POLITICA
$LIBRA: aparecen más contratos entre Novelli, Davis y otros emprendedores que buscaban aprovechar el vínculo con Milei
No hubo un acuerdo firmado: hubo varios. El estadounidense Hayden Mark Davis y el lobista argentino Mauricio Novelli sellaron al menos dos convenios entre 2024 y 2025, todos con el presidente Javier Milei como activo transaccional decisivo. El último, firmado el 30 de enero de 2025, dos semanas antes del lanzamiento de $LIBRA, ya había sido revelado meses atrás. Pero antes, el 21 de noviembre de 2024, rubricaron otro, según surge de la copia de ese documento que peritos oficiales recuperaron del teléfono de Novelli y detectó .
Se trata de un escrito presentado como una “oferta irrevocable” que Davis, como CEO de Kelsier Group, le presentó a Novelli, a su socio Manuel Terrones Godoy, y al entonces asesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Sergio Morales. ya había revelado la existencia de ese material, a partir de fuentes, en una nota de febrero de 2025. Pero ahora salió a la luz el documento completo, recuperado por expertos informáticos de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) del Ministerio Público Fiscal (MPF).
La propuesta, tal como surge del propio archivo, fue aceptada ese mismo día por Novelli, Terrones Godoy y Morales, lo que implicó “el consentimiento hacia la presente Oferta Irrevocable y el perfeccionamiento del acuerdo”, artículos 971 y 979 del Código Civil y Comercial.
El primer dato clave de la propuesta de Davis es que Morales, quien también se presentaba en congresos de tecnología como “Coordinador de Asesoramiento Técnico de la Presidencia de la Nación”, sería “referenciador” de la operación al igual que Novelli y Terrones Godoy. La segunda, que el objetivo era posicionarlo como “máximo referente de web3/Blockchain/AI” en el país.
Davis y todo el equipo de Kelsier Group tenían como una de sus tareas primordiales “establecer el diálogo con las autoridades parlamentarias para debatir sobre temas relevantes relacionados con blockchain/web3/AI: Javier Milei, Karina Milei, miembros del Gabinete y del Congreso”, según el texto.
El apellido Milei no aparece mencionado en ningún otro tramo de las cinco carillas del texto, lo que significó un cambio sustancial con respecto al borrador que habían redactado un día antes, 20 de noviembre de 2024, cuya copia también obtuvo . En esa versión anterior, se identificaba a Morales como “asesor oficial de Web3/Blockchain para Javier Milei”, lo que se eliminó de la redacción posterior, acaso para mitigar la exposición directa del Presidente.
El objetivo declarado era generar ingresos por US$10 millones antes del 30 de abril del año siguiente -es decir, de 2025- para, de alcanzar esa cifra, extender la vigencia del contrato por otros dos años y medio. Pero siempre con pautas claras sobre el reparto del dinero: Morales se llevaría US$1.550.000 más el 35% del total facturado por Kelsier Group a los clientes que acercara el funcionario.
La forma de pago de esos US$1.550.000 también quedó estipulada por escrito: un pago inicial de US$300.000 seguido por cinco pagos mensuales de US$250.000, “en criptomonedas a la billetera electrónica proporcionada por el referenciador”, es decir, por Morales, Novelli y Terrones Godoy, quienes se harían cargo de sus costos e impuestos.
El experto en blockchain Fernando Molina detectó una serie de pagos cuya trazabilidad le permite indicar que Hayden Davis le envió al grupo de socios argentinos desde una billetera virtual cifras coincidentes con lo señalado en el convenio. Son giros que empiezan el 19 de noviembre y terminan el 17 de enero.
El plan delineado también incluía metas políticas y tecnológicas más amplias, entre ellas “fortalecer y ampliar la influencia del partido político”, crear un comité nacional sobre blockchain y desarrollar una iniciativa tecnológica que culminaría con el lanzamiento de una “Moneda de Libertad”. Este detalle, que figura en el contrato del 21 de noviembre —casi tres meses antes del lanzamiento de $LIBRA—, contrasta contra cualquier narrativa de que ese proyecto criptomoneda surgió de manera espontánea o sin planificación previa.
