POLITICA
La Libertad Avanza pidió evaluar el desafuero de un diputado del PJ que fue citado a indagatoria en una causa por trata de personas
La diputada nacional Lilia Lemoine, de La Libertad Avanza, presentó un proyecto en la Cámara de Diputados para que se analicen sanciones disciplinarias y el eventual desafuero del legislador tucumano Carlos Aníbal Cisneros, de Unión por la Patria, luego de que la Justicia federal solicitara su declaración indagatoria en una causa por presunta trata de personas.
La iniciativa requiere que la Comisión de Asuntos Constitucionales trate con urgencia la situación de Cisneros, invocando el artículo 66 de la Constitución Nacional, a partir del avance de la investigación judicial que involucra al dirigente sindical.
El pedido presentado por Lemoine insta a que la comisión evalúe eventuales sanciones disciplinarias y/o el desafuero del legislador, para que pueda quedar a disposición de la Justicia si el proceso avanza. Según los fundamentos del proyecto, la solicitud se apoya en la información pública sobre la investigación penal en la que el fiscal Rafael Vehils Ruiz solicitó la citación a declaración indagatoria de Cisneros.
El documento también indica que el juzgado federal a cargo del magistrado Guillermo Andrés Díaz Martínez notificó a la Cámara de Diputados sobre la situación procesal del legislador, en virtud de las inmunidades parlamentarias que protegen a los miembros del Congreso. Este procedimiento se aplica habitualmente cuando una causa judicial involucra a un legislador nacional, ya que los fueros parlamentarios obligan a informar al Congreso sobre determinadas medidas.
La diputada Lemoine pidió a la Comisión de Asuntos Constitucionales que analice con urgencia el expediente judicial que involucra a Carlos Cisneros y determine si corresponde avanzar con el desafuero. El proyecto sostiene que, conforme al régimen de inmunidades parlamentarias previsto en la Constitución, los fueros no son privilegios personales sino garantías institucionales para el funcionamiento del Congreso. Por ello, cuando la Justicia solicita medidas limitadas por las inmunidades, corresponde que la Cámara evalúe permitir el avance del proceso judicial. El texto enfatiza que el sistema de inmunidades no debe impedir investigaciones judiciales y que un tratamiento rápido del caso contribuiría a resguardar el prestigio institucional de la Cámara de Diputados y la confianza pública en sus integrantes.
El origen de la causa y las repercusiones políticas
La investigación que involucra a Cisneros deriva del denominado caso Vélez, surgido a partir de la denuncia de una joven por presunta violación grupal contra futbolistas del club Vélez Sarsfield. En ese expediente se investigó un supuesto abuso sexual en un hotel de Tucumán, pero los jugadores denunciados fueron finalmente sobreseídos, decisión cuestionada por la denunciante y por sectores que la acompañaban.
A partir de derivaciones de ese caso, la Justicia federal comenzó a indagar posibles delitos vinculados con trata de personas y manipulación de la víctima, lo que dio origen a una nueva investigación. En ese contexto surgió la línea que involucra al legislador tucumano y a otras personas que habrían participado institucionalmente en el acompañamiento de la denunciante. El expediente derivó en el pedido de declaración indagatoria de Cisneros, lo que motivó la notificación oficial a la Cámara de Diputados.
El avance de la causa provocó repercusiones en el Congreso, donde legisladores del oficialismo solicitaron analizar la situación institucional de Cisneros. La iniciativa de Lemoine busca que el caso sea tratado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el diputado libertario Nicolás Mayoraz, quien deberá evaluar si corresponde avanzar con el proceso de desafuero. Este procedimiento requiere que la comisión emita un dictamen que luego debe ser tratado en el recinto de la Cámara de Diputados; la decisión final corresponde al pleno.
El caso también generó pronunciamientos dentro del oficialismo. La diputada libertaria Silvana Giudici planteó que el Congreso debe analizar el pedido judicial y avanzar con el tratamiento del expediente. Giudici sostuvo que la Cámara tiene la responsabilidad institucional de evaluar la situación del legislador ante la gravedad de los hechos investigados y que el Parlamento debe garantizar que la investigación judicial se realice sin obstáculos.
