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Los costos que afronta el Estado por engrosar las comitivas presidenciales

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Ocupar un lugar en el avión presidencial tiene un costo para el Estado. Alojamiento en un hotel, comidas, seguro médico, visas y gastos de traslado, muchas veces en ciudades con valores muy superiores a los que pueden pagarse en Buenos Aires. Son estos los principales ítems que el Estado afronta cada vez que suma un integrante a una comitiva que acompaña al Presidente a un periplo por el exterior.

Más allá del caso puntual de la esposa de Manuel Adorni, quien afirmó a LN+ que la presencia de Bettina Angeletti en la delegación oficial tuvo “costo cero para el Estado”, existen erogaciones ineludibles, a ser atendidas en el caso de que algún pasajero, más allá del Presidente y sus funcionarios, fuera incorporado a una delegación oficial. Así lo constató al consultar a los encargados de la organización de los viajes al exterior de los expresidentes Mauricio Macri y Alberto Fernández.

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Hay una suerte de protocolo y procedimiento. Antes de cada viaje, se aprueban vía resolución de la secretaría general de la Presidencia la lista de integrantes de la comitiva, la partida de gastos, y el otorgamiento de licencias para que la firma de un ministro o secretario sea asumida por quien queda en el país. En el caso del jefe de gabinete, fue la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien quedó a cargo de modo “interino” según la resolución oficial, aunque sobre el viaje no hubo información concreta, ni sobre la cantidad de pasajeros de la comitiva a Estados Unidos y Chile ni tampoco sobre los gastos.

Ni en este ni en ningún otro viaje anterior del presidente Javier Milei hubo una resolución publicada sobre los viajes, sus costos y las comitivas. La publicación de esta información en el Boletín Oficial supo ser una costumbre de los dos gobiernos anteriores, según dos exfuncionarios consultados.

“Cada Presidente puede invitar a quien quiera a un viaje, está dentro de sus facultades”, dijo un exdirigente del Frente de Todos. Alberto Fernández, durante su gestión, fue cuestionado por sus delegaciones numerosas, como las 48 personas que viajaron con él a la Asamblea General de la ONU, en septiembre de 2022.

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El 26 de febrero pasado, Adorni y el canciller Pablo Quirno firmaron una resolución general relativa a los viajes al exterior. “Limítanse las comitivas oficiales que integren los traslados por misiones o comisiones al exterior de carácter oficial, cualquiera fuera la fuente de financiamiento del gasto, a un máximo de un (1) funcionario o una (1) autoridad por cada evento o actividad internacional reconocido e impostergable para los intereses del Estado Nacional”, dice el artículo 6. Y agrega que “ante la exigencia excepcional de ampliación de la comitiva, la autoridad requirente deberá justificarlo expresamente, mencionando los motivos que fundamentan la presencia de cada integrante adicional”, siempre en el caso de los funcionarios.

En muchos casos, la invitación de países extranjeros abarca al Presidente únicamente, aunque hay otros que incluye a ministros, secretarios y asesores. Pero en ningún caso, coincidieron las fuentes, la invitación se extiende a no funcionarios, como es el caso de la esposa de Adorni.

Lo mismo ocurre con las comidas, que no están incluidas en las invitaciones oficiales, aunque siempre está la posibilidad de que los invitados las abonen de su propio bolsillo. Gastos más que importantes en los casos de hoteles de lujo, a los que eran adeptos presidentes como Carlos Menem o Cristina Kirchner.

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Según el relato de dos exfuncionarios de anteriores gobiernos y de uno de la actual administración, cada miembro de la comitiva presidencial debe, antes de subir al avión, contar con seguro médico. Además, otra de las erogaciones que afronta el Estado son los traslados, excluyendo al Presidente y sus ministros. “No es lo mismo trasladar cuatro personas que a ocho, y muchas veces se alquilan autos que están a disposición de modo permanente. En ciudades de Europa o Estados Unidos eso tiene un costo altísimo”, rememoró un exfuncionario.

