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Los pasadizos secretos detrás del recambio en Justicia

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En las vísperas de las elecciones de octubre pasado, Mariano Cúneo Libarona adelantó que dejaría el Ministerio de Justicia. Karina Milei lo detuvo. Le solicitó que se quedara hasta marzo, que es cuando ella escogería al sucesor. Ayer, 4 de marzo, Javier Milei anunció que Juan Bautista Mahiques sería el nuevo ministro. TMAP, todo marcha de acuerdo al plan, tuitearía Santiago Caputo, “el mago del Kremlin”. Pero no lo tuiteó: con el reemplazo dispuesto por el Presidente perdió un área importante de poder. La cartera judicial fue manejada, hasta ahora, por un íntimo de Caputo, Sebastián Amerio, quien debería dejar su lugar a Santiago Viola, íntimo de Karina Milei. Aunque hasta última hora de ayer se afirmaba que Amerio se resistía a dejar su oficina.

Es difícil encontrar un momento de la historia en el que la identidad del ministro de Justicia tenga tanta relevancia. El Poder Ejecutivo debe enviar al Senado los pliegos de 209 jueces, surgidos de ternas que ya le remitió el Consejo de la Magistratura. La Corte Suprema de Justicia espera que se cubran dos vacantes. Y la Procuración General de la Nación, que es la cabeza del cuerpo de fiscales, está a cargo de un funcionario interino que debería ser reemplazado por alguien propuesto por el Presidente. Como los ministros de la Corte, el procurador requiere del acuerdo de dos tercios de la Cámara alta.

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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, recibió en Casa Rosada al flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.Presidencia

El encargado de asesorar al Presidente en esas decisiones se alejó de la Fiscalía General porteña realizando una exhibición plena de su idea de la institucionalidad. Se otorgó una licencia a sí mismo, para dejar en claro que no tiene demasiada confianza a su permanencia al lado de Milei. En especial si se tiene en cuenta que deja ese cargo municipal a fin de año. Además, creó varias fiscalías, entre otras dependencias. ¿Esa manera de agigantar el Estado es un anticipo de lo que vendrá?

La designación de Mahiques como ministro parece ser una gota más en el mar de contradicciones en el que navega Javier Milei. Su padre, el camarista de Casación Carlos “Coco” Mahiques, el legendario “boxindanga”, que participó junto a él en la malhadada travesía a Lago Escondido, celebró su cumpleaños en la mansión de Pablo Toviggino, protagonista de un interminable escándalo de irregularidades como tesorero de la AFA. El propio Juan Bautista, ahora miembro del gabinete, fue por un instante vicerrector de la universidad fundada por Claudio “Chiqui” Tapia, el titular de esa asociación deportiva. Su hermano, Esteban, fue designado por Tapia en el comité de disciplina. Son detalles. Lo más relevante en el vínculo entre Mahiques y la AFA es que el sucesor de Cúneo fue proveedor de los abogados que patrocinan a Toviggino desde mucho antes de la tormenta.

Esta familiaridad de Mahiques con Toviggino podría explicar que la contradicción de Milei, que designa como ministro de Justicia a alguien tan ligado a quien se supone uno de sus enemigos más notorios, es sólo aparente. Una versión que surge desde las entrañas del Gobierno asegura que hubo una negociación entre Toviggino y la Casa Rosada. Y que esa negociación fue gestionada por Mahiques. A través de esas conversaciones, Toviggino habría confirmado al entorno de Milei el nombre y apellido de la persona que estuvo detrás de la grabación de los audios de Diego Spagnuolo que se difundieron a través de Carnaval, la plataforma de streaming que se le adjudica. Son las grabaciones en las que Spagnuolo se habría referido a un sistema de coimas que se recaudaban en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y que irían a manos de Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem y Martín Menem.

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Caso Andis: Diego Spagnuolo llegó a Comodoro Py para declarar por los audios que revelaron presuntas coimas Fue el director de la agencia de discapacidad investigada por la Justicia y presunto autor de las escuchas que hablan de un sistema de sobornos durante la gestión libertaria Ricardo Pristupluk

El receptor de esa información, siempre según esa versión que circula en el oficialismo, habría sido Santiago Viola, colaborador cercanísimo de la hermana del Presidente. Si fue así, tiene sentido. Mahiques, responsable indirecto de la abogacía de Toviggino, fue muy solidario en la Justicia con Viola cuando este letrado se vio envuelto en una causa judicial muy comprometida, a raíz de haber provocado la muerte de Martín Fexesta Maidana mientras conducía un BMW modelo X3 por la Panamericana. A raíz de ese dramático episodio Viola fue detenido en la madrugada del sábado 3 de noviembre de 2018. Amigos de Viola corrigen el relato: “la amistad es mucho más antigua, tal vez desde que ambos eran ‘pinches’ en la Justicia”.

