El Congreso profundizó este martes la investigación sobre la presunta manipulación y promoción fraudulenta de la criptomoneda Libra, cuya estrategia habría incluido una coordinación directa entre operadores del mercado cripto y el entorno más cercano del presidente Javier Milei, según el informe presentado por la comisión investigadora.

Diputados nacionales y exlegisladores de distintos bloques remarcaron que las pruebas recabadas comprometen directamente a Milei y su hermana, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, atribuyéndoles una participación premeditada en el esquema, y anticiparon nuevas etapas investigativas y demandas judiciales para esclarecer las responsabilidades políticas.

Uno de los datos clave incorporados al expediente es que, minutos antes del anuncio público de la criptomoneda, se detectaron 87 operaciones por USD 13 millones, lo que evidencia presunta utilización de información privilegiada. El exdiputado Oscar Agost Carreño expuso ante la comisión que esos movimientos beneficiaron a un reducido grupo vinculado a los principales operadores del proyecto, mientras que el 80% de los inversores resultaron damnificados y perdieron el total de sus fondos, en una maniobra deliberada según los técnicos legislativos.

La comisión también dejó constancia de que la promoción de Libra fue “planificada y premeditada por el presidente”, como sostuvo el titular de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, y presidente de la comisión investigadora. Ferraro aseguró: “Está absolutamente probado que el lanzamiento y la promoción no fue improvisado ni accidental, sino que fue planificado y premeditado por el presidente”. Dijo que las pruebas y peritajes son “contundentes” y confirmó la existencia de “una trama de coordinación directa entre los operadores del mundo cripto y el entorno más cercano del presidente”.

El exdiputado Carreño informó que el tuit original de Javier Milei, utilizado para anunciar el proyecto, “se erigió como el vector central del negocio”. Agregó que “no existía ningún mecanismo real para asistir a las pequeñas y medianas empresas, contrario a lo manifestado públicamente por el presidente”.

La diputada nacional Sabrina Selva, de Unión por la Patria, sostuvo que “Karina y Javier Milei son responsables de que unos pocos se llevaron mucho”, y reclamó la presencia del oficialismo en la siguiente conferencia de prensa para dar respuesta al avance de la investigación parlamentaria.

En paralelo, la comisión elaboró un proyecto de resolución que requiere la comparecencia de todos los funcionarios involucrados para que revelen el contenido de sus comunicaciones telefónicas con el operador Novelli. Además, la oposición solicitó la interpelación formal tanto de Karina Milei —como funcionaria con rango ministerial y participación directa— como del vocero presidencial Manuel Adorni. En las próximas horas, el bloque de diputados opositores llevará a la justicia el pedido de apartamiento del fiscal Taiano, a quien acusan de “entorpecimiento y posible encubrimiento” de la trama.

“Vamos a presentar un pedido de informes por escrito al Poder Ejecutivo Nacional para que todos los funcionarios involucrados en las revelaciones periodísticas recientes (Javier Milei, Karina Milei, Santiago Caputo y Demian Reidel) expliquen cuál fue el contenido de sus conversaciones telefónicas con Mauricio Novelli”, agregó Ferraro.

El diputado Cristian Castillo fue más categórico al definir la estructura como una operación a gran escala: “Milei mintió alevosamente. Había una estructura para organizar la estafa”.

El oficialismo, por su parte, aún no presentó una defensa pública en el ámbito parlamentario. La diputada Selva remarcó que “espero que ese republicanismo intermitente que reinó el año pasado ya no exista y que quienes se llenan la boca de institucionalidad estén en la próxima conferencia de prensa”.

El avance de las indagaciones y el peso de las pruebas reconfiguran el escenario político y judicial. El diputado Juan Marino, de Unión por la Patria, advirtió en el recinto que “la gravedad que se va develando puede modificar la situación” respecto al quórum y la necesidad de mayorías agravadas para eventuales sanciones. Marino subrayó la existencia de una asociación entre Javier Milei, Karina Milei, Novelli y los operadores cripto detallados en el informe: “Milei mintió. Dijo que no estaba interiorizado y se comprobó que habló con Novelli, igual que su hermana”, expuso Marino.

El presidente de la Coalición Cívica, Ferraro, anticipó la puesta a disposición pública del informe final y la remisión de “copia certificada del Informe Final de la Comisión Investigadora a los querellantes y a los poderes judiciales intervinientes en causas en el exterior por $LIBRA, para desligar al Estado Argentino de la actuación individual de Javier y Karina Milei, que malversaron la investidura presidencial y las instalaciones gubernamentales para participar de una presunta estafa a nivel internacional”. El bloque propuso también la pronta reunión de la comisión de Libertad de Expresión, tras advertirse amenazas y presiones sobre periodistas que cubren el caso. Ferraro calificó esas acciones como propias de “un gobierno mafioso que amenaza al periodismo para silenciarlo”.

