POLITICA
Movimientos sociales y piqueteros debaten cómo enfrentar al Gobierno en medio del desgaste, el escepticismo y la desmovilización
La escena frente al Congreso, durante el debate de la reforma laboral, dejó más que una foto política adversa para la oposición sindical y social. También abrió una discusión incómoda dentro del propio universo de los movimientos sociales y piqueteros: cómo enfrentar al gobierno de Javier Milei cuando la calle ya no responde como antes y cuando, incluso dentro de los territorios populares, aparece una mezcla de cansancio, escepticismo, desmovilización y hasta temor por los impactantes despliegues de las fuerzas de seguridad.
Ese debate existe y atraviesa a la mayoría de las organizaciones. Lo reconocen en voz baja y también en voz alta algunos de sus dirigentes.
-¿Hay debate entre los dirigentes sociales, entre los militantes, por la baja convocatoria en las marchas contra las políticas de Javier Milei y hasta por los incidentes que grupos de encapuchados generan con las fuerzas de seguridad?, le preguntó este medio a un encumbrado dirigente popular con gran ascendente en el interior de las fuerzas que supieron realizar enormes marchas contra la administración de Mauricio Macri?, le preguntó Infobae a un encumbrado líder social.
-Por supuesto que hay debates, sí, sí hay debates de cómo encarar el proceso de resistencia que debe ser distinto al que aplicamos ahora, sobre todo desde los movimientos populares que venimos de un desgaste importante en relación a cierta pérdida de legitimidad, te diría de cara a la opinión pública, parte de la opinión pública, parte de los sectores políticos que se han montado en el cuestionamiento sistemático a los movimientos populares, que seguramente si algunos cometieron errores, tienen que asumir la responsabilidad, analizó.
Según su mirada, la discusión no es solo táctica sino también de legitimidad.
“Venimos de un desgaste importante en relación a cierta pérdida de legitimidad, te diría de cara a la opinión pública, parte de la opinión pública, parte de los sectores políticos que se han montado en el cuestionamiento sistemático a los movimientos populares”, sostuvo.
En ese sentido, el dirigente admitió errores, pero también cuestiona lo que considera “una campaña de desgaste”.
El importante activista social hace referencia a la difusión de supuestas auditorías sobre comedores comunitarios que eran asistidos por el Estado que, según el Ministerio de Capital Humano, en un “setenta por ciento no existen”. Un dato que no fue ratificado en documentos. De hecho, la secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia aclaró que la cifra surge de “inspecciones presenciales” realizadas al azar .
Más allá de la interpretación que le den los líderes sociales a la acción de los funcionarios contra organizaciones piqueteras y sociales, la Justicia ya elevó a juicio oral el expediente contra al líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, y otros 17 dirigentes por los presuntos delitos de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, amenazas coactivas y extorsión”, los magistrados entendieron que los dirigentes piqueteros sacaron “provecho de su posición dominante” cuando “exigían el aporte de dinero a gente de escasos recursos, sumamente vulnerables”, y habrían desviado dinero para beneficio partidario de las partidas de dinero del ex programa Potenciar Trabajo. Con esas figuras, de ser encontrados culpables, la pena podría llegar hasta 15 años de prisión. En este caso la Cámara Federal porteña ordenó profundizar en la responsabilidad de los funcionarios públicos.
Sobre este punto, los dirigentes sociales consultados por Infobae para esta nota opinaron: “Seguramente si algunos cometieron errores tienen que asumir la responsabilidad. Eso no quita la maratónica e importante tarea que desarrollamos los movimientos populares en la organización territorial: en lo que tiene que ver con el trabajo, en la organización comunitaria, en los problemas vinculados a la violencia, al consumo de falopa, a lo alimentario, a la violencia de género. Todo eso lo organizamos en los territorios”, explicó.
Y agregó: “Lamentablemente, hubo mucha mala leche de compañeros incluso que se montaron en parte de la estrategia del Gobierno para deslegitimar nuestro accionar”.
El debate estratégico
La discusión interna no se limita a la calle. También atraviesa el modelo de organización social y económica que sostuvieron durante años muchas de estas organizaciones. “Hay un debate más de carácter estratégico”, razonó uno de los dirigentes consultado.
“Nosotros somos críticos de lo que se ha hecho en términos de política social. Desde nuestro lugar estamos en una etapa de reconstrucción, incluso de herramientas para abordar los problemas sectoriales”.
Como ejemplo de esa reconversión mencionó un proyecto que todavía no fue presentado públicamente.
