proyectos en el Congreso, que entonces dejó de ser sinónimo de “casta”. También negocia en continuado con la mayoría de los gobernadores. Y en el caso de la reforma laboral, con jefes sindicales, que aún en medio de las disputas, lograron que queden afuera de la ley los renglones que afectaban a las estructuras gremiales (cuotas sobre salarios, aportes para obras sociales).
Visto así, la mira se fue reduciendo al kirchnerismo, que enfrenta su momento de mayor deterioro, pero a la vez cosecha niveles significativos de rechazo por sus gestiones -sobre todo, la de CFK y Alberto Fernández- y como fantasma a futuro. Sin embargo, mantenerlo como enemigo exclusivo tiene sus limitaciones. Asoma cierta fatiga comunicacional luego de la elección de octubre, en especial cuando se insiste con el “riesgo kuka” para explicar problemas diferentes, como la persistencia inflacionaria. Esa tendencia arrancó en etapa preelectoral -mediados del año pasado- y sigue cuatro meses después de los comicios.
De todos modos, el oficialismo mantiene la inercia de descalificar de ese modo cualquier mirada crítica -de economistas y periodistas, en especial- como si fuera parte de la pelea por el discurso o la narrativa. El último tema visible fue la lectura de los datos del EMAE. El informe del INDEC sobre diciembre incluyó datos celebrados por el Gobierno y otros ignorados o minimizados por el oficialismo. De un lado, la variación positiva de 3,5% en la comparación interanual, sostenida sobre todo por los rubros agropecuario, financiero y minero. Y del otro, los números negativos de la industria, el comercio, la actividad gastronómica. Ese señalamiento para evaluar el cuadro completo fue atacado por K.
Algunos informes privados, en base a datos públicos, vienen mostrando complicaciones o cierres de empresas y, de la mano, cifras preocupantes en materia laboral (puestos de trabajo). El caso de Fate pegó en ese contexto, aunque se trata de un problema de arrastre, agravado. Estalló además en horas del tratamiento de la reforma laboral y de paro de la CGT. Fueron ingredientes potentes, por encima de las explicaciones empresariales sobre fechas y pasos previos que anticipaban el desenlace. Eso último era conocido en círculos que no son ajenos a funcionarios de las áreas económica y laboral. La reacción de Olivos no respondió sólo a este caso: pudo ser el disparador, pero de ningún modo la cuestión de fondo.
Este domingo por la noche, se verá si el Presidente incluye una nueva carga en su discurso para abrir otro ciclo de sesiones ordinarias del Congreso. “Batalla cultural”, tituló el reciente mensaje contra los empresarios referidos. Nuevo foco.
POLITICA
El Gobierno elevó el nivel de seguridad en todo el país tras la operación militar de EEUU e Israel contra Irán
Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado una serie de ataques preventivos que tuvieron como epicentro la ciudad de Teherán y desencadenaron una respuesta inmediata con misiles y drones por parte de la República Islámica de Irán. Por el caso, el gobierno argentino elevó a “alto” el nivel de seguridad en todo el país.
La administración libertaria tiene como una de sus principales estrategias geopolíticas la del alineamiento internacional con Estados Unidos e Israel, los dos países que coordinaron la ofensiva que se conoció esta madrugada.
Hasta la última edición de esta nota, la única oficina oficial que comunicó una advertencia fue la Embajada Argentina en Arabia Saudita, Bahréin, Omán y Yemen. “Atento incremento de la tensión regional se urge a los ciudadanos argentinos: Mantener una actitud de precaución reforzada; mantenerse informados a través de fuentes oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades locales. Evitar desplazamientos no esenciales hacia instalaciones militares o zonas sensibles. Tner la documentación al día, incluyendo pasaporte válido y visados correspondientes. Mantener actualizado el registro de sus datos de contaco en la Embajdada. Se recuerda celular de guardia para casos de emergencia: 00 966 50 328 99 58″, escribieron los emisarios argentinos desde Riad.
El año pasado, el Gobierno resolvió trasladar al personal de la Embajada Argentina en Irán hacia Azerbaijan. Desde entonces, y según supo Infobae, la representación consular se realiza desde ese país.
