El Gobierno acaba de lanzarse a una nueva misión de compleja factura. Una de las más difíciles, ya que exige de mucha habilidad y fortuna en un arte en el que hasta acá ha mostrado habilidad parcial y resultados dispares. Es el complicado ejercicio de tratar como adversarios a quienes, al mismo tiempo, pretende y necesita mantener como aliados.

Los gobernadores e intendentes son, tal vez más que nunca antes, el nuevo objetivo de la administración mileísta, sin mucha discriminación. Como blancos figuran tanto opositores, como dialoguistas y aliados, permanentes o circunstanciales. A prepararse.

Sobre ellos el oficialismo ha iniciado una operación de pinzas de la cual ya ha dado señales públicas y lanzado un operativo de propaganda para darle sustento en la opinión pública, primero, y en el electorado, después. No podrán decir que no fueron avisados.

Por un lado, el embate se da en el plano político, comandado por el ala triunfante de la disputa interna, liderada por la empoderadísima Karina Milei, con la asistencia de los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem. La meta de esa operación es alcanzar la etapa superior del éxito logrado en las recientes elecciones legislativas, que apunta a desplazar o limitar esos gobernantes subnacionales en 2027. El sueño del país violeta avanza.

El nuevo triángulo del poder ya tiene en sus computadoras la lista de los distritos y de los gobernantes que están en la mira para ser capturados, así como los nombres de los candidatos posibles para concretar la faena en cada uno de ellos. Reuniones virtuales y algunos encuentros presenciales sostienen la campaña permanente que disparó el triunfo electoral de octubre.

A eso se agrega el ambicioso proyecto de reforma electoral. El karinismo se propone dificultar o evitar la construcción de coaliciones antimileístas con la eliminación definitiva de las elecciones primarias, obligatorias, simultáneas y abiertas (PASO).

Al mismo tiempo, busca avanzar sobre la autonomía provincial con la implantación de un régimen unificado en las que las fechas de elecciones nacionales coincidan con las de las provinciales y se vote con el sistema de boleta única. Además, pretende que esa boleta única incluya un casillero para votar por lista completa partidaria de distintas categorías. Una quimera sin la aquiescencia de los oficialismos provinciales opositores, que, salvo contadas excepciones, si lo aceptaran estarían comprando el arma y las balas para su ejecución. No suele haber tantos distraídos ni suicidas. Sin embargo, el karinismo envalentonado está decidido a intentarlo.

No solo el triunfo sobre los opositores político-partidarios sino también (y muy especialmente) sobre los adversarios internos, encarnados en la figura declinante del gurú Santiago Caputo, son el combustible que motoriza el lanzamiento de la nueva y ambiciosa etapa. Un nuevo vamos por todo K, por otros métodos.

La avanzada se da, además, en la dimensión económica-fiscal. Será otro paso en la senda que se inició desde los comienzos de la gestión de Javier Milei con la distribución ultradiscrecional de las transferencias no automáticas a las provincias, con la asignación arbitraria de los aportes del tesoro nacional y otras partidas. Una continuidad y ninguna ruptura con las prácticas de administraciones anteriores para castigar y disciplinar a los díscolos y para premiar a los amigos.

Ahora, el Gobierno avanza con un sistemático embate, en dos planos distintos, para que gobernadores e intendentes bajen la presión tributaria en sus respectivos distritos.

La campaña se apoya en el publicitado (y noble) objetivo de mejorarle la competitividad a los sectores empresarios, complicados por baja o nula rentabilidad, y aliviar la situación de los contribuyentes de a pie, cuyo poder adquisitivo se diluye mes a mes. Una nueva etapa de socialización del ajuste.

Pero este embate se explica tanto o más por el nunca admitido propósito de sacar de la agenda pública la demanda de profundizar la baja de impuestos nacionalesy atenuar el impacto por la apertura de importaciones, profundizada por la política cambiaria vigente. Son reclamos que las cámaras empresarias expresan cada vez con menos pudor y temor.