Una fuente al tanto de las negociaciones alrededor de ese “borrador” relató a que Davis, Novelli, Terrones Godoy, Morales y sus allegados afrontaron cuestionamientos sobre la licitud de un entendimiento de ese tipo. Entre otros motivos, porque requería la intervención previa de las áreas legales de Presidencia, Cancillería, la Procuración del Tesoro y otras dependencias oficiales. En otras palabras, que firmarían algo nulo o, peor, cometerían un delito. “Pero no se mostraron receptivos a los cuestionamientos”, completó la fuente.
Aun así, la noche del 21 de noviembre, Davis y sus allegados celebraron en el hotel Four Seasons. Y en los días que siguieron, el estadounidense de 28 años comenzó a alardear de sus vínculos con el núcleo presidencial.
“Podemos hacer que Milei tuitee, haga reuniones en persona y haga una promoción” le escribió Davis, entre fines de 2024 y principios de 2025, a expertos en finanzas y ejecutivos de inversiones en criptomonedas con los que quería sondear posibles negocios. “Yo controlo a ese nigga”, añadió, usando una expresión oprobiosa y despectiva con la que supremacistas blancos se refieren en Estados Unidos a personas afroamericanas o de otros orígenes que están sujetas casi a la servidumbre. “Le envío $$ a su hermana [por Karina] y él firma lo que digo y hace lo que quiero. Una locura”.
Sus comentarios, sin embargo, no eran mera jactancia. Seis días después, Davis suscribió otro documento con sus socios argentinos en el que estipuló en términos legales casi idénticos que la nueva sociedad actuaría como “único socio exclusivo para servicios de asesoramiento Web3 en Argentina y con el presidente Milei”. Lo que Davis decía en sus mensajes privados, lo vertió también por escrito ante terceros.
El 21 de noviembre de 2024, Davis, Novelli, Terrones Godoy y Morales redactaron otro instrumento legal para desarrollar una “asociación exclusiva” para “apoyar iniciativas” de la empresa Cardano en la Argentina y posicionar al CEO de esa firma, Charles Hoskinson, como referente de la “tecnología web3” en la Argentina.
Esta vez, sin embargo, avanzaron bajo una razón social diferente: no Kelsier Group Co. —la entidad operativa del primer contrato— sino Kelsier Holdings Limited, una compañía constituida bajo las leyes de las Islas Vírgenes Británicas, con domicilio registrado en Road Town, Tortola. Así, en apenas seis días, la operación migró de una entidad visible a un vehículo offshore, aumentando la opacidad financiera de la operación.
Ese acuerdo también establecía que la asociación aspiraba a convertirse en el “único socio exclusivo para servicios de asesoramiento Web3 en Argentina y con el presidente Milei”, sostiene el archivo recuperado por los peritos, que presenta una contradicción interna: mientras el encabezado lleva fecha del 27 de noviembre de 2024, la cláusula de firmas consigna el 16 de octubre de ese año. La inconsistencia sugiere que el documento fue confeccionado con apresuramiento o que se reutilizó una plantilla anterior sin corregir la fecha, lo que abona la hipótesis de una operación construida sobre la marcha.
El acuerdo conllevó un pago inicial por US$300.000, “de los que US$150.000 ya se han pagado”, en tanto que restaba desembolsar otro tanto, por lo que el documento solo vino a regularizar, sobre el papel, una relación que ya operaba en los hechos, para luego sumar US$250.000 por mes a partir del 1 de enero de 2025. ¿Los porcentajes acordados? El 65% para la firma de Davis, Kelsier Holdings, y el 35% para los socios argentinos.
Suscripto bajo pautas de “estricta confidencialidad” que ninguno de los involucrados podría quebrantar, “excepto requerimiento legal o por orden judicial”, sin embargo, algo se quebró en la relación entre las partes. Al punto que Hoskinson cargó contra ellos, mediante un video, en las horas posteriores al lanzamiento y colapso de $LIBRA.
Hoskinson acusó a Novelli y Terrones Godoy de pedirle sumas de dinero de cinco cifras en dólares a cambio de destrabarle una reunión en la Argentina con el presidente Milei y que, de ese modo, “cosas mágicas pasaran”. Y afirmó que rechazó la petición porque consideró que violaba la ley que penaliza en Estados Unidos las prácticas corruptas cometidas en el extranjero (FCPA, en inglés).
