POLITICA
El Gobierno promulgó el nuevo régimen penal juvenil a 10 días de su sanción en el Senado

El Gobierno promulgó el nuevo régimen penal juvenil que establece la responsabilidad penal desde los 14 años y fija un sistema de sanciones específico para quienes cometan delitos antes de cumplir los 18. La norma contempla la posibilidad de penas privativas de libertad en determinados casos, fija un máximo de 15 años de detención y establece medidas orientadas a la educación y resocialización de los jóvenes en conflicto con la ley penal. La norma fue sancionada por el Senado hace diez días.
La ley fue publicada este lunes en el Boletín Oficial bajo el número 27.801 y establece el régimen penal aplicable a adolescentes de entre 14 y 18 años imputados por delitos previstos en el Código Penal o en leyes penales especiales. Según el texto oficial, el objetivo del sistema es fomentar en el adolescente imputado el “sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social”.
Hace diez días el Senado había aprobado la iniciativa impulsada por el Gobierno de Javier Milei. El proyecto recibió 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención, lo que permitió su sanción definitiva en el Congreso.
La ley establece que las personas podrán ser imputadas por delitos cometidos desde los 14 años hasta el momento en que cumplan 18. Para esos casos se crea un esquema de sanciones que contempla tanto penas como medidas orientadas a la integración, la formación y la educación.
Entre las medidas previstas se incluyen programas educativos obligatorios, capacitación laboral, participación en actividades deportivas, recreativas o culturales y asistencia a programas de formación ciudadana. También se contemplan tratamientos médicos o psicológicos cuando resulte necesario y la asistencia a servicios de salud acordes a la edad del adolescente.
El régimen prevé además distintas sanciones que pueden ser aplicadas por la Justicia, entre ellas la amonestación judicial, la prohibición de acercamiento a la víctima, la restricción para concurrir a determinados lugares o espectáculos, la prohibición de conducir vehículos en determinados casos y el monitoreo electrónico.
Otra de las penas previstas es la prestación de servicios a la comunidad, que consiste en la realización de tareas de interés social en instituciones públicas o privadas sin fines de lucro como hospitales, escuelas u organizaciones destinadas al bien común. La ley también contempla la reparación integral del daño causado a la víctima.
Cuando corresponda aplicar una pena privativa de libertad, el régimen establece distintas modalidades de cumplimiento, entre ellas la detención domiciliaria, la permanencia en institutos abiertos o el alojamiento en institutos especializados de detención para adolescentes.
La norma fija que los menores de edad detenidos no podrán permanecer alojados junto a personas adultas y establece que los institutos especializados deberán contar con personal capacitado en el trato con jóvenes en conflicto con la ley penal.
Además, prohíbe la imposición de penas de prisión perpetua o reclusión perpetua para adolescentes y establece que el plazo máximo de privación de libertad será de 15 años, aun cuando la escala penal del delito sea superior.
El régimen también prevé mecanismos destinados a evitar la continuidad del proceso penal en determinados casos. Entre ellos se incluyen la mediación penal juvenil, la posibilidad de aplicar criterios de oportunidad por parte del fiscal y la suspensión del proceso a prueba cuando se cumplan las condiciones previstas por la ley.
La norma establece además que el cumplimiento de las medidas o sanciones deberá ser supervisado por profesionales especializados designados por la justicia, quienes deberán realizar un seguimiento periódico de la evolución del adolescente y elaborar informes sobre su situación personal, educativa y social.
Entre los principios que rigen el régimen se incluyen el respeto por la dignidad del adolescente imputado, el derecho de defensa desde el inicio del proceso, el debido proceso legal y la reserva del proceso judicial. La ley también prohíbe la difusión de datos que permitan identificar a los menores involucrados en causas penales.
El texto aprobado por el Congreso deroga la ley 22.278, que regulaba hasta ahora la responsabilidad penal de los menores, e invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adecuar su legislación a los principios establecidos en el nuevo régimen.
La ley establece que el Poder Ejecutivo nacional deberá supervisar su implementación y promover la coordinación con las jurisdicciones provinciales para la aplicación del sistema.
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POLITICA
Milei habló de la guerra en Irán: “No es por petróleo sino geopolítica, China quedará más aislada porque sus malos socios caerán”

En medio de la inquietud por la fuerte suba del petróleo que impacta en los mercados globales, el presidente Javier Milei consideró que los temblores que está sufriendo la economía mundial es un fenómeno transitorio y que, tras su paso, se producirá un profundo reordenamiento político global que puede beneficiar a los países que está del lado correcto y saben adaptarse.