Perfil y defensa de Carlos Cisneros
Carlos Aníbal Cisneros es diputado nacional por Tucumán y dirigente del sindicato La Bancaria, organización gremial con peso en el sistema financiero argentino. Dentro del gremio ocupa el cargo de secretario de Administración y forma parte de la conducción nacional liderada por Sergio Palazzo, también diputado nacional. En el Congreso, Cisneros integra el bloque de Unión por la Patria, principal fuerza opositora al gobierno de Javier Milei.
A lo largo de su carrera política, Cisneros ha intervenido en debates sobre el sistema financiero, el rol del Estado en la economía y la defensa de los trabajadores bancarios. Su figura está asociada al sindicalismo bancario, uno de los sectores con mayor capacidad de movilización dentro del movimiento sindical argentino. La inclusión de su nombre en una causa judicial por trata de personas tuvo impacto en el ámbito político y sindical.
Cisneros negó las acusaciones y afirmó que la denuncia en su contra surgió luego de que él y el sindicato La Bancaria acompañaran a la mujer que denunció la presunta violación grupal. Explicó que el gremio brindó asistencia y contención a la denunciante, lo que generó conflicto con uno de los futbolistas involucrados. El diputado aseguró que la denuncia por trata de personas fue presentada por uno de los jugadores luego del sobreseimiento en la causa por abuso sexual. Agregó que el sindicato tiene la obligación institucional de asistir a víctimas de violencia mediante una secretaría especializada en derechos humanos y género. Cisneros también cuestionó el funcionamiento de la justicia provincial en Tucumán y sostuvo que la causa que lo involucra se inició en ese contexto. Manifestó que, cuando sea convocado por la Justicia, se presentará para aclarar la situación y defender su actuación en el caso.
POLITICA
Se agita la interna de la UOM antes de su elección clave: el apoyo a Furlán de 50 seccionales y el fallo que espera la oposición
Abel Furlán parece haber reconstruido su red de apoyos internos, que le permitirían ser reelegido al frente de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en el congreso nacional que tendrá lugar este miércoles: en las próximas horas, se difundirá el apoyo a su figura por parte de 50 de las 53 seccionales del sindicato en todo el país.
Pese al avance de la causa judicial en donde lo investigan por presunta administración fraudulenta y que derivó en el allanamiento de la sede del gremio, el líder de la UOM logró renovar el respaldo de seccionales importantes como Avellaneda, Tres de Febrero, La Matanza, San Martín, San Miguel y Vicente López, según afirmaron a Infobae cerca de Furlán, que le asegurarían tener la mayoría del total de 274 congresales que votarán la nueva conducción nacional de la UOM.
En la vereda de enfrente, hoy aparece desdibujada la formación de un frente de seccionales rebeldes que buscan desplazar a Furlán: allí figuran Capital, que lidera Roberto Bonetti; San Nicolás, dirigida por Naldo Brunelli, y Villa Constitución, que encabeza Pablo González. ¿Puede haber más opositores que puedan configurar un mapa interno distinto en la UOM? “Muchos critican a Furlán en voz baja, pero hay que ver si se animan cuando llegue la hora de votar”, dijo a Infobae un veterano conocedor de la interna metalúrgica.
La UOM tiene un sistema electoral en el que sus afiliados sólo pueden votar en forma directa a las autoridades de las seccionales (como sucedió a principios de este mes) y allí también se eligen electores, en forma proporcional a la cantidad de afiliados de cada seccional, que son los que terminarán designando al secretariado nacional.
Esa instancia es la que se desarrollará este miércoles, a partir de las 10, en el hotel del Sindicato de Luz y Fuerza ubicado en Brasil 780, donde el oficialismo de Furlán está convencido de que ya tiene el voto de 235 de los delegados, lo que le garantizaría su primera reelección al frente del gremio metalúrgico luego de que, en 2022, piloteó una alianza de seccionales disidentes que desplazó a Antonio Caló de la conducción nacional.
Con su ascenso, Furlán rompió una antigua tradición en el esquema de poder de la UOM que se mantenía desde los años 60 con líderes históricos como Augusto Timoteo Vandor y después con Lorenzo Miguel: eran titulares de la Seccional Capital y ambos fueron secundados por los jefes de la Seccional Avellaneda, Rosendo García en el primer caso y Luis Guerrero en el segundo.