“Nos decían ‘Hey, danos algo [hace con las manos el gesto de contar billetes], podemos hacer una reunión, y, oh, sí, cosas mágicas pueden suceder’. Y yo decía, ‘bueno, eso sería violación de la FCPA, no podemos hacer eso’. Y entonces, de repente, se detuvieron”, rememoró Hoskinson en el video que subió a su cuenta oficial de la red social X desde Colorado. “Fue una experiencia muy frustrante en Argentina”.
Hoskinson viajó a Buenos Aires al evento Tech Forum, a finales de 2024, y tenía la promesa de que lo iba a recibir Milei. Finalmente solo obtuvo una foto grupal junto a Novelli, Terrones Godoy y otros emprendedores.
$LIBRA,una nota de febrero de 2025,Hugo Alconada Mon,Martín Rodríguez Yebra,Escándalo cripto,Javier Milei,Conforme a,Escándalo cripto,,LN+. Mahiques se refirió a la causa $LIBRA y dijo que “es grave que se haya filtrado información”,,Criptoestafa. Caso $LIBRA: los diputados hablaron sobre las revelaciones de la investigación,,Denunciarán al fiscal. Los diputados acusaron a Milei de ser partícipe necesario de la presunta estafa con $LIBRA
POLITICA
Audiencias por la Ley de Glaciares: con casi 70 mil inscriptos, Diputados cambió el sistema de participación
Ante los casi 70 mil inscriptos para participar de las audiencias públicas por la reforma de la Ley de Glaciares, la Cámara de Diputados habilitó un nuevo mecanismo de participación a través del canal oficial de YouTube del cuerpo legislativo.
Las audiencias fueron convocadas por los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales, José Peluc y Nicolás Mayoraz, para los días 25 y 26 de marzo, entre las 10 y las 19.
Según explicaron las autoridades de Diputados, el objetivo de esta modalidad es ordenar la discusión, ampliar la participación ciudadana y garantizar que todas las opiniones queden registradas durante el tratamiento parlamentario de una norma considerada clave para la política ambiental del país.
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En el comunicado oficial firmado por Peluc y Mayoraz se señala que, “en uso de las facultades otorgadas por el artículo 114 bis del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación”, se definió un nuevo criterio de participación para las audiencias que analizarán el proyecto de ley que modifica el régimen de presupuestos mínimos para la protección de glaciares y del ambiente periglacial.
El texto aclara que la iniciativa se trata del expediente 0072-S-2025, un proyecto con media sanción del Senado que actualmente se encuentra en revisión en Diputados.
Los legisladores libertarios sostuvieron que la magnitud de las inscripciones hace “materialmente imposible” que todos los interesados expongan de manera presencial o virtual durante las audiencias.
Por eso resolvieron habilitar esta modalidad complementaria. El mecanismo se sumará a las audiencias ya previstas y funcionará como una instancia previa a la firma de los dictámenes, que según el oficialismo podría concretarse entre el 7 y el 8 de abril.
La decisión, sin embargo, no fue consultada con la oposición.
Rechazo de la oposición
Desde distintos bloques opositores cuestionaron el cambio en el mecanismo de participación.
El diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) acusó a los presidentes de las comisiones de modificar las reglas durante el proceso de debate.
“Mayoraz y Peluc hacen trampa y trabajan para la judicialización. Se quieren robar la pelota y jugar solos”, sostuvo.
Ferraro señaló que una audiencia pública tiene como objetivo que la ciudadanía sea escuchada y cuestionó que ahora se les pida a los participantes enviar videos o textos.
“Una audiencia pública es para que la ciudadanía sea escuchada, no para pedirle a la gente que mande un videíto o un texto que nadie va a ver ni leer”, afirmó.
Además, remarcó que el reglamento de la Cámara establece que la modalidad de participación debe definirse antes de la convocatoria y no durante el proceso.
“Las pautas de la convocatoria establecían que, si hacía falta, se podían extender los días para garantizar la participación y la deliberación”, agregó.
