POLITICA
La Justicia avanza en la causa contra Adorni por presunto enriquecimiento ilícito: cuáles son las cuentas que están bajo la lupa
La investigación por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, puso en las últimas horas el foco en una serie de gastos en dólares que la Justicia busca contrastar con sus ingresos declarados como funcionario público. La lupa está puesta sobre una serie de operaciones que no se corresponderían con sus ingresos.
El juez federal Ariel Lijo dispuso este jueves el levantamiento del secreto fiscal y bancario sobre Adorni y su esposa, Julieta Bettina Angeletti, a pedido del fiscal Gerardo Pollicita.
La medida habilita a los investigadores a acceder a información detallada sobre cuentas, consumos, créditos y movimientos financieros, con el objetivo de reconstruir la evolución patrimonial del jefe de Gabinete.
En paralelo, la fiscalía avanza en el análisis de una serie de gastos concretos realizados en los últimos años. Se trata de erogaciones en dólares vinculadas tanto a operaciones inmobiliarias como a consumos personales, que serán contrastadas con los ingresos del funcionario, cuyo salario —según consta en el expediente— estuvo congelado y ascendía a unos $3 millones mensuales hasta diciembre del año pasado.
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Entre los principales desembolsos bajo análisis aparece el pago de 30 mil dólares realizado al momento de la compra del departamento ubicado en la calle Miró, en el barrio porteño de Caballito. La propiedad fue adquirida por un valor total de 230 mil dólares, con una hipoteca de 200 mil otorgada por las propias vendedoras, lo que obligó a Adorni a cubrir la diferencia inicial.
A esa operación se suma otro pago de 20 mil dólares correspondiente a la compra de una vivienda en el country Indio Cuá, cuyo valor total fue de 120 mil. Según consta en la causa, 100 mil dólares provinieron de una hipoteca previa sobre un departamento en la calle Asamblea, mientras que el resto fue aportado al momento de la adquisición.
Esa misma hipoteca de Asamblea también figura en la reconstrucción financiera: en noviembre de 2025, Adorni realizó un pago de 30 mil dólares para cancelar parte de esa deuda, cuyo saldo restante continúa vigente bajo las condiciones originales.
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La Justicia también incorporó gastos vinculados a viajes. Entre ellos, el vuelo en avión privado a Punta del Este, que el propio funcionario indicó que tuvo un costo de 3600 dólares. A esto se agrega el valor del pasaje de su esposa en el viaje oficial a Nueva York, que ascendió a 5154 dólares, según la documentación presentada ante el expediente.
Otro punto relevante es el pago de 5000 dólares correspondiente a la tasa de ingreso al country Indio Cuá, un dato que surgió a partir de un requerimiento específico del fiscal Pollicita en las últimas horas.
En conjunto, estos movimientos configuran un volumen de gastos en dólares que ronda los 90 mil en un período de aproximadamente dos años, sin contabilizar los montos correspondientes a las hipotecas. Se trata únicamente de erogaciones “en blanco”, es decir, registradas, pero que igualmente deben ser explicadas en función de los ingresos declarados.
A este escenario se suman otros elementos que todavía no están completamente determinados en el expediente, como los gastos en refacciones tanto en el departamento de Caballito como en la propiedad de Indio Cuá. Esos trabajos forman parte de nuevas medidas de prueba que la fiscalía prevé profundizar.
La causa tiene como eje central la compra del inmueble de Caballito y la estructura financiera utilizada para concretarla, en particular la hipoteca sin interés otorgada por las vendedoras. La escribana interviniente, Adriana Nechevenko, sostuvo ante la Justicia que se trató de “una operación normal” y aclaró que “no hubo préstamos de dinero en efectivo”.
Sin embargo, el fiscal Pollicita mantiene bajo análisis la lógica económica de ese esquema y ya afirmó que existen “motivos suficientes para avanzar en la causa y esclarecer la conformación patrimonial” del funcionario.
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El expediente también incluye operativos en inmobiliarias, declaraciones testimoniales y pedidos de información a organismos oficiales como la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en el marco de una investigación que busca determinar si los gastos detectados pueden ser justificados con los ingresos registrados o si configuran un caso de enriquecimiento ilícito.
Mientras tanto, desde el entorno de Adorni rechazan las acusaciones y sostienen que la situación patrimonial quedará aclarada cuando se publique su próxima declaración jurada. La Justicia, por su parte, avanza en el cruce de datos con un objetivo concreto: verificar si la cuenta, efectivamente, cierra.
Manuel Adorni
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POLITICA
Corrupción en la Andis: piden volver a indagar a Spagnuolo y Calvete junto a otras 27 personas
El fiscal Franco Picardi pidió que vuelvan a ser indagados Diego Spagnuolo, Miguel Ángel Calvete y Daniel Garbellini como parte de una nueva ronda de citaciones en la investigación sobre las presuntas irregularidades dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
Según el fiscal, se detectaron nuevas maniobras de corrupción desplegadas en la Agencia de Discapacidad que, de manera articulada entre funcionarios públicos y empresarios proveedores de insumos médicos de alto costo, se habrían extendido desde al menos diciembre de 2023 hasta octubre de 2025.
