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El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, advirtió que cada vez más personas recurren a la asistencia social y que la situación es “muy complicada” en los grandes centros urbanos. Además, pidió reforzar la atención a los sectores más vulnerables.

El arzobispo de Mendoza sostuvo que perciben un crecimiento en la cantidad de personas que piden ayuda a Cáritas.

“Se nota el incremento del número de personas que piden la asistencia de Cáritas”, sostuvo en diálogo con radio Mitre y planteó que “en los grandes centros urbanos la situación es muy complicada”.

Al ser consultado por la relación con el Gobierno, Colombo deslizó: “Nosotros en realidad siempre estamos pensando en función del bien común. Nunca es en el tono de una oposición política o partidaria”, afirmó.

El titular de la Conferencia Episcopal insistió en que el objetivo es garantizar respuestas a los sectores más afectados. “Nos importa profundamente la atención de las personas más vulnerables”, subrayó.

En otro tramo de la entrevista, Colombo también abordó la situación de las personas con discapacidad y el funcionamiento de las instituciones que las asisten. Señaló que desde hace meses no se registran pagos vinculados a prestaciones, lo que afectó el sostenimiento de distintos espacios.

Y detalló que varias instituciones dependen de esos recursos para su funcionamiento cotidiano. “En muchos casos, por ejemplo, los cotolengos de Don Orione dependen de lo que se tiene que pagar para el pago de profesionales y para mantener también muchas de las estructuras que esos centros imponen”, explicó.

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El pedido de la Iglesia al Ministerio de Salud

La Iglesia le envió una carta al ministro de Salud, Mario Lugones, donde denuncia el retraso y la insuficiencia de los aportes estatales que atraviesan las instituciones dedicadas al cuidado y acompañamiento de personas con discapacidad. Reclaman “una respuesta concreta, visible y urgente”.

En la misiva de los obispos expresan que “muchas de esas instituciones se encuentran hoy en una crisis económica de extrema gravedad, debido al retraso y la insuficiencia de los aportes estatales, lo que ha generado déficits que comprometen aspectos esenciales de la atención, como la alimentación, los medicamentos y el pago de los salarios de quienes dedican su vida al cuidado de las personas con discapacidad”.

Frente a este panorama, la Iglesia advierte que “los compromisos de organismos nacionales no se regularizan desde finales de 2025, mientras las instituciones deben afrontar costos actualizados de funcionamiento y personal”.

“Por eso suplicamos que pueda encontrarse una respuesta concreta, visible y urgente que permita dar estabilidad a este sector tan vulnerable. La discapacidad no puede quedar expuesta a recortes, ni las personas que viven esta realidad pueden ser sometidas a disputas administrativas o coyunturas políticas”, concluyó la carta.

Iglesia católica, Pobreza, Discapacidad

La salida de Leandro Massaccesi del cargo de jefe de Gabinete del Ministerio de Capital Humano generó impacto dentro del Gobierno, dado que no son pocos los integrantes de la administración libertaria que accedieron a un crédito hipotecario en el Banco Nación, razón por la cual su superior, Sandra Pettovello, le pidió la renuncia.

Cerca de la ministra informaron este viernes que le había pedido la renuncia a su jefe de Gabinete luego de que se revelara que en los últimos meses había aplicado a un crédito en el banco estatal. En los últimos días, desde sectores de la oposición apuntaron contra diferentes miembros del Gobierno por el monto al que accedieron.

Pettovello se enteró a través de un tuit y le pidió la renuncia el jueves a la noche. Afirman que no se puso en tela de juicio el programa de compra de vivienda que efectúa el Banco Nación ni el modo en que lo realizó Massaccesi, pero que buscó desplazarlo de manera preventiva “en virtud del perfil bajo que tiene el Ministerio en materia de escándalos”.