“En poco tiempo vamos a dar a conocer una experiencia que venimos construyendo con un sector empresarial importante. Nos hemos asociado para empujar una experiencia de organización del trabajo vinculada al problema del cuidado de adultos mayores”. El proyecto forma parte de lo que define como una “estrategia de reconversión”.
“Sobre todo a la hora de pensar la pelea vinculada a los trabajadores que están afuera, como también la reorganización de las políticas vinculadas a lo territorial, más a lo comunitario”.
El cuestionamiento a la lógica de los planes
Otro eje del debate interno gira alrededor de los programas sociales y su futuro. “En algunos sectores de los movimientos hay compañeros que todavía creen en la lógica de los planes. Pero otros espacios, como el nuestro, cuestionamos eso”, afirmó.
La crítica no implica negar la asistencia estatal, aclaró. “No porque no creamos que haya que tener en sectores específicos un acompañamiento del Estado a experiencias particulares, pero no puede ser una política ni permanente ni estable ni de carácter universal”. Y apunta a un problema estructural del mercado laboral argentino.
“Sobre todo para los compañeros que tienen trabajo pero no pueden tener legalidad, estar registrados, tener grados de institucionalidad, legislaciones que los amparen y que les permitan tener derechos de otra dimensión”, aseguró.
La calle ya no responde
El debate más visible, sin embargo, es el que gira en torno a la capacidad de movilización.
Las últimas tres marchas frente al Congreso durante el debate de la reforma laboral mostraron una asistencia muy inferior a la que históricamente podían convocar los movimientos sociales, las centrales sindicales y los sectores piqueteros.
“Es cierto, hay miedo”, reconoció el dirigente. “Y no prende una bronca generalizada. Hay bronca, pero no hay una acción que tenga correlato con esa bronca”. En los barrios populares, asegura, aparece otro fenómeno. “Vemos también en algunos aspectos cierta resignación. Sobre todo, en los sectores populares que son más creativos a la hora de rebuscársela”.
El contraste aparece en otros sectores sociales. “En los sectores que van perdiendo poder adquisitivo y trabajo, más vinculados a la clase media, hay bronca, pero no hay una bronca disruptiva”, explicó.
También menciona episodios de tensión que empiezan a circular en los territorios.
“Hay bandas en los territorios medio sacadas. Que se están organizando para realizar acciones más violentas, pero la gran mayoría está en contra de esas iniciativas”, precisó.
Mucho discurso, poco cuerpo. La autocrítica también alcanza a la dirigencia política y social. Otro encumbrado dirigente social que suele poner el pecho en cada movilización cuestiona: “Creo que hay una pose en relación a la confrontación callejera. Mucho discurso para la televisión, poco poner el cuerpo”.
Ese diagnóstico explica, según su mirada, por qué muchas movilizaciones terminan sin impacto político. “Se terminan haciendo cosas relámpago como ir al Congreso y terminar haciendo un acto que no tiene sentido. Se han hecho muchos actos y movilizaciones durante este Gobierno, algunos más masivos, otros menos masivos, pero no terminan de mover el perímetro”, cuestionó.
La conclusión es incómoda. “Evidentemente la acción de lucha callejera tiene que tener otros mecanismos, otros métodos, que está claro que no lo tenemos claro”, reconocen entre las filas de los dirigentes que hacen semanas debaten la derrota en las calles. Para este dirigente, la crisis actual trasciende al gobierno libertario. “Esto es una opinión personal, pero creo que obedece a un fin de ciclo político y social”, analizó.
Un proceso que también impacta en el sindicalismo. “La política está en crisis, los movimientos populares están en crisis de representación y legitimidad”, continuó.
El ejemplo que menciona es la propia estructura sindical. “Cuando la CGT hace paro, la mitad de los trabajadores de la Argentina no están representados en eso”, planteó. Según su mirada, se trata de una transformación estructural.
“Es un cambio que incluso no se va a detener, continúe o no continúe Javier Milei en el Gobierno”, dijo y concluyó al decir: “Hay modificaciones estructurales que van a ser inevitables. Y esos cambios ni la política, ni la dirigencia social ni la dirigencia gremial los terminamos de entender todavía. Por lo tanto, tampoco actuamos en consecuencia en términos de la organización, de la representación o de las nuevas vocerías. Es un problema de carácter mayor”.
El Gobierno de Milei ganó la pulseada
El Gobierno de Javier Milei le ganó la pulseada a los organizadores de, por ejemplo, las últimas tres marchas frente al Congreso Nacional, convocadas en rechazo al proyecto de reforma laboral.