La semana pasada, Ferraro junto a Sabrina Selva (Unión por la Patria) y María Inés Zigarán (Provincias Unidas-UCR) le enviaron una nota al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para pedir que se amplíe la convocatoria y la duración de las audiencias.
Los legisladores argumentaron que, con el esquema actual, la mayoría de las personas inscriptas no podrá participar.
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Cómo funcionará el nuevo mecanismo
Para participar bajo esta modalidad, los interesados deberán suscribirse al canal oficial de YouTube de la Cámara de Diputados al menos 24 horas antes de publicar su intervención.
Luego deberán subir el video con su exposición a su propio canal de YouTube, en formato listado o no listado.
Finalmente, en la pestaña “Comunidad” del canal oficial de la Cámara, los participantes deberán consignar nombre, provincia y DNI, junto con una breve descripción de la intervención y el enlace al video correspondiente.
Qué cambios propone el proyecto
El proyecto en debate propone modificar la Ley 26.639, sancionada en 2010, que establece los presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial.
La norma vigente protege estos ecosistemas al considerarlos reservas estratégicas de agua dulce y prohíbe actividades que puedan afectar su estado natural.
La modificación impulsada en el Congreso busca priorizar actividades productivas como la minería y la explotación hidrocarburífera en provincias como Mendoza, San Juan, Catamarca, Jujuy y Salta, además de facilitar el desarrollo de proyectos mineros internacionales.
Para ello, el proyecto plantea habilitar la explotación de recursos naturales en glaciares que no sean considerados hídricamente relevantes o que no cumplan una función hídrica
audiencias públicas, ley de glaciares, Diputados
POLITICA
El Gobierno nombró a los veedores en la AFA: tendrán 180 días para revisar balances y contratos
El Ministerio de Justicia dispuso una veeduría sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a pedido de la Inspección General de Justicia (IGJ). La medida habilita una auditoría sobre el funcionamiento contable y administrativo de la entidad, y profundiza un conflicto institucional con fuerte impacto político.
El gobierno nacional formalizó la intervención en grado de veeduría sobre la AFA por 180 días hábiles, en una decisión que conjuga aspectos técnicos, jurídicos y políticos, situando al fútbol argentino en el centro de una disputa más amplia acerca del control estatal, la transparencia y el poder institucional.
De acuerdo con la resolución firmada por el Ministerio de Justicia, a partir de una solicitud de la IGJ —organismo encargado de fiscalizar asociaciones civiles en la Ciudad de Buenos Aires—, el objetivo formal es relevar documentación, auditar estados contables y verificar el funcionamiento institucional de la entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia.
Durante el período de veeduría, los interventores designados tendrán la facultad de examinar los estados contables, analizar operaciones con empresas privadas e indagar en la creación de la Universidad de la AFA. Según la IGJ, la ausencia de documentación respaldatoria y la falta de respuestas a requerimientos previos motivaron la medida. El informe final orientará los próximos pasos, desde sanciones administrativas hasta posibles acciones judiciales.
El origen del conflicto: “graves irregularidades” detectadas por la IGJ
El expediente que derivó en la intervención comenzó a gestarse a fines de febrero, cuando la IGJ solicitó formalmente la designación de veedores tras detectar lo que calificó como “graves irregularidades” en la AFA.
Según la documentación oficial y reportes de prensa, el organismo de control reclamaba información contable clave que la entidad no entregó. Se señalaron demoras en la presentación de balances, insuficiencia en el detalle de los estados financieros y ausencia de documentación respaldatoria para evaluar el manejo de los recursos.
El foco estaba puesto especialmente en los estados contables más recientes, en un contexto donde la AFA experimentó un crecimiento exponencial de ingresos tras la obtención del Mundial de Qatar. Ese aumento, impulsado por derechos televisivos, contratos comerciales y premios deportivos, no fue acompañado —según la IGJ— por un nivel equivalente de transparencia en la rendición de cuentas.
La preocupación del organismo incluyó observaciones sobre operaciones económicas vinculadas a intermediarios y empresas privadas que participan en la comercialización de derechos del fútbol argentino, uno de los activos principales del sistema.
