Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, sostiene un hotel fantasma de lujo en las afueras de Santiago del Estero que opera con una infraestructura de primer nivel pero carece de flujo turístico regular. La propiedad integra un holding de empresas que la justicia federal analiza por presuntos desvíos de fondos provenientes del exterior. El complejo habitacional funciona con una nómina de 30 empleados que mantienen las instalaciones para visitas esporádicas de delegaciones deportivas profesionales.

El personal de limpieza cumple tareas con calma en los pasillos vacíos. Un joven con overol gris quita el polvo de los pulsadores de incendio mientras otros trabajadores conversan en la cocina. El estacionamiento solo alberga vehículos de los propios empleados y las cortinas de las habitaciones permanecen cerradas hacia la calle. El público objetivo de este alojamiento no es el turismo espontáneo, ya que las delegaciones de fútbol y otras disciplinas deportivas representan la clientela principal.

El libro de recomendaciones del HT Hotel exhibe una nota de Oscar Mirkin, presidente del Club Atlético San Martín de Tucumán, fechada el 24 de enero. La carta expresa: “Queremos agradecer enormemente a todo el personal del prestigioso Hotel Deluxe por una estancia agradable y un trato diferencial para con nuestra institución“.

La ubicación del predio lo sitúa lejos del centro urbano y de las Termas de Río Hondo. El edificio se encuentra a 15 minutos del Estadio Único Madre de Ciudades, visible desde la terraza del segundo piso. El mantenimiento es pulcro a pesar de las filtraciones de agua que afectaron el salón VIP durante tormentas recientes. Los servicios incluyen un spa, gimnasio, peluquería y un parque acuático infantil. El salón de eventos cuenta con empapelado de motivo francés. En los pasillos cuelga una camiseta firmada por el plantel de la selección nacional junto a premios de salto equino de los hijos del dirigente.

Las habitaciones disponen de comodidades propias de la máxima categoría hotelera. Los cuartos ofrecen pantuflas, batas de alto gramaje, cafeteras Nespresso y mármoles costosos. Tres de las unidades superiores llevan los nombres de los hijos de Toviggino: Máximo, Valentina y Vittoria. El predio exterior cuenta con canchas de polo, pádel y fútbol. El equipamiento deportivo incluye un tanque de flotación marca Elixir para la recuperación muscular de alto rendimiento.

El servicio gastronómico mantiene una disposición formal con mesas preparadas para más de 100 personas. El personal coloca copas dobles, triple plato y cubiertos de carne desde la mañana. El buffet que promete la tarifa no llega a la mesa por la baja concurrencia y los mozos sirven desayunos americanos individuales para evitar el desperdicio de comida. La estructura de costos y el origen del capital para tal inversión forman parte de las incógnitas que rodean al establecimiento.

La facturación del hospedaje no corresponde a la firma HT SRL, los comprobantes pertenecen a SEGON SRL, cuya titularidad actual recae en la sociedad SOMA SRL, firma que percibió US$468.000 en siete meses de parte de Tourprodenter. Esa LLC enfrenta investigaciones por presuntos desvíos de dinero de la AFA en el exterior. Toviggino integró de forma directa la empresa hasta 2016 y luego la cedió a Mauro Paz. El registro ante la AFIP indica que la actividad principal de la firma es la seguridad e investigación, no la hotelería. Con el tiempo incorporó rubros como venta de combustibles, minería y pompas fúnebres.

El organismo recaudador ARCA reportó a múltiples sociedades vinculadas al tesorero como emisoras de facturas apócrifas. Los informes señalan un desajuste entre el nivel de ingresos y la actividad real de las empresas. El imperio económico se extiende al bar Neurus by La Vigilia en la avenida Roca y a una bodega en Mendoza. La dirección fiscal de SEGON SRL coincide con la firma de enfermería SADE y la funeraria Jardín de Pentecostés. Este cementerio privado muestra apenas un puñado de lápidas tras tres años de funcionamiento.

La empresa vinculada al hotel obtuvo licitaciones para servicios de seguridad por parte del gobierno provincial de Gerardo Zamora. En diciembre de 2023 logró un contrato para la vigilancia del Centro Integral de Salud de Termas de Río Hondo por $373 millones y en junio de 2024 sumó otro convenio para el Hospital Ramón Carrillo por $380 millones. Las compañías competidoras quedaron fuera de los procesos por motivos formales antes de la evaluación económica.

Los terrenos del complejo también enfrentan cuestionamientos legales. Pobladores locales denunciaron usurpaciones de hectáreas mediante el uso de grupos de choque. Una investigación de la PROCUNAR vinculó un campo tomado con una pista clandestina para el narcotráfico en el departamento de Alberdi, acusaciones sobre el origen de las tierras que se repiten en diversos puntos de la provincia.

Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Camila Dolabjian

La investigación, como había informado hace casi dos años, comenzó de una manera similar al inicio del expediente que descubrió una millonaria defraudación en la Legislatura bonaerense, donde una organización delictiva cobraba el sueldo de supuestos “ñoquis”: dos personas que extraían dinero de cajeros automáticos con varias tarjetas de débito. El horario de las extracciones y la cantidad de operaciones llamó la atención de un policía que recorría la zona para prevenir delitos y derivó en una pesquisa que puso al descubierto una asociación ilícita que conseguía planes sociales y se quedaba con la mitad del dinero que recibían los beneficiarios. Ahora, después de un juicios abreviado, los sospechosos fueron condenados.

Así lo informaron a fuentes judiciales. La jueza Cinthia Oberlander, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) porteo N°5, condenó a José Roberto R., apodo Jota y de 57 años; Maximiliano Gabriel H., de 31, y Eduardo Alberto G., de 58 y empleado de la provincia de Buenos Aires, a la pena de tres años de prisión en suspenso por los delitos de asociación ilícita y defraudación mediante el uso de tarjeta de débito obtenida mediante ardid o engaño.

Los tres condenados habían sido procesados en mayo de 2024 por la jueza en lo criminal y correccional porteña Alejandra Provítola. “Los sospechosos realizaban las acciones necesarias para captar a los posibles beneficiarios del programa bajo las condiciones exigidas por la organización, gestionar su ingreso y, luego, ir con cada uno de ellos a retirar la tarjeta de débito y los tickets de la primera extracción, a fin de poder rendir cuentas a los organizadores y/o jefes que les daban las indicaciones, para luego, continuar percibiendo de forma mensual e ilegítima, la mitad de cada uno de esos haberes, y lograr que la cantidad de víctimas y de asistentes a las manifestaciones sociales creciera”, sostuvo, en su momento, la magistrada.

La investigación, en la que intervino la fiscal Marcela Sánchez, se inició los primeros días de diciembre de 2019, pocas horas después de la situación advertida por el policía Diego Barone en el sector de cajeros automáticos de la sucursal del Banco Nación situada en Callao al 100, en el barrio porteño de San Nicolás.

“Barone, quien se encontraba cumpliendo tareas de prevención de ilícitos en esa zona, observó que dos hombres habían ingresado a dicha entidad bancaria y habían comenzado a operar en los cajeros automáticos que allí se encontraban emplazados con diferentes tarjetas de forma consecutiva, retirando dinero. Barone, al declarar como testigo, dijo que luego de ello, los imputados se habían retirado del lugar y, tras dos o tres minutos, habían ingresado nuevamente y se dirigieron a los cajeros automáticos y habían continuado operando con diferentes tarjetas, extrayendo dinero de cada una de las operaciones. Que frente a ello, en el entendimiento de que las operaciones realizadas podían encontrarse relacionadas con tarjetas robadas, hurtadas y/o clonadas, había procedido a la identificación de los imputados, a fin de constatar su identidad y determinar si las tarjetas que se encontraban operando eran de su propiedad”, según el expediente judicial.

Al acercarse a los sospechosos, el uniformado advirtió que en el cajero automático se podía leer: “bienvenida Alejazndra Claudia A.” y en poder de uno de los hombres secuestró seis tarjetas “las cuales poseían inscripto con marcador indeleble un número de cuatro cifras”.

Pocas horas después, la jueza Provítola ordenó allanar los domicilios de los sospechosos donde se secuestraron elementos de importancia para la causa, como “una nota manuscrita que decía ‘MAXI TOTAL 156.000′, una tarjeta no identificada del Banco Nación y documentación”. Una de las anotaciones estaba encabezada con la leyenda “para compartir” y tenía varios nombres de supuestos beneficiarios de planes sociales.

En su momento, fuentes judiciales habían informado a que los tres sospechosos procesados eran “punteros políticos” o “referentes sociales” en barrios del conurbano.

Víctimas

En la sentencia se hizo referencia a 20 víctimas, quienes declararon que le tenían que entregar a los sospechosos la mitad del dinero que extraían de los cajeros automáticos.

Se trataba de beneficiarios de lo que se llamaba Programa de Inserción Social con Trabajo (PIST) del por entonces Ministerio de Desarrollo Social del gobierno nacional, quienes recibían el dinero en cuentas del Banco Nación.

“Considero como agravantes la gran cantidad de víctimas y que se aprovecharon de su vulnerabilidad, en tanto cumplían con los requisitos exigidos por la norma para acceder a un plan social”, sostuvo la jueza Obelander.

Y agregó: “Se ha probado que todos los intervinientes han tenido un rol activo en los eventos bajo análisis, habiendo planificado y concretado una clara distribución de funciones durante su ejecución para lograr el éxito de las maniobras fraudulentas”.

En la etapa de juicio, el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal general Juan Manuel Fernández Buzzi.