En una entrevista exclusiva, los subprocuradores del Tesoro Juan Ignacio Stampalija y Julio Pablo Comadira detallaron en Infobae al Regreso el trasfondo jurídico y las instancias clave por las que la justicia estadounidense anuló una condena millonaria que amenazaba a la Argentina.

En una charla con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Mica Mendelevich, los abogados responsables de la defensa argentina repasaron el recorrido judicial que permitió revertir una sentencia de primera instancia que implicaba una deuda de 16 mil millones de dólares más intereses. “Nos salvamos de un riesgo existencial para el país”, subrayó Comadira, y explicó: “Si se confirmaba el fallo, implicaba la responsabilidad del Estado argentino por casi 18 mil millones de dólares y los intereses que hubieran seguido corriendo. Era realmente una amenaza gravísima”.

La estrategia jurídica que convenció a los jueces estadounidenses

Stampalija precisó el eje argumental de la defensa: “Lo que se estaba discutiendo era si Argentina, al expropiar las acciones de YPF, debía haber hecho una oferta pública a los demás accionistas. Nosotros insistimos en que el remedio propuesto por la jueza de primera instancia no existe en el derecho argentino. Y eso fue lo que dijo finalmente la Cámara: ‘Básicamente se inventó una solución que en el derecho argentino no existe’”. Comadira reforzó: “Esto tenía que resolverse de acuerdo con el derecho argentino, y la solución que había dado Preska no correspondía”.

El equipo legal argentino apostó por una estrategia audaz durante la audiencia de octubre pasado. “Era nuestra única oportunidad para hacerle entender a tres jueces, que no son expertos en derecho argentino, cómo funciona nuestro derecho. Si lográbamos eso, ganábamos”, relató Stampalija. El resultado fue inmediato: “Ese mismo día bajaron abruptamente las acciones de Burford, y en seis meses perdió un 30% de su cotización”.

El peso del contexto y la continuidad estatal en la defensa

Stampalija reconoció que la posición argentina partía de una desventaja reputacional: “Fueron a tribunales donde Argentina tiene un historial negativo. Es mucho más fácil convencer a un juez norteamericano de que el derecho argentino dice A cuando no lo dice, que a un tribunal argentino”. Comadira remarcó que el fallo adverso de primera instancia era “imposible de imaginar en un tribunal argentino”.

La coherencia de la defensa a lo largo de distintos gobiernos fue clave. “No fue igual en todas las etapas ni todos los argumentos, pero algunos se mantuvieron porque eran ciertos y jurídicamente correctos”, sostuvo Stampalija. “El ratio de fallos que revoca la Cámara es del 15%, y aun así logramos revertirlo”, destacó. También subrayó la importancia de cumplir con los procedimientos: “El Gobierno decidió cumplir con el discovery para no ser declarados en desacato, y eso evitó un daño reputacional aún mayor”.

Costos, impacto y el futuro tras el fallo

Consultados sobre los caminos que podría intentar la contraparte, Stampalija detalló: “Pueden pedir un rehearing en banc o ir a la Corte Suprema, pero las chances de éxito son muy bajas. La Corte toma solo entre 100 y 120 casos por año. No veo probable que decidan intervenir en un tema de derecho argentino”.

Respecto al costo para el Estado, Comadira fue claro: “Pagamos cero de la condena, pero tener un juicio ejecutable por 18 mil millones de dólares tiene un impacto en toda la economía, incluso para YPF a la hora de operar en el extranjero”. El cálculo de los costos directos e indirectos, admitieron, aún se está realizando.

El cierre de la entrevista dejó espacio para la emoción y el reconocimiento. Stampalija confesó: “Siento mucha emoción porque pienso en nuestros hijos y en lo que hubiera implicado para el país. Además, fue un trabajo de años y de mucha gente en la Procuración. Litigamos contra los mejores abogados del mundo y logramos que la justicia de Estados Unidos valore la posición argentina”.

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En un escenario atravesado por unainflación mensual que se mantiene por encima del 2,8% y un mercado laboral en permanente reacomodamiento, las expectativas salariales de los trabajadores vuelven a quedar en el centro de la escena.

En ese contexto, un relevamiento difundido por la plataforma de empleo Bumeran permite dimensionar cuánto consideran necesario ganar hoy los argentinos para sostener un nivel de vida «cómodo», con diferencias marcadas según el rubro.

Qué sueldo hay que ganar bien, según los trabajadores de distintos rubros

De acuerdo con los datos recopilados por la plataforma as pretensiones salariales más elevadas se concentran en posiciones jerárquicas y sectores estratégicos de la economía. Las áreas de dirección, energía, finanzas e ingeniería encabezan el ranking, con ingresos proyectados que en muchos casos superan ampliamente el promedio del mercado.

