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Con un oficialismo fortalecido, Milei encabezará la apertura de sesiones y presentará su plan de reformas

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Javier Milei abrirá este domingo las sesiones ordinarias del Congreso por tercera vez desde que asumió la Presidencia. No será una ceremonia más: será la primera vez que lo haga ante un oficialismo fuerte que logró desplazar al peronismo a un rol de oposición minoritaria, sin poder de contrapeso.

Con su discurso, el Presidente marcará el inicio formal de la segunda mitad de su mandato y funcionará como una hoja de ruta para la etapa de reformas profundas que quedará inaugurada tras un año electoral que reordenó el mapa legislativo y fortaleció su posición relativa.

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Milei hablará ante un Parlamento distinto al que enfrentó en 2024 y 2025. La nueva correlación de fuerzas, profundizada en las últimas semanas por acuerdos con gobernadores y rupturas internas en la oposición, configuró un escenario más “amigable” para el oficialismo. Aun sin mayorías propias automáticas, el oficialismo sabe que logrará avanzar con sus proyectos, incluso con los más complejos.

En ese contexto, los anuncios que realice el Presidente no solo delinearán la agenda legislativa de este año, sino también el perfil político que pretende consolidar rumbo a 2027: aceleración de reformas estructurales, alineamiento internacional explícito con Estados Unidos e Israel y una estrategia de negociación territorial que le permitió compensar su debilidad numérica en ambas cámaras.

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La reconfiguración del Congreso tras las elecciones

El oficialismo llega a esta apertura de sesiones con una posición fortalecida respecto de sus primeros dos años. En la Cámara de Diputados, La Libertad Avanza consolidó un núcleo propio cercano al centenar de bancas y articula con aliados estables como el PRO, sectores de la UCR y bloques provinciales. Aun sin alcanzar por sí solo el quorum de 129, el Gobierno logró aprobar en la última semana leyes clave mediante acuerdos con la oposición aliada.

El oficialismo llega a esta apertura de sesiones con una posición fortalecida respecto de sus primeros dos años (Fotos: Comunicación Senado).

El Senado también cambió. Tras el recambio del 10 de diciembre, La Libertad Avanza alcanzó 21 legisladores propios, pero gracias a su alianza con otros bloques y principalmente con los gobernadores peronistas no K logró desplazar a Unión por la Patria de los principales cargos de conducción de la Cámara Alta. Por primera vez desde 1983, el peronismo no retiene posiciones institucionales centrales ni cuenta con línea sucesoria presidencial dentro del Senado.

La votación que redefinió las autoridades dejó 45 votos afirmativos contra 25 negativos y evidenció una nueva mayoría circunstancial articulada entre oficialismo, radicales, fuerzas provinciales y sectores del peronismo no kirchnerista. La ruptura del bloque Convicción Federal, que se apartó del interbloque peronista, terminó de consolidar esa dinámica.

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El dato estructural es que no hay mayorías automáticas, pero sí una red de acuerdos más previsible para el Ejecutivo. Gobernadores peronistas y de fuerzas provinciales pasaron a ocupar un rol decisivo, negociando en función de intereses territoriales y otorgando al Gobierno los votos necesarios para avanzar.

De la confrontación al impulso reformista

En su primer discurso de apertura de sesiones, en 2024, Milei había concentrado gran parte de su mensaje en la herencia recibida. En 2025 puso el foco en los logros de gestión y en la campaña de medio término. Ahora, con la elección ya superada y un Congreso más permeable, el discurso se anticipa menos defensivo y más orientado a profundizar transformaciones.

Para este año, en la Casa Rosada preparan un paquete de reformas estructurales y varios proyectos prioritarios, que se prevé que el Presidente anuncie durante la apertura de sesiones.

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El Gobierno también buscará ratificar acuerdos comerciales, profundizar el vínculo con Estados Unidos y avanzar en tratados internacionales pendientes. El alineamiento con Washington y con Israel se consolidó como un activo político que Milei capitaliza en el plano interno, en paralelo con su narrativa de inserción global.

