POLITICA
Renunció uno de los veedores en la AFA y el Gobierno deberá redefinir el control sobre los balances del fútbol
La estrategia del Gobierno para auditar a la Asociación del Fútbol Argentino sufrió su primer cortocircuito interno antes incluso de ponerse en marcha. El abogado Agustín Ortiz de Marco, designado como uno de los veedores que debían supervisar los balances y contratos de la entidad que conduce Claudio “Chiqui” Tapia, presentó su renuncia antes de asumir formalmente sus funciones.
La dimisión se produjo en las últimas horas, cuando el letrado fue convocado para iniciar tareas en el marco de la veeduría dispuesta por el Ministerio de Justicia. Sin embargo, declinó el cargo y alegó motivos personales, lo que obligará al ministro Juan Bautista Mahiques a definir un reemplazo en un esquema que todavía no había comenzado a operar.
El dato introduce una señal de fragilidad en un dispositivo que había sido diseñado como uno de los ejes de supervisión sobre el negocio del fútbol argentino. La salida de Ortiz de Marco no sólo deja incompleta la estructura de supervisión, sino que reabre interrogantes sobre el futuro de esa medida que había sido impulsada por la gestión anterior de la Inspección General de Justicia.
Según pudo saber Infobae, la renuncia se produjo antes de cualquier intervención efectiva sobre la documentación de la AFA. Es decir, el abogado nunca llegó a ejercer el rol para el que había sido designado, en un contexto donde la auditoría todavía se encuentra en fase preliminar.
La designación de Ortiz de Marco no había sido casual. Su nombre integraba la nómina de veedores propuesta por la gestión anterior de la IGJ, encabezada por Daniel Vítolo, en el tramo final de su administración. Ese esquema había sido concebido como parte de una estrategia institucional para revisar en profundidad los estados contables, contratos y circuitos de ingresos de la AFA.
Ortiz de Marco es un abogado con trayectoria en derecho societario y actuación en procesos de fiscalización vinculados a la órbita de la Inspección General de Justicia, mientras que Rubén Miguel Pappacena es contador público y fue propuesto como veedor por su perfil técnico para el análisis de estados contables. Ambos habían sido seleccionados por la gestión de Vítolo al frente de la IGJ como parte del esquema de supervisión sobre la AFA, con roles complementarios: uno enfocado en los aspectos jurídicos y el otro en la revisión económica y financiera.
Cuando Juan Bautista Mahiques asumió como ministro de Justicia, tras el recambio en la cúpula del área, tomó una decisión política relevante: sostener los nombres impulsados por Vítolo. El objetivo fue garantizar la continuidad del proceso de supervisión sobre la AFA, en un contexto atravesado por cuestionamientos sobre la calidad de la información contable presentada por la entidad.
“Para evitar cualquier tipo de suspicacia”, explicó públicamente el propio ministro al justificar la continuidad de los veedores designados por la gestión anterior.
De ese modo, el Gobierno optó por preservar el esquema original y avanzar con los nombres definidos por la IGJ. La idea era sostener el impulso de supervisión sobre la AFA, en un momento en que la entidad se encuentra bajo cuestionamiento por la falta de detalle en sus balances y por sospechas sobre el destino de los fondos.
La veeduría había sido dispuesta por un plazo de 180 días y no implicaba una intervención directa sobre la conducción de la AFA, pero sí habilitaba el acceso a documentación clave: estados contables, contratos comerciales y registros administrativos. El objetivo formal era la elaboración de un informe técnico sobre la situación económica e institucional de la entidad.
Ese proceso se inscribe en un contexto más amplio de tensión entre el Gobierno y la conducción del fútbol argentino, atravesado por investigaciones judiciales, disputas políticas y el volumen de recursos que maneja la AFA.
En ese marco, la continuidad de los veedores designados por la gestión anterior había sido interpretada como una señal de continuidad institucional por parte de Mahiques. Pero la renuncia de Ortiz de Marco introduce ahora un elemento de incertidumbre en esa estrategia.
El abogado era considerado una de las piezas dentro del esquema de supervisión diseñado por la IGJ. Su salida obliga ahora al Ministerio de Justicia a redefinir la integración del equipo que deberá avanzar con la auditoría.
