POLITICA
Nuevos testimonios y pruebas refuerzan el vínculo entre altos funcionarios iraníes y el atentado a la AMIA
Las declaraciones recientes tomadas a disidentes iraníes que residen en Francia permitieron profundizar en la participación directa de altos jerarcas iraníes en el atentado contra la AMIA, ocurrido en 1994 en Buenos Aires.
Según explicó el fiscal Sebastián Basso a Radio Mitre, y como había adelantado Infobae el año pasado, estas evidencias robustecen la hipótesis de que la agresión terrorista se inscribió dentro de una política de Estado promovida desde Irán, durante los años noventa. Y que combinaba el uso de recursos petroleros para influencia política y la aplicación de terror ante eventuales resistencias.
El análisis de información migratoria y diplomática permitió comprobar que Ali Hejazi, descrito como la mano derecha del entonces líder supremo Ali Jamenei, realizó uno de sus escasos viajes fuera de Irán a Argentina poco antes del atentado, en momentos en que se tomaba la decisión de perpetrar el ataque.
Basso detalló que Hejazi ingresó al país con visa diplomática y fue observado manteniendo reuniones con Rohollah Rabbani, figura clave instalada en Argentina para difundir tanto las ideas del régimen como sus planes de expansión regional. Los testimonios de los iraníes entrevistados permitieron identificar a Hejazi como el encargado personal de Khamenei para formar a su hijo, quien posteriormente lo sucedería en el cargo tras su fallecimiento.
Testimonios de disidentes y acceso a nueva información sobre el caso
El fiscal Basso subrayó que el aporte de los cuatro disidentes, quienes declararon bajo la ley francesa, se tradujo en la apertura de vías de acceso a informaciones y fuentes antes inaccesibles para la justicia argentina, principalmente por la negativa del régimen iraní a cooperar y las dificultades culturales e idiomáticas. Entre los datos aportados se encuentran entrevistas realizadas dentro de Irán, en las que miembros del régimen reconocen de manera abierta la existencia de una política de terror con alcance global, incluidos los atentados cometidos en Argentina.
Estos testimonios también revelan que en Irán existe una circulación interna de información entre funcionarios y líderes religiosos donde se habla abiertamente sobre los atentados y su propósito político. Entre las pruebas presentadas a la fiscalía, Basso mencionó la existencia de declaraciones públicas de dirigentes de Hezbolá en medios de la región. Por ejemplo, uno de estos jerarcas afirmó en los días previos al atentado: “El brazo largo de nuestra revolución se va a extender incluso en Argentina”. Esta cita proviene de diarios locales de la época, y se integra ahora como parte de los elementos probatorios.
Respecto a la fiabilidad de los testigos, Basso relató que interrogó en reiteradas ocasiones a los disidentes sobre el fundamento de sus afirmaciones, exigiendo evidencias objetivas que permitieran cotejarlas con fuentes independientes. El viaje de Ali Hejazi a Argentina, inicialmente señalado solo por los testigos, fue luego confirmado a través de registros migratorios y solicitudes de visa, sumándose a documentación propia de la diplomacia argentina que coincidía en fechas y sucesos.
Según Basso, los disidentes contextualizaron eventos ocurridos en Irán y en Líbano durante los años noventa señalando su relación directa con la implementación de la política de agresión exterior del régimen. Estos datos se correlacionaron con cables diplomáticos argentinos que reportaban hechos que antes se veían como aislados pero que, a la luz de los nuevos testimonios, revelan una coordinación internacional.
Consultado sobre el nivel de riesgo actual ante el contexto internacional de tensión entre Irán, Israel y Estados Unidos, Basso advirtió que las responsabilidades de prevención recaen en los servicios de inteligencia y el Ejecutivo nacional. No obstante, desde 1994 no se registró ningún atentado adicional en Argentina, indicó el fiscal, quien precisó que sus funciones se limitan al análisis retrospectivo de los hechos consumados.
POLITICA
Un militante peronista agredió a un diputado libertario y reaccionó Javier Milei: “Es lo que tenemos del otro lado”
El diputado nacional de La Libertad Avanza, Federico Pelli, sufrió una violenta agresión mientras intentaba ingresar a la localidad de La Madrid, en el sur de Tucumán, para asistir a los damnificados por las inundaciones.