En los últimos días el agravado cierre de empresas y de concursos de acreedores, con la consecuente destrucción de empleos, así como los ataques del Presidente a varios empresarios amplificaron las demandas en ese sentido. Tanto como pusieron en debate varios aspectos de la política económica nacional. Nada que el Gobierno quiera escuchar y menos de parte de los que alguna vez Milei calificó de “héroes”. La queja de estos actores encuentra audiencia en sus votantes más o menos blandos, que ven prorrogarse sine die la llegada de los beneficios del nuevo modelo.

La campaña en este terreno ya empezó con un orquestado escrache público (discrecional, obviamente) a mandatarios y jefes comunales con la elaboración de un ranking de la presión impositiva subnacional.

Al mismo tiempo, los concejales libertarios de 116 municipios bonaerenses están en campaña por la eliminación de138 tasas municipales, la reducción de otras 120 y la simplificación de 11, como reveló Laura Serra en estas páginas (https://www.lanacion.com.ar/politica/con-la-mira-en-2027-los-libertarios-proponen-eliminar-y-reducir-mas-de-un-centenar-de-tasas-nid06032026/).

Dado que en gran parte de esos consejos deliberantes los ediles violetas están en franca minoría, la acotada viabilidad de esta iniciativa resulta menos importante para sus ideólogos que el impacto en la opinión pública de cada municipio. El marketing político es parte esencial de la estrategia electoral. Vale más para 2027 que para 2026.

Además, este embate público viene a compensar (en el plano narrativo, más que práctico) la derrota que en la Justicia ya ha tenido la resolución del gobierno nacional que prohibía incluir tasas municipales en las facturas de luz, lo que las hace altamente cobrables, ya que de no pagarlas se activa la posibilidad del corte del suministro eléctrico.

Es el caso del reciente fallo del juez federal de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo, que declaró inconstitucional la medida de la administración nacional ante una demanda planteada por la municipalidad de Pergamino, a cargo del intendente Javier Martínez, quien no es un kirchnerista sino un dirigente del Pro.

La sentencia consideró que la medida del Gobierno atentaba contra la autonomía municipal, al afectar las facultades impositivas garantizadas por la Constitución Nacional y la normativa provincial. Cuando se discute de plata no hay alianzas ni cercanías políticas que alcancen.

Una mayor caída de ingresos en las arcas provinciales y municipales podría ser catastrófica para muchos gobernadores e intendentes. Quedarían expuestos, así, a un doble collar de ahorque. Ofensiva política y ahogo financiero, en simultáneo, es un escenario que están decididos a evitar a toda costa. Es una batalla por la supervivencia.

La realidad económica se ha vuelto particularmente compleja para muchas provincias: en febrero de este año “se repitió una caída real interanual significativa de los envíos por transferencia automáticas a las provincias y CABA. La baja fue del 7,4%”, titula en su página el Instituto de Análisis Fiscal (Iaraf).

La disminución de la actividad económica y la rebaja en los derechos a las exportaciones agropecuarias (retenciones)está detrás de esa disminución de los giros automáticos por coparticipación. En términos reales, la recaudación tributaria nacional total cayó en febrero 9,7% y se convirtió en la séptima caída interanual consecutiva. Casi el mismo período que lleva en alza la inflación, desde el piso alcanzado en mayo de 2025, cuando se ubicó en 1,5%. Todos los bolsillos sufren.

Los últimos datos sobre la actividad industrial de diciembre de 2025 con una suba intermensual del 1,8% motivaron el festejo de los funcionarios y propagandistas del oficialismo, sobre todo por el efecto arrastre que tendrían para las estadísticas de este año. Sin embargo, no son pocos los que miraron que lejos está de revertirse aún la caída interanual, que fue de más del tres por ciento en el último mes del año respecto del mismo período del anterior.

La disputa entre los indicadores oficiales, la realidad sectorial y la percepción social no está cerca de saldarse. Lo que la tribuna mileísta festeja no es motivo de alegría para una buena mayoría de neutrales. Siguen aguardando otra performance que impacte en sus vidas, pero mantienen la esperanza, aunque ya con menos fuerza. Sobre en los sectores populares que en 2023 apoyaron a Milei y en 2025 tomaron alguna distancia. Quieren goles.