Partícipes del gobierno de Cambiemos (2015-2019) evitaron cuestionamientos puntuales a la gestión libertaria por este u otros viajes presidenciales. Sí recordaron que la orden del entonces jefe de gabinete Marcos Peña, implementada por el secretario general de la Presidencia Fernando de Andreis (hoy diputado nacional de Pro y aliado de LLA), era “que no hubiera acompañantes de ministros o ministras” en las delegaciones oficiales.

El diputado nacional Esteban Paulón, del Partido Socialista (PS), presentó un pedido de informes por la presencia de la esposa de Adorni en la comitiva. El legislador busca saber “si voló en el avión oficial, quién pagó ese viaje, qué rol cumple y si fueron evaluadas posibles incompatibilidades y conflictos de intereses”, según publicó el diputado en su cuenta de la red social X. También el peronismo en Diputados pidió la interpelación del jefe de gabinete.

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“Vengo una semana a deslomarme acá, quería que mi esposa me acompañe, pero no le sacamos un peso al Estado”, repitió Adorni a LN+ desde New York. “Comida y movilidad (de la esposa) salen de mi bolsillo”, respondió el jefe de gabinete, sin mostrar un detalle que pueda comprobar su ratificación.


caso puntual,Bettina Angeletti,delegaciones numerosas,la interpelación del jefe de gabinete,Jaime Rosemberg,Manuel Adorni,Javier Milei,Conforme a,,Antes y después. Cuando Adorni se indignaba por las comitivas presidenciales y los políticos que vuelan en avión privado,,El tesorero de la AFA. Toviggino declaró en los tribunales por presunta evasión y se fue en un auto sin patente,,Viajó con la comitiva. Quién es la mujer de Adorni: licenciada en administración y especialista en “coach ejecutivo y de vida”,Manuel Adorni,,A Punta del Este. Revelan los detalles del vuelo privado que tomó Manuel Adorni con su familia en el feriado de carnaval,,Con su esposa en primera fila. Adorni cerró el Argentina Week con críticas a los medios y un pedido a los empresarios,,»Amigo eterno». Quién es Marcelo Grandio, el conductor de TV Pública que figura en el vuelo privado que tomó Adorni en Carnaval

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Una nueva causa judicial por corrupción amenaza con sacudir la política entrerriana

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La Fiscalía de Entre Ríos abrió en noviembre pasado un legajo de investigación para analizar las responsabilidades políticas en un presunto desfalco al Estado. La maniobra se habría instrumentado mediante contrataciones fraudulentas de personal temporal en la Legislatura.

La operación implicaba que el dinero era cobrado por un grupo de personas y administrado por un estudio contable. Los supuestos contratados recibían una parte mínima, mientras que el resto habría ido a la política. La maniobra se descubrió en 2018. Un policía que custodiaba un banco observó que un grupo de personas iba todos los meses a hacer retiros por cajero automático usando una gran cantidad de tarjetas.

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Hay dos estimaciones del perjuicio al erario público. Fiscalía consideró que fue de $1.111 millones. Por otro lado, la Fiscalía de Estado (un órgano constitucional que representa los intereses de la Provincia) calculó $392 millones. El monto real se determinará en la Justicia.

Por el caso ya hay un proceso penal en marcha. A la causa se la denomina “Contratos I”. Está centrada en las responsabilidades de los escalones inferiores e intermedios. La causa se encuentra en la etapa de elevación a juicio. Varios de los imputados acordaron juicios abreviados.

Las etapas judiciales

Este primer proceso es clave para la sustanciación del segundo. La razón es que determinaría que hubo un perjuicio a la Provincia. Solo así tendría de dónde afirmarse la acusación fiscal en “Contratos II”. El legajo tiene como carátula: “N.N. s/ peculado imprudente o culposo”.

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Este delito está tipificado en el artículo 262 del Código Penal Argentino. “Será reprimido con multa del veinte al sesenta por ciento del valor substraído, el funcionario público que, por imprudencia o negligencia o por inobservancia de los reglamentos o deberes de su cargo, diere ocasión a que se efectuare por otra persona la substracción de caudales o efectos de que se trata en el artículo anterior”, dispone el texto legal.