Siempre según el mismo relato, Viola se enteró gracias a Toviggino de que la mano oculta detrás de los audios fue la de Franco Bindi, el esposo de la diputada Marcela Pagano. Viola sabe muy bien quién es Bindi, porque ambos estuvieron cerca cuando patrocinaban a Lázaro Báez y sus hijos en la causa por lavado de activos conocida como “Ruta del dinero K”. A raíz de esas prestaciones profesionales, Viola fue procesado en dos instancias en la Justicia federal, acusado de plantar testigos falsos que acusaron al juez Sebastián Casanello, titular de aquel expediente, de haber mantenido una reunión con Cristina Kirchner y Báez en Olivos, destinada a organizar la impunidad de la expresidenta y del empresario.

Esos testigos falsos, Gabriel Corizzo y Carlos Scozzino, fueron adiestrados por el fallecido fiscal Eduardo Miragaya, por entonces funcionario de la AFI de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. Todo ocurrió en la confitería Exedra, sobre la que se encontraba el estudio jurídico de la temeraria Claudia Balbín, madre de Viola. Miragaya y Balbín estaban unidos por una amiga en común: María Servini de Cubría. La fantasía que alimentaba esa conspiración era que el caso del multimillonario Báez pasara del juzgado de Casanello al de Servini. La operación se frustró por una investigación del fiscal Carlos Stornelli, quien a partir de una denuncia de Casanello, demostró la maniobra.

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El juez Luis Rodríguez sobreseyó a Viola y Miragaya. Pero los camaristas federales Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi revocaron esa absolución. La causa llegó a la Cámara de Casación Penal, que a la vez anuló la revocatoria de Bertuzzi y Bruglia, con lo que Viola y Miragaya quedaron exculpados. El pronunciamiento de Casación fue firmado por Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Ángela Ledesma. Una curiosidad: Borinski es hoy uno de los candidatos a ocupar una de las vacantes de la Corte o, podría ser la alternativa, la Procuración General. Tendría el aval del presidente del Banco Nación, Darío Wasserman, esposo de Pilar Ramírez, diputada porteña e íntima de Karina Milei. Borinsky presentó ayer un libro que escribió en coautoría con María Bourdín, fidelísima vocera de Ricardo Lorenzetti. Fue un canto a la amistad. Estaban todos los afectos.

Ricardo Lorenzetti entre varios personalidades de la política, en la presentación del libro de María Bourdin y Borinsky

La ensoñación de cubrir las vacantes de la Corte o de la Procuración se alimenta con un dato: el Gobierno podría contar, en un esfuerzo que requiere a la vez de gran habilidad, con 47 votos favorables en el Senado. Uno menos que los 2/3 para designar a esos magistrados. Alguien que conoce como nadie esta hipotética jugada advierte: “Gerardo Zamora tiene tres votos”. Zamora, senador por Santiago del Estero, sería el socio oculto de Toviggino, el dueño oculto de Carnaval, la plataforma que dio a conocer los audios de Spagnuolo.

Es difícil determinar si la trama que envuelve a la designación de ayer está dotada de una densa opacidad o si, en realidad, se ha alcanzado en el país un estado inesperado de transparencia donde todo, hasta lo que debería ser ocultado, está a la vista.

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La tesis principal que explicaría el ascenso de Juan Bautista Mahiques es que gracias a los abogados que controla logró poner a disposición del Gobierno –“quebrar” sería un verbo un poco fuerte—al opulento Toviggino. Es un mérito derivado de la característica principal de quien hasta ahora fue funcionario de los Macri. Mahiques mantiene un sistema de lealtades de 360 grados. Una hazaña que parece incompatible con el concepto mismo de lealtad. Ese espíritu ecuménico lo lleva a combinar la amistad, algo enfriada en los últimos tiempos, con Daniel Angelici, con la complicidad con Eduardo “Wado” De Pedro, su convecino de Mercedes.

