POLITICA
Detuvieron a un grupo de ambientalistas que saltó las rejas del Congreso para protestar contra la Ley de Glaciares

Un grupo de activistas de Greenpeace y un camarógrafo de un canal de televisión fueron detenidos en la explanada del Congreso de la Nación, durante una manifestación contra el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares que el oficialismo busca aprobar en el Senado.
Los manifestantes saltaron la reja del Palacio Legislativo para expresar su rechazo a las modificaciones previstas en la Ley 26.639, que es la normativa vigente desde 2010.
La protesta duró pocos minutos. Los manifestantes posaron con el cartel que decía la siguiente leyenda “Senadores: no se caguen en el agua”. Rápidamente, uniformados de la Policía Federal aprehendió a varios de los integrantes de la organización.
Según pudo consultar Infobae con fuentes policiales y de Greenpeace, son 12 manifestantes los que permanecían detenidos. De ese grupo, al menos 9 son mujeres. Dos de los activistas fueron detenidos a metros del Congreso por la Policía de la Ciudad y se los entregó a la Policía Federal (PFA).
En el medio del operativo, los uniformados federales arrojaron gas pimienta y agredieron también a un camarógrafo del canal A24, Facundo Tedeschini, que estaba registrando la actuación de los efectivos en la cobertura de los hechos. El trabajador de prensa terminó con su rostro lastimado por la agresión policial, y quedó detenido, con esposas, en las adyacencias del Congreso. La cronista y otros periodistas también fueron afectados por los efectos del aerosol irritante.
En las imágenes capturadas por los móviles y cronistas de distintos medios, se ve a un grupo de efectivos de la PFA que forcejearon y golpearon al camarógrafo para impedir que continuara con la cobertura. Primero lo empujaron al piso, y luego, sin motivo, los efectivos se lo llevaron detenido. Lo trasladaron al Hospital Ramos Mejía para atenderlo por los golpes.
Según indicaron fuentes policiales a este medio, las detenciones se produjeron con la carátula de averiguación de delito. Ningún policía fue herido por los manifestantes y las personas que estaban presentes en la protesta.
Conocidos los hechos, el juez federal, Marcelo Martínez de Giorgi, ordenó liberar al camarógrafo detenido en el Congreso durante la protesta de ambientalistas y dispuso que le envíen el sumario para determinar qué pasó, informaron fuentes judiciales a Infobae.
Greenpeace señaló que los activistas llevaron a cabo una “acción directa y pacífica” sobre las escalinatas del Congreso. Sentados en inodoros, desplegaron un mensaje para exponer “la gravedad” de la reforma de la Ley de Glaciares que se debatirá en el Senado.
“Lo que los senadores decidirán hoy es si protegen las fuentes de agua de Argentina o abren la puerta a intervenir zonas que la ley vigente protege. Esta reforma, impulsada por el gobierno nacional, es regresiva e inconstitucional. De los glaciares y el ambiente periglacial dependen millones de personas, que verán comprometido su acceso al agua, un derecho básico y fundamental amparado por la Constitución Nacional. La decisión que tomen hoy los senadores será recordada, tienen la oportunidad histórica de proteger el futuro hídrico del país y esperamos que estén a la altura de esa responsabilidad“, consideró Diego Salas, director de programas de Greenpeace.
La sesión en la Cámara Alta está prevista para las 11 y el debate se centra en transferir a las provincias la facultad de determinar qué zonas podrían habilitarse para la actividad minera, con una mayor flexibilidad de criterios para explotar el recurso.
En una rueda de prensa improvisada en las afueras del Senado, la senadora nacional y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se refirió al hecho y constató que habló con el secretario de Seguridad, Martín Ferlauto, donde le informaron que se instruyó un sumario y se evalúa una acción “reprochable y desmedida”
“Hubo un intento de manifestación en el que entraron al Congreso 10 activistas de Greenpeace, que fueron sacados de manera inmediata y detenidos en un lugar cercano. En el momento que estaban detenidos, un camarógrafo de A24 intentó entrar para filmar esas imágenes», relató Bullrich. “Ya se ha abierto un sumario, el jefe de Policía ha evaluado que su conducta es reprochable. Eso está en análisis”, dijo, sobre el procedimiento que se le iniciará, al menos, a un policía.

“Si se abre un sumario a un miembro de la Policía Federal, es porque (la conducta) no es la que debería realizar y hubiera sido correcta en el marco de su deber. Un sumario es una conducta que se evalúa y que no esta dentro de la conducta normal de un policía”, explicó la ex ministra. “Aca hay una acción determinada, y el jefe de Policía está evaluando que ese policía actuó desmedidamente”, remarcó.