Fuentes consultadas señalan que Mahiques deberá ahora evaluar cómo cubrir la vacante para sostener el esquema de supervisión previsto. La decisión no es menor: implica definir si se mantiene el criterio original de continuidad con los nombres impulsados por la gestión anterior o si se introduce un cambio en la integración del equipo.
La supervisión sobre la AFA se ha convertido en uno de los frentes sensibles dentro de la agenda del Gobierno, en paralelo a investigaciones judiciales y cuestionamientos sobre el manejo de fondos dentro de la entidad. En ese escenario, el rol de los veedores aparece como una herramienta clave para acceder a información contable y contractual.
Por ahora, el esquema quedó incompleto antes de empezar a operar. Y la primera definición que deberá tomar el Ministerio de Justicia será cómo recomponer la veeduría para avanzar con un proceso que, desde su origen, ya estaba atravesado por tensiones políticas e institucionales.
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POLITICA
ANDIS: los cuadernos de Calvete revelaron otro circuito de corrupción con la compra de insumos de alto costo para los discapacitados
El presidente Javier Milei retomó sus ataques a la prensa y este miércoles por la noche apuntó nuevamente contra el periodista Joaquín Morales Solá por una nota de opinión publicada en . “Lo dice la basura humana que se pasó un montón de tiempo diciendo que yo tenía un acuerdo con CFK [por Cristina Kirchner]“, escribió el jefe de Estado en su cuenta de la red social X.
“Esta inmundicia humana omite que se la pasó mintiendo a diestra y siniestra. Nunca pidió perdón por sus errores. Su error sistemático muestra su deshonestidad», añadió.
En el artículo, Morales Solá hace alusión a las continuas agresiones del Presidente para con la prensa. De hecho, la dura respuesta de Milei llegó en medio de un raid de críticas hacia los periodistas que tuvo esta semana en declaraciones televisivas. “El 95% de los periodistas son delincuentes”, había afirmado en diálogo con Televisión Pública.
Incluso este fin de semana, utilizó sistemáticamente sus redes sociales para compartir cientos de mensajes contra los periodistas. Según datos recopilados por , en cuatro días —desde el jueves hasta el domingo— escribió 86 tuits contra la prensa y republicó otros 874 emitidos originalmente por militantes libertarios, funcionarios o usuarios desconocidos.
“Al final sí había ensobrados y que operaban para ensuciar…”; “¿Está mal decir que los medios, la mayor parte de los periodistas, están beneficiando a unos hijos de mil putas y atacando a personas honestas que hacen las cosas bien y están sacando adelante el país? ¿O es demasiado?”; “Y pensar que lloraban océanos de lágrimas cuando hablaba de lo que son los periodistas… Parece que me quedé corto”, fueron algunos de los mensajes que aparecieron en su cuenta de X.
En tanto, hasta este miércoles seguía prohibida la entrada de los acreditados de El Destape, Tiempo Argentino, La Patriada web, C5N y Ámbito Financiero, los medios señalados por una investigación publicada por el sitio filtraleaks como parte de la campaña de desinformación apuntalada por el gobierno de Vladimir Putin para desacreditar a la administración de Milei durante 2024.
A última hora de ayer, se levantó la prohibición que pesaba sobre el sitio América 24. Sus periodistas asignados fueron autorizados a ingresar, mientras que los que pertenecen a los otros cuatro medios señalados perdieron la huella dactilar que los autorizaba a trabajar dentro de Balcarce 50 para cubrir las actividades que allí se desarrollan. Otros medios también señalados en el informe, como Infobae y El Cronista, no tuvieron complicaciones, y sus acreditados continúan dentro del edificio gubernamental.
Desde el Gobierno aseguraron a que las restricciones a esos medios “van a seguir por ahora”, sin plazos concretos para dejar sin efecto la medida. Se estarían abriendo, según confirmaron esas mismas fuentes, canales de negociación con los dueños de esos medios de comunicación en relación con las restricciones, que fueron levantadas de modo provisorio en la Cámara de Diputados.
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POLITICA
La Justicia avanza en la causa contra Adorni por presunto enriquecimiento ilícito: cuáles son las cuentas que están bajo la lupa
La investigación por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, puso en las últimas horas el foco en una serie de gastos en dólares que la Justicia busca contrastar con sus ingresos declarados como funcionario público. La lupa está puesta sobre una serie de operaciones que no se corresponderían con sus ingresos.
