La Justicia avanza con las primeras medidas en la nueva denuncia por violación contra Adrián Marcelo Torres, “El Chelo”, cantante del grupo Green y un ícono de la cumbia argentina.

La fiscal Lorena Pecorelli, titular de la UFI N°21 de La Matanza, una dependencia especializada en violencia de género, le tomó declaración esta mañana a la víctima, una mujer de 43 años, que denunció al cantante este martes por la noche en la Comisaría de la Mujer de San Justo. Ante la fiscal, ratificó todos sus dichos.

En paralelo, la mujer entregó la ropa interior que vestía en el día del hecho al Cuerpo Médico de la Policía Bonaerense y atravesó una revisión médica; las prendas serán peritadas en busca del material genético de Torres. La investigación del hecho le fue encargada a la DDI de La Matanza de la fuerza provincial, a cargo del comisario Flavio Mariño.

En paralelo, el Juzgado de Garantías N°5 de La Matanza le prohibió al cantante acercarse a su denunciante. En el expediente también interviene la secretaria María Rosario Duro. Pecorelli se abocaba al hallazgo de filmaciones de cámaras de seguridad al cierre de esta nota para certificar el relato de la víctima.

La denuncia de la víctima

Infobae accedió a la denuncia de la mujer, conocida como Dulce Lilian y dedicada a las transmisiones por streaming de shows de artistas tropicales. La víctima aseguró que en el día previo a la denuncia, ella y “El Chelo” se habían reunido para “discutir cuestiones laborales”. Luego, se dirigieron a una estación de servicio sobre la General Paz, sentido a Liniers.

Torres se mostró “ofuscado” al verse perdido con el GPS de la denunciante. “Le saca su teléfono celular, comienza a revisárselo para ver si la explicación que la deponente le daba coincidía con la ubicación de su domicilio”, se lee en el texto sobre la actitud del cantante.

Así, siguieron su camino. Llegaron a la localidad de La Tablada, cerca de la casa de la denunciante, a las 3AM. A bordo del vehículo que ocupaban, ambos comenzaron a hablar. “(Torres) le ofrece sentarse en el asiento trasero para poder estar más cómodos, por lo que Torres se sienta atrás, bajándose los pantalones”, continúa la denuncia. Luego, siempre según la acusación, tomó a la víctima “del cabello, para que le haga sexo oral”.

La mujer empujó a Torres. “El Chelo”, lejos de desistir, se habría bajado los pantalones para penetrarla por la fuerza. “¿Por qué lo hiciste? Te dije que no», le gritó tras la supuesta violación. “Te llamo el fin de semana”, le habría dicho el cantante, tras dejarla en su casa.

Tras reportar el episodio, Dulce Lilian pidió la restricción perimetral en contra del cantante, que fue concedida.

La condena por abusar de una nena de seis años

La fiscal Pecorelli también certificó la condena previa de Torres, que recibió cuatro años de prisión en abril de 2009, cuando el Tribunal Criminal Oral Nº6 de Morón lo condenó por abusar de la hija de seis años de una seguidora, que lo había acobijado en su casa en un momento de crisis.

La mujer tenía tres hijas, una niña de seis años y dos adolescentes. En octubre de 2006, Torres agotó su bienvenida: su anfitriona supuestamente lo encontró teniendo sexo con su hija del medio, por ese entonces de 15 años. Así, lo echó de su casa junto a su hija, según relatos del propio cantante, realizados a este cronista.

Sin embargo, fue finalmente condenado por estupro, abuso sexual simple, un hecho que el cantante siempre negó.

Torres desfiló por los penales de Olmos y Marcos Paz. Salió de prisión en el otoño de 2012. Antes de dejar su celda, tuvo un hijo con la hija de 15 de su fan, ya mayor de edad. La llevó a vivir a la casa familiar de los Torres en Villa Fiorito.

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Pedro Sánchez refuerza las medidas contra el odio y la desinformación en las redes sociales, uno de los asuntos centrales de esta legislatura en la que el presidente trata de poner en marcha la prohibición de acceso a los menores de 16 años, en línea con lo que ha hecho Australia. El presidente ha anunciado este miércoles un nuevo sistema de lucha contra este odio, con un nuevo mecanismo que se llamará HODIO (la Huella del Odio y la Polarización, según explica el Gobierno), y que será un instrumento con el que, a través del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe), se podrá “medir de forma sistemática la presencia, evolución y alcance de los discursos de odio en las plataformas digitales utilizadas en España”.