«Wado» De Pedro y Juan Bautista Mahiques.X.com

A la camaradería con De Pedro, que quedó registrada en la asunción de Mahiques como Fiscal General de la ciudad, se atribuyeron en su momento las gestiones del nuevo ministro a favor de la impunidad de la familia Kirchner en Rio Gallegos. El 23 de noviembre de 2016 los consejeros de la magistratura del kirchnerismo intentaron reemplazar al juez Javier Leal de Ibarra como subrogante del tribunal de Santa Cruz, molestos porque venía procesando a empleados de la familia acusados de corrupción. Pero la comisión de designación de jueces mantuvo a Leal de Ibarra, lo que desató la furia de Rodolfo Tailhade, quien denunció que se había roto un acuerdo. Se refería a un pacto que habría celebrado con el entonces secretario de Justicia, Mahiques, pero que se disolvió por la intervención de Pablo Clusellas, el secretario de Legal y Técnica de Macri. Que Mahiques sea ahora ministro de Justicia indica que la intolerancia de Milei a las componendas con el kirchnerismo no es tan aguda como quedó expuesta el domingo pasado durante el discurso ante el Congreso.

Al mismo tiempo, la trama de relaciones, extorsiones, acuerdos y designaciones que se está desplegando pone también en tela de juicio uno de los anuncios más alentadores de ese discurso de Milei: la promesa de que se iniciaría en el país una era dominada por la moral. Habrá que esperar un poco más.

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O tal vez no. Porque la alternativa a la designación de Mahiques era el ingreso de Guillermo Montenegro al Ministerio de Justicia. El exjuez federal y exintendente de Mar del Plata era el candidato del “Mago” Caputo, y venía sostenido por sus amigos Ariel Lijo, el tenebroso Stiuso y su secretario privado Lucas Nejamkis. Frente a este otro esquema de poder, el ascenso de Mahiques y, tal vez, de Viola, parece un soplo de aire fresco. Es una broma, porque el “boxindanga”, Mahiques padre, suele vanagloriarse de su proximidad con Stiuso.

La designación de Mahiques es una demostración de lo que ya se vislumbraba desde el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones de octubre. Un avance de la figura más asociada a esa victoria, que es la hermana del Presidente. En el caso de Justicia, ella parece haber seguido el mismo criterio que presidió la designación de Diego Santilli en Interior: elegir a alguien que conoce el sector que se le encomienda. Una rendición ante el statu quo. O, visto desde un ángulo más irónico, un reconocimiento a la pericia de la casta.

La de Justicia representa la primera pérdida neta de poder de Santiago Caputo, el rival interno de Karina Milei. Caputo logró retener su máxima colina, la SIDE, cuando su amigo Sergio Neiffert fue reemplazado por su contador, Cristian Auguadra.

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Santiago Viola, en un palco del Congreso, junto a Eduardo «Lule» Menem, dos hombres de extrema confianza de Karina Milei

Ayer se daba por segura la salida de Amerio. Sobre todo porque Cúneo Libarona la anunció al salir de una reunión con Milei en Olivos. Amerio se enteró por un mensaje de whatsapp durante una sesión del Consejo de la Magistratura. Chapeau para el “Mago”: quedó en evidencia que su SIDE no hace inteligencia interna. Amerio habría resistido su salida durante horas. Pero ese no es el enigma de estos movimientos. Mentes que combinan la lógica con la maldad se preguntan si el próximo paso en la marcha de Karina no será la decapitación de Auguadra en la SIDE. “En la Argentina, el que quiera manejar Justicia, tiene que manejar el espionaje”, explicó anoche un libertario, por llamarlo de algún modo…

Las últimas hostilidades contra Auguadra provienen de quienes se burlan de cómo el gendarme Nahuel Gallo regresó de Venezuela por una gestión de la AFA y no de la SIDE. Para ser justos, tampoco de la Cancillería. En el Gobierno hay quienes juran que el “Mago” Caputo había sido advertido de lo que sucedería e, indolente, no tomó los recaudos necesarios. Habladurías. Lo interesante es que el regreso de Gallo fue gestionado por Bindi, presunto autor de los audios de Spagnuolo y, en su momento, abogado de la petrolera PDVSA.

Nahuel Gallo en Conferencia de Prensa, en Argentina. Lo acompañan la Ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el jefe de la Gendarmer’a Nacional, Claudio Brilloni; y el canciller, Pablo QuirnoSoledad Aznarez

Una digresión: ¿no habrá llegado la hora de que el oficialismo le pida disculpas a Guillermo Francos, que fue alejado del poder en medio de acusaciones infundadas de Toviggino y la diputada Pagano? A propósito: en sus catilinarias Pagano acusaba a Francos de querer sacar la SIDE de las manos del “Mago” Caputo. Una solidaridad extraña, que elevó al grado 100 las suspicacias de Karina y de los Menem.