Por su lado, la Policía Federal informó que “el camarógrafo se encuentra recibiendo atención médica” y que luego procederá a la “soltura”. Con respecto a los 12 detenidos, se los trasladó a la Superintendencia de Investigaciones Federales (SIF).
El debate por la Ley de Glaciares en el Senado
El proyecto del Gobierno para modificar la ley de Glaciares apunta a garantizar inversiones significativas para la actividad minera, especialmente en proyectos de cobre, al flexibilizar los criterios para definir áreas protegidas.
Actualmente, la ley protege tanto los glaciares como las áreas periglaciares, consideradas reservas estratégicas de agua dulce. Uno de los puntos más controvertidos del proyecto es la redefinición de los espacios periglaciares, cuya descripción como zonas de alta montaña con suelos congelados y función de regulación hídrica es considerada demasiado amplia por sectores empresariales.
Desde el sector minero, se sostiene que la legislación vigente se traduce en una prohibición prácticamente total para nuevos emprendimientos.
La iniciativa mantiene bajo la órbita del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) la elaboración del Inventario Nacional de Glaciares, pero hace hincapié en el artículo 124 de la Constitución Nacional, que reconoce el dominio original de los recursos naturales por parte de las provincias. Según el nuevo texto, serán las jurisdicciones provinciales quienes definirán si un área específica es una reserva de agua dulce y tendrán la potestad de aprobar los estudios de impacto ambiental que presenten las empresas mineras.

La ley actual prohíbe toda actividad minera en glaciares por su ubicación. El proyecto de reforma introduce el criterio de “aporte hídrico relevante y comprobable” para calificar las zonas protegidas, lo que modificaría sustancialmente el alcance de las restricciones existentes.
Para Greenpeace y otras decenas de ONG’s, “la iniciativa impulsada por el oficialismo dejaría sin objeto una normativa clave, producto de una amplia movilización social, del trabajo de científicos, comunidades y organizaciones”.
“La normativa vigente, ejemplo a nivel internacional, establece presupuestos mínimos para proteger las fuentes de agua en los territorios de alta montaña. La reforma que intentan impulsar no es una actualización técnica, ni una mejora normativa: se trata de una reforma constitucional de facto, ya que la normativa quebraría el sistema de presupuestos mínimos y crearía un escenario de inestabilidad jurídica y legislativa”, señalaron las organizaciones ambientalistas.
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POLITICA
La Coalición Cívica busca modificar las PASO en la provincia de Buenos Aires para que dejen de ser obligatorias

Rumbo al 2027 electoral, comienzan a delinearse los primeros movimientos en las distintas fuerzas políticas. En ese proceso, no solo están las candidaturas en disputa, sino que algunos se animan a cuestionar el sistema actual y buscan modificarlo.
En ese sentido, en las últimas horas se presentó un proyecto en la Legislatura bonaerense para modificar las PASO. El objetivo principal es que dejen de ser obligatorias y pasen a ser optativas.
Se trata de un proyecto del diputado provincial de la Coalición Cívica Andrés De Leo que propone un cambio de fondo: mantener el sistema, pero eliminar la obligatoriedad del voto. En los fundamentos, se aclara que la iniciativa “no implica la supresión del sistema de elecciones primarias, sino su adecuación a criterios de razonabilidad, eficiencia institucional y respeto por la autonomía de la voluntad del electorado”.
En ese sentido, sostiene que las primarias “constituyen, en esencia, un mecanismo de selección interna de candidaturas dentro de los partidos políticos” y que, en muchos casos, obligar a toda la ciudadanía a participar carece de sentido. Según remarca De Leo, “imponer al conjunto de la ciudadanía la obligación de participar en un proceso que, en muchos casos, no presenta competencia interna real (…) configura una carga que carece de justificación suficiente”.
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El texto también pone el foco en la falta de competitividad de muchas primarias. “La experiencia empírica de los últimos procesos electorales demuestra que un porcentaje significativo de las primarias se desarrollan sin competencia efectiva”, advierte, lo que las convierte en “una instancia meramente formal, sin impacto real en la definición de candidaturas”.
Otro de los ejes centrales es el argumento económico. El proyecto señala que la organización de las PASO implica “un despliegue logístico, administrativo y económico de magnitud”, y que cuando no hay competencia “el costo del proceso deviene desproporcionado en relación con su utilidad”. Por eso, plantean que volverlas optativas permitiría “mantener el mecanismo disponible (…) pero sin imponer un gasto generalizado”.