En la cima aparece Gerencia y Dirección General, con una pretensión promedio de $2.300.888 mensuales. Le siguen Minería, Petróleo y Gas ($1.975.031) y Administración, Contabilidad y Finanzas ($1.882.872). También se ubican en niveles altos Ingeniería Civil y Construcción ($1.779.613), Ingenierías ($1.686.723) y Recursos Humanos ($1.690.877), consolidando a los perfiles técnicos y estratégicos como los más demandados y mejor remunerados en términos aspiracionales.

Un escalón más abajo, aunque aún dentro de niveles relativamente elevados, aparecen rubros como Tecnología y Sistemas ($1.555.324), Seguros ($1.521.808) y Marketing y Publicidad ($1.457.103), seguidos por áreas comerciales, productivas y de servicios profesionales.

En contraste, los sectores con contacto directo con el público o vinculados a servicios básicos continúan mostrando expectativas más moderadas. Allí se ubican Gastronomía y Turismo ($975.763), Atención al Cliente y Call Center ($916.060) y Enfermería ($1.033.319), todos por debajo o apenas por encima del millón de pesos mensual.

Si se toma el promedio general de los rubros analizados, la mayoría de las pretensiones salariales se concentra en un rango de entre $1,2 millones y $1,7 millones, que hoy funciona como referencia de ingreso para trabajadores calificados. Sin embargo, quienes apuntan a posiciones ejecutivas o altamente especializadas elevan esa vara a niveles cercanos o superiores a los $2 millones, ampliando la brecha entre distintos segmentos del mercado laboral.

El relevamiento refleja, en definitiva, un fenómeno cada vez más evidente: en un contexto de inflación persistente, las expectativas salariales no solo buscan acompañar la suba de precios, sino también adaptarse a una estructura laboral cada vez más segmentada, donde el nivel de calificación y el sector de actividad marcan diferencias significativas en el ingreso esperado.

El sueldo pretendido aumentó 3,3% en febrero 2026

Según el último Index del Mercado Laboral de Bumeran, las pretensiones salariales aumentaron un 3,33% durante febrero, alcanzando un promedio de 1.755.866 pesos mensuales. Las subas más pronunciadas se produjeron en los requerimientos de los candidatos a posiciones junior, senior y semi senior. 

«El salario pretendido promedio alcanzó los 1.755.866 pesos por mes, lo que representa un aumento del 3,3% respecto al mes anterior y revierte la tendencia de descenso observada en los últimos meses. La lectura de estos datos puede responder, por una parte, a una revalorización de las capacidades profesionales y, por otra, a la necesidad de los talentos de ajustar sus pretensiones frente al costo de vida«, estimó Federico Barni, CEO deBumeran.com.ar en Jobint.

Al comparar este dato con la inflación del periodo, que se ubicó en un 2,9%, el salario pretendido promedio se posicionó 0,43 puntos porcentuales por encima del indicador de precios. Sin embargo, en la medición interanual, la realidad fue distinta: las remuneraciones solicitadas crecieron un 22,99%, quedando significativamente por debajo de la inflación acumulada en los últimos 12 meses, que alcanzó el 33,1 por ciento.

«En términos intermensuales el sector Tecnología y Sistemas es el que presentamayores subas con un aumento del 13,74%. Por el contrario, Comercial es el de menor aumento, con un decrecimiento de -3,70%. El aumento promedio respecto al mes anterior en las posiciones junior es de 2,19%», indicó el reporte de Bumeran.

A nivel de roles específicos, los contrastes fueron profundos. El rol con el salario más alto fue el de Planeamiento Económico Financiero, para la categoría de supervisor o jefe, con una pretensión de 4.750.000 pesos mensuales en febrero del corriente.

Tras el fallo histórico que revirtió la sentencia en primera instancia contra la Argentina por la expropiación de YPF, el presidente Javier Milei anunció que el Gobierno envió al Congreso de la Nación un proyecto para modificar la actual ley de expropiaciones, que endurece las condiciones para nacionalizar un bien.

Al referirse al caso de la petrolera en cadena nacional, Milei planteó que una resolución adversa del juicio le hubiera costado al país 18.000 millones de dólares y “tener que pagarlos habría representado un enorme obstáculo en el camino de nuestra recuperación económica”.