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En toda esta tragicomedia se está cumpliendo de manera prodigiosa el axioma ontológico de Cristina Kirchner: todo tiene que ver con todo. Porque el avión en el que fue repatriado Gallo habría sido el mismo que, según una información que circula con insistencia en el mercado de la aeronavegación, utilizaron el exsecretario de Transporte Luis Pierrini, y el extitular del organismo de control aeroportuario Facundo Leal, para desplazarse a Barcelona. Ambos fueron exonerados en enero pasado, con un argumento secreto, pero tal vez malicioso: “volaron en un avión de Toviggino”. Caputo consiguió mantener la zona bajo control, sobre todo colocando en reemplazo de Leal a Noelia Ruiz, quien se autodenomina “la killer de Santi”.

Publicidad de Flybondi en la playa que controla Daniel Vila

Pierrini y Leal eran funcionarios identificados con el poderoso empresario Leonardo Scatturice, dueño de Flybondi, la empresa que publicita sus servicios con grandes estandartes en el balneario Casa Mar, de Pinamar. Es el feudo costero de Daniel Vila, accionista de Edenor, que también plantó bandera en la arena, además de presidente de Independiente Rivadavia, secundado por Pierrini.

Publicidad de Edenor en la playa de Daniel Vila

Vila ha sido en las últimas semanas el principal sostén de Tapia y Toviggino en las reuniones de la AFA. Sergio Massa: todas las cosas te nombran. Sólo falta saber si Scatturice, flamante sponsor de Gimnasia y Esgrima de La Plata, se sumará a esa ala de la asociación. Sería una nueva contradicción: Scatturice, amigo del “Mago” Caputo, apoyando a Tapia y Toviggino. ¿O sería un nuevo argumento para alimentar las fantasías conspirativas de Karina Milei, quien no termina de descartar que entre los audios de Spagnuolo y el “Mago” haya un pasadizo misterioso?

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En cuanto a la interna de la AFA y el destino de Tapia y Toviggino no hay que perder de vista un dato: la veneración de Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, por Diego Milito, titular de Racing, que lo colmó de satisfacciones cuando jugaba en el Inter de Milán. A propósito de Racing: ¿por qué nadie menciona en el desaguisado de la AFA a Víctor Blanco, que estaría al tanto de todos los contratos impugnados en su rol de secretario general?

Julieta Cardinali, Dolores Fonzi y Hugo Sigman, en la entrega de los premios GoyaJOSEP LAGO – AFP

El panorama político está sembrado de contradicciones. Ya que está en danza “el Lobo”: Federico Sturzenegger festejó con un extenso tuit que el Senasa haya roto el cuasi monopolio de vacunas contra la aftosa que dominaba Biogénesis-Bagó. Es el laboratorio que tiene entre sus accionistas a Hugo Sigman, el exitoso productor cinematográfico que acompañaba en el escenario a Dolores Fonzi cuando, al recibir el premio Goya por su película Belén, la actriz denunció que Milei “puso en venta el agua” y “vino a destruirlo todo”. A pesar de ese alegato de los galardonados, en el bloque destinado a Salud de la Semana Argentina que se realizará en Nueva York a partir del próximo lunes, uno de los disertantes será Leandro Sigman, hijo de Hugo y presidente del Grupo Insud, el holding familiar. Es difícil que Sigman Jr. vaya a denunciar, como un eco de Fonzi, la venta del agua o de algún otro elemento. Con buena fe, su participación tampoco debe ser vista como una incoherencia oficial. Tal vez sea una incoherencia de los Sigman. Y una bienvenida demostración de pluralismo de Milei.


Carlos Pagni,Conforme a

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POLITICA

La oposición anticipa sus reparos a la derogación de las PASO

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El Gobierno anticipó que este año volverá a la carga con su intención de eliminar las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y la oposición ya encendió las alarmas. El proyecto aún no se presentó al Congreso, pero los propios aliados muestran reparos a que el oficialismo pretenda suprimir una herramienta que, admiten, les serviría para encauzar su desorden interno.

En rigor, no es la primera vez que el Gobierno pretende suprimir las PASO. Con el argumento del ahorro económico, en noviembre de 2024 presentó un proyecto en ese sentido y, si bien no logró el objetivo propuesto por la resistencia de la oposición, al menos pudo suspenderlas para las elecciones legislativas del año pasado.

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Lo cierto es que las PASO siguen vigentes, situación que el Gobierno pretende una vez más revertir. Su desafío será reunir la mayoría absoluta que le exige la Constitución Nacional para toda modificación del régimen electoral y de partidos políticos: 129 votos positivos en la Cámara de Diputados y 37 en el Senado.

“Estamos esperando las especificaciones técnicas del proyecto del Poder Ejecutivo, pero nuestra idea es eliminar las PASO”, anticipó el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en declaraciones a LN+.

Menem indicó que el proyecto que enviará la Casa Rosada no se limitará a la derogación de las primarias, sino que apuntará hacia una reforma integral de los partidos políticos en lo que se atañe a su constitución, reconocimiento legal y financiamiento. Cuestiones sensibles que hacen a la supervivencia de los espacios partidarios.