“A diferencia de lo que escucho y leo de distintos analistas que creen que esto es una pelea por el petróleo… es una argumentación conceptualmente muy pobre y errada”, comenzó su análisis el mandatario argentino. “La perspectiva de Estados Unidos es exclusivamente la geopolítica: por un lado busca afianzar la hegemonía sobre el bloque de las Américas y por otro lado tiene que ver con el terrorismo internacional”, amplió en declaraciones a FM Now (97.7).
Luego de esa especie de introducción sobre el conflicto bélico, Milei profundizó su mirada: “Irán estaba enriqueciendo uranio y, de no ser por la valentía del presidente (Donald) Trump, hubiera alcanzado poderío militar con el riesgo que eso implica para el mundo”. En ese sentido, el líder libertario señaló que el régimen iraní Irán “se dedica a financiar el terrorismo internacional, por ejemplo en Latinoamérica con Cuba y Venezuela, y desde ahí expanden el terrorismo al resto de la región”.
Luego Milei fue consultado sobre los efectos del conflicto en los mercados financieros mundiales, que ya empezaron a notarse con una fuerte suba del petróleo. “Es de esperar que la guerra tenga un corto alcance”, estimó el jefe de Estado.
Para fundamentar su análisis, el presidente argentino se explayó: “El gobierno de los Estados Unidos está trabajando por la paz entre Ucrania y Rusia, al mismo tiempo que por decantación caerá Cuba. Entonces, esto no es ni más ni menos que un deterioro transitorio que puede tener la economía mundial, pero la consecuencia será un reordenamiento político muy fuerte».
En ese contexto, Milei consideró que “China va a quedar más aislada porque caerán muchos de sus socios, que son malos socios y ensucian el nombre de China. Entonces, la situación va a ser más pura y limpia”.
Impacto para Argentina y oportunidades económicas
En la misma entrevista se habló de los efectos de este escenario para la región. “Argentina está parada en el lugar correcto de la historia por primera vez después de 80 años”, destacó el líder libertario, quien de inmediato enfatizó que el país, tras superar crisis relacionadas con desequilibrios macroeconómicos y déficit energético, afronta el contexto actual desde una mejor posición gracias al “equilibrio fiscal” logrado. “Si no hiciéramos lo que estamos haciendo, Argentina estaría en una situación de desastre”, destacó.
Además, el jefe de Estado expresó su esperanza de que el país se reposicione en el escenario internacional gracias a la combinación de fortalecimiento interno y cambios en el entorno global. Según su visión, nuevas alianzas y reglas redefinirán el juego, abriendo oportunidades de desarrollo hasta ahora ausentes.
Para Milei, la suba de precios de commodities, como el petróleo y los principales granos, impulsará las exportaciones locales y permitirá mitigar el impacto de la crisis global: “Argentina va a tener una mejora de los términos de intercambio, porque está subiendo el petróleo, también la soja, el maíz, el girasol y nuestro país es exportador neto”.
POLITICA
Las “reformas ocultas” de la flamante ley de modernización laboral

Además de las modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) en lo que respecta a las vacaciones, jornada de trabajo e indemnizaciones, la reforma laboral que promulgó el Poder Ejecutivo incluye la derogación de un conjunto de leyes cuya discusión pasó por debajo del radar pero cuyo efecto impactará en el vínculo laboral en diversos sectores.
En el último capítulo de la norma el Gobierno incorporó una larga lista de leyes a ser dejadas sin efecto; allí, por caso, figuraba la derogación de media decena de estatutos profesionales que la oposición intentó, en vano, impedir. El capítulo quedó indemne y, con él, la derogación de varias leyes, entre ellas la de teletrabajo y las que regulan el trabajo en las cárceles, en los supermercados y en el sector agrario. También se modificaron artículos de la LCT en lo que respecta al trabajo de las mujeres.
La ley 27.555 de teletrabajo, que se sancionó en 2020, fue concebida durante la pandemia para regular las condiciones laborales para quienes trabajan de manera remota. Así, se estipuló el derecho a la desconexión digital, la igualdad salarial con trabajadores presenciales, la compensación por gastos de conectividad y equipamiento y la protección de la jornada laboral en modalidad remota.
La reforma laboral ahora vigente establece que estos beneficios quedan sin efecto con retroactividad al 1° de enero de este año, por lo que dependerá de las partes -empresas y empleados- pactar una nueva modalidad de trabajo “home office”, ya sin el amparo de la ley 27.555.
La norma promulgada por el Poder Ejecutivo también establece, en su artículo 216, la modificación de la ley 24.660 -sobre ejecución de la pena privativa de la libertad- en el capítulo referido al trabajo en las cárceles.
En efecto, la ley deroga los incisos del artículo 107 que establecen que el trabajo debe ser remunerado y que se debe respetar la legislación laboral y de seguridad social. Además, se elimina el artículo 117, que establece que la organización del trabajo penitenciario debe respetar “las normas establecidas en la legislación inherente al trabajo libre”.