Qué implica la intervención en grado de veeduría
La medida dispuesta por el Ministerio de Justicia no representa una intervención plena ni el desplazamiento de autoridades de la AFA, sino una figura más restringida: la veeduría.
En términos jurídicos, la veeduría consiste en la designación de funcionarios externos con facultades para examinar documentación, auditar procesos y elaborar informes sobre la situación institucional de una entidad. Se trata de un mecanismo de control reforzado.
En este caso, los veedores designados —el contador Rubén Miguel Pappacena y el abogado Agustín Ortiz de Marco— tendrán amplias facultades para acceder a libros contables, documentos administrativos y registros financieros. Su tarea será reconstruir el funcionamiento interno de la AFA en áreas clave y determinar si se ajusta a las normas legales y estatutarias.
Entre sus tareas principales figuran analizar los estados contables cerrados al 30 de junio de 2025, auditar el proceso de creación de la Universidad de la AFA (UNAFA), revisar relaciones comerciales y financieras con empresas y actores privados, y verificar la existencia de posibles actos contrarios a la ley o al estatuto.
El trabajo culminará con un informe final dirigido a la autoridad de control, aunque los veedores podrán emitir reportes parciales si detectan situaciones urgentes.
Los puntos críticos bajo investigación
La intervención se apoya en una serie de observaciones que, en conjunto, configuran un cuadro de irregularidades administrativas y contables.
Uno de los ejes centrales es la falta de presentación adecuada de balances. La IGJ sostiene que la AFA no respondió en tiempo y forma a las vistas sobre los estados contables de varios ejercicios y que la información suministrada no cumple con los estándares requeridos para una asociación civil de esa magnitud.
Otro foco relevante es la Universidad de la AFA (UNAFA), un proyecto institucional para expandir la estructura del fútbol hacia el ámbito educativo. La auditoría deberá analizar su creación formal, la trazabilidad de los fondos utilizados, contrataciones realizadas y convenios firmados con terceros.
Uno de los aspectos más sensibles involucra las relaciones comerciales con empresas privadas. La IGJ examinó acuerdos con firmas como TourProdEnter LLC y el grupo Sur Finanzas, así como la participación de intermediarios en la gestión de derechos y flujos financieros internacionales.
El objetivo es reconstruir el circuito completo del dinero, desde la generación de ingresos hasta su distribución y eventual remisión al exterior.
La disputa por la jurisdicción de control
Además de las cuestiones contables, un aspecto central del conflicto es la discusión sobre la competencia para fiscalizar a la AFA.
La conducción de la entidad sostiene que trasladó su domicilio a la provincia de Buenos Aires, lo que implicaría que la fiscalización debería corresponder a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense.
La IGJ rechaza ese argumento. Según el organismo, el cambio de jurisdicción no cumplió con los requisitos legales y la AFA continúa teniendo su sede real en la Ciudad de Buenos Aires, por lo que sigue bajo su órbita.
Este punto es crucial: si la AFA lograra consolidar el cambio de jurisdicción, el control estatal quedaría en manos de la provincia de Buenos Aires, lo que modificaría el equilibrio de poder en el sistema.
La disputa, además, posee un componente político. La postura de la AFA cuenta con el respaldo del gobierno bonaerense, mientras que la IGJ depende del Ministerio de Justicia de la Nación, generando tensiones entre niveles de gobierno.
El rol del Ministerio de Justicia y la decisión política
La intervención en grado de veeduría no es una decisión automática de la IGJ. La normativa vigente establece que debe ser dispuesta por el Ministerio de Justicia, lo que introduce un componente político en el proceso.
En este caso, la resolución fue adoptada por el ministro Juan Bautista Mahiques, quien heredó el expediente de la gestión anterior y resolvió avanzar con la medida al inicio de su mandato.
El propio funcionario había anticipado que no buscaba “salvar ni perseguir a la AFA”, intentando desvincular la decisión de una lógica de confrontación política. No obstante, la intervención se produce en un contexto de alta sensibilidad institucional y con impacto directo en uno de los espacios de mayor visibilidad pública del país.
Mahiques optó por mantener a los veedores propuestos por la gestión anterior, con el objetivo de preservar la continuidad del proceso y evitar cuestionamientos sobre la imparcialidad de la auditoría.