También se pronunció la Embajada Argentina en Israel a través del Consultado en Tel Aviv por posibles respuestas desde Teherán: “Ante los desarrollos actuales, se solicita seguir todas las instrucciones del Home Front Command y conocer su refugio más cercano”.
Hace cinco días, el canciller Pablo Quirno realizó un sugerente posteo en su cuenta de X a modo de recordatorio de un alerta del Ministerio de Relaciones Exteriores, que solicitaba a los argentinos en Medio Oriente que mantuvieran una actitud de precaución.
A diferencia de lo que fue el accionar de Estados Unidos sobre Venezuela, el Gobierno busca medir con palabras más precisas su posicionamiento sobre el operativo de esta mañana. El vínculo entre Milei y el Ayatollah Ali Khamanei es de distancia absoluta a raíz del fuerte alineamiento que Argentina comenzó a tener con Israel.
Un mes atrás, la Oficina del Presidente informó que el Gobierno Nacional había declarado a la Fuereza Quds y a trece individuos vinculados con ese grupo militar como una organización terrorista.
“La Fuerza Quds es una división de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní, especializada en el entrenamiento para la realización de ataques terroristas en otros países. La República Argentina fue víctima de sus operaciones en la década de 1990, a través de los atentados contra la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992 y contra la AMIA en 1994″, marcaba el comunicado, que criticaba a las autoridades iraníes por no colaborar con el juzgamiento de Ahmad Vahidi, comandante de la organización entre 1989 y 1998.
Qué está pasando en Irán
El gobierno iraní declaró el estado de emergencia nacional y anunció el cierre indefinido de su espacio aéreo, mientras la comunidad internacional observa una escalada militar que amenaza con arrastrar a toda la región a un conflicto abierto.
La ofensiva fue definida como “Operación Furia Épica” por el Pentágono y estuvo dirigida contra la máxima cúpula política y militar iraní, incluidos el ayatolá Ali Jamenei, líder supremo de Irán, y el presidente Masoud Pezeshkian. Aunque no hay confirmación oficial sobre el estado de los dirigentes, medios estatales reportaron que Jamenei fue trasladado a un lugar seguro. Otras fuentes aseguraron a la agencia Reuters que varios altos comandantes de la Guardia Revolucionaria y funcionarios políticos fallecieron, mientras la prensa local indicó la muerte de 40 personas tras un bombardeo a una escuela; estos datos no pudieron ser verificados de modo independiente.
El Ministerio de Defensa israelí sostuvo que el ataque buscaba “eliminar amenazas inminentes” hacia el Estado de Israel. El ministro israelí Israel Katz confirmó el carácter preventivo de la operación, sin detallar su duración ni el alcance de la campaña. Las fuerzas armadas israelíes informaron que fueron atacados objetivos militares, símbolos políticos y centros de inteligencia en territorio iraní. Testigos de agencias internacionales, escucharon detonaciones en el centro y este de Teherán poco después del inicio del operativo, y la agencia Fars añadió reportes de explosiones en Isfahán, Qom, Kermanshah y Karaj.
Tras el primer impacto, las autoridades iraníes activaron protocolos especiales: bloquearon el acceso vial al complejo de Jamenei, interrumpieron servicios de telefonía móvil y ordenaron la evacuación de áreas céntricas de la capital. El pánico llevó a largas filas en bancos y estaciones de servicio, en previsión de eventuales apagones de comunicaciones o nuevas hostilidades.
Aproximadamente dos horas después del ataque inicial, la Guardia Revolucionaria iraní anunció el lanzamiento de una “amplia ofensiva” de misiles y drones contra Israel y contra bases estadounidenses ubicadas en países vecinos. El portavoz de las Fuerzas Armadas iraníes advirtió: “cualquier base en toda la región que ayude a Israel será nuestro objetivo”.
En ese marco, se registraron ataques iraníes a la base Al Udeid en Qatar, la de Al Salem en Kuwait, Al Dhafra en Emiratos Árabes Unidos, y contra la sede de la Quinta Flota norteamericana en Baréin. El gobierno de Bahréin confirmó que “el centro de operaciones de la Quinta Flota ha sido objeto de un ataque con misiles” y aseguró que “se reserva su pleno derecho a responder y tomar las medidas necesarias para proteger su seguridad nacional”.