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Es por esta razón que los opositores no se muestran demasiado entusiastas en acceder a la derogación lisa y llana de las PASO como pretende el Poder Ejecutivo. Incluso en los espacios cercanos al oficialismo prefieren más una reformulación del sistema de primarias hoy vigente antes que su eliminación, ya que los dejaría sin una herramienta con la cual pelear espacios de poder si eventualmente se confluye en un acuerdo electoral con La Libertad Avanza.

“Por lo pronto, no estamos de acuerdo con que se modifiquen las reglas de juego para una elección próxima. Igualmente, vamos a esperar a que llegue el proyecto al Congreso para analizarlo detenidamente”, indican desde la bancada de Pro, aliado estratégico del oficialismo.

Desde el radicalismo también plantearon reparos. “La eliminación de las PASO sin plantear un sistema que las reemplace constituye un retroceso”, planteó el senador Maximiliano Abad. “Entiendo que el sistema vigente de primarias debe ser revisado y modernizado”, agregó.

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“En los procesos electorales argentinos es cada vez más corriente la constitución de frentes o alianzas (coaliciones electorales integradas por diversos partidos) −agregó−. Desde esta perspectiva, un eventual sistema que reemplace las PASO no sólo debe definir las candidaturas dentro de un partido, sino entre fuerzas aliadas. La alternativa no es la eliminación de las PASO, sino un mecanismo que las supere, garantizado la participación democrática de la ciudadanía”.

Desde Provincias Unidas también se oyen reparos. “La eliminación de las primarias beneficia principalmente a los oficialismos que eligen sus candidatos a dedo para dificultarle a la oposición la posibilidad de ordenarse en torno a una oferta electoral. Provincias Unidas tiene referentes con ambiciones electorales, eventualmente podrían sumarse más espacios y esta herramienta (las PASO) permitiría una definición más democrática de sus candidatos”, razonó un legislador cercano al gobernador cordobés Martín Llaryora.


eliminar las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO),Laura Serra,Actualidad política,Conforme a,Actualidad política,,Minuto a minuto. Javier Milei: las últimas medidas del Gobierno,,“Lo estamos logrando”. Sturzenegger celebró que en 2025 la Argentina haya sido el país con la mayor mejora en libertad económica del mundo,,»Adelgacé 14 kilos». Cúneo Libarona explicó las razones de su salida del Gobierno

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Causa Vicentin: declaró el titular de la SIGEN ante el juez Ercolini y defendió su rol técnico en el Banco Nación

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El actual titular de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), Alejandro Díaz, prestó declaración indagatoria por su desempeño como síndico del Banco Nación durante el gobierno de Mauricio Macri, en el marco de una causa que investiga un presunto acuerdo entre la empresa Vicentin y la entidad para evitar el cobro de una deuda millonaria.

La indagatoria —instancia prevista en el Código Procesal Penal que no implica una definición de culpabilidad sino la posibilidad de ejercer defensa— se produjo en el marco del expediente que analiza, en forma puntual, presuntas irregularidades en el otorgamiento y posterior refinanciación de créditos a la firma santafesina.

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La declaración de Díaz

En su testimonio de casi tres horas, el síndico General de la Nación sostuvo: “El cliente operaba con el banco hacía más de 30 años y era el más importante de la entidad financiera. Todos los informes de los cuales tuve conocimiento solo mencionaban la necesidad de un encuadramiento que resultaba generado por situaciones exógenas al cliente y estaba dado en tres situaciones: dos transferencias que había realizado el BNA al Tesoro Nacional y las variaciones en el tipo de cambio que se dieron durante el año 2019”.

En su indagatoria, Alejadro Díaz dijo que su intervención constaba del control de legalidad y del análisis de la información contable del Banco Nación

Díaz también aseguró: “La información que tuve durante mi labor fue que el banco intentaba encuadrar la situación del cliente a través de un seguro de caución, y que esa situación estaba en conocimiento de la autoridad regulatoria. El síndico no debe vincularse con las actividades operativas, puesto que ello resultaría ser un condicionamiento a la hora de realizar una función técnica objetiva e independiente”, añadió.

Además, el titular de la SIGEN se refirió al mecanismo de control utilizado en organizaciones de la envergadura de Vicentin y resaltó que “casualmente” su imputación en la causa se produjo recién en el mes de septiembre del año pasado, cuando ya había sido nombrado síndico General de la Nación.