La lógica de este año será similar a la que permitió sancionar el Presupuesto 2026: negociación voto por voto y con las provincias aliadas y construcción de mayorías variables (Foto: Cámara de Diputados).
La lógica de este año será similar a la que permitió sancionar el Presupuesto 2026: negociación voto por voto y con las provincias aliadas y construcción de mayorías variables (Foto: Cámara de Diputados).

La lógica será similar a la que permitió sancionar el Presupuesto 2026: negociación voto por voto, acuerdos con las provincias aliadas y construcción de mayorías variables. La diferencia es que ahora el oficialismo parte de un equilibrio más favorable y de una oposición totalmente fragmentada.

El camino para la segunda mitad del primer mandato

La tercera apertura de sesiones funciona así como un punto de inflexión. Milei llega tras haber ganado las elecciones intermedias y haber consolidado un esquema de alianzas que, sin transformarse en coalición formal, le otorgó gobernabilidad y le garantizó la sanción de leyes clave.

La segunda mitad de su mandato avanzará con un Congreso menos hostil y con gobernadores dispuestos a negociar, enfrentando un peronismo debilitado, dividido y sin conducción clara, que perdió capacidad de bloqueo sistemático.

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En ese marco, el mensaje presidencial buscará fijar prioridades y marcar el rumbo y el ritmo parlamentario. Si en los primeros dos años el eje estuvo en estabilizar y sostener el ajuste, ahora el Gobierno intentará acelerar reformas de fondo que definan su legado.

El discurso ante la Asamblea Legislativa no será solo un balance ni una enumeración de proyectos. Será la señal política de que, con un Congreso reconfigurado y un mapa de alianzas más estable, el oficialismo considera que tiene margen para profundizar el plan de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

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Javier Milei, apertura de sesiones legislativas, Congreso Nacional, Congreso de la Nación, sesiones ordinarias

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Irán designó al frente de la Guardia Revolucionaria a Ahmad Vahidi, líder militar prófugo de la justicia argentina acusado de la voladura de la AMIA

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Irán nombró este domingo al general de brigada Ahmad Vahidi nuevo comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, según informó la agencia iraní Mehr. Se trata de un líder militar prófugo de la justicia argentina acusado de la voladura de la AMIA.

Vahidi sustituye al general Mohamad Pakpur, muerto en los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y confirmado por el régimen iraní, de acuerdo consignó EFE.

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Además de la muerte de su líder supremo, el ayatolá Ali Jameneí, Teherán ha confirmado que en los ataques han fallecido el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, el general de división Abdorrahim Musaví, y del ministro de Defensa iraní, el general de brigada Aziz Nasirzadeh, así como el secrtario del Consejo de Defensa, Ali Shamjani.

Vahidi ya había ocupado ese cargo de manera temporal en 2025 tras la muerte de Hossein Salami, abatido durante ataques israelíes contra el régimen persa.

El nuevo líder de la Guardia RevolucionariaVahidi, de 66 años, nació en la histórica ciudad de Shiraz, situada al suroeste de Irán y a unos 900 kilómetros de Teherán. Su vínculo con la fuerza comenzó con el surgimiento de la Revolución Islámica en 1979, cuando se integró a esa estructura militar, una suerte de ejército paralelo que responde únicamente al líder supremo de Irán.

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La Guardia Revolucionaria es descripta como “parte del aparato operativo del régimen, responsable de la realización de atentados en todo el mundo, el más famoso de ellos en 1994”, en referencia al ataque contra la mutual judía argentina.

Su trayectoria en el mapa del poder iraní resulta ilustrativa. El cargo que ocupó al frente de las Fuerzas Quds —la unidad de élite responsable de operaciones en el extranjero— fue heredado posteriormente por el general Qassem Souleimani, quien murió en 2019 tras un ataque aéreo de Estados Unidos en Bagdad. Vahidi pertenece además a un reducido círculo de asesores que tenía acceso directo al líder supremo y compone el Consejo Superior, un organismo que define las principales estrategias del régimen, entre ellas las decisiones sobre el acuerdo nuclear.