Las maniobras implicaron salidas de dinero por más de 75.000 millones de pesos provenientes del erario estatal en favor de un reducido grupo empresarial, de acuerdo con la investigación.
Para el fiscal Picardi, existió una estructura delictiva organizada entre funcionarios de la agencia y representantes y directivos de empresas privadas para direccionar contrataciones, inflar precios mediante un sistema especial de contratación y repartirse el dinero público.
Spagnuolo, la máxima autoridad de la entidad durante el periodo investigado, ya fue indagado y procesado en la causa, por los delitos de cohecho activo (cobro de sobornos), fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su cargo de funcionario público.
Está acusado de haber sido uno de los presuntos jefes de una “asociación ilícita”, según la hipótesis que sostiene el fallo de Sebatián Casanello, el juez anterior del caso, que hoy está en manos de Ariel Lijo.
Los otros supuestos jefes de esa banda, también procesados, son Garbellini -exnúmero dos de la Agencia-, Calvete y el médico Pablo Atchabahian.
“Las personas involucradas -dice Picardi en su nuevo dictamen-, actuando de manera articulada y con roles claramente definidos, conformaron una estructura delictiva que les permitió obtener sumas millonarias de forma ilegal, afectando directamente a la administración pública y, en particular, a un colectivo especialmente vulnerable: la población con discapacidad, beneficiarios de pensiones no contributivas y personas sin otra cobertura médica que la que brinda el Programa Federal ‘Incluir Salud”.
En el centro de la acusación sigue estando el sistema especial de compras para insumos médicos de alto costo llamado Siipfis (Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones). Según Picardi, fue manipulado por funcionarios y operadores externos en favor de un grupo selecto de empresas y en detrimento de las arcas públicas. Hubo simulación de competencia, sobreprecios, direccionamiento y retornos.
“Las compulsas de precios sobre medicamentos e insumos fueron direccionadas intencionalmente hacia determinadas personas jurídicas y funcionarios/as públicos/as de la Andis brindaron información sobre las fechas de las compulsas”, sostuvo Picardi.
“[Los funcionarios] dieron cuenta de fechas de pagos e incluso brindaron claves de usuarios de funcionarios/as del organismo para que personas de las firmas que comercializaban con ANDIS ingresaran directamente al SIIPFIS, mecanismo mediante el cual se administraban las prestaciones PACBI”, agregó.
El fiscal pidió llamar a indagatoria a Emilio César Olguin, Evangelina Ileana García, Claudio Alejandro Kahn, Gerardo Raúl Angarami, Oscar Alberto Capello, Guido Capello, Pablo Alejandro Rivero, Martim Goncalo Armella, Hernán Darío Rasmussen, Máximo Ariel Perdiechizi, Osmar Mariano Caballi y Mariano Sagués.
También, a Christian Sagués, Vicente Sagués, Lucas Sagués, Humberto Gabriel Maone, Javier Antonio Bernat, Fernando Martín Bernat, Gustavo Bernat, Vicente Vázquez, Nicolás Luna, Fabián Piedimonte, Lautaro Britez y Diego Miras Acosta.
Según los nuevos hallazgos de la fiscalía, más de 20 empresarios con más de 30 firmas formaron parte de este entramado delictivo, conducido desde el sector público por Spagnuolo y Garbellini y, desde el sector privado, por Calvete y Atchabahian.
La investigación judicial que lleva Picardi hace siete meses determinó que la Andis funcionó como una “verdadera ventanilla administrada discrecionalmente” para concentrar beneficios económicos en determinados proveedores afines y ejecutar contrataciones por fuera de los principios básicos de concurrencia, transparencia y control que rigen toda actividad estatal.
Audios
La causa nació al calor de una serie de audios atribuidos a Spagnuolo en los que el exdirector de la Agencia hablaba con cierto nivel de detalle acerca de un esquema de recaudación ilegal en la Agencia. Como parte de ese sistema mencionaba a la hermana y secretaría general de la Presidencia, Karina Milei.
Aquellas grabaciones fueron cuestionadas tanto por Spagnuolo como por otras defensas, que pidieron la nulidad de la causa, entre ellas la de la familia Kovalivker, dueña de la droguería Suizo Argentina. El fiscal Picardi defendió su investigación con el argumento de que no las había usado como prueba.
En un fallo dividido, la Cámara Federal le ordenó al juez Sebastián Casanello que “disponga de todo lo necesario” para despejar las dudas sobre el origen de ese material. Casanello no ordenó medidas al respecto, amparado en que ese es el objeto de una causa paralela, que está manos del fiscal Carlos Stornelli.