El ataque se produjo tras un cruce de palabras cuando un empleado público impidió el paso del legislador, quien preguntó: “¿Quién sos vos para dejar pasar?”. Acto seguido, el agresor le propinó un cabezazo que le rompió la nariz y le causó un sangrado profuso, hecho que fue registrado en imágenes viralizadas en redes sociales.
🚨 Un munipa que estaba cortando la ruta agredió al Diputado Nacional de Tucumán, Agustín Pelli. pic.twitter.com/P8fQdQjq7s
— El gordo edición (@GordoEdicion) March 11, 2026
El agresor fue identificado como Marcelo Segura, alias “Pichón”, quien según denunció el espacio libertario local, estaría vinculado al ministro del Interior provincial, Darío Monteros. El bloque de diputados de La Libertad Avanza repudió el hecho, detallando que Pelli se encontraba junto a sus pares Gerardo Huesen y Soledad Molinuevo para donar colchones y artículos de primera necesidad.
“Ningún acto de violencia va a detener nuestro accionar en ninguna provincia por más que la vieja política se oponga. Esperamos que la Justicia actúe”, manifestaron en un comunicado oficial.
COMUNICADO OFICIAL.@JMilei @pellifederico pic.twitter.com/Au15pG8sYw
— Bloque Diputados LLA (@LLA_Diputados) March 11, 2026
Por su parte, el presidente de La Libertad Avanza en Tucumán, Lisandro Catalán, advirtió que irán “hasta las últimas consecuencias” ante lo que calificó como un nivel de violencia inaceptable por parte de quienes “se creen impunes”.
El presidente Javier Milei también se hizo eco de lo sucedido a través de sus redes sociales con un breve mensaje: “ESTO ES LO QUE TENEMOS DEL OTRO LADO…”. El ataque ocurrió en una de las zonas más críticas por el desborde de los ríos Marapa y San Francisco, donde numerosas familias tuvieron que autoevacuarse.
Ante la gravedad del episodio, el gobernador Osvaldo Jaldo expresó su firme repudio y se solidarizó con el legislador, señalando que “la violencia no tiene lugar en nuestra vida democrática”.
Repudiamos con absoluta firmeza la agresión sufrida por el diputado nacional Federico Pelli. La violencia no tiene lugar en nuestra vida democrática ni en la convivencia entre tucumanos. Nos solidarizamos con él y con su familia, y apelamos a la responsabilidad de todos: en…
— Osvaldo Jaldo (@OsvaldoJaldo) March 11, 2026
Asimismo, confirmó que la Policía de Tucumán procedió a la detención del agresor, poniéndolo a disposición de la Justicia provincial. Jaldo apeló a la responsabilidad colectiva y aseguró que el Gobierno de la Provincia colaborará con la investigación mientras mantiene los esfuerzos en asistir a las familias afectadas por el temporal.
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El viaje de la comitiva argentina a Estados Unidos dejó una imagen que provocó duros cuestionamientos. Entre los presentes se encontraba Bettina Julieta Angeletti, la esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Como pudo, el funcionario del gabinete de Javier Milei dio los motivos por los cuales sumó a Bettina Angeletti al pasaje del avión presidencial. “Vengo una semana a deslomarme a Nueva York; quería que me acompañe”, resaltó.
Adorni no solo confirmó la presencia de su pareja en la aeronave oficial en una entrevista televisiva, sino que señaló que su mujer ya tenía previsto viajar a Miami, aunque ese plan se había postergado. La presencia de Angeletti generó que la oposición solicitara un pedido de informes.
El diputado Esteban Paulón, del Partido Socialista (PS), fue quien presentó el pedido “para saber si voló en el avión oficial, quién pagó ese viaje, qué rol cumple y si fueron evaluadas posibles incompatibilidades y conflictos de intereses”, según publicó en su cuenta de la red social X.
Licenciada en Administración de Empresas, en julio de 2024, seis meses después de que Milei asumiera la presidencia, Angeletti fundó Más BE, una consultora de “coaching organizacional”.