Desde noviembre de 2007, Vahidi integra la base de datos de Interpol por una alerta roja activa que lo acusa de “homicidio calificado, doblemente agravado (por odio racial o religioso y por ser un medio idóneo para causar un peligro común) en perjuicio de 85 víctimas fatales, en concurso ideal con lesiones leves y graves calificadas, reiteradas y daños múltiples agravados por odio racial o religioso”. Estas acusaciones surgen especialmente por su presunta participación intelectual en el atentado a la AMIA en Buenos Aires, que dejó un saldo de 85 muertos en 1994.

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El fiscal Alberto Nisman lo identificó como uno de los principales responsables de la planificación del ataque. De acuerdo a la investigación judicial, Vahidi, por entonces comandante de la Fuerza Quds, participó en la reunión en la que se resolvió concretar el atentado y delegar la ejecución en Hezbollah del Líbano.

Estados Unidos también exige su captura y lo colocó en su lista negra en 2010. En 2019, la Unidad de Información Financiera de Argentina y el fiscal Sebastián Basso solicitaron que Vahidi y otros seis imputados en la causa AMIA fueran incluidos en el registro argentino de terroristas. La UIF ya había determinado que Vahidi y Moshen Rezai lideraron los análisis sobre la propuesta de atentar en Argentina en el seno de la inteligencia iraní.

En 2021, Vahidi asumió el Ministerio del Interior de Irán, cargo que ocupaba cuando el gobierno argentino requirió su detención durante una visita oficial a Pakistán y Sri Lanka. La Cancillería argentina señaló entonces que integraba una comitiva iraní en el exterior. Interpol emitió en ese marco una Circular Roja, y Argentina solicitó cooperación internacional para su arresto conforme a los tratados vigentes.

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A lo largo de su carrera, Vahidi ha ocupado cargos de alto rango: en 2009 fue ministro de Defensa durante la presidencia de Mahmoud Ahmadinejad, pese a su situación judicial internacional. Ese respaldo interno consolidó su prestigio dentro de la teocracia iraní. También ocupaba ese puesto cuando, en 2013, Argentina e Irán firmaron el Memorándum para intentar avanzar en la causa AMIA bajo el gobierno de Cristina Kirchner.

Luego de la muerte del fiscal Nisman en 2015, las nuevas autoridades judiciales y la Unidad de Información Financiera mantuvieron la presión sobre los acusados internacionales. Vahidi permanece en la lista de los más buscados de Interpol.

Cuál fue el rol de Vahidi en el ataque a la AMIA

Ahmad Vahidi era el comandante de las Fuerzas Quds cuando ocurrió el atentado terrorista a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994, episodio en el que murieron 85 personas y hubo 151 heridos. Sobre él recae la acusación de ser uno de los autores ideológicos del ataque y de haber participado en una reunión clave donde se definió la realización del atentado, que terminó siendo uno de los crímenes más graves de la historia argentina.

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En noviembre de 2006, el entonces juez federal Rodolfo Canicoba Corral ordenó la captura internacional de quienes consideraba responsables intelectuales del caso, incluyendo a Vahidi. También figuran en la lista roja de Interpol Moshen Rezai, ex jefe de la Guardia Revolucionaria; Ali Fallahijan, ex ministro de Inteligencia; Moshen Rabbani, ex agregado cultural en Argentina; Ahmad Asghari, ex secretario de la embajada iraní en Argentina; y desde 2009, Samuel Salman El Reda.

Vahidi, al igual que Fallahijan, habría estado presente en la presunta reunión de 1993 en Mahshad, donde, según la investigación de la UFI AMIA, se habría decidido el ataque. Según el dictamen firmado por el fiscal Alberto Nisman ese año, Vahidi no tuvo un rol pasivo sino que impulsó la propuesta de que Argentina fuera el país objetivo del atentado, planteo que luego fue evaluado por el Comité de Asuntos Especiales.