Con esta cláusula, el Gobierno deja en claro que la legislación laboral no es aplicable a las personas privadas de libertad; así, busca neutralizar la ejecución de recientes fallos de la justicia laboral que ordenaron pagar jornada completa, aguinaldo, ART y asignaciones familiares a presos que desempeñan tareas laborales en las cárceles.
Otra ley que se suprimió con esta reforma laboral fue la ley 20.657, que establecía un régimen para la actividad comercial de supermercados. Uno de los artículos más urticantes para los empresarios del sector era el que establecía que si la duración de los servicios superara la limitación impuesta por las normas legales o convencionales, las horas en exceso se remunerarán con un suplemento equivalente al 100% de la remuneración.
La reforma laboral también alcanza al sector agropecuario con varias modificaciones a la ley de trabajo agrario. En el artículo 206, por caso, se elimina el artículo que equipara los derechos laborales del trabajador permanente discontinuo con el trabajador permanente y el que habilita, a este último, a reclamar indemnización por daños y perjuicios cuando es despedido sin justa causa.
La flamante reforma incorpora, en su artículo 207, la derogación de otros nueve artículos de la LCT. Dos de ellos -el 174 y el 175- se refiere al trabajo de las mujeres; con su eliminación, se dejará sin efecto el descanso de dos horas al mediodía que debían gozar aquellas mujeres que trabajen en horas de mañana y de tarde, como así también la prohibición de encargar la ejecución de trabajos a domicilio a mujeres ocupadas en algún local u otra dependencia de la empresa.
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POLITICA
Reforma de la Ley de Glaciares: el Gobierno convoca a audiencias mientras crecen las críticas de la oposición

La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados comenzó a diagramar el tratamiento del proyecto que reforma la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. El debate ya se inició en las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales.
Ambas están encabezadas por los libertarios José Peluc y Nicolás Mayoraz, respectivamente, y cada movimiento del oficialismo fue coordinado con la Casa Rosada. La estrategia apunta a cumplir con las normas que regulan este tipo de debates, convocar a audiencias públicas y, en parte, acompañar el reclamo de la oposición.
“Las hemos solicitado desde Provincias Unidas, ya que es un tema muy importante para el medio ambiente y para el sistema hídrico argentino la modificación de la Ley de Glaciares. Queremos escuchar a los especialistas, a los técnicos y a las comunidades, porque nosotros tenemos que legislar en función de evidencias, no solo a intencionalidades, a principios o dogmas con un tema de tanta trascendencia”, señaló el diputado de la Democracia Cristiana Juan Brügge.
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Brügge agregó a TN que “desde la Universidad Nacional de Córdoba están los laboratorios de hidrología y las especialidades de las facultades que pueden venir a explicarnos de qué manera se puede producir un impacto si se autoriza un emprendimiento minero, que es el objetivo que persigue el Gobierno nacional. Y tomar una decisión al respecto, más allá de los planteos de inconstitucionalidad que tienen en lo que respecta a las competencias, que será materia de discusión en el plenario o en las comisiones”.
Desde ese mismo bloque, Provincias Unidas, la radical María Inés Zigarán planteó sus reparos. “Nuestra propuesta fue que se federalicen las audiencias públicas, que se realicen por lo menos una por región glaciológica, ya que el IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) ha definido cinco zonas de glaciares. Pretendimos que al menos una audiencia se realice en cada una de esas regiones y luego una en la Ciudad de Buenos Aires, garantizando la máxima participación de los actores involucrados”.
El oficialismo aceptó ampliar la propuesta inicial de una audiencia para el próximo 25 de marzo y extender el debate un día más, el 26 de marzo, de 10 a 19, para expositores conectados de manera remota por Zoom desde el interior del país. Sin embargo, descartó realizar audiencias fuera del ámbito del Congreso nacional.
“Incorporamos pedidos de la oposición, sumamos sus observaciones para llevar adelante las audiencias públicas”, manifestó la diputada Gabriela Flores, de La Libertad Avanza. “Vamos a trabajar muy fuerte, cumpliendo todos los requisitos, para que esta ley salga como corresponde”, agregó la legisladora por Salta.
Inscripción para las audiencias
Para las audiencias públicas de los próximos 25 y 26 de marzo, la Cámara de Diputados ya habilitó el mecanismo de inscripción. La convocatoria se realiza en los términos del artículo 114 bis del Reglamento de la Cámara, tras el acuerdo alcanzado en la reunión conjunta del 4 de marzo. El debate se centrará en el Expediente 0072-S-2026, que contiene la iniciativa en revisión.
La audiencia se celebrará en dos jornadas: el 25 de marzo, con exposiciones presenciales en la Sala 2 del segundo piso del Anexo C del Congreso (Av. Rivadavia 1841, CABA), y el 26 de marzo, con intervenciones virtuales. En ambos casos, el horario será de 10 a 19.