Las frases con las que Adorni justificó la presencia de su esposa
- “Mi mujer iba a viajar a Nueva York. De hecho, ya tenía pasaje comprado para el 26 de febrero por US$5348 (…) Pero después hubo un cambio en el viaje: de Nueva York yo pasaba por Miami y quería que me acompañara”.
- “Vengo a deslomarme una semana o cinco días a Estados Unidos y yo quería que mi esposa me acompañe porque es mi compañera de vida”.
- “Son trabajos muy sacrificados y era mi deseo que mi mujer me acompañe. De hecho, me iba a acompañar con el pasaje pago”.
- “Los gastos de ella se los paga ella; el vuelo se lo pagó ella originalmente, la vuelta también; los viáticos se los paga ella. Y mis viáticos, mi comida y mi movilidad me los pago yo. Ni siquiera la mía la paga el Estado. No le sacamos un peso al Estado”.
- “Que haga lo que quiera la oposición. Sobre mi vida privada yo no hablo. Siempre son los mismos los denunciadores seriales. Si es algo de mi vida privada que no amerita explicar, no lo voy a explicar”.
esposa del jefe de Gabinete,Javier Milei,Manuel Adorni,Estados Unidos,Conforme a,,Alineados y no tanto. Cómo juega cada uno de los gobernadores que acompañaron a Milei a Nueva York,,AFAGate. Los chats que revelan vínculos entre Pablo Toviggino y la empresa que compró la mansión de Pilar,,En Nueva York. Caputo busco seducir a los empresarios: “El mayor riesgo es perder la chance de invertir en el país”,Manuel Adorni,,A Punta del Este. Revelan los detalles del vuelo privado que tomó Manuel Adorni con su familia en el feriado de carnaval,,Con su esposa en primera fila. Adorni cerró el Argentina Week con críticas a los medios y un pedido a los empresarios,,»Amigo eterno». Quién es Marcelo Grandio, el conductor de TV Pública que figura en el vuelo privado que tomó Adorni en Carnaval
POLITICA
Por el fin de programas de asistencia, los movimientos sociales buscan apoyo de gobernadores e intendentes
Dirigentes sociales y políticos de organizaciones, integradas en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), anunciaron un plan de acción nacional —que incluirá encuentros con gobernadores e intendentes— frente a la decisión del Gobierno de poner fin a los dos programas sociales en los que derivó el Potenciar Trabajo: Volver al Trabajo y Acompañamiento Social.
Ambos programas fueron creados por el Decreto 198/2024, firmado por el presidente Javier Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. La misma norma estableció una fecha de caducidad: mayo de 2026, salvo que el Gobierno disponga una prórroga o dicte una nueva regulación.
La ministra ya anticipó que esos programas serán reemplazados por un sistema de “vouchers de capacitación laboral”, una propuesta que las organizaciones sociales rechazan. Según denunció el secretario general de la UTEP, Alejandro Gramajo, esa medida “significa avanzar con el fin del Salario Social Complementario (SSC), lo que podría dejar sin ingresos a más de un millón de trabajadores de la economía popular”.
Como contrapunto, Pettovello defendió el nuevo esquema. En declaraciones al portal Econoblog, el 4 de febrero pasado, sostuvo: “Como dice el presidente Javier Milei, el objetivo no es darle el pescado a la gente sino enseñarles a pescar”.
La funcionaria explicó que los cursos y capacitaciones forman parte “de la transformación de los planes sociales hacia esquemas de formación laboral vinculados con empresas, como parte del proceso de reconversión” de programas como Volver al Trabajo.
Mientras tanto, desde la UTEP aseguran que ya comenzaron a delinear una respuesta política y territorial. En diálogo con este medio, fuentes de la organización adelantaron que en las próximas semanas impulsarán jornadas de difusión, ollas populares y acciones callejeras que podrían incluir cortes en distintos puntos neurálgicos del país.
Las medidas, sin embargo, no serán anunciadas con anticipación. El objetivo es evitar operativos preventivos de la Policía y de las fuerzas federales, como ocurrió en protestas anteriores.
En paralelo, las organizaciones que integran la UTEP —entre ellas el Movimiento Evita, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Barrios de Pie— iniciarán una ronda de conversaciones con gobernadores y bloques parlamentarios para advertir sobre el impacto social y económico que, según sostienen, tendrá el cierre del esquema de ingresos que hoy perciben trabajadores informales de la economía popular.