Es decir: para poder acusar a los responsables políticos por el perjuicio al Estado, antes hay que demostrar que ese daño se produjo. El paso necesario para eso es que en “Contratos I” se compruebe el peculado y la asociación ilícita que se investiga.

A posteriori, deberá corroborarse que, por un actuar descuidado o con desidia, los responsables políticos de la Legislatura provincial permitieron que se produzca el desfalco. En este punto es fundamental la normativa que regula las contrataciones legislativas. La pregunta es si se siguió al pie de la letra o no. Si la respuesta es positiva, no habría delito. El caso penal solo podría continuar si se prueba que no fue así.

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La cuestión es que aún no se ha dado el primer paso para un eventual fallo condenatorio firme. “Contratos I” está en proceso de elevación a juicio. Luego vendrán las audiencias y la sentencia. La etapa siguiente son las apelaciones que podrían llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Pero, además, “Contratos II” está en pañales. La dirigencia política que estaría involucrada por su accionar aún no fue notificada. Tampoco fue citada. Algunos, sin embargo, se presentaron de manera espontánea a ver el legajo. En la lista hay ex gobernadores y vices que ocuparon sus cargos desde principios de siglo. Todos son justicialistas.

El papel de Cecilia Goyeneche

Cecilia Goyeneche podrá volver a ocupar su cargo de Procuradora adjunta (Foto: gentileza Diario Uno)

Aunque la difusión del inicio de “Contratos II” fue paralela a la restitución de Cecilia Goyeneche en su cargo de la Procuradora Adjunta, no existe relación causal entre un hecho y otro.

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El legajo de esta segunda investigación fue abierto por el fiscal Gonzalo Badano en noviembre de 2025, cuando el Superior Tribunal no había anulado el jury contra Goyeneche. Por lo tanto, tampoco había sido reestablecida en su oficina del Ministerio Público Fiscal.

Además, el Procurador General, Jorge García, corrió a Goyeneche de la investigación sobre los contratos de la Legislatura cuando apenas se habían completado los primeros pasos. En su lugar designó a Mónica Carmona.

La situación que motivó la remoción de Goyeneche del caso tuvo que ver con las relaciones personales, profesionales y comerciales que ella y su marido mantenían con uno de los imputados. Se trata del contador Pedro Opromolla, uno de los titulares del estudio contable que habría tenido la responsabilidad de lavar el dinero captado de los contratos.

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La AFA bajo investigación: Claudio “Chiqui” Tapia declara por presunta retención indebida de aportes

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Este jueves declarará el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, en la causa donde se lo investiga por la presunta retención indebida de aportes. Ayer hizo lo propio el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, que presentó un escrito y no respondió preguntas.

“Muchos van a empezar a transpirar, como transpiraba yo a veces cuando me agarraba calor. Pero van a empezar a transpirar de vergüenza porque la verdad va a salir a la luz”, dijo Tapia el lunes a modo de advertencia, en el cierre de su discurso en el acto de lanzamiento de LPF Play, la plataforma de transmisión de partidos de la AFA.

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Leé también: Pablo Toviggino presentó un escrito, pidió ser sobreseído y evitó responder preguntas en la causa por evasión

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca), que actúa como querellante en el expediente. El organismo sostiene que la AFA retuvo tributos y aportes de la seguridad social sin ingresarlos al fisco dentro de los plazos legales.

Concretamente, ARCA detectó retenciones impositivas y aportes a la seguridad social que no habrían sido depositados dentro del plazo legal de 30 días corridos posteriores al vencimiento.

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El tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, en su salida de Tribunales de Retiro previo a la indagatoria por presunta evasión. (Foto: NA – Daniel Vides)

El miércoles, Toviggino pidió ser sobreseído en la causa y también demandó una pericia contable. Insistió en que no hay delito, ya que el Gobierno suspendió la ejecución de la deuda. “Un error en la interpretación de la fecha de vencimiento de esa deuda no puede dar pie a una persecución legal desmedida”, aseguró el tesorero de la AFA en su descargo.

