Cristina Kirchner tiene un problema: la libertad no está inscripta en el horizonte cercano de su vida. ¿Justifica eso que ayer haya mentido una y otra vez frente al tribunal que juzgará la llamada causa de los cuadernos en lugar de haber practicado una defensa más técnica y precisa? No, desde ya. Pero los alegatos políticos, a los que nos tiene acostumbrados en sus espectáculos ante los jueces, conllevan el objetivo de movilizar a una militancia propia cada vez más escasa y de despertar a la mayoría de la dirigencia peronista que se alejó de su liderazgo. La primera afirmación que hizo consistió en que ahora está “injustamente detenida”, y eso no es cierto. La resolución del tribunal oral que la juzgó por el caso Vialidad, y su complicidad con el empresario Lázaro Báez, fue revisada luego por instancias superiores de la Justicia, incluida la Corte Suprema de Justicia, que ratificó la condena a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Está condenada por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y no por haber sido jefa de una asociación ilícita, delito este del que fue acusada por los fiscales Diego Luciani, del tribunal oral, y Mario Villar, de la Cámara de Casación, cuando este último apeló ante la Corte Suprema. Villar le pidió al máximo tribunal que la condene a la expresidenta por un delito más grave, como es el de la asociación ilícita. ¿Se equivocaron todos los jueces y fiscales que tuvieron en sus manos la causa por la que está presa? ¿O, acaso, todos se conjuraron en una conspiración contra la lideresa del peronismo y de la progresía nacional? Esta deducción, tan propia de ella, resulta imposible de imaginar porque fue condenada por el tribunal oral cuando gobernaba el país una diarquía integrada por el entonces presidente Alberto Fernández y por la propia viuda de Kirchner, vicepresidenta del país en ese momento.

Regresemos al caso de los cuadernos. La señora de Kirchner acusó de “prácticas mafiosas” a todos los jueces y fiscales por los que pasó esta causa, tal vez la más importante entre tantos expedientes que la acusan en los tribunales federales de Comodoro Py. ¿Quiénes son esos jueces y fiscales mafiosos? ¿Dónde están las pruebas de semejante agravio? Nadie, nada, nunca (Juan José Saer dixit). A los únicos que nombró fueron al fiscal -cuándo no- Carlos Stornelli, convertido desde hace tiempo en la bestia negra del kirchnerismo, y al fallecido juez Claudio Bonadio, quien no puede refutarla porque ya no está en este mundo.

La causa de los cuadernos fue, antes que cualquier otra cosa, producto de una larga y exhaustiva investigación del periodista Diego Cabot que se publicó en LA NACIÓN. Después, el juez Bonadio y el fiscal Stornelli hicieron su propia investigación, que duró varios meses, antes de decidir sorpresivamente la detención y la citación de la crema y nata del empresariado argentino con vínculos con el Estado. Según Cristina Kirchner, esa oleada de detenciones fue para “apretar” a los empresarios con el objetivo de que confesaran relaciones delictivas con el gobierno de los Kirchner. Muchos de ellos eligieron la condición de “arrepentidos” y le contaron a la Justicia todo lo que pasó con los sobornos que reclamaba el gobierno de los Kirchner.

La posibilidad de “apretar” o de “extorsionar” a los empresarios es imposible de imaginar si se conoce bien cómo es el procedimiento que debe realizarse. Los arrepentidos nunca están solos con el fiscal o con el juez; están siempre acompañados por otros funcionarios de los tribunales y, lo que es más significativo, por sus abogados defensores. Los arrepentidos declaran primero ante el fiscal, pero es el juez quien debe aceptar luego la condición de “arrepentidos”. Nunca los acusados están sin sus abogados defensores a su lado. Además, en el caso de los cuadernos los “arrepentidos” son solo una parte menor del expediente porque tanto Bonadio como Stornelli se encargaron de buscar pruebas más sólidas que las palabras de los empresarios y exfuncionarios. La propia ley exige que los funcionarios judiciales respalden con pruebas tangibles las declaraciones de los “arrepentidos”. En definitiva, los “arrepentidos” se arrepintieron para mejorar sus comprometidas posiciones en la causa. Ocurrió solo eso.

