Hugo Alconada Mon,Ignacio Grimaldi,Conforme a

La diputada nacional Lilia Lemoine, de La Libertad Avanza, presentó un proyecto en la Cámara de Diputados para que se analicen sanciones disciplinarias y el eventual desafuero del legislador tucumano Carlos Aníbal Cisneros, de Unión por la Patria, luego de que la Justicia federal solicitara su declaración indagatoria en una causa por presunta trata de personas.

La iniciativa requiere que la Comisión de Asuntos Constitucionales trate con urgencia la situación de Cisneros, invocando el artículo 66 de la Constitución Nacional, a partir del avance de la investigación judicial que involucra al dirigente sindical.

El pedido presentado por Lemoine insta a que la comisión evalúe eventuales sanciones disciplinarias y/o el desafuero del legislador, para que pueda quedar a disposición de la Justicia si el proceso avanza. Según los fundamentos del proyecto, la solicitud se apoya en la información pública sobre la investigación penal en la que el fiscal Rafael Vehils Ruiz solicitó la citación a declaración indagatoria de Cisneros.

El documento también indica que el juzgado federal a cargo del magistrado Guillermo Andrés Díaz Martínez notificó a la Cámara de Diputados sobre la situación procesal del legislador, en virtud de las inmunidades parlamentarias que protegen a los miembros del Congreso. Este procedimiento se aplica habitualmente cuando una causa judicial involucra a un legislador nacional, ya que los fueros parlamentarios obligan a informar al Congreso sobre determinadas medidas.

La diputada Lemoine pidió a la Comisión de Asuntos Constitucionales que analice con urgencia el expediente judicial que involucra a Carlos Cisneros y determine si corresponde avanzar con el desafuero. El proyecto sostiene que, conforme al régimen de inmunidades parlamentarias previsto en la Constitución, los fueros no son privilegios personales sino garantías institucionales para el funcionamiento del Congreso. Por ello, cuando la Justicia solicita medidas limitadas por las inmunidades, corresponde que la Cámara evalúe permitir el avance del proceso judicial. El texto enfatiza que el sistema de inmunidades no debe impedir investigaciones judiciales y que un tratamiento rápido del caso contribuiría a resguardar el prestigio institucional de la Cámara de Diputados y la confianza pública en sus integrantes.

El origen de la causa y las repercusiones políticas

La investigación que involucra a Cisneros deriva del denominado caso Vélez, surgido a partir de la denuncia de una joven por presunta violación grupal contra futbolistas del club Vélez Sarsfield. En ese expediente se investigó un supuesto abuso sexual en un hotel de Tucumán, pero los jugadores denunciados fueron finalmente sobreseídos, decisión cuestionada por la denunciante y por sectores que la acompañaban.

A partir de derivaciones de ese caso, la Justicia federal comenzó a indagar posibles delitos vinculados con trata de personas y manipulación de la víctima, lo que dio origen a una nueva investigación. En ese contexto surgió la línea que involucra al legislador tucumano y a otras personas que habrían participado institucionalmente en el acompañamiento de la denunciante. El expediente derivó en el pedido de declaración indagatoria de Cisneros, lo que motivó la notificación oficial a la Cámara de Diputados.

El avance de la causa provocó repercusiones en el Congreso, donde legisladores del oficialismo solicitaron analizar la situación institucional de Cisneros. La iniciativa de Lemoine busca que el caso sea tratado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el diputado libertario Nicolás Mayoraz, quien deberá evaluar si corresponde avanzar con el proceso de desafuero. Este procedimiento requiere que la comisión emita un dictamen que luego debe ser tratado en el recinto de la Cámara de Diputados; la decisión final corresponde al pleno.

El caso también generó pronunciamientos dentro del oficialismo. La diputada libertaria Silvana Giudici planteó que el Congreso debe analizar el pedido judicial y avanzar con el tratamiento del expediente. Giudici sostuvo que la Cámara tiene la responsabilidad institucional de evaluar la situación del legislador ante la gravedad de los hechos investigados y que el Parlamento debe garantizar que la investigación judicial se realice sin obstáculos.

Perfil y defensa de Carlos Cisneros

Carlos Aníbal Cisneros es diputado nacional por Tucumán y dirigente del sindicato La Bancaria, organización gremial con peso en el sistema financiero argentino. Dentro del gremio ocupa el cargo de secretario de Administración y forma parte de la conducción nacional liderada por Sergio Palazzo, también diputado nacional. En el Congreso, Cisneros integra el bloque de Unión por la Patria, principal fuerza opositora al gobierno de Javier Milei.

A lo largo de su carrera política, Cisneros ha intervenido en debates sobre el sistema financiero, el rol del Estado en la economía y la defensa de los trabajadores bancarios. Su figura está asociada al sindicalismo bancario, uno de los sectores con mayor capacidad de movilización dentro del movimiento sindical argentino. La inclusión de su nombre en una causa judicial por trata de personas tuvo impacto en el ámbito político y sindical.

Cisneros negó las acusaciones y afirmó que la denuncia en su contra surgió luego de que él y el sindicato La Bancaria acompañaran a la mujer que denunció la presunta violación grupal. Explicó que el gremio brindó asistencia y contención a la denunciante, lo que generó conflicto con uno de los futbolistas involucrados. El diputado aseguró que la denuncia por trata de personas fue presentada por uno de los jugadores luego del sobreseimiento en la causa por abuso sexual. Agregó que el sindicato tiene la obligación institucional de asistir a víctimas de violencia mediante una secretaría especializada en derechos humanos y género. Cisneros también cuestionó el funcionamiento de la justicia provincial en Tucumán y sostuvo que la causa que lo involucra se inició en ese contexto. Manifestó que, cuando sea convocado por la Justicia, se presentará para aclarar la situación y defender su actuación en el caso.