Las defensas aéreas de Jordania interceptaron dos misiles que tenían como destino territorio jordano. En Israel, las sirenas antiaéreas se activaron en Jerusalén y otras ciudades, mientras el ejército advirtió a la población sobre el “riesgo extremo” de un ataque inminente.
El espacio aéreo fue cerrado por completo en Irán, Israel e Irak, y Emiratos Árabes Unidos implementó un cierre parcial y temporal por precaución. Kuwait y Qatar interrumpieron todos los vuelos, una medida replicada por aerolíneas internacionales como Lufthansa, Air France, British Airways, Swiss, Norwegian y Air India, que suspendieron conexiones hacia Medio Oriente o ciudades específicas como Tel Aviv, Beirut, Ammán, Erbil y Dubái.
El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó en un mensaje difundido por redes sociales que Estados Unidos participó en la ofensiva con el objetivo de “destruir sus misiles y arrasar su industria misilística”, advirtiendo al régimen iraní: “serán borrados”. Además, Trump instó al pueblo iraní a “tomar el control de su gobierno” y aseguró: “cuando terminemos, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Probablemente sea su única oportunidad en generaciones”.
Trump justificó la operación al señalar que Teherán persistía en desarrollar su programa nuclear y armamentos con capacidad de alcanzar territorio estadounidense, y acusó al régimen iraní de corear durante 47 años “muerte a Estados Unidos”.
Del lado israelí, el primer ministro Benjamin Netanyahu proclamó en un mensaje que el objetivo conjunto con Washington era “eliminar la amenaza existencial” que representa Irán y crear condiciones para que “el valiente pueblo iraní tome las riendas de su destino”. El ejército israelí reforzó su alerta nacional, instruyendo a la ciudadanía a permanecer en refugios y cerrar el espacio aéreo doméstico, con hospitales trasladando operaciones y pacientes a instalaciones subterráneas ante el temor a nuevos ataques.
La ofensiva desencadenó una reacción en cadena en toda la región. Fuertes explosiones fueron reportadas en Abu Dabi y Dubái, donde residen bases militares estadounidenses y europeas, mientras Qatar logró interceptar proyectiles dirigidos contra su territorio. La isla iraní de Kharg, centro crucial de exportación de petróleo, también fue escenario de ataques y detonaciones.
Según estimaciones del analista Jorge León, de Rystad Energy la incertidumbre geopolítica podría llevar el precio del petróleo Brent a aumentar entre USD 10 y 20 por barril si la situación no muestra señales de desescalada en los próximos días.
Representaciones diplomáticas como la embajada de Estados Unidos en Manama recomendaron a sus ciudadanos resguardarse y repasar protocolos de emergencia, ante el riesgo concreto de nuevos ataques o la caída de escombros producto de la intercepción de misiles y drones.
En medio de la crisis, Reza Pahlaví, hijo del último sah de Irán, difundió un mensaje donde caracterizó la intervención como una “ayuda prometida al valiente pueblo iraní” por el presidente estadounidense. Pidió a sus compatriotas mantenerse en sus hogares y llamó a las fuerzas armadas a sumarse a una “transición segura”, advirtiendo que “de no hacerlo, se hundirán con el barco naufragado de Khamenei y su régimen”.
Hasta el momento, las autoridades de Irán, Israel y Estados Unidos no han informado de víctimas confirmadas más allá de los reportes internos iraníes acerca de 40 fallecidos en una escuela, que medios internacionales como Reuters no pudieron verificar. Las declaraciones de las partes mantienen la amenaza de represalias adicionales, en un entorno donde los intentos recientes de negociación sobre el programa nuclear iraní no han conducido a acuerdos, y donde la Guardia Revolucionaria afirmó: “todas las bases e intereses estadounidenses en la región están al alcance de Irán y las represalias continuarán hasta que el enemigo sea derrotado de manera decisiva”.
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POLITICA
“¿Se canjeó plata por precarización?“: la crítica de ATE a la CGT por su rol en el tratamiento de la reforma laboral
El secretario general de Asociación de Trabajadores del Estado, Rodolfo Aguiar, rechazó la reforma laboral aprobada en el Senado y afirmó que “no aparece ni siquiera una partecita de un artículo que esté orientado a establecer una mejora o un beneficio o un crecimiento en un derecho para los trabajadores”.