Los legisladores debatieron la creación de una comisión ad hoc para ampliar la pesquisa y delimitar responsabilidades políticas adicionales. Desde la presidencia de la comisión, Ferraro concluyó: “Estas pruebas confirman la responsabilidad política y la participación premeditada. Por eso van a tener que responder en la justicia y el Congreso”.

La diputada del bloque de los lilitos Mónica Frade interpeló a los diputados para que reflexionen. “Nos chicaneaban que no teníamos pruebas, ahora que pongan la cara y sean capaces de sostener que aquí no se debe investigar más. Hubo 93 diputados que buscaron cerrar la investigación y deberían reflexionar”.

Frade también pidió el apartamiento del fiscal Taiano. “Todo esto nos conduce a la presunción de culpabilidad. No tengo dudas de que hubo actos preparatorios del delito de estafa. No sé si el Presidente se quedó con los 5 millones de dólares, pero si no lo hizo, facilitó para que algunos de sus amigos se los quedaran”.

“Ahora dependemos de los 93 diputados que dijeron que no. Que se hagan responsables de encubrir algunos de los mayores actos de corrupción de este gobierno”.

“Hay 144 diputados que votaron el 12 de febrero Ficha Limpia, dos días antes de que sucediera esto. Se ve que se olvidaron en 48 horas porque 93 de esos diputados votaron en contra de investigar a Milei”, afirmó la diputada Julia Strada de Unión por la Patria.

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Ante los casi 70 mil inscriptos para participar de las audiencias públicas por la reforma de la Ley de Glaciares, la Cámara de Diputados habilitó un nuevo mecanismo de participación a través del canal oficial de YouTube del cuerpo legislativo.

Las audiencias fueron convocadas por los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales, José Peluc y Nicolás Mayoraz, para los días 25 y 26 de marzo, entre las 10 y las 19.

Según explicaron las autoridades de Diputados, el objetivo de esta modalidad es ordenar la discusión, ampliar la participación ciudadana y garantizar que todas las opiniones queden registradas durante el tratamiento parlamentario de una norma considerada clave para la política ambiental del país.

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En el comunicado oficial firmado por Peluc y Mayoraz se señala que, “en uso de las facultades otorgadas por el artículo 114 bis del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación”, se definió un nuevo criterio de participación para las audiencias que analizarán el proyecto de ley que modifica el régimen de presupuestos mínimos para la protección de glaciares y del ambiente periglacial.

El texto aclara que la iniciativa se trata del expediente 0072-S-2025, un proyecto con media sanción del Senado que actualmente se encuentra en revisión en Diputados.

Los legisladores libertarios sostuvieron que la magnitud de las inscripciones hace “materialmente imposible” que todos los interesados expongan de manera presencial o virtual durante las audiencias.

Por eso resolvieron habilitar esta modalidad complementaria. El mecanismo se sumará a las audiencias ya previstas y funcionará como una instancia previa a la firma de los dictámenes, que según el oficialismo podría concretarse entre el 7 y el 8 de abril.

La decisión, sin embargo, no fue consultada con la oposición.

Rechazo de la oposición

Desde distintos bloques opositores cuestionaron el cambio en el mecanismo de participación.

El diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) acusó a los presidentes de las comisiones de modificar las reglas durante el proceso de debate.

“Mayoraz y Peluc hacen trampa y trabajan para la judicialización. Se quieren robar la pelota y jugar solos”, sostuvo.

Ferraro señaló que una audiencia pública tiene como objetivo que la ciudadanía sea escuchada y cuestionó que ahora se les pida a los participantes enviar videos o textos.

“Una audiencia pública es para que la ciudadanía sea escuchada, no para pedirle a la gente que mande un videíto o un texto que nadie va a ver ni leer”, afirmó.

Además, remarcó que el reglamento de la Cámara establece que la modalidad de participación debe definirse antes de la convocatoria y no durante el proceso.

“Las pautas de la convocatoria establecían que, si hacía falta, se podían extender los días para garantizar la participación y la deliberación”, agregó.

La semana pasada, Ferraro junto a Sabrina Selva (Unión por la Patria) y María Inés Zigarán (Provincias Unidas-UCR) le enviaron una nota al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para pedir que se amplíe la convocatoria y la duración de las audiencias.

Los legisladores argumentaron que, con el esquema actual, la mayoría de las personas inscriptas no podrá participar.

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Cómo funcionará el nuevo mecanismo

Para participar bajo esta modalidad, los interesados deberán suscribirse al canal oficial de YouTube de la Cámara de Diputados al menos 24 horas antes de publicar su intervención.

Luego deberán subir el video con su exposición a su propio canal de YouTube, en formato listado o no listado.

Finalmente, en la pestaña “Comunidad” del canal oficial de la Cámara, los participantes deberán consignar nombre, provincia y DNI, junto con una breve descripción de la intervención y el enlace al video correspondiente.