La definición no surge de interpretaciones ideológicas ni de recortes de redes sociales. Es la constatación de quienes recorrieron la Plaza del Congreso durante esas jornadas.Los organizadores ya no cuentan con el mismo poder de movilización. Ni siquiera gremios convocantes como la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), identificados con sus chalecos verdes, ni las dos CTA lograron demostrar contundencia a la hora de ocupar las calles.
Las razones son múltiples: el protocolo antipiquetes del Ministerio de Seguridad; las políticas de Capital Humano, que eliminaron incentivos ligados a los planes sociales; la presencia de camiones hidrantes y brigadas motorizadas de la Policía Federal; el despliegue de Gendarmería, Prefectura; y Policía de Seguridad Aeroportuaria. O quizás una combinación de todos esos factores.
Lo cierto es que las marchas contra el Gobierno libertario fueron, según estimaciones de los propios organizadores, hasta un 90 por ciento menos numerosas que las protestas registradas durante la gestión de Mauricio Macri.
Incluso, el Polo Obrero y el bloque piquetero supieron reunir más militantes frente al Ministerio de Desarrollo Social durante el gobierno de Alberto Fernández que los que hoy logran convocar contra las políticas libertarias.
Lo mismo ocurre con las organizaciones nucleadas en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Los llamados “Cayetanos” llegaron a movilizar más de 300.000 personas cada 7 de agosto desde el santuario de San Cayetano, en Liniers, hasta Plaza de Mayo para reclamar la emergencia alimentaria.
Hoy, en cambio, dentro de ese mismo universo social, la discusión gira alrededor de una pregunta incómoda: cómo reconstruir poder político cuando la calle ya no responde como antes.
Marcha Congreso,Reforma Laboral
POLITICA
Las propiedades del ex senador Edgardo Kueider están abandonadas y acumulan deudas millonarias
A través de la empresa Betail SA, Edgardo Kueider había adquirido propiedades en el complejo Live. Eran un semipiso, un departamento de dos dormitorios y otro de uno en uno de los edificios más lujosos de la capital provincial. Además, poseía dos cocheras, un bien escaso en la zona céntrica. La valuación global de mercado de las propiedades supera el medio millón de dólares.
Tras su detención, los bienes quedaron abandonados. Según pudo establecer Infobae, los inmuebles acumulan más de 14 meses de gastos comunes impagos. La mora comenzó con la boleta de las expensas de noviembre de 2024 que vencían al mes siguiente. El martes 4 de diciembre, Kueider fue detenido en Paraguay. Intentaba pasar USD 200 mil en efectivo sin declarar. También cayó su pareja, Iara Guinsel, responsable de atender estos gastos.
En total, la deuda de los departamentos y las cocheras se ubica en $7,3 millones de pesos a febrero 2026. El monto, que incluye capital e intereses acumulados, fue confirmado a este medio por dos fuentes diferentes y sin contacto entre sí. “Es un clavo”, graficó una de ellas.
La puerta del semipiso en el último piso del Live aún tiene restos de las fajas de clausura que colocó la Justicia luego de realizar un allanamiento. Como cuando se concretaron los operativos hubo que ingresar a la fuerza, la puerta se sostiene con un alambre. Nadie vive en ellos. Los vecinos no se atreven a acercarse.
Pagadios
La administración del edificio no logra acceder a ningún responsable, directo o indirecto, que pueda hacerse cargo de estas erogaciones pendientes. Kueider está detenido en Paraguay junto con Guinsel, que era la que mes a mes cancelaba los compromisos. El otro socio de Betail SA, Daniel «Gonzalito» González fue excarcelado pero no tiene ingresos. Es empleado de la Biblioteca del Congreso mas no cobra su sueldo por estar sumariado.
Hasta ahora, la parte que debería recaudarse de los departamentos y cocheras de Kueider se atiende con el fondo de reserva. A pesar de la queja del resto de los propietarios, no hay mucho más qué hacer. Es que el Edificio Live aún no ha terminado su proceso de constitución en propiedad horizontal. Por lo tanto, aún no tiene un consorcio ni puede ejecutar la deuda.
Mientras, la columna del debe crece. La desarrolladora que construyó el edificio CDS (Cavalli, Dujovne y Szczech) tiene la posibilidad de iniciar algún tipo de acción contra el exsenador para intentar cobrar algo. Pero no lo ha hecho, consignaron las fuentes que accedieron a hablar con Infobae.