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En ese marco, señaló: “No logro comprender las imputaciones que se me puedan hacer en esta causa como consecuencia de mi rol como síndico de la empresa, siendo que me apoyé en áreas técnicas especializadas, que en ningún momento me alertaron de un posible riesgo de default, sino todo lo contrario: esos documentos reflejaban la solvencia del cliente. Por lo tanto, al no recibir ninguna alerta, nada estaba a mi alcance para actuar de manera distinta a la que lo hice”.

El eje: el rol del síndico

Según surge de la reconstrucción judicial, el foco estuvo puesto en el papel que Díaz desempeñó como síndico del Banco Nación durante ocho meses, entre julio de 2019 y marzo de 2020.

En su declaración, el funcionario sostuvo que su intervención constaba del control de legalidad y del análisis de la información contable del banco, sin facultades ejecutivas ni voto en las decisiones comerciales adoptadas por la entidad. Es decir, defendió que su rol no era resolutivo sino de control de legalidad y de fiabilidad de la información financiera emitida por el banco.

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La causa gira en torno al proceso que permitió a Vicentin acceder a financiamiento por cifras que rondaron los 300 millones de dólares

La causa gira en torno al proceso que permitió a Vicentin acceder a financiamiento por cifras que rondaron los 300 millones de dólares durante la gestión comercial de los últimos años (la empresa tenía una extensa trayectoria como cliente del Banco Nación). La Fiscalía investiga si existieron desvíos en la aplicación de normas o falta de resguardos suficientes para proteger los intereses de la entidad.

En ese esquema, el accionar de los órganos de fiscalización quedó bajo análisis.

Embargos, imputaciones y un presunto perjuicio millonario

En paralelo al avance del expediente, el Juzgado Federal N° 10 ya dispuso embargos preventivos e inhibiciones generales de bienes sobre ex directivos del Banco Nación y responsables del grupo empresario. La medida alcanzó a 18 ex funcionarios de la entidad y a empresarios de Vicentin.

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Entre los imputados, figuran el ex presidente del Banco Nación, Javier González Fraga; el ex vicepresidente Lucas Llach; y los directores Carlos Alberto Castellani, Ercilia Antonia Nofal, Miguel Ángel Arce, Guillermo Goldberg, Jorge Alberto Lawson, Marcelo Javier Pose, Javier Okseunik y Agustín Pesce.

También fueron alcanzados Juan José Fragati (gerente general), Martín Enrique González (subgerente de Banca Corporativa), Susana Graciela Ojeda (subgerente de Riesgo y Política de Crédito), Maricel Leonor Moschini (subgerente de Soporte Crediticio), José Luis Testa (gerente zonal), Luis María Celestino Restelli (gerente zonal), Darío Marcelo Giacossa (gerente de sucursal), Néstor Ariel Bled (gerente de sucursal), Alexis Diosnel Tortul (responsable de la plataforma comercial) y el propio Alejandro Fabián Díaz, en su carácter de síndico.

Javier Gonzalez Fraga era el titular del Banco Nación durante las maniobras investigadas

Por parte del Grupo Vicentin, la medida recayó sobre su presidente de la empresa, Néstor Buyatti; el vicepresidente, Alberto Julián Macua; el apoderado Herman Roberto Vicentin; y los directores Martín Sebastián Colombo, Roberto Oscar Vicentin y Máximo Javier Padoan.

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Según la resolución judicial, la “finalidad del embargo se extiende a asegurar la eventual imposición y cumplimiento del decomiso, y de esta manera impedir que se consolide el provecho del delito en cuestión”.

El juez Ercolini planteó además que deberá considerarse “la posible pena de multa que pudiera dictarse y la solidaridad en la obligación de reparar el daño que pudiera recaer sobre todos los responsables del delito”.

Agosto-diciembre de 2019: el período bajo la lupa

La resolución judicial señala que entre agosto y diciembre de 2019 —los últimos meses del gobierno de Mauricio Macri— funcionarios del Banco Nación y empresarios del Grupo Vicentin “habrían generado” que las compañías Vicentin SAIC y Algodonera Avellaneda SA defraudaran a la entidad pública por un perjuicio patrimonial de USD 304.328.665,75, suma que “hasta la actualidad continúa siendo de cobro incierto”.

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La Justicia sostiene que los funcionarios del banco “habrían omitido intimar” a las empresas por deudas vencidas y exigibles desde el 8 de agosto de 2019, originadas en préstamos concedidos como prefinanciación de exportaciones.

Banderazo en favor de la empresa santafecina Vicentin (Pablo Lupa)

El fallo también advierte que entre el 8 de agosto y el 3 de diciembre de 2019 se habrían liberado, desde dos cuentas, un total de $43.449.104.966, autorizando 125 transferencias hacia otra cuenta corriente radicada en la misma entidad. El magistrado enfatizó que “el banco carecía de facultades para cobrarse”.

