La expresidenta Cristina Kirchner salió por segunda vez de su departamento en San José 1111, en el barrio de Constitución —la primera había sido a causa de una urgencia médica—, para declarar en los tribunales de Comodoro Py.

Previo al comienzo de su alocución, debió responder un interrogatorio del juez Enrique Méndez Signori sobre datos personales que dejaron en evidencia la tensión con el tribunal.

—Tengo que cumplir con el interrogatorio de identificación que también marca la ley, independientemente de que usted sea una figura conocida. Le pregunto su nombre completo.

—Cristina Fernández de Kirchner.

—¿Su edad?

—73 años.

—¿Su estado civil?

—Viuda.

—¿Tiene algún apodo?

—Mire…—risas— Uhh, no. Me dicen Cristina, podría decirle algunos otros, pero no me parecen adecuados.

—¿Nacionalidad?

—Argentina.

—¿Lugar de nacimiento?

—La Plata, provincia de Buenos Aires.

—¿Fecha de nacimiento?

—19 de febrero del 53.

—¿Su domicilio principal?

—¿Hoy? San José 1111.

—¿Sus condiciones de vida?

—Es de público y notorio.

—¿Nombre y profesión de sus padres?

—Ahhh… Bueno… Mi padre, Eduardo Fernández, comerciante. Mi madre, Ofelia Wilhem, empleada y jubilada. Los dos fallecidos.

—¿Antecedentes penales que recuerde?

—Si usted me deja hablar, yo le voy a contar. Usted sabe que yo estoy detenida, vengo acá en calidad de detenida con prisión domiciliaria. Ahora… me parece que estas consultas son de público y notorio.

—Doctora Fernández, es un interrogatorio que marca la ley, no es un capricho personal…

—Bien, adelante doctor.

—¿No recuerda ningún antecedente penal que quiera mencionar?

—El único antecedente penal que tengo es la condena de Vialidad, de la que pienso comenzar a hablar en este preciso momento.

Cristina Kirchner fue citada por los jueces del Tribunal Oral Federal 7. Inauguró así la ronda de declaraciones de los 20 exfuncionarios que intervinieron supuestamente en la recaudación ilegal, dos exchoferes y 65 empresarios acusados de haber pagado esos sobornos.

La expresidenta publicó un mensaje en su cuenta de X horas antes de tener que presentarse a declarar en el juicio. De esta forma, rompió un prolongado silencio público para expresar sus cuestionamientos al Gobierno y al Poder Judicial ante su citación a indagatoria presencial en los tribunales de Comodoro Py.

En su publicación, Kirchner sostuvo que la decisión judicial responde a presiones mediáticas y criticó el modo en que se desarrolla el proceso. “Cuando el Poder Ejecutivo no le da pan y trabajo al Pueblo… el Partido Judicial y los medios hegemónicos le dan circo… No falla”, expresó.

“La foto que se puede capturar desde la pantalla del canal de YouTube con caras ‘en cuadraditos’ no da para tapa de diario ni videítos en la tele… y como ya se sabe… el ‘show debe continuar’”, sumó.

En su mensaje también incluyó críticas por la situación económica del país y la gestión del presidente Javier Milei. La exmandataria describió un escenario marcado por, entre otras cosas, “fábricas cerradas”, “inflación superior a los dos puntos desde hace meses” y “salarios en caída libre”.

Además, se refirió al caso $LIBRA y sostuvo que, “pese al cajoneo del Fiscal Taiano”, el Gobierno no va a poder ocultar la conexión del Presidente con lo que describió como una “estafa”.

El Gobierno anunció este martes el fin del programa Volver al Trabajo y su reemplazo por vouchers de capacitación. El plan brindaba $78 mil mensuales a sus beneficiarios y buscaba mejorar las oportunidades de inserción laboral. Significa el fin del ex Potenciar Trabajo, programa reformulado tras la llegada de la gestión de Javier Milei y previsto para personas en situación de vulnerabilidad.

“Los beneficiarios recibirán el pago de la última asignación mensual no remunerativa en el mes de abril. Las personas inscriptas en el programa han sido notificadas por correo electrónico y por Mi Argentina. Quienes manifiesten el interés de capacitarse, podrán acceder a vouchers para capacitación laboral”, detalló el Ministerio de Capital Humano en X.

El programa tenía como únicos beneficiarios a quienes fueron transferidos del Potenciar Trabajo. Esta herramienta de asistencia tenía como objetivo facilitar el acceso a un nivel de empleabilidad inicial real y mejorar las oportunidades de inserción laboral de sus titulares.

Según consta en el sitio oficial del programa, esto se realizaba ”a través de su participación en actividades de formación laboral, prácticas formativas en ambientes de trabajo y asistencia al desarrollo de emprendimientos productivos, individuales o asociativos”. Los beneficiarios percibían la asignación dineraria fija no remunerativa durante un total de dos años.

Entre las prestaciones del programa se incluían servicios de orientación laboral y asistencia en la búsqueda de empleo, servicios de intermediación laboral, servicios de capacitación laboral y certificación de competencias laborales, prácticas formativas en ambientes de trabajo, acciones de promoción para la inserción en el trabajo asalariado registrado y en el trabajo independiente y autogestionado, fortalecimiento de unidades productivas autogestionadas en forma individual, asociativa o familiar y terminalidad educativa o programas con objeto análogo para el desarrollo de competencias básicas.

Inicialmente, el plan Potenciar Trabajo, nacido en 2020 bajo el entonces Ministerio de Desarrollo Social, buscaba brindar un Salario Social Complementario -una prestación económica destinada a mejorar los ingresos de los individuos en situación de alta vulnerabilidad- y otorgar subsidios y créditos para apoyar proyectos socio-productivos, laborales y comunitarios.

El programa fue desarticulado en febrero de 2024, cuando la gestión libertaria se decidió a separarlo en dos grupos de beneficiarios según sus situaciones y disolvió las unidades de gestión que actuaban como intermediarios. La medida tuvo impacto en 1,2 millones de beneficiarios sociales. El Ministerio de Capital Humano denunció serias falencias en el plan en ese entonces.

“En cuatro años solo 1,3% de beneficiarios lograron salir del plan por haber conseguido trabajo. El resto de las bajas fueron por incompatibilidades o tope de edad, pero nada más”, detallaron. Bajo estos argumentos promovieron el cambio “de paradigma”. Esto implicó dividir a los beneficios del Potenciar Trabajo en dos programas: Volver al Trabajo, donde había alrededor de un millón de personas, y Acompañamiento Social, que tenía 200.000 personas.

Una de las principales fallas que denunciaban desde la cartera era las unidades de gestión, es decir, las cooperativas -mayoritariamente manejadas por movimientos sociales– que intervenían en la coordinación y administración de las prestaciones y proyectos del programa. El presupuesto adjudicado a ellas rondaba anualmente los 34 millones de dólares. En ese entonces el Gobierno anunció que ese dinero iba a “ir directamente a la gente”.

Desde el oficialismo argumentaban que las unidades se convirtieron en lo que “algunos denominan gerentes de la pobreza”, que “controlaban a los beneficiarios a través de mecanismos, presentismo y gestión burocrática que, lejos de potenciar la autonomía y el crecimiento personal, han favorecido la intermediación y la perpetuación de la dependencia”.