Además, se prefigura un conflicto adicional. Si el fideicomiso que construyó el Live completa los trámites pendientes (planos de construcción, de electricidad y esquema de bomberos, entre otros) y queda todo listo para escriturar ¿quién firmará por Kueider? En el mientras tanto, los dueños de las distintas unidades solo detentan un boleto de compraventa.
Si el consorcio estuviera constituido, los departamentos y las cocheras de Kueider podrían ser puestos a remate para cubrir la deuda de gastos comunes.
El lugar de los departamentos en la trama
Los inmuebles en el Live a nombre de Betail SA habrían sido una maniobra para lavar dinero proveniente de fuentes espurias. Esa es la hipótesis que registrar la investigación contra Kueider por enriquecimiento ilícito que se tramita en el Juzgado Federal de San Isidro. El expediente está a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado y del fiscal Fernándo Domínguez.
Como sostén de esa conjetura se han acumulado testimoniales y pruebas materiales en la pesquisa.
Alejando y Ariel Lifschitz y Matías Pérez están vinculados a la firma Cadus SAS que administra el fideicomiso del edificio. Los tres “afirmaron que fue Edgardo Kueider la persona que negoció la compra y finalmente entregó en las oficinas de la ciudad de Paraná gran cantidad de dinero en efectivo para la adquisición de las unidades”, consigna el expediente judicial.
Alejandro puntualizó: “La negociación de la compraventa fue entre mi hermano Ari, yo y Kueider”. Luego, agregó que en marzo de 2021, el entonces senador Kueider se decidió y “abonó en efectivo” la compra del departamento de dos dormitorios. En mayo sumaría el de uno y en octubre, por último, agregaría el semipiso.
Su hermano Ariel añadió un detalle al pago de los inmuebles en billetes constantes y sonantes: “Demoramos bastante en contarlos”.
En otro tramo del expediente judicial, se cita un informe de AFIP (hoy ARCA). Allí se describe que durante el período 2020 a 2023, Kueider no registró emisión de facturas. Asimismo, indicó que en 2021 tuvo ingresos salariales por $4.114.023,59; en 2022, $ 6.704.690,99 y que en 2023 cobró haberes totales por $16.757.765,47.
El fiscal Domínguez resaltó: “Lo pagado en el año 2021 para la compra de los departamentos ($20.000.000) representa casi 5 veces los salarios obtenidos por Kueider en todo ese año”. Por eso, razonó: “Es claro que (el exsenador) no tenía manera de invertir esas sumas de dinero en efectivo, sin levantar fuertes sospechas, en la compra de tres departamentos a estrenar con sus cocheras anexas”.
La hipótesis de la investigación es que el exrepresentante entrerriano “habría tejido una red de personas interpuestas y una sociedad pantalla (Betail) para ejecutar, bajo su ropaje, una serie de maniobras destinadas a fingir ingresos inexistentes y disimular la ilícita procedencia del dinero utilizado para la compra de aquellos departamentos”.
La teoría del caso de la Justicia Federal de San Isidro es que el origen de los fondos que manejaba Kueider, o al menos parte de ellos, provenía del pago de coimas realizado por la empresa Securitas. La firma de seguridad está bajo sospecha tras una auditoría interna que reveló una trama de sobornos para quedarse con contratos de empresas y organismos públicos. Una de ellas era Enersa, la estatal eléctrica de Entre Ríos.
POLITICA
El Gobierno promulgó la Ley de Modernización Laboral a una semana de su aprobación en el Senado
Luego de que el Gobierno cerrara el período de sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación con la aprobación de la reforma laboral, este viernes se promulgó la denominada Ley de Modernización Laboral. Después de una semana puliendo detalles, la medida fue publicada en el Boletín Oficial.
La norma, que fue registrada como Ley Nº 27.802, comenzó a regir esta madrugada, apenas se emitió el Decreto 137/2026, que contó con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
“En uso de las facultades conferidas por el artículo 78 de la Constitución Nacional, promúlgase la Ley Nº 27.802 sancionada por el H. Congreso de la Nación en su sesión del día 27 de febrero de 2026″, dictaminaron al ordenar que la medida también quede asentada en la Dirección Nacional del Registro Oficial.
De la misma manera, los detalles de la Ley de Modernización Laboral quedaron disponibles en el sitio oficial del Boletín Oficial. La norma fue publicada con un total de 25 capítulos luego de que fuera sometida a una serie de revisiones que resultaron en la eliminación de los artículos que planteaban una modificación en el régimen de licencias médicas.