El juez federal Ariel Lijo dispuso este jueves el levantamiento del secreto fiscal y bancario sobre Adorni y su esposa, Julieta Bettina Angeletti, a pedido del fiscal Gerardo Pollicita.
La medida habilita a los investigadores a acceder a información detallada sobre cuentas, consumos, créditos y movimientos financieros, con el objetivo de reconstruir la evolución patrimonial del jefe de Gabinete.
En paralelo, la fiscalía avanza en el análisis de una serie de gastos concretos realizados en los últimos años. Se trata de erogaciones en dólares vinculadas tanto a operaciones inmobiliarias como a consumos personales, que serán contrastadas con los ingresos del funcionario, cuyo salario —según consta en el expediente— estuvo congelado y ascendía a unos $3 millones mensuales hasta diciembre del año pasado.
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Entre los principales desembolsos bajo análisis aparece el pago de 30 mil dólares realizado al momento de la compra del departamento ubicado en la calle Miró, en el barrio porteño de Caballito. La propiedad fue adquirida por un valor total de 230 mil dólares, con una hipoteca de 200 mil otorgada por las propias vendedoras, lo que obligó a Adorni a cubrir la diferencia inicial.
A esa operación se suma otro pago de 20 mil dólares correspondiente a la compra de una vivienda en el country Indio Cuá, cuyo valor total fue de 120 mil. Según consta en la causa, 100 mil dólares provinieron de una hipoteca previa sobre un departamento en la calle Asamblea, mientras que el resto fue aportado al momento de la adquisición.
Esa misma hipoteca de Asamblea también figura en la reconstrucción financiera: en noviembre de 2025, Adorni realizó un pago de 30 mil dólares para cancelar parte de esa deuda, cuyo saldo restante continúa vigente bajo las condiciones originales.
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La Justicia también incorporó gastos vinculados a viajes. Entre ellos, el vuelo en avión privado a Punta del Este, que el propio funcionario indicó que tuvo un costo de 3600 dólares. A esto se agrega el valor del pasaje de su esposa en el viaje oficial a Nueva York, que ascendió a 5154 dólares, según la documentación presentada ante el expediente.
Otro punto relevante es el pago de 5000 dólares correspondiente a la tasa de ingreso al country Indio Cuá, un dato que surgió a partir de un requerimiento específico del fiscal Pollicita en las últimas horas.
En conjunto, estos movimientos configuran un volumen de gastos en dólares que ronda los 90 mil en un período de aproximadamente dos años, sin contabilizar los montos correspondientes a las hipotecas. Se trata únicamente de erogaciones “en blanco”, es decir, registradas, pero que igualmente deben ser explicadas en función de los ingresos declarados.
A este escenario se suman otros elementos que todavía no están completamente determinados en el expediente, como los gastos en refacciones tanto en el departamento de Caballito como en la propiedad de Indio Cuá. Esos trabajos forman parte de nuevas medidas de prueba que la fiscalía prevé profundizar.
La causa tiene como eje central la compra del inmueble de Caballito y la estructura financiera utilizada para concretarla, en particular la hipoteca sin interés otorgada por las vendedoras. La escribana interviniente, Adriana Nechevenko, sostuvo ante la Justicia que se trató de “una operación normal” y aclaró que “no hubo préstamos de dinero en efectivo”.
Sin embargo, el fiscal Pollicita mantiene bajo análisis la lógica económica de ese esquema y ya afirmó que existen “motivos suficientes para avanzar en la causa y esclarecer la conformación patrimonial” del funcionario.
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El expediente también incluye operativos en inmobiliarias, declaraciones testimoniales y pedidos de información a organismos oficiales como la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en el marco de una investigación que busca determinar si los gastos detectados pueden ser justificados con los ingresos registrados o si configuran un caso de enriquecimiento ilícito.
Mientras tanto, desde el entorno de Adorni rechazan las acusaciones y sostienen que la situación patrimonial quedará aclarada cuando se publique su próxima declaración jurada. La Justicia, por su parte, avanza en el cruce de datos con un objetivo concreto: verificar si la cuenta, efectivamente, cierra.
Manuel Adorni
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