Bajo la perspectiva presidencial, la Argentina en su conjunto pagó un “precio inconmensurable” por la estatización de la compañía en 2012, a la que calificó como una “irresponsabilidad, en términos de riesgo país, tasa de interés y menor crecimiento económico”.

“Independientemente de la pericia legal de nuestro equipo, hay una verdad irrefutable: expropiar está mal, porque robar está mal. Y quebrar este principio nos costó, aproximadamente, 12 años de falta de inversiones por culpa del juicio en curso. Es decir, menos empresas menos trabajo más pobreza y más indigencia”, agregó.

Siguiendo esa línea argumental, el mandatario comunicó el envío de un proyecto para modificar la ley de expropiaciones “para que la arrogancia de la política no nos vuelva a costar otra década perdida y para que nunca más la propiedad privada pueda ser puesta en tela de juicio en nuestro país”.

Y sumó: “También quisiera aclarar algo, para que no haya lugar a confusiones: el hecho de que nosotros estemos arreglando el desastre que nos dejaron, no significa bajo ningún punto de vista que tal desastre no existiera y todo lo sabemos muy bien. La virtud de nuestros equipos no nos puede hacer olvidar la impericia del pasado, porque si eso ocurre, estaremos condenados a repetir los mismos errores”.

La iniciativa apunta a reforzar la protección de la propiedad privada para incentivar la llegada de capitales y favorecer la expansión de la economía. Para ello, la propuesta oficial restringe las expropiaciones a situaciones “estrictamente excepcionales” y establece compensaciones más altas para los damnificados.

Según explicó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en una columna en Infobae, el proyecto oficial para cambiar la normativa vigente introduce una reforma a la ley 21.499 para definir con mayor claridad los supuestos, condiciones e indemnizaciones, eliminando zonas grises.

En tal sentido, el nuevo esquema fija que el valor de los bienes debe calcularse antes de que ocurra cualquier alteración provocada por la expropiación misma, incorpora el reconocimiento del lucro cesante y restringe la posibilidad de ocupaciones temporales fuera de lo habitual.

En su última conferencia de prensa, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, había señalado que la “inseguridad jurídica” fue un factor que, a su juicio, desalentó la llegada de inversiones durante largos períodos. También afirmó que la falta de previsibilidad en la estabilidad de contratos y en la garantía de los derechos de propiedad afectó negativamente la generación de empleo y tuvo consecuencias tanto para propietarios como para inquilinos.

El proyecto para cambiar la ley de expropiaciones

La iniciativa oficial, que ya fue girada al órgano legislativo nacional, establece que la compensación por una expropiación solo cubrirá el valor real de mercado del bien y los daños que ocurran directamente por la expropiación. No se considerarán factores personales, sentimientos, ganancias que podrían haberse obtenido, ni el aumento de valor que pueda traer una obra futura. La indemnización incluirá el ajuste por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y los intereses correspondientes, pero no pagará por ganancias no obtenidas.

Además, el valor del bien se calculará según su precio de mercado antes de cualquier anuncio de expropiación, y ese valor se actualizará por inflación hasta el momento del pago usando el IPC. El organismo que expropia tendrá que pedir al menos dos valuaciones independientes y publicar en sitios oficiales tanto el precio como el informe con la metodología de cálculo. En caso de que se expropie una empresa que cotiza en bolsa, se tomará el valor de sus acciones antes de que se conozca la noticia de la expropiación.

Por otra parte, el proyecto de ley del oficialismo contempla que la compensación económica por expropiar un bien se pagará en efectivo, salvo que la persona expropiada acepte recibir otra forma de pago. El traspaso de la propiedad solo se hará cuando se pague la indemnización completa.

El monto a pagar por el Estado se definirá según el valor de la empresa al momento en que el dueño pierde la posesión. Para calcular la pérdida de valor por la inflación, se restará lo ya depositado en el juicio y se actualizará la diferencia hasta que se realice el pago total, según lo indica la ley. En estos casos, los intereses se calcularán al 6% anual, desde que se pierde la posesión hasta que se paga, sobre el valor total o sobre la diferencia, según corresponda.

A la vez, el texto determina que la indemnización que reciba el agente expropiado no estará sujeta a impuestos ni a otras cargas. Respecto a las ocupaciones temporales anormales, solo pueden ser ordenadas por el Poder Ejecutivo y deben ser compensadas por los daños que causen. Además, no pueden durar más de 60 días, ese plazo no puede extenderse ni repetirse.

Esta propuesta legislativa forma parte de un paquete que también incluye modificaciones al procedimiento de desalojo, al régimen de regularización dominial para la integración socio urbana, régimen de protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales y el sistema federal de manejo del fuego.