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En este sentido, la mayor cantidad de cambios se daría en materia de indemnizaciones, salario, vacaciones, duración de la jornada laboral, los derechos colectivos y el funcionamiento de los sindicatos. Además, se incluirán beneficios para formalizar empleo y un régimen para inversiones medias.
Indemnizaciones y salario
A partir de la modificación del sistema de indemnizaciones por despido, se introdujo una batería de modificaciones en la legislación laboral, con el propósito de abaratar los despidos y garantizar el pago de indemnizaciones. Este nuevo esquema excluyó del cálculo conceptos como vacaciones, aguinaldo, propinas y premios, a la vez que estableció un piso mínimo y un máximo.
El rediseño del régimen estableció que la indemnización por despido no podrá superar el equivalente a tres veces el salario promedio mensual fijado en cada convenio colectivo de la actividad correspondiente. Para el mínimo, fijó un piso del 67% de la remuneración habitual. Si la aplicación del tope convencional reduce la base salarial a una cifra inferior, dicha reducción no podrá superar el 33%.
Otra de las modificaciones prevé que las grandes empresas puedan abonar las sumas derivadas de sentencias de despidos en hasta seis cuotas mensuales, mientras que las pymes contarán con la posibilidad de extenderse hasta 12 cuotas. Además, se incorporó un esquema de actualización de las indemnizaciones judiciales solo por inflación, con un adicional del 3% anual.
También se crearán los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), financiados de manera obligatoria con el 1% de las contribuciones patronales en el caso de grandes empresas y el 2,5% para pymes. Estos fondos garantizarán el pago de las indemnizaciones a través de cuentas inembargables, bajo control directo de la Comisión Nacional de Valores.
Respecto a los salarios, la reforma incorporó el “salario dinámico”, que puede ser pactado en los convenios colectivos y que ata la remuneración al rendimiento o mérito individual. Asimismo, se estableció que el pago deberá realizarse exclusivamente por vía bancaria.
Vacaciones y jornada laboral
En materia de vacaciones, la nueva norma sostiene la obligatoriedad de otorgarlas entre el 1 de octubre y el 30 de abril. No obstante, permite que ambas partes acuerden su fraccionamiento, siempre y cuando el período no sea inferior a siete días corridos.
Por otro lado, se habilitó la extensión del horario de jornada laboral diaria de hasta 12 horas, a condición de que exista acuerdo voluntario en esquemas flexibles como bancos de horas y se garantice un descanso de al menos 12 horas entre turnos. Además, incorporó la posibilidad de contratar trabajadores a tiempo parcial por debajo de la jornada legal completa.
Derechos colectivos y sindicatos
El sistema prevé que la cuota solidaria sindical seguirá siendo deducida por los empleadores, aunque ahora con un tope del 2% del salario mensual. No obstante, en el plano de la negociación colectiva, la reforma otorgará prioridad a los acuerdos de empresa o regionales sobre los convenios por rama. Además, debilita la vigencia automática —la llamada “ultraactividad”— de las obligaciones que persistían más allá de la validez formal de los convenios.
El derecho de huelga quedará restringido en los servicios esenciales (salud, distribución de agua potable, telecomunicaciones, aeronáutica comercial, control portuario, entre otros) y deberá asegurarse un mínimo del 75% de la dotación de personal en actividad.
En el caso de los denominados servicios de importancia “trascendental”, como el transporte de pasajeros y cargas, medios de comunicación, industrias siderúrgica, química, cementera, alimenticia, construcción, aeropuertos y minería, entre otros, deberá garantizarse el funcionamiento al 50%.
Para la realización de asambleas de trabajadores que puedan afectar el funcionamiento de la empresa, se demandará una autorización previa del empleador.
Beneficios para formalizar empleos y el régimen de inversiones medias
La reforma introdujo el Programa de Promoción del Empleo Registrado y establece un mecanismo de blanqueo laboral, permitiendo la condonación de hasta el 70% de las deudas por aportes y sanciones para quienes regularicen su situación.
En paralelo, se agregará el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral, que reduce las contribuciones patronales al 8% anual y asigna una reducción aún mayor para quienes contraten a personal previamente no registrado antes del 10 de diciembre de 2025, así como a ex monotributistas o extrabajadores públicos.
