A las 9.30 de este miércoles, al filo de la prescripción, el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) puso en marcha el juicio oral por Sueños Compartidos, el programa de viviendas sociales implementado durante el kirchnerismo que fue ejecutado a través de la fundación Madres de Plaza de Mayo y sobre el que pesan acusaciones de desvíos millonarios y fraude al Estado.

La maniobra que hoy comenzó a ser juzgada en los tribunales de Comodoro Py es la de un presunto otorgamiento irregular de convenios entre los años 2008 y 2011 que involucra a funcionarios nacionales y provinciales del kirchnerismo y miembros de la fundación Madres, de acuerdo con la acusación fiscal.

Sentados en el banquillo de los acusados estuvieron los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, ligados al manejo del programa dentro de la fundación; los exfuncionarios Julio de Vido, José López -detenidos ambos en otros procesos-, Abel Fatala y Luis Rafael Bontempo, entre otros. Hebe de Bonafini, por su parte, que fue presidenta de Madres de Plaza de Mayo, era una de las acusadas, pero falleció en 2022.

“Rechazo total y categóricamente los hechos de requerimiento del Ministerio Público Fiscal”, declaró De Vido en su breve indagatoria, la única que tuvo lugar este miércoles. El exfuncionario no contestó preguntas del Tribunal y se remitió a lo declarado en la instrucción del caso, en la que negó haber participado en los convenios y sostuvo que las acusaciones en su contra eran “genéricas”.

En esta primera audiencia, realizada en el subsuelo de los tribunales de Comodoro Py, se leyeron las acusaciones contra los imputados y se superaron las cuestiones preliminares, la etapa inicial del juicio.

Algunos de los acusados estuvieron presentes en la sala, como los hermanos Schoklender, mientras que otros siguieron la audiencia de manera virtual, entre ellos De Vido, condenado en múltiples causas y actualmente preso en Ezeiza por la Tragedia de Once.

“Para lograr el éxito de la maniobra, se instrumentó un acuerdo entre los funcionarios públicos de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, la Fundación Madres de Plaza de Mayo, y finalmente, las provincias y los municipios, en virtud del cual se contrató para la ejecución de las obras a la Fundación”, leyó uno de los secretarios del Tribunal que integran los jueces Adriana Paliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg.

“En el escenario descripto, la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, a cargo de José Francisco López, transfirió un importe de $ 748.719.414,64 –sin perjuicio de que el monto original comprometido ascendió a $ 1.295.218.967– para la ejecución de las obras convenidas, suma de la que fueron sustraídos $ 206.438.454,05, lo que equivale al 23,54% de la financiación total otorgada”, siguió.

Durante la instrucción, la investigación determinó que las irregularidades vinculadas al programa no se limitaron solo a la adjudicación de las obras -realizada sin licitación- sino que también se extendieron a su ejecución, un periodo en el que se verificó la ausencia de controles.

Según la fiscalía, la fundación incumplió obligaciones previsionales al retener aportes de empleados entre 2008 y 2011 sin depositarlos en el sistema de seguridad social, además de registrar deudas vinculadas al fondo de cese laboral y a la cobertura de riesgos del trabajo.

A su vez, la investigación detectó fallas en los mecanismos de supervisión estatal: se otorgaron aprobaciones técnicas sin cumplir requisitos y muchas obras carecían de cronogramas que permitieran monitorear su avance. El fiscal del juicio oral es Diego Velazco.

Los hermanos Schoklender ganaron notoriedad pública mucho antes de quedar involucrados en la causa. En 1981, fueron condenados por el parricidio de sus padres, un caso de altísimo impacto público por aquellos años. Tras su liberación, a mediados de la década del 90′, Sergio se vinculó con Hebe de Bonafini y comenzó a trabajar en la fundación, de la que luego fue apoderado. Finalmente, con la explosión del caso, terminaría enfrentado con Hebe y la organización.

Durante la instrucción se acreditaron extracciones en efectivo realizadas por el propio Sergio Schoklender y la emisión de cheques que “lo tenían como beneficiario”.

Durante las cuestiones preliminares de este miércoles, su defensa pidió su absolución por falta de acción, alegando un vencimiento del plazo razonable para ser juzgado. El fiscal del juicio, Diego Velazco, se opuso, al igual que la representante de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que actúa como querellante.

En tanto, a su hermano Pablo se lo acusa de estar detrás de un complejo esquema de sociedades pantalla, como Meldorek S.A., Antártica Argentina S.A., Habemus SRL y Lenity S.A., utilizadas para canalizar el dinero desviado y adquirir bienes de lujo, propiedades y vehículos.

En la audiencia del miércoles que viene el Tribunal tiene previsto resolver el pedido de Sergio Schoklender y seguir con el resto de las indagatorias.