El dictamen señala que Vahidi habría presentado su iniciativa en la llamada “oficina de inteligencia”, donde integraba el núcleo de decisión. Después de avalar el objetivo argentino, el liderazgo de la operación se delegó en el entonces ministro de Inteligencia, Ali Fallahijan, mientras que la ejecución quedó a cargo de Vahidi, jefe de la Fuerza Quds.

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Vahidi, junto a Evo Morales, durante una visita a Bolivia en 2011. Volvió a su país sin ser detenido

En 2011, ya como ministro de Defensa de Irán, Vahidi viajó a Bolivia para participar en actos conjuntos con autoridades locales, pero el gobierno de ese país dispuso su salida tras conocer su identidad y antecedentes. En esa ocasión, compartió actividades oficiales con la ministra boliviana María Cecilia Chacón, entre ellas la graduación de pilotos de aviación y la inauguración de la Escuela de Defensa del ALBA, ambas en Santa Cruz de la Sierra.

La visita provocó una dura reacción tanto en la comunidad judía como en la política argentina. El entonces presidente de la AMIA, Guillermo Borger, calificó la presencia de Vahidi como “una provocación”, mientras que la DAIA solicitó que la Cancillería presentara una protesta diplomática formal y reclamara la inmediata detención del funcionario iraní. “Esta inadmisible presencia en el país hermano agravia a la memoria de las víctimas, a la comunidad que representamos y a la sociedad argentina en su conjunto”, manifestaron desde la entidad.

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Opositores al líder de la UOM lo denunciaron ante la Justicia por un polémico contrato con una empresa

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Opositores del titular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, en la Seccional Zárate-Campana presentaron una denuncia judicial por presunta administración fraudulenta, fraude y asociación ilícita por la cesión del manejo de los aportes sindicales a la empresa USEM, cuyo control sería de dirigentes ligados a La Cámpora. que recauda más de 100 millones de pesos por mes provenientes de unos 200 mil afiliados.

En la presentación, a la que tuvo acceso Infobae, se menciona que el contrato con USEM otorga el control operativo y financiero mayoritario por parte de la UOMA a empresa privada, que le permite, desde febrero de 2023, administrar el 80% de los aportes sindicales, abrir cuentas bancarias en nombre del sindicato, ejecutar pagos y administrar la caja sindical completa.

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El contrato estipula honorarios para USEM equivalentes al 0,5% de todo lo recaudado por la cuota sindical y tiene una duración de 10 años, e incluso establece que únicamente la empresa puede rescindirlo, dejando al sindicato jurídicamente subordinado a esa firma.

Además, según los denunciantes, el contrato elimina la competencia y cualquier control externo sobre la administración de recursos sindicales.

El titular de la UOM, Abel Furlán, y María Soledad Calle, que trabaja para el gremio y para una empresa contratada

En la presentación ante la Justicia se señala que los accionistas de USEM son María Soledad Calle y Adalberto Raúl Braconi, y se remarca que Calle es empleada de la propia UOM y mantiene una “relación cercana” con Furlán. Para los denunciantes, esto constituye un vínculo de “parte relacionada”, algo que, según argumentan, va en contra del principio de independencia contractual y elimina mecanismos de competencia o auditoría externa sobre la administración de los fondos.

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El dato del acuerdo entre la UOM y USEM, revelado por el diario Clarín, se difunde a pocos días de las elecciones en las seccionales de la UOM, donde entre el 2 y el 4 de marzo se elegirán las nuevas autoridades de esas filiales y el 18 de marzo, la conducción nacional del sindicato.

Según el escrito presentado a la Justicia y la documentación adjunta, la contratación de USEM fue tratada en una reunión extraordinaria de Comisión Directiva de la Seccional Campana de la UOM el 4 de diciembre de 2025. En el encuentro, se asegura que el tesorero expuso la crisis económica del gremio y se resolvió por unanimidad reducir gastos en las áreas internas y que los dirigentes que denunciaron el contrato con USEM retornen a sus trabajos en empresas privadas para evitar que el sindicato pague sus salarios.