Miguel Ángel Calvete,una “asociación ilícita”,Garbellini,Federico González del Solar,Conforme a
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La Libertad Avanza dio otro paso en su plan para instalar el debate de la Boleta Única en Buenos Aires
Buena parte de los integrantes de los bloques legislativos de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires se reunieron este viernes con la Directora Nacional, María Luz Landívar, quien llevó adelante una capacitación dirigida a legisladores para defender la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) en las elecciones del año que viene a cargos provinciales, tal como ya funciona a nivel nacional.
Los libertarios buscarán arriar la agenda de la BUP durante todo este año, tras su aplicación a nivel nacional el año pasado. Sin embargo, para cambiar el modelo de votación a gobernador, legisladores provinciales, intendentes, concejales y consejeros escolares, las modificaciones deberán pasar por la Legislatura bonaerense, donde La Libertad Avanza es segunda minoría en Diputados y primera minoría en el Senado, donde el peronismo tiene quórum propio.
El presidente del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Carlos Curestis, dijo: “En octubre tuvimos un resultado muy positivo, un 95% de las personas que han ido a votar se han vuelto muy contentos por el resultado, por lo rápido que fue, por la transparencia y a nosotros nos parece que para la provincia de Buenos Aires, por lo que está transitando, es algo que lo necesitan todos los bonaerenses”.
Aunque el bloque reconoció que no dispone de un cálculo exacto sobre el ahorro para las finanzas bonaerenses, subrayó que la comparación con otras provincias resulta compleja. Señalaron: “El tema es que es difícil buscar un número, porque no hay una comparativa con la provincia de Buenos Aires, por eso también dentro de la charla que tuvimos con la directora mencionamos bastante en los comparativos lo que está funcionando en nuestras provincias”.
Por su parte, el diputado y uno de los vicepresidentes de la Cámara baja provincial, Juan Osaba remarcó el avance de la BUP en otras jurisdicciones del país y agregó: “Nosotros tenemos ya nueve provincias que están teniendo un sistema o único papel o electrónico, incluso algunas yendo del electrónico al papel de nuevo para el único y esto es un avance que arrancó hace ya en otras provincias, incluso 15 años, pero en otras están apareciendo ahora y nosotros pensamos que la provincia de Buenos Aires tiene un peso central en este proceso”.
Los referentes de La Libertad Avanza destacaron la importancia de que el debate sobre la BUP trascienda el plano económico. Manifestaron que los legisladores deben considerar que la decisión no puede fundarse exclusivamente en aspectos financieros, sino que implica una modernización del sistema y otorga a los bonaerenses una mejor oportunidad de ejercer el voto. Ante la consulta de cómo buscarán los votos del resto de las bancadas, Curestis sotuvo: “Los legisladores tienen que entender, de repente que esta es una decisión que tienen que ser conscientes, que no puede ser por una cuestión ni económica, sino que tiene que ser modernizarse, para decirlo así, y darle a los bonaerenses, como ellos dicen, esa oportunidad de votar correctamente”.
“Nosotros tenemos un acompañamiento, no llegamos al número, pero entendemos que cuando esto se trate de una comisión, donde vamos a explicar los beneficios que tienen los bonaerenses, ellos tendrían que aceptar y acompañar”. Para ello, como contó Infobae, los legisladores que responden al diputado nacional, Sebastián Pareja, pidieron presidir la comisión de Reforma Política en ambas cámaras. Una comisión que, durante el anterior período, fue presidida por el radicalismo. Hoy LLA es el bloque opositor al peronismo con mayor cantidad de legisladores.
El legislador también se refirió al papel del gobernador en la toma de decisiones e indicó: “Me parece que esas decisiones las tiene el gobernador. Como las otras provincias las están evaluando y no tuvieron ninguna objeción, al contrario, están convencidos de utilizarlas”.
Esta semana, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, volvió a enfatizar el rechazo a la Boleta Única en Papel y defendió el tradicional sistema de votación. También le dijo a los libertarios que “vayan a leer la Constitución”, ante el reclamo de que el Ejecutivo bonaerense paralizaba la discusión de la BUP. “Nosotros no podemos modificar el sistema electoral como gobierno de la provincia de Buenos Aires. No sé quién en particular de La Libertad Avanza —dijo que el peronismo cajoneaba la BUP—, pero le podemos regalar una Constitución, que la lea, que después presente un proyecto en la Legislatura y lo discuta donde corresponde”, se defendió Bianco.
Sin embargo, desde el bloque libertario, admitieron que la transición a la BUP podría llevarse a cabo en distintas etapas.
En la jornada de este viernes hubo algunas ausencias. Entre ellas las de los diputados que integran Las Fuerzas del Cielo y responden a Santiago Caputo; se trata de Agustín Romo -que además es el jefe de la bancada- y Nahuel Sotelo. Este medio dio cuenta de la tensión que sobrevuela en la bancada libertaria en la Cámara de Diputados bonaerense. El encuentro de este viernes fue motorizado por el presidente del partido a nivel bonaerense, Sebastián Pareja.
Él está muy tocado, pero Milei decidió mantenerlo en el cargo
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