El plazo para inscribirse vencerá el 20 de marzo a las 16 para quienes lo hagan de manera presencial y a las 20 para quienes opten por la modalidad virtual. Las presentaciones por escrito podrán enviarse por correo electrónico a crnaturales@hcdn.gob.ar o entregarse personalmente hasta ese mismo día y horario.
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Cada exposición durante la audiencia contará con un máximo de cinco minutos. Posteriormente, todas las intervenciones y ponencias serán publicadas en el sitio web oficial de la Cámara de Diputados.
Rechazo de Unión por la Patria
La diputada Adriana Serquis señaló que esperan que se cumpla el compromiso de escuchar todas las voces. “En particular, que se garantice la participación federal inclusiva de las comunidades que, seguramente, no tengan ni siquiera la conectividad. Esto de decir que hay una conectividad garantizada para todo el país, lamentablemente, sabemos que no es cierto. Principalmente para aquellas comunidades más aisladas y las que probablemente se perjudiquen con una sequía que pueda producirse si seguimos avanzando sobre los glaciares y en particular los periglaciares que se encuentran en estas regiones”, advirtió la legisladora de Unión por la Patria.
Audiencia del Frente de Izquierda
El pasado viernes, organizado por el bloque del Frente de Izquierda, se realizó en la Cámara de Diputados un conversatorio en rechazo a la modificación de la Ley de Glaciares que impulsa el Gobierno nacional y que ya cuenta con media sanción del Senado.
Del encuentro participaron los diputados Nicolás del Caño, Myriam Bregman, Romina del Plá y Néstor Pitrola.
Nicolás del Caño abrió el encuentro señalando que “es muy importante poder reunirnos con todos los que vienen peleando, se vienen pronunciando y alzando su voz frente a esta media sanción de la modificación de la ley de Glaciares que intenta seguir avanzando con el esquema de extractivismo y saqueo por parte de Milei y sus aliados. Sabemos que las empresas nos dejan el daño ambiental y es mentira que se generan puestos de trabajo, como dijo falsamente Milei en la apertura de sesiones el pasado domingo. El lobby de la megaminería viene siendo resistido desde los territorios, desde las asambleas y desde las y los especialistas. Queremos escucharnos y también pensar iniciativas para frenar la ley, como lo demostraron los pueblos de Chubut, de Mendoza, de Jujuy y otras provincias. Es la lucha la que puede frenar esta ley”.
También Myriam Bregman recordó que “los cambios retrógrados que se pretenden hacer en la ley de Glaciares responden a un pedido de la Cámara Minera, y eso ya no es algo oculto. Es lo mismo que pasó con la Ley de Humedales: pidieron enterrarla. El proyecto de modificación no surge de ningún estudio científico ni nada por el estilo. Según dice expresamente el Mensaje del Poder Ejecutivo en la remisión del proyecto, responde a un pedido formal de las provincias integrantes de las Mesas del Litio y del Cobre, solicitando cambios al texto vigente para facilitar el desarrollo de proyectos extractivos en sus territorios”.
Del conversatorio participaron además los legisladores Carlos Castagnetto y Adriana Serquis (UP), Maximiliano Ferraro (CC), e integrantes de distintas organizaciones y referentes ambientalistas como Enrique Viale, Maristela Svampa y Guillermo Folguera.
También participaron referentes de la cultura como las actrices Julieta Díaz, Laura Azcurra y Celina Font; los músicos Guillermo Bonetto (Los Cafres), Malena D’Alessio y Valentina Cook; y escritores como Guillermo Martínez, Claudia Aboaf, Paula Pérez Alonso y Enzo Maqueira.
Además enviaron su saludo Claudia Piñeiro, Candelaria Botto, Érica Rivas, María Inés Krimer, Dolores Reyes y Fernando Signorini. Entre los presentes también estuvieron Luis Zamora, Pablo Bergel, Leonardo Grosso, Patricio del Corro y Juan Carlos Giordano.
La norma que se busca modificar
El oficialismo logró aprobar los cambios a la Ley de Glaciares en el Senado el jueves 26 de febrero, en el tramo final del período de sesiones extraordinarias.
La modificación apunta a priorizar actividades productivas como la minería y la explotación hidrocarburífera en provincias como Mendoza, San Juan, Catamarca, Jujuy y Salta, además de facilitar la llegada de proyectos mineros internacionales.
Para ello, el proyecto habilita la posibilidad de realizar explotación de recursos naturales en glaciares que no sean considerados hídricamente relevantes o que no cumplan una función hídrica. En la legislación vigente, esa posibilidad está prohibida.
ley de glaciares, Diputados, audiencias públicas
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