Además, el proyecto apela al principio de libertad política. En ese punto, subraya que este derecho “comprende no solo el derecho a votar, sino también el derecho a no hacerlo en instancias que no revisten carácter decisivo”, y diferencia claramente entre las primarias y la elección general, para la cual sí considera válida la obligatoriedad por su impacto en la legitimidad democrática.
“La obligatoriedad del sufragio en elecciones generales encuentra su fundamento en la necesidad de garantizar la legitimidad democratica de las autoridades electas. Sin embargo, trasladar esa misma logica a las elecciones primarias —que no definen cargos publicos sino candidaturas— resulta, cuanto menos, discutible“, remarca.
Finalmente, los fundamentos destacan que la iniciativa busca “reforzar la autonomía de los partidos políticos” y evitar “una injerencia excesiva del Estado en su vida interna”. En esa línea, sostienen que la obligatoriedad actual “tiende a homogeneizar situaciones que son, por naturaleza, diversas”, mientras que la optatividad permitiría una participación “más informada y comprometida”, concentrada en quienes realmente tienen interés en la definición de candidaturas.
La UCR también impulsa una reforma electoral
La Unión Cívica Radical se enfoca en un proyecto de reforma electoral para la provincia de Buenos Aires. La intención es debatirlo este mismo año, para evitar lo ocurrido en 2025 en la previa a las legislativas, donde se decidió sobre la marcha suspender las PASO.
Y ya hay una primera fecha para una puesta en común: el 14 de abril. “Vamos a hacer una jornada importante sobre reforma política en PBA. La idea es profundizar sobre varios temas: PASO, BUP, financiamiento de los partidos”, apuntó un referente bonaerense a TN.
Según pudo saber este medio, la idea es hacer una recorrida por las 8 secciones electorales de la provincia y armar foros de debate de la reforma política. Sucede que necesitan recolectar voluntades de todo el espectro político.
Ya hay diálogo con otros espacios y en los próximos días se irán extendiendo invitaciones a distintos bloques y fuerzas políticas. En la Legislatura bonaerense hay dos personas a cargo de la misión de atraer voluntades: Diego Garciarena en Diputados y Nerina Neumann en el Senado.
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POLITICA
El consejo de Cúneo Libarona para Manuel Adorni: “Mejor buscate un abogado”

El exministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, reapareció este domingo en una entrevista al medio Futurock. En dicho diálogo, habló sobre el presente tumultuoso del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el fallo a favor de YPF, y su sucesor en el cargo que dejó hace semanas, Juan Bautista Mahiques.
El caso Adorni
Cúneo Libarona aseveró que Adorni es “un funcionario brillante”, que sería víctima de una agresión que tiene una explicación fáctica y jurídica.
“Es un enorme expositor, brillante, pero en causa propia es distinto. Es como los abogados, pueden ser buenos, pero cuando te toca a vos, mejor buscate un abogado“, lanzó el exfuncionario del Gobierno de Javier Milei.
La Justicia investiga a Manuel Adorni por enriquecimiento ilícito y se solicitaron nuevas medidas de prueba
El exministro de Justicia aludió de esta manera a la incómoda conferencia de prensa de Manuel Adorni en lo que fue su reaparición tras la sucesión de escándalos que afectan su imagen pública: el viaje en jet privado a Punta del Este, sus propiedades no declaradas y la inclusión de su pareja en la comitiva presidencial que viajo a Nueva York para participar del Argentina Week.
Respecto al viaje a la ciudad norteamericano, Cúneo Libarona manifestó que representa algo irrelevante y no configura delito. Sobre su traslado en avión privado al balneario uruguayo, afirmó que no es una dádiva, y sobre las propiedades, remarcó que es un tema que será aclarado en la presentación de su declaración jurada.
La gestión de Mahiques en Justicia
Mariano Cúneo Libarona respaldó a su sucesor al frente del Ministerio de Justicia, Juan Bautista Mahiques: “Lo que está haciendo es revisar lo que dejamos”, aseguró y comunicó que representa una continuidad de que lo que hizo como antecesor en la cartera, que es avanzar en el nombramiento de jueces para ocupar las vacantes.
Fallo sobre YPF
En cuanto al fallo sobre YPF, el exministro afirmó que “es el logro de muchos, hubo varios gobiernos que actuaron”. No obstante, dijo que un factor determinante lo representó la afinidad entre los gobiernos de Javier Milei y Donald Trump.