“La vida cotidiana en los sectores populares está atravesada por el cálculo económico. ¿Cuánto pueden comprar? ¿Hasta cuándo alcanza la plata? ¿Quién les va a prestar para poder comprar lo básico?”, esas son preguntas dominantes, explica el sociólogo y antropólogo Pablo Semán, uno de los cientistas sociales que más tempranamente advirtió la penetración del candidato libertario en esa franja socio-económica en la que tradicionalmente dominaba el peronismo.

El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, le acaba de poner palabras a la situación que se percibe en varios puntos del país. “Estamos viendo un fenómeno muy extraño: un capitalismo declarado, pero sin consumo. La actividad económica está muy decaída, se están perdiendo puestos de trabajo y están cerrando comercios”, dijo en el Canal E el alfil del gobernador Martín Llaryora. Passerini a veces expresa abiertamente lo que el mandatario provincial prefiere sugerir o callar para evitar complicaciones sobre su gestión. Oposición de baja de intensidad podría llamarse.

El caso cordobés es particular, ya que cualquier enfrentamiento abierto con el gobierno nacional es utilizado por sus adversarios provinciales para poner al gobernador en la vereda del kirchnerismo, la fuerza política que rechaza visceralmente la inmensa mayoría de los ciudadanos de la provincia. De allí el complejo equilibrio ensayado, que explica, por ejemplo, que el exmandatario y ahora diputado Juan Schiaretti no haya asistido a la sesión de la Cámara baja en la que se aprobó la reforma laboral.

Sin embargo, la situación de Córdoba también es paradigmática. Son muchos los gobernadores que enfrentan una situación similar. Aún los de provincias a las que debería beneficiar el modelo productivo nacional, que está en curso más por defecto más que por decisión o planificación expresa del gobierno central. Ya se lo dijo Milei hasta el hartazgo a los empresarios: “Nosotros nos ocupamos de la macro, la micro es cosa de ustedes”. Como si no importaran las consecuencias. El pensamiento sistémico a veces parece estar ausente de la gestión libertaria.

Así, contar con el apoyo de los gobernadores para lograr que se voten las reformas de fondo, al tiempo que se los aprieta política y financieramente, es una operación que requiere no solo del poder real para ejecutarla sino de singular habilidad y fortuna.

Hasta ahora, y particularmente desde el triunfo violeta en las elecciones de octubre, el Gobierno ha logrado llevar a cabo esa operación con bastante éxito, como lo demuestra la aprobación de todos los proyectos de ley enviados por el Poder Ejecutivo para ser tratados en las sesiones extraordinarias que terminaron hace 10 días.

No obstante, una mirada más profunda indica que no todo pasó como se envió. Y el caso más relevante para analizar en este contexto es el de la caída del artículo de la reforma laboral que se proponía rebajar el impuesto a las Ganancias para empresas. Los gobernadores aliados le pusieron bolilla negra por el impacto que tendría en sus ingresos, ya que se trata de un tributo coparticipable.

Puede ser un caso testigo para lo que viene y que explica que el gobierno no vaya a presentar un proyecto de reforma tributaria integral sino varias iniciativas destinadas a modificar partes del sistema impositivo, junto con otros proyectos de reformas de fondo. “Va ser como una ley bases en cuotas, si se permite el oxímoron”, ironizó un estrecho colaborador de la cúpula karimenemista.

Lo que demostraron las sesiones extraordinarias es que el instinto de supervivencia de los gobernadores está intacto. Así es como se activan sociedades de geometría variable, duración transitoria y aplicación específica. Aunque también están en curso diálogos más intensos y sostenidos con la pretensión de establecer algunas coincidencias algo más duraderas y más generales, que los más optimistas sueñan con que sean el germen de alguna coalición nacional para enfrentar al mileísmo en 2027.

El proyecto asoma hoy como una utopía. Pero los optimistas contraponen su ilusión con la ambiciosa y nada fácil tarea que se ha impuesto el oficialismo de tratar como adversarios a los que necesita como aliados.

Hasta acá ha salido más airoso Milei que sus opositores. Pero si muchas variables ya estaban en juego como para poder hacer futurología ahora se agregó la guerra en Medio Oriente y sus aún inciertos efectos en el corto y mediano plazo sobre la economía nacional. Los nuevos blancos en la mira son demasiado móviles.