La veeduría es, en principio, una medida intermedia. No implica sanciones ni intervención directa en la conducción de la AFA, pero puede derivar en decisiones más drásticas si se confirman irregularidades.
Según los resultados del informe final, la IGJ podría requerir nueva documentación, aplicar sanciones administrativas, impugnar actos de la entidad o solicitar una intervención más profunda.
Paralelamente, la AFA podría optar por judicializar la medida, cuestionando la competencia de la IGJ o la legalidad de la intervención.
Ese escenario trasladaría la disputa al ámbito judicial.
El trasfondo económico: el negocio del fútbol argentino
Detrás de la discusión jurídica subyace el control de los recursos del fútbol argentino.
En los últimos años, la AFA consolidó un crecimiento significativo de ingresos, impulsado por el éxito deportivo de la selección nacional y la expansión de contratos comerciales y derechos audiovisuales.
Ese volumen de recursos —incluidos acuerdos internacionales, sponsoreo, comercialización de imagen y derechos televisivos— posiciona a la entidad como un actor económico relevante en el país.
La IGJ procura determinar si ese crecimiento estuvo acompañado de mecanismos adecuados de control interno, transparencia y rendición de cuentas.
La investigación alcanza también la estructura institucional del fútbol argentino, donde conviven entidades como la AFA, la Liga Profesional y la residual Superliga, con funciones que en algunos casos se superponen.
Un conflicto con impacto político y proyección incierta
La intervención de la AFA se inscribe en un contexto político donde el Gobierno promueve controles institucionales en diversos frentes.
El fútbol, por su peso simbólico y económico, constituye un terreno de sensibilidad especial. La relación entre el Estado y la AFA ha sido históricamente compleja, atravesada por intereses políticos, económicos y sociales.
En la etapa inmediata, los veedores comenzarán el análisis documental y operativo de la AFA. Si el informe confirma irregularidades, el Gobierno podría profundizar el control; si la auditoría no detecta inconsistencias, la AFA podría fortalecer su posición institucional.
La intervención marca un punto de inflexión: por primera vez en años, el Estado implementa un control directo sobre la principal entidad del fútbol argentino, en un escenario donde el poder económico del sistema alcanza niveles inéditos.
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POLITICA
El Gobierno designó por 180 días a los veedores en la AFA: deberán revisar balances y contratos
El Ministerio de Justicia dispuso la designación de dos veedores en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para supervisar su funcionamiento administrativo y financiero durante un plazo de 180 días. La decisión fue adoptada a partir de un pedido de la Inspección General de Justicia (IGJ), que busca revisar la documentación contable y los contratos de la entidad.
De acuerdo a la resolución, firmada por el ministro Juan Bautista Mahiques, los veedores tendrán acceso a balances, registros administrativos y acuerdos comerciales de la institución que conduce Claudio Tapia, con el objetivo de elaborar un informe sobre el manejo institucional y económico.
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Los veedores son el contador público Rubén Miguel Pappacena y el abogado Agustín Ortiz De Marco.
La medida no implica una intervención ni el desplazamiento de las autoridades actuales, pero habilita un proceso de control y seguimiento sobre la gestión.
Según se indicó, los veedores deberán analizar la documentación contable, las decisiones administrativas y los contratos vigentes de la entidad, y elevar un informe a las autoridades correspondientes una vez finalizado el período de supervisión. Ese documento podría derivar en nuevas medidas si se detectan irregularidades.
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Durante los 180 días que durará la veeduría, los especialistas designados podrán requerir información y analizar documentación vinculada a la gestión institucional.
El informe final que elaboren Pappacena y Ortíz De Marco será remitido a la Inspección General de Justicia. A partir de esas conclusiones, el organismo evaluará si corresponde adoptar nuevas medidas administrativas o realizar observaciones sobre la gestión de la institución.
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La AFA es la entidad encargada de organizar las competiciones del fútbol argentino y de representar al país ante la FIFA y la Conmebol. Debido a esto, cualquier decisión vinculada a su funcionamiento institucional suele tener impacto en el desarrollo de los torneos y en la estructura del fútbol profesional.
AFA, AFA (Asociación de Fútbol Argentino), Claudio Tapia
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