“No la van a poder aplicar. En los sectores de trabajo no van a poder comprar como compraron en el Congreso. Ahí estamos los trabajadores. No la vamos a cumplir. Yo no voy a pedir permiso para hacer una asamblea, jamás”, advirtió el gremialista.
Aguiar también cuestionó la postura de la CGT, que no participó de la movilización de ayer pero anunció que el próximo lunes iniciará el proceso judicial. “Nunca vi pedir la inconstitucionalidad de algo que no estaba votado. Salieron a pedir la inconstitucionalidad de algo que no existía. La judicialización es una opción, pero si lo proponés antes aparece más como una excusa para no salir a la calle”, sostuvo.
En ese sentido, lanzó una frase que marcó el tono de sus críticas: “Si usted ve un gremialista que anda con el abogado de la mano todo el día, es porque no se anima o no quiere pelear. La lucha viene primero y el abogado viene después”.
En ese punto, Aguiar lanzó la frase que sintetizó su crítica: “¿Se canjeó plata por precarización?”. Al referirse a las negociaciones previas, mencionó a Patricia Bullrich y sostuvo que “reconoció públicamente que negoció”. “Si no fue así, tienen que salir a desmentirlo. Es un caballo de Troya, un regalo envenenado”, afirmó. Y preguntó: “¿Cómo explicamos que se quitaron los artículos que perjudicaban a los sindicatos y quedaron los que perjudican a los laburantes?”. Y añadió: “Yo soy consciente de la importancia del financiamiento para las organizaciones sindicales, pero no pueden ganar los gremios y perder los trabajadores”.
“Nos cansamos de decirlo durante meses en el debate previo. La ley es pésima de principio a final”, sostuvo en diálogo con Delta, y agregó: “No estamos frente a una reforma. El Pacto de San José de Costa Rica establece el principio de progresividad de los derechos sociales y cualquier modificación debiera ser para mejorar o ampliar derechos, no para eliminarlos”.
Consultado sobre el alcance de la norma en el sector estatal, Aguiar afirmó que el impacto “es discutible” y cuestionó declaraciones oficiales. “Hay numerosos organismos que se rigen por la ley de contrato de trabajo. En mi caso soy trabajador de PAMI y tengo un convenio colectivo que, en lo no comprendido, aplica supletoriamente esa ley. Lo mismo ocurre en ANSES o Vialidad Nacional”, explicó.
El dirigente también puso el foco en la situación de los contratados bajo monotributo. “Lo que cambia ahora es la no presunción del vínculo laboral. Durante años se multiplicaron figuras contractuales para precarizar el empleo: te hacen facturar, pero realizás las mismas tareas que el personal de planta, cumplís horarios y recibís órdenes. Antes se presumía el vínculo y se reconocía la relación de dependencia. Eso no existe más”, afirmó. Y añadió: “Legitimaron el fraude laboral de decenas de miles de trabajadores en todos los estados del país”.
Sobre los contratos anuales en la administración pública, Aguiar señaló: “Hicieron lo que quisieron en el Estado sin esta ley. No somos capaces de imaginarnos qué pueden hacer a partir del lunes”. En ese marco, sostuvo que el oficialismo “tuvo un triunfo institucional, pero una derrota social”, y afirmó que “siete de cada diez argentinos rechazan la norma y son conscientes de los perjuicios que va a tener”.
Durante la entrevista también se refirió al trámite parlamentario en el Senado de la Nación y a la votación final del texto. Aguiar coincidió en que la discusión se limitó a aceptar o rechazar las modificaciones provenientes de Diputados y señaló que “esa dinámica generó confusión y algunas abstenciones”.
Finalmente, al evaluar el escenario sindical, remarcó que “no son tiempos para fracturas”, pero insistió en que “no pueden ganar las organizaciones y perder los trabajadores”. “La importancia del financiamiento es real, pero hay cosas que se tienen que explicar”, afirmó.
El Juzgado Penal Económico N°5 rechazó este sábado el pedido del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, para viajar a Barquisimeto, Venezuela, entre el 28 de febrero y el 3 de marzo. El dirigente quería asistir al acto de inauguración de la Federación Venezolana de Fútbol.