Angel Derosso, con dirigentes de su agrución de la UOM Campana-Zárate

Los denunciantes sostienen que el cese de pagos de sus sueldos, adoptado de hecho desde octubre de 2025, respondió a una “decisión netamente política” en represalia por su participación en una lista opositora en la Seccional Zárate-Campana, que lidera Furlán, y “ejecutada por en complicidad con María Soledad Calle, quien es accionista de la empresa y empleada en relación de dependencia de la entidad sindical al mismo tiempo”.

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Por ello, los denunciantes solicitaron a la Justicia se ordene que “se corra vista al Fiscal Nacional en lo Penal para que tome formal conocimiento de esta situación irregular y posiblemente delictiva, abriendo una investigación en contra de los involucrados e investigue la presunta comisión de los siguientes delitos: administración fraudulenta y/o defraudación por administración desleal, fraude y asociación ilícita”.

Ante la consulta de Infobae sobre la denuncia periodística, la UOM dio la siguiente respuesta:

“Estamos a 7 días de una elección interna. Con un proceso electoral abierto con una lista armada por Paolo Rocca. En un contexto en el que enfrenta al gobierno nacional de Milei y lidera el sector más duro del movimiento obrero.

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Abel Furlán y Cristina Kirchner

“A la vez, con decisiones que impulsó reformas hacia la transparencia interna de la UOM como tocando intereses y cortando negocios preexistentes. Profesionalizando la gestión y se encamina a certificación ISO de los procesos de compras, contrataciones, pagos y todo lo referido a la administración de recursos.

“En ese marco, se está llevando adelante una campaña de desprestigio sobre su persona y su gestión con foco en las elecciones seccionales del 2 al 4 de marzo. Y se espera que se profundice de cara a las elecciones nacionales de la UOM del 18 de marzo”.

A su vez, el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), alianza combativa que integran la UOM, Aceiteros y las dos CTA, expresó su “absoluta solidaridad” con Furlán debido a una “campaña de hostigamiento” a través de “operaciones mediáticas impulsadas por los sectores más concentrados del empresariado”.

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Abel Furlán y dirigentes del Fresu, en una movilización contra la reforma laboral

En un comunicado de prensa, el frente destacó que “mientras protagoniza la resistencia en las calles contra la reforma laboral, Abel Furlán ha demostrado ser un dirigente que no se dobla ante las presiones”.

Decisiva votación en la UOM

Entre el 2 y el 4 de marzo, Furlán se enfrentará a una lista opositora en la Seccional Campana-Zárate de la UOM, encabezada por Angel Derosso, quien fue secretario de Organización de esa seccional clave de la zona norte bonaerense hasta diciembre de 2025, cuando renunció por diferencias con el líder sindical y en julio creó la Agrupación Metalúrgica 25 de Febrero Azucena Villaflor, cuya lista quedó oficializada para competir.

La alusión a Rocca que hizo la UOM nacional obedece a que cerca de Furlán aseguran que la candidatura del dirigente opositor es impulsada por el presidente del Grupo Techint, a la que pertenece Tenaris Siderca, la principal empresa donde actúa la Seccional Zárate-Campana.

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Furlán, enrolado en el kirchnerismo, buscará su primera reelección como titular nacional de la UOM (fue quien desplazó a Antonio Caló en marzo de 2022), en medio de la oposición surgida en su propia seccional y en otras importantes filiales del sindicato metalúrgico.

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Tras el revés de Trump en la Corte, el Gobierno no pone fecha al envío del acuerdo con los EE.UU. al Congreso

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El revés que la Corte Suprema de Estados Unidos le infligió a Donald Trump en su política arancelaria pone en duda el futuro de los acuerdos comerciales negociados por el presidente, entre ellos el que firmó con la Argentina hace poco más de diez días. Por tal motivo, el gobierno de Javier Milei decidió no apurar el envío del acuerdo al Congreso –como era su intención original- hasta tanto no se despejen esas dudas.