Para el juzgado, existió una presunta “actuación coordinada entre funcionarios del Banco Nación y empresarios”, que habría perjudicado patrimonialmente a la entidad financiera, mediante el otorgamiento irregular de 28 préstamos por un total de USD 105.500.000, concedidos entre el 8 y el 26 de noviembre de 2019.

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A pedido del fiscal Gerardo Pollicita, Ercolini citó a declaración indagatoria a 26 personas que en 2019 integraban los directorios de la cerealera y del Banco Nación, acusadas de haber cometido un presunto fraude millonario contra el Estado.

Alejandro Díza, titular de la SIGEN en una entrevista con Infobae

Alejandro Díaz inició sus actividades como síndico del Banco Nación a mediados de julio de 2019, tan solo unos días antes de los primeros atrasos en los vencimientos de Vicentin. Luego, permaneció en su puesto durante ocho meses y declaró que, tras su salida, no tuvo intervención en los hechos posteriores.

Sobre la refinanciación recibida por Vicentin durante el mes de noviembre de 2019 y el encuadramiento de límites a través de garantías, Díaz manifestó en su indagatoria no contar con ningún elemento que hiciese presumir la existencia de riesgo crediticio, sino todo lo contrario: los informes técnicos de las áreas operativas y de supervisión indicaban solvencia del cliente, y la refinanciación generada con estas operaciones es una práctica habitual en el sistema financiero. El banco obtenía un beneficio económico y posibilitaba que el cliente presentara las garantías que se estaban resolviendo o en proceso de resolución.

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No encontré motivo para oponerme a la toma de conocimiento de esta refinanciación. Si lo hubiese hecho, no hubiese tenido elementos para defender mi posición y no hubiese cambiado el rumbo de operaciones ya concretadas”, sintetizó Díaz en su presentación.

Los allanamientos realizados en Vicentin en diciembre de 2020

En ese tablero judicial, la declaración de Alejandro Díaz marca un punto clave: el intento del titular de la SIGEN de delimitar su responsabilidad a un rol técnico y de control, basado en informes de áreas operativas que conforman el sistema de control interno de la organización y sus líneas de defensa.

El inicio de la gestión de Díaz en la SIGEN

Mientras el expediente judicial sigue su curso, puertas adentro de la SIGEN la actual conducción puso en marcha una agenda orientada —según destacan desde el organismo— a fortalecer los mecanismos de control y auditoría del sector público nacional.

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En sus primeros meses al frente del organismo, Díaz impulsó una revisión de los circuitos internos para la ejecución de auditorías, con foco en la trazabilidad de los expedientes y en la digitalización de procesos para reducir márgenes de discrecionalidad. También promovió la actualización de manuales de procedimiento y la coordinación con unidades de auditoría interna de distintos ministerios y empresas estatales, en un intento por homogeneizar criterios técnicos.

Ese perfil técnico es el que el funcionario intentó remarcar en su exposición judicial: la diferencia entre la función de control formal y la decisión política o comercial que adoptan los directorios de las entidades públicas. En el caso puntual del Banco Nación, insistió en que la sindicatura no tenía atribuciones para bloquear operaciones crediticias, sino para emitir recomendaciones y dejar constancia de observaciones, que no pudo formular porque no existían elementos ni evidencias que hicieran presagiar el colapso del cliente en cuestión

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El titular de la Sigen fue indagado en la causa que investiga irregularidades en la quiebra de Vicentin por su pasado en el Banco Nación

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Por su rol como síndico del Banco Nación (BNA) durante el macrismo, el actual titular de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), Alejandro Díaz, fue indagado ayer en los tribunales de Comodoro Py en la causa que investiga un presunto acuerdo entre la empresa Vicentin y la entidad financiera para omitir el cobro de una deuda millonaria.

El expediente revisa, además, el refinanciamiento de una deuda que el BNA le otorgó a Vicentin días antes de que la empresa -que llegó a ser una de las mayores exportadoras de granos del país- declarara un “estrés financiero” e ingresara en un declive que culminaría con un concurso preventivo.

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A Díaz, que durante ocho meses representó a la Sigen en las comisiones internas del Banco Nación, se lo acusa de no oponerse a las maniobras financieras que habrían favorecido a la empresa en detrimento del Banco.

Según pudo reconstruir de distintas fuentes, Díaz se defendió en el juzgado de Julián Ercolini afirmando que no estaba facultado para tomar decisiones y que no tenía voto en aquellos encuentros. El funcionario explicó que su trabajo consistía solo en supervisar que las decisiones del banco fueran “consistentes” con los informes que se presentaban en las reuniones.