La estrategia apunta a que los mandatarios provinciales y sus representantes legislativos “tomen dimensión del impacto que tendría la medida en las economías regionales”.
En esa misma línea, los dirigentes buscan coordinar posiciones con municipios y gobiernos provinciales, como el de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, que actualmente interactúan con los programas sociales en sus territorios.
“Venimos conversando con el conjunto de organizaciones y actores afectados por esta decisión, que no solo involucra a movimientos sociales sino también a gobiernos locales y provinciales”, señalaron fuentes cercanas a la conducción de la UTEP.
Según advierten, el fin del Salario Social Complementario implicaría “una nueva tanda de desocupados”, dentro de un universo de trabajadores que ya se desempeñan en condiciones de alta precariedad.
Uno de los primeros dirigentes en alertar sobre la desaparición de ese ingreso fue el ex secretario general de la UTEP, Esteban “Gringo” Castro. El dirigente sostuvo que el Salario Social Complementario “fue una conquista de las organizaciones sociales, lograda durante años de lucha”, y que el actual gobierno de La Libertad Avanza “pulverizó”.
En octubre pasado, sin ocultar su frustración, el fundador del Frente Patriótico reflexionó sobre el alcance conceptual de esa política. “El salario social complementario es, conceptualmente, muy bueno. Todos los que no tienen trabajo asalariado, todos los que no están registrados como asalariados, merecen un salario social complementario porque trabajan, pero no tienen derechos laborales”, sostuvo.
Para Castro, ese principio fue perdiendo fuerza con el paso del tiempo. “Ese concepto se fue dilapidando y hoy estamos, o por lo menos un grupo de nosotros está de vuelta planteando: hay que volver al salario social complementario”.
El dirigente también reconoce que la transformación posterior del programa Potenciar Trabajo “y la desaparición de la lógica salarial desdibujaron sus efectos estructurales”.
Desde su perspectiva, esa transformación abrió una nueva etapa en la relación entre el Estado y los sectores populares. Para el referente del Movimiento Misioneros de Francisco, “esa dilución abrió la puerta para el avance de un Estado que ya no reconoce a los sectores populares ni como sujetos de derecho ni como interlocutores”.
El debate sobre el futuro de estas políticas será uno de los ejes centrales del Segundo Congreso Nacional de la UTEP, que se realizará el 21 de abril y reunirá a delegados de todo el país.
La fecha coincide con el primer aniversario del fallecimiento del papa Francisco, figura que los movimientos populares consideran una referencia política y social.
Durante ese encuentro, se definirá el plan de acción federal para los próximos meses. El debate estará centrado en el deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores de la economía popular y en el futuro de las políticas de asistencia.
El conflicto se inscribe, además, en el marco de la reestructuración del sistema de programas sociales impulsada por el gobierno de Javier Milei.
Consultada sobre este tema, la ministra Pettovello fue categórica: “No existen los planes sociales”. Según explicó, lo que existen son prestaciones de la seguridad social y programas sociales con reglas y objetivos distintos.
En ese sentido, mencionó el caso de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que —según señaló— “es una prestación automática y no un plan discrecional”.
El nuevo esquema que impulsa el Ministerio de Capital Humano busca modificar el enfoque de la asistencia directa y orientarlo hacia políticas de capacitación laboral y de inserción en el mercado formal. Al mismo tiempo, apunta a eliminar la intermediación de organizaciones sociales en la administración de los programas.
“Técnicamente, no existen los planes sociales. Es una expresión coloquial que mezcla cosas distintas y genera confusión. No es lo mismo un programa social que una prestación de la seguridad social. Las jubilaciones y las pensiones son derechos establecidos por ley, se otorgan automáticamente a quienes cumplen los requisitos”, explicó la ministra en un video difundido en redes sociales.
Desde la UTEP advierten que el carácter transitorio de los dos programas en los que se transformó el Potenciar Trabajo —y cuya vigencia caduca en dos meses— “abrirá un nuevo frente de conflicto social y político que comenzará a expresarse en las próximas semanas tanto en las calles como en el ámbito institucional”.
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