Así lo confirmaron a dos encumbradas fuentes del Gobierno quienes, no obstante, enfatizaron que confían en que las condiciones del acuerdo firmado serán respetadas por los Estados Unidos pues las negociaciones “se llevaron adelante de buena fe”. Asimismo, aclararon que si bien podría revisarse el capítulo arancelario del tratado recíproco, se mantendrá en pie el acuerdo por el cual Estados Unidos aumentó la cuota de carne bovina a 100.000 toneladas por año (unas 80.000 más que el límite vigente), ya que éste se suscribió por una proclama presidencial en defensa del consumidor norteamericano.

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Funcionarios argentinos iniciaron esta semana contactos con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) para interiorizarse de la nueva estrategia arancelaria norteamericana tras el fallo del máximo tribunal. El viernes pasado, por seis votos contra tres, éste declaró ilegales los aranceles que Trump impuso el año pasado bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. En el caso argentino implicaban un recargo de 10%.

El presidente norteamericano redobló la apuesta tras el fallo del máximo tribunal al anunciar, el fin de semana pasado, que apelaría a la Ley de Comercio de 1974 que lo faculta a aplicar aranceles temporales de hasta el 15% durante 150 días ante desequilibrios en la balanza de pagos. Esta medida comenzó a regir desde el martes pasado.

Para la Argentina, el punto más sensible es el impacto del fallo sobre el Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos (ARTI) que se anunció en noviembre del año pasado y cuyo texto se publicó el 5 de este mes. En dicho acuerdo, los EEUU se comprometía a reducir de 10% a 0% el arancel recíproco aplicado a 1675 posiciones arancelarias de exportación argentina.

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Sin embargo, ese arancel recíproco a 0% se sustenta sobre la misma base legal que la Corte Suprema declaró inconstitucional. Ergo, las dudas que tienen en el gobierno argentino es si finalmente se va a respetar ese arancel. La Cámara de Exportadores ya advirtió que, a su juicio, tras el fallo del máximo tribunal norteamericano “el texto del ARTI perdería sustento legal”.

También hay dudas sobre el arancel del 10% que la Argentina había negociado el año pasado para sus exportaciones al mercado estadounidense. El interrogante es si se respetará lo acordado o si correrá el nuevo arancel del 15% impuesto por Trump el pasado fin de semana.

“Hemos programado reuniones con nuestra contraparte norteamericana para tener claridad sobre todos estos puntos. Solo entonces enviaremos el acuerdo al Congreso”, indicaron las fuentes consultadas por .

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Pedido de citación a Quirno

Mientras tanto, en la Cámara de Diputados, la oposición encendió las alarmas. Los diputados Eduardo Valdés, Jorge Taiana y Santiago Cafiero, de Unión por la Patria, pidieron citar al canciller Pablo Quirno para dar explicaciones acerca del tratado con Estados Unidos.

“El acuerdo se tornó inexplicable al día que falló la Corte Suprema contra la política arancelaria de Trump, siendo que al momento de la firma del tratado el 5 de febrero ya se conocían los fallos de primera y segunda instancia denegándole a Trump la facultad de imponer aranceles –argumentaron los legisladores-. Incluso, en la audiencia de alegatos ocurrida el 5 de noviembre, la mayoría de los jueces coincidieron con las pequeñas empresas y los estados que impugnaron los aranceles en tanto excedían las facultades otorgadas al presidente por la ley federal”.

“Este hecho (el fallo de la Corte norteamericana) modifica sustancialmente el contexto jurídico del acuerdo firmado y genera un escenario de incertidumbre sobre la estabilidad y validez de eventuales concesiones comerciales otorgadas por los Estados Unidos”, indicó Valdés.

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“Argentina podría quedar en una situación de desventaja si asumiera compromisos estructurales, sean arancelarios, regulatorios o normativos, frente a un marco institucional estadounidense cuya política comercial ha sido objeto de revisión judicial por exceso de atribuciones del Poder Ejecutivo”, advirtió.


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