Ahora, hay grandes posibilidades de que en la lista que se presentará en el congreso nacional de la UOM Furlán sea secundado por Daniel Daporta, líder de la Seccional Avellaneda, o por Pablo Molina, de Tres de Febrero. Y aseguran que seguirían en el nuevo secretariado Osvaldo Lobato (San Martín), Esteban Cabello (La Matanza), Rubén Urbano (Córdoba) y Daniel Gómez (Bahía Blanca), mientras que otros dirigentes que se sumarían son Gabriel Gámez, quien dirige las seccionales de Tucumán, La Rioja, Catamarca y Santiago del Estero, y Oscar Martínez, al frente de Río Grande.
Se barajan también los nombres de Adrián Pérez (Quilmes), Rubén Andrada (Morón) y hasta Emiliano Gallo (Vicente López), un ex aliado de Caló que quedó afuera del actual secretariado y que los furlanistas afirman haberlo convencido de incorporarse a sus filas.
En el oficialismo metalúrgico señalan que no irán a la conducción nacional las seccionales de Santa Fe, donde se retiró su titular, José Luis Ortiz, ni La Plata, en la que tambalea el triunfo de Antonio Di Tomasso ante el candidato opositor Maximiliano Pierdominico por 3 urnas impugnadas y una diferencia de sólo 63 votos.
Afuera de la futura conducción nacional de la UOM quedarán, por supuesto, los opositores a Furlán. Uno de ellos es Brunelli, que es su actual secretario adjunto y fue clave en la rebelión de 2022 que volteó a Caló, pero, distanciado del jefe metalúrgico, quedó afuera de la lista oficialista. Este dirigente metalúrgico, de 80 años, batió todos los récords de supervivencia: lidera la Seccional San Nicolás desde 1973, cuando reemplazó a José Ignacio Rucci, que dejó ese lugar para liderar la CGT.
Otro enemigo declarado del oficialismo es Pablo González, líder de la seccional Villa Constitución, siempre de impronta combativa, pero el gran rival interno de Furlán es Roberto Bonetti, ex secretario adjunto de Caló y flamante titular de la poderosa Seccional Capital desde las elecciones que hubo a principios de marzo.
Esta seccional aporta la mayor cantidad de delegados al congreso de la UOM, 27, porque es la más numerosa del país. Y en una entrevista con Infobae Bonetti confirmó que sigue siendo crítico del jefe nacional: dijo que los trabajadores metalúrgicos tienen “salarios miserables” y puso en duda el triunfo de Furlán en la Seccional Zárate-Campana porque “se proclamó ganador, pero hay presentaciones en la Justicia; hubo barras bravas y hay videos de la policía llevándose las urnas”.
Este último punto es quizás la única gran esperanza que tienen los que no quieren a Furlán: los opositores creen que en las próximas horas podría dictarse un fallo judicial contra Furlán por presuntas irregularidades en las elecciones de la Seccional Zárate-Campana y así quedaría excluido para ser reelegido a nivel nacional.
Si no fuera así, el líder de la UOM tendría el camino despejado para seguir hasta 2030 al frente del gremio. Pero la interna metalúrgica, que nunca termina de saldarse, no permite que nadie festeje por anticipado.
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POLITICA
El Gobierno reúne a la mesa política para ordenar el envío de reformas al Congreso y la negociación con aliados
El Gobierno reunirá este martes a la mesa política del oficialismo en la Casa Rosada.
Según pudo confirmar TN, el encuentro tendrá como objetivo central ordenar la agenda parlamentaria para el período de sesiones ordinarias y definir qué proyectos enviará el Poder Ejecutivo al Congreso en los próximos meses. “Se van a fijar cuáles son las prioridades de la agenda”, dijeron fuentes oficiales al tanto de la convocatoria.
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La reunión se realizará después de la gira internacional de Javier Milei, atravesada por la polémica en torno al viaje de la esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
El Gobierno enfrenta cuestionamientos por la presencia de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, en el viaje oficial a Estados Unidos, un episodio que derivó en pedidos de informes y en la apertura de varias investigaciones.
En medio de las críticas, el oficialismo cerró filas en defensa del jefe de Gabinete. Milei lo respaldó públicamente en redes sociales y aseguró que muchas de las acusaciones “no tienen ni el más mínimo sentido”.