Por último, las medianas inversiones tendrán un tratamiento diferencial, ya que contarán con amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y la devolución anticipada de IVA. Este régimen regirá por dos años y estará disponible para empresas que inviertan entre USD 150.000 y USD 9 millones en bienes muebles nuevos o en obras productivas, con la excepción de automóviles.
En busca de reducir la litigiosidad, la iniciativa determinó que los acuerdos laborales homologados judicialmente tendrán fuerza de sentencia firme y que los honorarios profesionales no podrán superar el 25% del monto reclamado. Finalmente, se ordenó que la Justicia Nacional del Trabajo realice un traspaso progresivo a la órbita judicial de la ciudad de Buenos Aires o Federal.
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POLITICA
Córdoba impulsó una ley para proteger a las víctimas de delitos cometidos por menores tras el caso Joaquín Sperani
A pocos meses de cumplirse tres años del crimen de Joaquín Sperani, el adolescente de 13 años, asesinado en 2023 por un amigo de 14 en Laboulaye, el Gobierno de la provincia de Córdoba presentó en la Legislatura un proyecto de ley que busca implementar nuevos derechos y garantías para las víctimas de delitos.
La iniciativa, denominada “Ley Joaquín”, propone la creación de un Régimen Provincial de Protección de Víctimas de Delitos y la modificación del Código Procesal Penal, con el objetivo de mejorar el trato, la participación y la protección de quienes atraviesan un proceso penal. El texto fue impulsado por el gobernador Martín Llaryora.
La familia de la víctima insistió en la necesidad de cambiar las normas para garantizar la intervención de los familiares en el proceso judicial y el acceso a la información del expediente. A raíz del pedido, desde la Legislatura provincial avanzaron con el proyecto que fija estándares mínimos en el trato, la información y la protección de las víctimas, junto con obligaciones precisas para el Estado y los operadores judiciales.
“El proyecto establece estándares claros de actuación para el Estado y para todos los operadores del sistema penal. Además, fija un piso común de protección para todas las víctimas en la provincia, sin alterar el debido proceso entre las partes”, escribió el gobernador en su cuenta de X. Y afirmó: “Propusimos que lleve el nombre de “Ley Joaquín”, en memoria de Joaquín Sperani, el adolescente de 14 años asesinado en Laboulaye en 2023. Su familia transformó el dolor en un compromiso para que ninguna víctima vuelva a sentirse sola frente al sistema“.
Entre los derechos que se garantizan desde el primer contacto con la Justicia, la propuesta incluye: trato digno, privacidad y no revictimización, acceso a información clara sobre el proceso penal, patrocinio jurídico especializado y gratuito, y la posibilidad de participar activamente en audiencias relevantes. Además, la iniciativa contempla la asistencia médica, psicológica, social y jurídica sin costo, medidas urgentes de protección ante riesgos o intimidaciones, y la reparación integral del daño sufrido.
El proyecto incorpora el principio de “debida diligencia”, que obliga a las autoridades a actuar sin demoras para evitar que el trámite judicial profundice el daño de la víctima. Según detalló El Doce, la propuesta también habilita que familiares de víctimas de delitos cometidos por menores inimputables puedan constituirse como querellantes.
El asesinato del menor ocurrió el 29 de junio y su cuerpo fue hallado luego de tres días de búsqueda, en una casa abandonada cerca del colegio donde ambos adolescentes asistían. El chico de 14 declaró semanas después ante el juez de Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil, Violencia Familiar y de Género y Faltas, Sebastián Ignacio Moro. “Ha reconocido que es el autor del crimen”, confirmó en aquel entonces el magistrado. Sin embargo, lo declararon inimputable bajo la legislación vigente.
Según fuentes de la investigación, el relato del joven señalado como autor del hecho coincidía con lo que se reconstruyó a través de las imágenes de tres cámaras de seguridad, “en donde claramente se los ve ingresar a los dos (a un baldío)”
Durante su declaración, el compañero de colegio de Joaquín sostuvo que “no tuvo intención de matarlo”. Explicó que el adolescente “hizo un relato en donde admite que participó solo, que no hubo participantes, que todo sucedió a partir de una fuerte discusión, que tomó un fierro y le pegó en la cabeza”.
En octubre del año pasado la familia del adolescente había demandado civilmente al Gobierno provincial y a los padres del asesino por una suma de $600 millones. En el caso del Gobierno, lo señaló “por daños y perjuicios como ente rector, a través del Ministerio de Educación”, de la escuela IPEM 278 Malvinas Argentinas.
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Trump’s new tariff plan barrels back to court following multistate lawsuit
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