Los testimonios, los “arrepentidos” y las pruebas coinciden en llevar el delito de los sobornos hasta el propio matrimonio Kirchner, aunque también todo indica que quien creó ese sistema fue Néstor Kirchner, no su viuda; sin embargo, ella se benefició del método y no lo cambió cuando relevó a su marido en el poder. El propio contador histórico de los Kirchner, Víctor Manzanares, pidió ser “imputado colaborador”, y le contó a la Justicia cómo era el camino de los sobornos y qué hacía él con el dinero que el matrimonio presidencial le confiaba para que lo invirtiera.

Cristina Kirchner cometió un error enorme con Manzanares: le soltó la mano y lo dejó solo cuando la Justicia empezó a investigarlo. “Yo soy una vieja jubilada y embargada. Manejate con tu plata”, le mandó decir. Fue lo último que escuchó Manzanares de boca de Cristina Kirchner, porque inmediatamente después se puso a disposición de la Justicia para contar todo.

En el banco de los acusados se sentarán a lo largo del juicio 63 empresarios de la construcción, el transporte, la energía y la logística, y diez exfuncionarios del gobierno kirchnerista. Las caras más conocidas de estos últimos son las de la viuda de Kirchner y la del exministro de Planificación Julio De Vido. Nunca hubo un juicio oral y público para juzgar a empresarios y exfuncionarios por corrupción del tamaño del caso de los cuadernos, llamado así por los cuadernos del chofer Oscar Centeno, quien conducía el auto oficial de Roberto Baratta, el entonces funcionario más influyente en el ministerio conducido por De Vido. Centeno anotó con la precisión de un obsesivo cuánto, dónde y cómo su jefe recibía los sobornos. Cristina Kirchner anticipó ayer, como al pasar, que cuestionará durante el juicio la validez jurídica de esos cuadernos. Pero el caso ya fue tratado por la Corte Suprema de Justicia, que no resolvió explícitamente sobre la legalidad de esas anotaciones, pero habilitó a las otras instancias a continuar con el juicio; rechazó de esa manera el pedido de nulidad de los cuadernos por parte de Cristina Kirchner, de De Vido y de algunos empresarios. Fue un aval implícito a la validez de las libretas de Centeno.

Solo en una cosa tuvo razón Cristina Kirchner cuando sermoneó desde su condición de encartada. Fue el momento en que señaló que Javier Milei había violado la Constitución cuando anticipó que la exjefa del Estado seguiría presa por la causa de los cuadernos y por la firma del memorándum con Irán; esta última causa no llegó aún a la instancia del juicio oral y público. En efecto, la Constitución le prohíbe al Presidente el conocimiento de causas en trámite judicial. Su artículo 109 dice textualmente: “En ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales o arrogarse el conocimiento de causas pendientes”. El problema político fundamental de Milei es que su boca no conoce el sentido de las inhibiciones; acaba de mostrar una lengua irrespetuosa en Madrid, donde acusó de “impresentable” al jefe del gobierno español. Pedro Sánchez podrá gustar o no, pero el presidente de un país extranjero debe respetar la investidura de un líder legítimamente elegido, sobre todo cuando está en el país de este. Los reiterados insultos a Sánchez de parte de Milei explican que este se haya convertido en el primer presidente argentino (incluidos desde Raúl Alfonsín hasta Alberto Fernández) que no es invitado por el rey de España a un almuerzo en el palacio de la Zarzuela cuando está en la capital española.

Algo parecido sucedió con Juan Bautista Mahiques, flamante ministro de Justicia, quien anunció la probable nulidad de la investigación por el caso $LIBRA, que compromete a los hermanos Milei. También informó públicamente que la Justicia investiga la filtración de una información importante sobre esa causa. La periodista Paz Rodríguez Niell describió en esa aparición pública del ministro de Justicia “como si fuera el abogado defensor de un cliente en apuros”.

En rigor, Mahiques dijo dos cosas contradictorias en ese mismo momento. Primero aseguró que no hablaría de causas en trámite, pero minutos después explicó por qué la Justicia podría declarar la nulidad de las pruebas sobre la relación de los hermanos Milei con los promotores de la criptomoneda $LIBRA. También deslizó que las causas por supuesta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad y por los viajes del jefe de gabinete, Manuel Adorni, podrían ser declaradas nulas. En síntesis, el Presidente y su ministro se encargaron de mostrar a un gobierno que conoce lo que sucederá en el Poder Judicial con sus adversarios políticos y con sus propios funcionarios. Una oposición haciendo falsas acusaciones contra la Justicia y un Gobierno metiéndose indebidamente con el Poder Judicial no son las recetas ideales para restablecer la confianza en un país incierto.