Qué cambios propone el proyecto

El proyecto en debate propone modificar la Ley 26.639, sancionada en 2010, que establece los presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial.

La norma vigente protege estos ecosistemas al considerarlos reservas estratégicas de agua dulce y prohíbe actividades que puedan afectar su estado natural.

La modificación impulsada en el Congreso busca priorizar actividades productivas como la minería y la explotación hidrocarburífera en provincias como Mendoza, San Juan, Catamarca, Jujuy y Salta, además de facilitar el desarrollo de proyectos mineros internacionales.

Para ello, el proyecto plantea habilitar la explotación de recursos naturales en glaciares que no sean considerados hídricamente relevantes o que no cumplan una función hídrica

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El Ministerio de Justicia dispuso una veeduría sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a pedido de la Inspección General de Justicia (IGJ). La medida habilita una auditoría sobre el funcionamiento contable y administrativo de la entidad, y profundiza un conflicto institucional con fuerte impacto político.

El gobierno nacional formalizó la intervención en grado de veeduría sobre la AFA por 180 días hábiles, en una decisión que conjuga aspectos técnicos, jurídicos y políticos, situando al fútbol argentino en el centro de una disputa más amplia acerca del control estatal, la transparencia y el poder institucional.

De acuerdo con la resolución firmada por el Ministerio de Justicia, a partir de una solicitud de la IGJ —organismo encargado de fiscalizar asociaciones civiles en la Ciudad de Buenos Aires—, el objetivo formal es relevar documentación, auditar estados contables y verificar el funcionamiento institucional de la entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia.

Durante el período de veeduría, los interventores designados tendrán la facultad de examinar los estados contables, analizar operaciones con empresas privadas e indagar en la creación de la Universidad de la AFA. Según la IGJ, la ausencia de documentación respaldatoria y la falta de respuestas a requerimientos previos motivaron la medida. El informe final orientará los próximos pasos, desde sanciones administrativas hasta posibles acciones judiciales.

El origen del conflicto: “graves irregularidades” detectadas por la IGJ

El expediente que derivó en la intervención comenzó a gestarse a fines de febrero, cuando la IGJ solicitó formalmente la designación de veedores tras detectar lo que calificó como “graves irregularidades” en la AFA.

Según la documentación oficial y reportes de prensa, el organismo de control reclamaba información contable clave que la entidad no entregó. Se señalaron demoras en la presentación de balances, insuficiencia en el detalle de los estados financieros y ausencia de documentación respaldatoria para evaluar el manejo de los recursos.

El foco estaba puesto especialmente en los estados contables más recientes, en un contexto donde la AFA experimentó un crecimiento exponencial de ingresos tras la obtención del Mundial de Qatar. Ese aumento, impulsado por derechos televisivos, contratos comerciales y premios deportivos, no fue acompañado —según la IGJ— por un nivel equivalente de transparencia en la rendición de cuentas.

La preocupación del organismo incluyó observaciones sobre operaciones económicas vinculadas a intermediarios y empresas privadas que participan en la comercialización de derechos del fútbol argentino, uno de los activos principales del sistema.

Qué implica la intervención en grado de veeduría

La medida dispuesta por el Ministerio de Justicia no representa una intervención plena ni el desplazamiento de autoridades de la AFA, sino una figura más restringida: la veeduría.

En términos jurídicos, la veeduría consiste en la designación de funcionarios externos con facultades para examinar documentación, auditar procesos y elaborar informes sobre la situación institucional de una entidad. Se trata de un mecanismo de control reforzado.

En este caso, los veedores designados —el contador Rubén Miguel Pappacena y el abogado Agustín Ortiz de Marco— tendrán amplias facultades para acceder a libros contables, documentos administrativos y registros financieros. Su tarea será reconstruir el funcionamiento interno de la AFA en áreas clave y determinar si se ajusta a las normas legales y estatutarias.

Entre sus tareas principales figuran analizar los estados contables cerrados al 30 de junio de 2025, auditar el proceso de creación de la Universidad de la AFA (UNAFA), revisar relaciones comerciales y financieras con empresas y actores privados, y verificar la existencia de posibles actos contrarios a la ley o al estatuto.

El trabajo culminará con un informe final dirigido a la autoridad de control, aunque los veedores podrán emitir reportes parciales si detectan situaciones urgentes.

Los puntos críticos bajo investigación

La intervención se apoya en una serie de observaciones que, en conjunto, configuran un cuadro de irregularidades administrativas y contables.

Uno de los ejes centrales es la falta de presentación adecuada de balances. La IGJ sostiene que la AFA no respondió en tiempo y forma a las vistas sobre los estados contables de varios ejercicios y que la información suministrada no cumple con los estándares requeridos para una asociación civil de esa magnitud.