El Gobierno resaltó su rol en el fallo de YPF: “Hasta que llegó Milei, Argentina no había tenido una sola decisión favorable”
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POLITICA
Audiencia clave por la AFA: la Justicia define el rumbo de la investigación por la mansión de Pilar

La Cámara Federal de Casación Penal realizará este lunes una audiencia clave para resolver qué juzgado debe intervenir en uno de los expedientes más sensibles que involucran a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La definición se centrará en la causa por la mansión de Pilar, donde se investigan presuntas maniobras de lavado y fraude.
Aunque la audiencia está centrada en el expediente por la mansión de Pilar, la decisión de la Cámara puede impactar sobre el resto de las causas vinculadas. Si los jueces Javier Carbajo, Ángela Ledesma y Mariano Borinsky consideran que hay conexión entre los hechos, podrían ordenar que se concentren en un mismo fuero. Si no, cada investigación seguirá su curso por separado en los juzgados donde ya tramita.
La AFA enfrenta varias investigaciones abiertas que avanzaron en distintos juzgados y que ahora entran en una disputa técnica sobre competencia. La decisión que adopten los camaristas no sólo ordenará el expediente, sino que también impactará en la velocidad y profundidad de las medidas judiciales.
El caso involucra al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero, Pablo Toviggino, ambos bajo la lupa en distintos tramos de la investigación. A la par, se acumulan elementos de prueba, como chats, movimientos financieros y documentación contable, que forman parte de los distintos expedientes.
Una disputa de competencia que puede definir el curso de la investigación
La audiencia de este lunes tendrá como objetivo central resolver el conflicto de competencia entre juzgados en la causa de la mansión de Pilar. La Justicia investiga un presunto esquema de lavado de activos con posibles vínculos con la dirigencia del fútbol argentino. Entre los apuntados se encuentra Toviggino.
En términos concretos, los jueces deberán determinar si la investigación sigue en Campana o cambia de juzgado e incluso de fuero.
La AFA mantiene una estrategia judicial orientada a que la causa continúe en el fuero federal de Campana, mientras que otros actores impulsan que el caso regrese a los tribunales de Comodoro Py o pase al fuero penal económico, donde se investigan delitos vinculados a evasión y lavado.
La discusión no es menor. Detrás de la definición subyacen diferencias sobre el encuadre de los delitos y la estrategia de investigación. Mientras algunos tramos del expediente apuntan a maniobras de evasión y apropiación indebida de aportes, otros se enfocan en presunto lavado de activos a través de sociedades y operaciones en el exterior.
Presentaciones cruzadas y posibles planteos
En las horas previas a la audiencia, el fiscal ante Casación Mario Villar pidió acceder al expediente tramitado en Campana y puso el foco en el origen de esa causa. Según su análisis, el inicio del expediente presenta irregularidades porque no se habría impulsado a partir de una denuncia formal ni por la intervención de un fiscal, sino por un planteo vinculado a la competencia.
Esa observación se suma a lo que ya había advertido el fiscal federal de Campana Germán Bringas, quien sostuvo que ese juzgado no era competente para intervenir y que no había impulsado la acción penal, un paso habitual en el inicio de una investigación.
En paralelo, en las últimas horas se presentaron escritos que podrían incidir en el desarrollo de la audiencia. Entre ellos, un pedido de suspensión por parte de Luciano Pantano —vinculado a la propiedad de la mansión investigada—, que planteó un recurso extraordinario.
A eso se suma la presentación de Elisa Carrió, que solicitó la recusación de la jueza Ángela Ledesma, por sus presuntos vínculos con Santiago del Estero, provincia donde, según su planteo, se habría desarrollado parte del entramado económico bajo investigación.
Si bien esas solicitudes no necesariamente frenan la audiencia, obligan a los camaristas a resolver cuestiones preliminares antes de avanzar sobre el fondo.
Un caso con múltiples frentes abiertos
La audiencia se produce en medio de un entramado de causas que avanzan en paralelo. Además de la investigación por la mansión de Pilar, avanza otra por el presunto desvío de hasta US$60 millones entre 2019 y 2021, con transferencias a empresas en el exterior y un circuito de retorno de fondos en efectivo.
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Por otro, el expediente por retención indebida de aportes previsionales por $19.300 millones, en el que interviene el juez Diego Amarante que ya tomó medidas restrictivas, como la negativa a autorizar salidas prolongadas del país para Tapia.
Además, se incorporaron chats y documentación que apuntan a posibles arreglos de partidos, mientras avanza la auditoría impulsada por la Inspección General de Justicia con la designación de veedores para revisar balances y contratos de la AFA.
AFA, Claudio Tapia, Pablo Toviggino
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