Las irregularidades de la empresa comenzaron en agosto de 2019, unos días después de que Díaz llegara al Banco Nación como representante de organismo. El primer descalce, marcó en su indagatoria, ocurrió por motivos ajenos a la empresa: los efectos inflacionarios y una reducción en el patrimonio del banco confluyeron para que un préstamo cercano a los 300 millones de dólares superara el límite establecido por el Central para los pasivos de los bancos, fijado en un 15% del patrimonio de cada entidad financiera. Esa deuda, marcó el funcionario, se había tomado antes de su llegada al Banco Nación.

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Díaz señaló que todos los informes a los que tuvo acceso indicaban que hasta ese entonces la empresa gozaba de buena salud y que, históricamente, la firma era solvente y recurría al Nación solo para estabilizar su flujo de fondos.

Desde mediados de agosto, y en medio de nuevas negociaciones para flexibilizar el tope del 15%, Vicentin comenzó con los incumplimientos en sus liquidaciones diarias, que se fueron acumulando hasta alcanzar una deuda neta de cerca de 100 millones de dólares para noviembre de 2019, mes en el cual se firma el refinanciamiento que hoy revisa la Justicia.

El ahora síndico de la Nación explicó que aquel esquema de repago no fue una mera “concesión”, sino que le reportó al BNA una ganancia de 7.5 millones de dólares.

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Su declaración forma parte de una ronda de 26 indagatorias que fueron solicitadas en la causa por el fiscal Gerardo Pollicita, que estimó el daño de la supuesta defraudación en 300 millones de dólares.

A fines del año pasado, el juez Ercolini ordenó un embargo preventivo de más de 500.000 millones de pesos contra todos los imputados en la causa. La lista incluye a las dos máximas autoridades del Banco Nación durante el periodo, Javier González Fraga -ya indagado- y Lucas Llach; otros exfuncionarios del Banco, como Díaz, y 6 directivos de la firma: Daniel Néstor Buyatti, Alberto Julián Macua, los directores Roberto Oscar Vicentin, Máximo Javier Padoan y Martín Sebastián Colombo y el apoderado Herman Roberto Vicentin.

González Fraga y Lucas LlachArchivo

“Los funcionarios del Banco de la Nación Argentina, conjuntamente a los empresarios del Grupo Vicentin, entre agosto y diciembre de 2019, habrían generado que las compañías Vicentin SAIC y Algodonera Avellaneda SA defraudaran las arcas de la entidad pública por un perjuicio patrimonial de US$304.328.665“, señaló el juez en diciembre de 2025.

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Otro de los elementos bajo revisión es el control que hizo el BNA del dinero que entraba a las cuentas de Vicentin. La entidad financiera tenía en su poder dos cuentas de garantía donde se recaudaban los fondos de la actividad comercial de la empresa.

Parte de la acusación señala que el banco omitió retener ese dinero para cobrarse los incumplimientos. En sus defensas muchos imputados sostuvieron que nadie quería trabar el normal funcionamiento de la empresa y que el banco ya se encontraba en negociaciones con la empresa para regularizar su situación.

Con el cambio de Gobierno, en junio de 2020, el entonces presidente Alberto Fernández anunció en plena la pandemia la intervención de la firma y una posible expropiación, pero finalmente dio marcha atrás con la medida, luego del ruido que generó el anuncio en la opinión pública.

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Pasado en la AFA

Hasta antes de convertirse en titular de la Sigen, Díaz, que hizo casi toda su carrera dentro del organismo de control, ocupó un cargo dentro de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), como presidente de la Comisión Fiscalizadora, un órgano encargado de supervisar la administración financiera de la institución.

En julio del año pasado, al ser nombrado por el presidente Javier Milei en el organismo de control, el funcionario pidió licencia y se apartó del cargo.

Con una carta dirigida a Tapia y al tesorero de la AFA, Pablo Ariel Toviggino, argumentó que su nuevo rol en la gestión pública le impedía abocarse a sus funciones como presidente de la Comisión Fiscalizadora, “con la diligencia, independencia y objetividad que exigen las normas profesionales aplicables y los principios rectores de la Ley General de Sociedades”.

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la causa que investiga un presunto acuerdo entre la empresa Vicentin y la entidad financiera,argumentó,Federico González del Solar,Conforme a,,Siempre insegura. La Argentina, un país especial en la guerra,,»El poder en las sombras». Piden la captura de la mano derecha del líder supremo iraní por el atentado contra la AMIA,,Revés para Tapia. La Justicia confirmó la indagatoria para el jueves por presunta evasión

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