En su primera declaración pública tras el alejamiento, Massaccesi, hijo de Horacio, exgobernador de Río Negro y candidato presidencial en 1995, aseguró que no incurrió en ninguna irregularidad ni aprovechamiento personal durante su paso por la función pública.

En un extenso descargo a través de su cuenta personal de X, Leandro Massaccesi sostuvo: “Aclaro que no cometí ningún acto ajeno a la ley. No vine a la política a servirme de ella”, rechazando de manera enfática cualquier señalamiento sobre eventuales privilegios.

Según su explicación, la solicitud del crédito se realizó “de manera completamente transparente, vía web adjuntando toda la documentación requerida”, en las mismas condiciones que cualquier ciudadano argentino. El exjefe de Gabinete remarcó que la línea de crédito a la que accedió fue diseñada para beneficiar a la clase media, en especial a quienes buscan comprar su primera propiedad.

“Es un crédito que asumimos con responsabilidad, a 30 años, y que vamos a honrar”, afirmó Massaccesi, quien además subrayó que el acceso de funcionarios públicos a este tipo de herramientas no constituye una falta, siempre que se cumplan todas las reglas y requisitos legales. “Que quienes tenemos responsabilidades públicas accedamos a las mismas herramientas que cualquier ciudadano, cumpliendo las reglas, no constituye un ilícito. Por el contrario, refleja un estándar de transparencia y coherencia que debemos sostener”, apuntó el exfuncionario en su comunicado.

“Lamento el desenlace intempestivo de esta situación. Me voy con la tranquilidad de haber trabajado con compromiso durante estos casi 2 años en el Ministerio de Capital Humano”, marcó.

La controversia se desató luego de que se conociera que Massaccesi figuraba entre los beneficiarios del programa de préstamos para la vivienda implementado por la actual administración. El programa, que apunta a facilitar el acceso al crédito hipotecario a sectores medios, había sido objeto de críticas previas por parte de opositores y de organizaciones sociales por supuestas demoras y cupos insuficientes.

Según indicó Infobae, la ministra Sandra Pettovello solicitó la salida de Massaccesi en medio de la creciente presión pública y con el objetivo de despejar cualquier sospecha sobre el proceder del Ministerio. Aunque no hubo declaraciones oficiales extensas por parte de la ministra, fuentes cercanas al Gobierno consultadas por el portal reafirmaron que la decisión buscó preservar la imagen de la gestión y evitar un desgaste mayor frente a la opinión pública.

En los últimos días, la adjudicación de créditos hipotecarios por hasta $400 millones otorgados por el Banco de la Nación Argentina a funcionarios del gobierno de Javier Milei y a diputados de La Libertad Avanza ha generado controversia pública. El debate creció ante los cuestionamientos sobre la transparencia en el acceso a estos préstamos, que coinciden con un contexto político y social sensible.

El cruce de datos realizado por la plataforma “¿Cuánto Deben?”, desarrollada por Andrés Snitcofsky, permitió determinar que al menos nueve funcionarios y legisladores vinculados al oficialismo obtuvieron créditos hipotecarios del Banco Nación por un monto consolidado que supera los $2.500 millones.

Entre ellos se encuentran Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior y asesor del ministro de Economía Luis Caputo, quien mantiene una deuda inicial de $373.000.000 (unos US$315.000) desde febrero de 2025, así como Federico Furiase, ex director del Banco Central y actual secretario de Finanzas, que registra una obligación de $367.059.000 (US$280.787) desde agosto de 2025.

Otros nombres incluidos en estos registros son Emiliano Mongilardi, director de YPF, por $309.507.000 (US$207.766). Por parte de la Cámara de Diputados, Alejandro Bongiovanni, Mariano Campero y Lorena Villaverde –los tres de La Libertad Avanza– mantienen deudas en rangos que van desde los $230 millones hasta casi $280 millones, en función de diferentes periodos relevados. Los dos primeros diputados realizaron descargos públicos en los que explicaron la forma en la que accedieron a este mecanismo.

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