El juez Diego Amarante rechazó este lunes los pedidos de nulidad presentados por el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino. Con esta decisión, el magistrado mantuvo firmes las indagatorias programadas para esta semana.

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En su fallo, Amarante desestimó los argumentos de las defensas de Tapia y Toviggino, que sostuvieron que no existía delito y que se debía suspender el llamado a indagatoria por existir un recurso pendiente de resolución ante la Cámara.

Pablo Toviggino y Claudio Tapia, los principales dirigentes de AFA investigados por la Justicia. (Foto: AFA).
Pablo Toviggino y Claudio Tapia, los principales dirigentes de AFA investigados por la Justicia. (Foto: AFA).

Los períodos bajo análisis van de marzo de 2024 a septiembre de 2025 e incluyen retenciones de IVA, Ganancias y contribuciones previsionales.

Según la denuncia inicial, el monto no ingresado era de $7.593.903.512,23, pero luego se sumaron otros $11.759.643.331,62, llevando el total investigado a más de $19.300 millones.

El ente recaudador aseguró que las maniobras encuadran en el delito de omisión por parte de un agente de retención. “Los importes en cuestión no constituyen fondos propios del contribuyente, sino recursos ajenos que pertenecen al Estado desde el momento mismo de la retención, por lo que su no ingreso implica una indebida apropiación de caudales públicos”, argumentó el organismo.

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Desde el punto de vista penal, la figura prevé penas de dos a seis años de prisión para el agente de retención que no deposite, total o parcialmente, dentro de los 30 días corridos del vencimiento, el tributo retenido o percibido, siempre que el monto no ingresado supere los $100.000 por mes.

Chiqui Tapia, AFA, investigacion

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Un militante peronista agredió a un diputado libertario y reaccionó Javier Milei: “Es lo que tenemos del otro lado”

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El diputado nacional de La Libertad Avanza, Federico Pelli, sufrió una violenta agresión mientras intentaba ingresar a la localidad de La Madrid, en el sur de Tucumán, para asistir a los damnificados por las inundaciones.

El ataque se produjo tras un cruce de palabras cuando un empleado público impidió el paso del legislador, quien preguntó: “¿Quién sos vos para dejar pasar?”. Acto seguido, el agresor le propinó un cabezazo que le rompió la nariz y le causó un sangrado profuso, hecho que fue registrado en imágenes viralizadas en redes sociales.

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El agresor fue identificado como Marcelo Segura, alias “Pichón”, quien según denunció el espacio libertario local, estaría vinculado al ministro del Interior provincial, Darío Monteros. El bloque de diputados de La Libertad Avanza repudió el hecho, detallando que Pelli se encontraba junto a sus pares Gerardo Huesen y Soledad Molinuevo para donar colchones y artículos de primera necesidad.

“Ningún acto de violencia va a detener nuestro accionar en ninguna provincia por más que la vieja política se oponga. Esperamos que la Justicia actúe”, manifestaron en un comunicado oficial.

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Por su parte, el presidente de La Libertad Avanza en Tucumán, Lisandro Catalán, advirtió que irán “hasta las últimas consecuencias” ante lo que calificó como un nivel de violencia inaceptable por parte de quienes “se creen impunes”.

El presidente Javier Milei también se hizo eco de lo sucedido a través de sus redes sociales con un breve mensaje: “ESTO ES LO QUE TENEMOS DEL OTRO LADO…”. El ataque ocurrió en una de las zonas más críticas por el desborde de los ríos Marapa y San Francisco, donde numerosas familias tuvieron que autoevacuarse.

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Ante la gravedad del episodio, el gobernador Osvaldo Jaldo expresó su firme repudio y se solidarizó con el legislador, señalando que “la violencia no tiene lugar en nuestra vida democrática”.

Asimismo, confirmó que la Policía de Tucumán procedió a la detención del agresor, poniéndolo a disposición de la Justicia provincial. Jaldo apeló a la responsabilidad colectiva y aseguró que el Gobierno de la Provincia colaborará con la investigación mientras mantiene los esfuerzos en asistir a las familias afectadas por el temporal.

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