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LA PLATA.– La contaminación en el sistema hídrico del Río de la Plata es “aberrante”. Es, inequívocamente, “un sumidero de desechos cloacales e industriales”. Así lo enfatizó la Justicia Federal de esta capital al trabar un embargo multimillonario contra la gobernación de Buenos Aires por demoras en ejecutar un proyecto para el tratamiento y disposición final de los líquidos cloacales de las tres ciudades que integran la región capital: La Plata, Berisso y Ensenada.

El embargo por 157.164.287.201 pesos fue dispuesto por el juez federal Alberto Recondo, hasta tanto la Provincia inicie obras de saneamiento para subsanar los vertidos en el sistema hídrico que componen el río Santiago, el arroyo El Gato y el Río de la Plata.

El magistrado busca además que se garantice un eficiente retiro, en forma mecanizada, de residuos sólidos urbanos existentes en ese estuario y en el arroyo El Gato.

Recondo sopesó “la gravedad del daño ambiental producido por el vertido de efluentes cloacales sin tratamiento y residuos sólidos urbanos” en la cuenca que componen los tres cursos de agua mencionados.

Para tal trabajo, pidió auxilio técnico a la Unidad de Investigación, Desarrollo, Extensión y Transferencia Gestión Ambiental (Uidet GA) de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata.

De acuerdo con el informe elaborado por la Uidet y aportado en la causa judicial, se trata de “un grado de contaminación aberrante de todo el sistema que ha sido convertido en un sumidero de aportes cloacales y desperdicios varios”.

Los peritajes revelaron que “el aporte cloacal es masivo en las descargas de La Plata en El Gato (después de la calle 1), muy marcado por el nitrógeno total abundante en la orina, pero es también significativo aguas arriba, a la altura de la calle 143, La Granja y posiblemente en Melchor Romero”.

Además, “los arroyos urbanos (Saladero en Berisso, Canal Oeste y Doña Flora en Ensenada) son fuentes secundarias de contaminación urbana (Saladero y Doña Flora, en menor medida) e industrial (Canal Oeste)”.

Otro informe pericial adjuntado al expediente, basado en muestras tomadas en el Río de la Plata a la altura del club Regatas, constata la formación de un “corredor costero de aguas contaminadas, con aportes urbanos industriales sucesivos desde la Capital Federal, Avellaneda, Quilmes, Berazategui, La Plata, Magdalena, Punta Indio y Punta Piedras”.

En su resolución a la demanda iniciada por Iván Vigo Mariños con el patrocinio de Aníbal Falbo a través de la Secretaría de Extensión de la UNLP, el magistrado señaló graves omisiones estatales. Argumentó que “las carencias presupuestarias (de la provincia) aunque dignas de tener en cuenta, no pueden justificar transgresiones».

Omisión del Estado

Recondo detalló que la omisión del Estado provincial para implementar una política sanitaria y ambiental adecuada lleva más de veinte años, es decir que excede largamente a la administración de Axel Kicillof.

Tras recordar que el inicio de las obras suspendidas estaba previsto para 2022, es decir en el primer mandato de Kicillof, puntualizó que entonces la erogación necesaria para evitar el daño ambiental producida en toda la población asentada en la zona urbana circundante representaba el 0,67% del total del presupuesto provincial.

En 2022 fueron notificados desde la Presidencia de la Nación hasta la Fiscalía de Estado bonaerense y representantes del Congreso de la Nación sobre la urgencia de comenzar con obras para el tratamiento de los efluentes cloacales.

“Esto permite concluir que la imposibilidad de ejecutar las obras ordenadas no se sustenta en la falta de financiamiento internacional, sino en decisiones que el Estado provincial adopta hace más de veinte años a la hora de asignar recursos”, expresó el magistrado.

La obra pendiente tiene un valor estimado de U$S 245.997.956,64, a ejecutar en tres años. El embargo corresponde a U$S 110.679.075,49 al cambio de este martes.

Previo a esta instancia, hubo antes medidas cautelares incumplidas.

El Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires no respondió ante las consultas de LA NACION sobre el motivo por el que se dilataron las obras destinadas a sanear los vertidos de las tres ciudades que impactan en la cuenca.

En tanto, desde la Fiscalía de Estado, que es la encargada de velar por los intereses patrimoniales de la provincia, se informó que se apelará la decisión.

Recondo es un juez que ya tuvo intervención en otros temas ambientales: por caso, actuó para rechazar una demanda contra un decreto presidencial (DNU 70/2023) que buscó modificar los alcances de la Ley de Tierras.

El caso fue judicializado por el Centro de ExCombatientes de Islas Malvinas (Cecim) y el magistrado rechazó la presentación. La entidad apeló y la Cámara Federal de La Plata declaró inconstitucional la derogación.

La resolución de este conflicto actualmente está en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.