Rodrigo De Loredo se vistió de DJ y armó un acto político al estilo de Bizarrap. Frente a una bandeja mezcladora, vistiendo campera deportiva, auriculares en el cuello y con una notebook preparada para pasar pistas, el ex diputado nacional hizo un cosplay para presentar sus propuestas como candidato a gobernador de 2027.

Desde las 12, De Loredo encabezó este sábado una suerte de “session” política frente a cientos de jóvenes, militantes, independientes e intendentes en el Espacio Quality, de la capital cordobesa. Todo armado con una estética juvenil con visuals, beatmatching y sampleos y lejano a la simbología del radicalismo para anunciar sus reformas, en caso de ganar las elecciones locales durante el próximo año: privatizaciones, ajuste del gasto público, reducción de ministerios y baja de impuestos.

“¡Larga vida al rebelde pueblo de Córdoba! ¡Larga vida a la insurrecta provincia de Córdoba! ¡Recordemos dónde estábamos antes que esta pandilla de bandidos venga a asaltar nuestra provincia!“, arengó el dirigente radical, al comenzar el mitín y presentarse al auditorio.

De Loredo se mostró optimista en que habrá una “nueva Córdoba” desde 2027 para desafiar al modelo del peronismo cordobés, que actualmente encabeza el gobernador Martín Llaryora. Puntualmente, cuestionó que en los últimos 26 años de gestión la pobreza pasó del 20% al 35%.

“Lo que antes se hacía entre gallos y medianoche, de manera vergonzante, en la cochera de una casa, hoy se expresa públicamente. Compran dirigentes de otros partidos, inventan sellos partidarios de ocasión, engañan al electorado, compran jueces, cambian las reglas de juego, y montan campañas sucias y negativas desde el poder, de la forma más brutal y pornográfica, a la vista de todos”, describió De Loredo. Y recordó que “el día de la elección, las colas de feriantes y de instituciones esperando cobrar un cheque”.

“Tuvieron un plan: empobrecernos para usarnos como clientela electoral. Pero hoy el miedo cambió de bando. Somos los únicos que garantizamos un proceso concreto y estudiado de transportación. Una nueva Córdoba”, convocó.

El ex legislador, que fue un aliado del gobierno de Javier Milei y de los violetas en votaciones clave entre 2023 y 2025, hizo “un acto pintado de lila”, como anticipó Infobae. En ese marco, propuso un esquema para desmantelar la burocracia actual en la provincia mediterránea, que abarca la eliminación de las agencias, la reducción de los ministerios a un total de 5, la baja sostenida de impuestos y la privatización de Caminos de las Sierras, la concesionaria de la red de autopistas de la capital.

También pidió “animarse a discutir” la edad de retiro de los policías, al considerar que la edad jubilatoria de los efectivos de Córdoba es una de las más bajas del país. Según su perspectiva, el aumento del tiempo de servicio permitirá tener más policías en la calle. Además, planteó la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad, de un instituto especializado para menores, y la creación de una escuela profesional de formación policial.

El candidato enfatizó que aplicará un control estricto sobre la asistencia docente para reducir las carpetas médicas. “Vamos a mejorar el ingreso de los docentes a través de un sistema de control de asistencia”, puntualizó. Además, mencionó la revisión completa del Fondo único de Consorcios Camineros y la licitación del sistema de transporte interurbano.

Garantizó también que buscará llevar agua potable al 100% del norte cordobés tras “décadas de promesas incumplidas”, se comprometió a ampliar el uso de aplicaciones de transporte como Uber y Cabify a toda la provincia, y la creación de un hub logístico e industrial de la minería y los hidrocarburos.

En la previa, desde su entorno aseguraban que está alejado de cualquier interna partidaria y los conflictos por la sucesión de Marcos Ferrer, su amigo e intendente de Río Tercero, al frente del Comité local. Sin embargo, De Loredo ratificó su vocación de unidad del frente no peronista, pero que tenga legitimidad social a partir de elecciones internas, en un mensaje que apunta al diputado Gabriel Bornoroni, armador de La Libertad Avanza en Córdoba, y Luis Juez, que se incorporó con el Frente Cívico a la propuesta libertaria.

“Vengo a proponer un proceso de participación social, corto y barato; que sea el pueblo de Córdoba el que ordene la oferta política. Estamos listos para competir, porque el que gane esa competencia tendrá asegurado el triunfo frente al peronismo”, planteó.

Tras citar pasajes los escritores y pensadores Albert Camus y Frederich Nietzsche, De Loredo recordó el poder del “no” para rechazar una candidatura a diputado el año pasado, y ahora reivindicó “no bajar la candidatura a gobernador” a la provincia. “Estamos dispuestos a arriesgarnos a competir”, aseguró.

Sobre el cierre de su discurso, De Loredo convocó: “Primero, van a buscar ignorarnos. Segundo, van a intentar reírse de nosotros. Tercero, van a intentar comprarnos, los unos y los otros. A algunos ya nos lo compraron, y habrá otros que nos van a traicionar, pero la gente de Córdoba no los va a traicionar. Cuando todo eso pase, lo que van a hacer es atacarnos brutalmente a mi persona, a mi familia y va a ser ahí. ¡Exactamente ahí es cuando van a perder la elección en la provincia de Córdoba!”.

“Dejo hoy formalmente inaugurada la campaña más larga, más extensa que no tendrá otro destino que volver a gobernar la provincia más grande, la provincia más fuerte, la provincia más productiva y la más linda de la República Argentina. ¡Viva Córdoba!”, cerró el candidato.

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