La estrategia legislativa que definirá la mesa política
El encuentro reunirá a los principales dirigentes del círculo de poder del oficialismo. La mesa política está encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y suele contar con la participación de Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
También forman parte el asesor presidencial Santiago Caputo; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, y la senadora Patricia Bullrich. En algunos encuentros se suman además el ministro de Economía, Luis Caputo, y el dirigente Eduardo “Lule” Menem, cercano a la hermana del Presidente.
La reunión buscará establecer el orden de prioridades legislativas del Ejecutivo para los próximos meses y coordinar la estrategia parlamentaria de La Libertad Avanza. Según el esquema que se analiza en el oficialismo, el primer proyecto que se impulsaría sería la reforma de la ley de Glaciares, cuyo tratamiento está previsto para abril.
Luego aparecería el debate sobre financiamiento universitario, seguido por una reforma política y una modificación del Código Penal. En paralelo, el Gobierno evalúa avanzar con el envío de pliegos para cubrir vacantes judiciales.
El objetivo del encuentro será definir el cronograma de envío de iniciativas y acordar la estrategia de negociación con los bloques aliados y con los gobernadores, clave para reunir los votos necesarios en el Congreso.
Tensiones internas en el círculo de poder del oficialismo
La reunión de este martes será también el primer encuentro de la mesa política después de la polémica por el viaje de la esposa de Adorni como parte de la comitiva presidencial y que se conociera un viaje en avión privado a Punta del Este.
En el Ejecutivo advierten que la sucesión de episodios de esta semana pueden acelerar definiciones políticas que el oficialismo venía evaluando para más adelante.
Se trata de la avanzada de Karina Milei sobre áreas del Estado que estaban bajo la órbita de Santiago Caputo. Entre ellas figuran la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Secretaría de Legal y Técnica y sectores vinculados al área de Transporte.
Uno de los episodios que reflejó esa reconfiguración fue el desplazamiento de Sebastián Amerio como número dos de Justicia y la designación de Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro del área. En distintos sectores del oficialismo interpretaron ese cambio como una señal de recorte en la influencia política de Caputo dentro del Gobierno.
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Cerca del Presidente aseguran que Milei busca mantener a Caputo como estratega político, pero con menos control sobre áreas de gestión. En el entorno de Karina Milei, en cambio, reconocen que la coordinación entre ambos sectores es mínima.
En ese contexto, las reuniones de la mesa política podrían convertirse en el principal ámbito de encuentro entre las distintas terminales de poder del oficialismo.
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POLITICA
La universidad pública paralizada: los docente iniciaron este lunes una huelga de varios días
Las universidades públicas de Argentina comenzaron la semana con un paro docente que se extenderá durante varios días y que podría repetirse en las próximas semanas.
La protesta fue definida por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), que resolvió intensificar el conflicto con el Gobierno nacional ante la falta de avances en la negociación salarial y el financiamiento del sistema.
El plan aprobado por el congreso de la federación —que reunió a decenas de sindicatos de base— incluye nuevas interrupciones totales de actividades hacia fines de marzo y nuevamente a finales de abril. La conducción gremial explicó que se trata de una estrategia de presión escalonada para el primer semestre.
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Además de las huelgas, el sector prepara una movilización federal universitaria prevista de manera tentativa para el 23 de abril. La convocatoria buscará reunir a docentes, estudiantes y autoridades académicas con el objetivo de defender el sistema público y reclamar mayor presupuesto.
Las organizaciones sindicales también planean instalar en distintas ciudades una “carpa por la universidad y la soberanía”, una iniciativa pensada para visibilizar el conflicto en el espacio público y sumar apoyos de otros sectores sociales y sindicales.
Entre las principales demandas figuran la reapertura urgente de las paritarias y el cumplimiento de la normativa vigente sobre financiamiento universitario. Desde Conadu advirtieron que seguirán de cerca el debate parlamentario ante posibles cambios en esa legislación y no descartaron ampliar las medidas de fuerza si la situación no se modifica durante las próximas semanas del gobierno de Javier Milei.
Adorni habló del viaje con su esposa y denunció una grave filtración interna: “Puertas adentro”
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