El tribunal consideró que Tapia, envuelto en un escándalo por desvío de fondos y lavado, ya había intentado modificar sin autorización el itinerario previamente aprobado para otro viaje (Colombia y Brasil), excediendo los límites fijados, y que existían inconsistencias en las invitaciones al evento —con cambios de fecha el mismo día de su emisión— que generaban dudas sobre la solicitud.
El juez Diego Amarante ya le había autorizado su viaje a Colombia y a Brasil como presidente de la Conmebol pese a estar imputado. En ese marco, Tapia pidió extender su viaje hasta el 3 de marzo para ir desde Río de Janeiro a Caracas, pero el mismo magistrado lo rechazó; el dirigente volvió a la Argentina el viernes.
“Tampoco puede desconocerse la situación de inestabilidad política existente en el país al que se pretende viajar, que incluye -como es de público conocimiento- denuncias de detenciones arbitrarias contra múltiples personas (entre ellas, ciudadanos argentinos)”, dice el fallo al que accedió .
Y agrega: “No era ese ni el destino ni el itinerario autorizado por esta judicatura mediante la resolución del 23 de febrero de 2026. Y debe también destacarse que la única razón por la que no se materializó la realización de ese acto que implicaba una violación a las condiciones oportunamente impuestas, fue por el presunto cambio de fecha del evento informado, y no por la debida observancia por parte del peticionante de los compromisos asumidos”.
Tapia y el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, tienen una audiencia prevista para declarar en indagatoria el próximo 5 de marzo. Ambos están acusados de haber retenido aportes previsionales y haber evadido el pago de impuestos. En ese mismo fallo, del jueves 19 de febrero, se les prohibió la salida del país.
(David SALAZAR / AFP)DAVID SALAZAR – AFP
Sin embargo, el juez Amarante autorizó días después a Tapia para viajar a Colombia y Brasil, ya que consideró que “no se superpone ni interfiere con las audiencias indagatorias”.
A Tapia y a Toviggino se los acusa del delito de omisión del pago de aportes de la seguridad social de jugadores y empleados. Según la denuncia inicial hubo un total de $7.593.903.512,23 en obligaciones que no fueron depositadas en tiempo y forma, dividido en dos rubros, retenciones impositivas y retenciones de la seguridad social. En la ampliación de la denuncia el monto denunciado sumó $11.759.643.331,62.
El total bajo investigación supera los $19.300 millones por retenciones y aportes que no habrían sido ingresados.
El llamado a indagatoria a Tapia y Toviggino ocurrió tras una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contra la AFA por “facturas apócrifas” por la presunta comisión de un nuevo delito vinculado a la salida no documentada de dinero del país; también por la sospecha de que la entidad que dirige Claudio “Chiqui” Tapia declaró tener proveedores inexistentes.
Fue en ese contexto que la AFA, en represalia, decidió suspender la fecha 9 del torneo Apertura y paralizar el resto de las categorías.
Incluso, varias instituciones expresaron públicamente su respaldo a la conducción y confirmaron su adhesión al paro. En paralelo, todos los clubes de la Primera División (a excepción de Estudiantes de la Plata), dejaron de pagar aportes sociales y previsionales.
Asociación del Fútbol Argentino,viajar,suspender,instituciones,dejaron de pagar aportes sociales y previsionales,Claudio Chiqui Tapia,AFA,Pablo Toviggino,Conforme a,,Es ley. El Gobierno sancionó la reforma laboral y le torció el brazo al PJ y la CGT,,Investigó al poder. Anularon la destitución de Cecilia Goyeneche y vuelve a ser fiscal anticorrupción,,»Inexistencia de delito». Dos jueces archivaron una denuncia contra Insfrán por transferir dinero de la provincia al Partido Justicialista,Claudio Chiqui Tapia,,Evasión. Tapia pidió anular su citación judicial y dijo que se «vulneran las garatías constitucionales»,,AFAGate. Apareció otra cuenta de Javier Faroni en EE.UU. que desvió más de US$3 millones a cinco sociedades fantasma,,Las definiciones de Carrió. Un Toviggino “presidenciable”, su “grave error” con Macri y una advertencia por la ley de glaciares
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