Otro foco relevante es la Universidad de la AFA (UNAFA), un proyecto institucional para expandir la estructura del fútbol hacia el ámbito educativo. La auditoría deberá analizar su creación formal, la trazabilidad de los fondos utilizados, contrataciones realizadas y convenios firmados con terceros.

Uno de los aspectos más sensibles involucra las relaciones comerciales con empresas privadas. La IGJ examinó acuerdos con firmas como TourProdEnter LLC y el grupo Sur Finanzas, así como la participación de intermediarios en la gestión de derechos y flujos financieros internacionales.

El objetivo es reconstruir el circuito completo del dinero, desde la generación de ingresos hasta su distribución y eventual remisión al exterior.

La disputa por la jurisdicción de control

Además de las cuestiones contables, un aspecto central del conflicto es la discusión sobre la competencia para fiscalizar a la AFA.

La conducción de la entidad sostiene que trasladó su domicilio a la provincia de Buenos Aires, lo que implicaría que la fiscalización debería corresponder a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense.

La IGJ rechaza ese argumento. Según el organismo, el cambio de jurisdicción no cumplió con los requisitos legales y la AFA continúa teniendo su sede real en la Ciudad de Buenos Aires, por lo que sigue bajo su órbita.

Este punto es crucial: si la AFA lograra consolidar el cambio de jurisdicción, el control estatal quedaría en manos de la provincia de Buenos Aires, lo que modificaría el equilibrio de poder en el sistema.

La disputa, además, posee un componente político. La postura de la AFA cuenta con el respaldo del gobierno bonaerense, mientras que la IGJ depende del Ministerio de Justicia de la Nación, generando tensiones entre niveles de gobierno.

El rol del Ministerio de Justicia y la decisión política

La intervención en grado de veeduría no es una decisión automática de la IGJ. La normativa vigente establece que debe ser dispuesta por el Ministerio de Justicia, lo que introduce un componente político en el proceso.

En este caso, la resolución fue adoptada por el ministro Juan Bautista Mahiques, quien heredó el expediente de la gestión anterior y resolvió avanzar con la medida al inicio de su mandato.

El propio funcionario había anticipado que no buscaba “salvar ni perseguir a la AFA”, intentando desvincular la decisión de una lógica de confrontación política. No obstante, la intervención se produce en un contexto de alta sensibilidad institucional y con impacto directo en uno de los espacios de mayor visibilidad pública del país.

Mahiques optó por mantener a los veedores propuestos por la gestión anterior, con el objetivo de preservar la continuidad del proceso y evitar cuestionamientos sobre la imparcialidad de la auditoría.

La veeduría es, en principio, una medida intermedia. No implica sanciones ni intervención directa en la conducción de la AFA, pero puede derivar en decisiones más drásticas si se confirman irregularidades.

Según los resultados del informe final, la IGJ podría requerir nueva documentación, aplicar sanciones administrativas, impugnar actos de la entidad o solicitar una intervención más profunda.

Paralelamente, la AFA podría optar por judicializar la medida, cuestionando la competencia de la IGJ o la legalidad de la intervención.

Ese escenario trasladaría la disputa al ámbito judicial.

El trasfondo económico: el negocio del fútbol argentino

Detrás de la discusión jurídica subyace el control de los recursos del fútbol argentino.

En los últimos años, la AFA consolidó un crecimiento significativo de ingresos, impulsado por el éxito deportivo de la selección nacional y la expansión de contratos comerciales y derechos audiovisuales.

Ese volumen de recursos —incluidos acuerdos internacionales, sponsoreo, comercialización de imagen y derechos televisivos— posiciona a la entidad como un actor económico relevante en el país.

La IGJ procura determinar si ese crecimiento estuvo acompañado de mecanismos adecuados de control interno, transparencia y rendición de cuentas.

La investigación alcanza también la estructura institucional del fútbol argentino, donde conviven entidades como la AFA, la Liga Profesional y la residual Superliga, con funciones que en algunos casos se superponen.

Un conflicto con impacto político y proyección incierta

La intervención de la AFA se inscribe en un contexto político donde el Gobierno promueve controles institucionales en diversos frentes.

El fútbol, por su peso simbólico y económico, constituye un terreno de sensibilidad especial. La relación entre el Estado y la AFA ha sido históricamente compleja, atravesada por intereses políticos, económicos y sociales.

En la etapa inmediata, los veedores comenzarán el análisis documental y operativo de la AFA. Si el informe confirma irregularidades, el Gobierno podría profundizar el control; si la auditoría no detecta inconsistencias, la AFA podría fortalecer su posición institucional.

La intervención marca un punto de inflexión: por primera vez en años, el Estado implementa un control directo sobre la principal entidad del fútbol argentino, en un escenario donde el poder económico del sistema alcanza niveles inéditos.

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