Mientras el fiscal ante la Cámara en lo Penal Económico Gabriel Gómez Barberá se opuso a cerrar la causa por evasión contra la AFA y su presidente Claudio Chiqui Tapia, la Justicia realizó este miércoles un procedimiento en dependencias bonaerenses de la entidad para hacerse con los últimos balances de la organización.

La AFA y Tapia son investigados en múltiples expedientes. El caso de evasión se inició por una denuncia de la ARCA en el fuero penal económico. Ya fueron indagados la semana pasada Tapia, el tesorero Pablo Toviggino y parte del comité ejecutivo.

El organismo recaudador nacional les reclama una deuda de 19.000 millones de pesos por apropiación de aportes patronales y evasión. Ahora corren los plazos para que el juez Diego Amarante decida si procesa o no a los acusados y a la organización del fútbol.

Mientras tanto, la AFA reclamó que se anule todo el caso porque argumenta que no debía depositar aportes ni pagar tributos, pues una resolución del Gobierno autorizaba a no hacerlo. Y además explicaron que luego pagaron lo adeudado.

En primera instancia, el fiscal Claudio Navas Rial y el juez Amarante rechazaron esta pretensión de anular todo y dijeron que hubo delito, porque cuando la AFA debía pagar, no lo hizo.

La AFA apeló esa decisión y le reclamó a la Cámara en Penal Económico que anule la causa. El fiscal de Cámara Gabriel Pérez Barbera compartió la opinión de su colega Navas Rial y se opuso al cierre del caso.

En su dictamen, presentado ante la Cámara, dijo que no corresponde sobreseer por inexistencia a Tapia y Toviggino. Argumentó Pérez Barbera que “si la AFA retuvo dinero que no le pertenece y no lo depositó en las fechas legales, entonces eso no ‘desaparece’ por obra de una mera tregua administrativa”.

Por eso reclamó avanzar con la causa y confirmar el fallo de Amarante, que rechazó sobreseer por inexistencia de delito. “La consumación se produce cuando, vencido el plazo, el obligado omite efectuar su depósito”, dijo el fiscal, en una frase casi calcada a los argumentos de su colega de primera instancia.

Ahora debe resolver la sala A de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico, que está vacante, por lo que deben intervenir los jueces Carolina Robiglio y Roberto Hornos.

El fiscal dijo que nunca hubo una prórroga de los vencimientos. “La normativa en cuestión no dispuso prórroga alguna de los plazos de ingreso” sino que “se limitó a regular el ejercicio de determinadas facultades administrativas del organismo recaudador”, explicó.

“La consumación se produce cuando, vencido el plazo el obligado omite efectuar su depósito”, sostuvo el fiscal. Destacó Pérez Barbera que no era plata de la AFA, sino de los empleados. Por eso la retención “reviste un carácter particularmente intenso”.

En tanto, el juez federal de Campana Adrián González Charvay, que investiga a los verdaderos dueños de la quinta de Pilar, que se adjudica a la AFA pero también quiere quedarse con todos los casos contra el organismo por fraude y lavado de dinero, buscó ahora los balances de la organización.

La AFA sostiene que mudó su sede social a la provincia de Buenos Aires, buscando la protección del Gobierno bonaerense de Axel Kicillof. Por eso se negó a entregar sus balances a la Inspección General de Justicia (IGJ), el organismo nacional que controla a las sociedades sin fines de lucro.

En febrero pasado, el gobierno de Kicillof avaló la llegada de la AFA a territorio bonaerense para sustraerlo de las investigaciones administrativas de los organismos nacionales. Sin embargo, la IGJ rechazó el pedido de la AFA para mudarse a Pilar, bajo jurisdicción bonaerense, pues allí hay un terreno alambrado.

El organismo de control tomó la decisión luego de que sus funcionarios visitaran el lugar al que la AFA pretendía mudarse y concluyeran que allí no había oficinas ni instalaciones de la asociación. Nunca hubo un traslado real de domicilio de la AFA, sino un intento por cambiar de jurisdicción.

“La AFA ha fijado para ese cambio de domicilio una sede social falsa, en un espacio físico y territorial en el cual se ha verificado de modo incontrastable que allí la AFA no está, no se encuentra, no tiene instalación alguna, ni funciona tampoco en ese predio la administración y gobierno de la entidad”, dijo entonces la IGJ.

Por eso es que ahora el Ministerio de Justicia a cargo de Juan Bautista Mahiques nombró veedores en la AFA por 180 días para que analicen sus balances, sus cuentas, los giros desde el exterior, su frustrada universidad y los negocios de la empresa TourProdEnter y Faroni.

En paralelo, el juez González Charvay envió una orden de presentación a la Dirección de Personas Jurídicas de la provincia de Buenos Aires para conseguir esos balances.

El juez de Campana investiga la denuncia de fraude por supuesto desvío de fondos recibidos por la AFA mediante la sociedad extranjera TourProdEnter, que dirigen Faroni y Erica Gillette, su mujer. Se trataría de unos 400 millones de dólares.

Ahora se trata de establecer si ese dinero, percibido por acciones de marketing de la Selección nacional en el exterior, fue declarado en los balances por la organización. González Charvay investiga si TourProdEnter desvió dinero a sociedades fantasma en Florida, Estados Unidos.

El senador nacional por Santa Fe, Marcelo Lewandowski, presentó un proyecto de ley que propone volver a establecer límites a las tasas de interés en tarjetas de crédito y préstamos bancarios, en un intento por contener el endeudamiento de las familias argentinas.

La iniciativa plantea fijar “límites razonables” a los intereses, restringir los cargos punitorios considerados abusivos y restituir herramientas de control al Banco Central (BCRA). Entre sus puntos centrales, establece que los intereses punitorios no podrán superar en más de un 25% a la tasa compensatoria.

Según consignó el diario El Litoral, el proyecto también busca introducir un tope “lógico” en el pago mínimo de las tarjetas de crédito, en un contexto en el que, debido al peso de los intereses, muchos usuarios no logran cubrir siquiera ese monto sin que la deuda continúe creciendo. La propuesta surge como respuesta a los efectos combinados de la desregulación del sistema financiero y la crisis económica, que llevaron a que cada vez más hogares recurran al crédito —principalmente— para afrontar gastos básicos como la compra de alimentos.

El trasfondo de la iniciativa está vinculado a un deterioro sostenido de los indicadores financieros de los hogares. De acuerdo con datos del BCRA, la deuda con tarjetas de crédito creció un 55% interanual, mientras que la morosidad se triplicó en el último año. Además, uno de cada cuatro deudores presenta dificultades para cumplir con sus obligaciones y, en muchos casos, las familias destinan hasta un tercio de sus ingresos al pago de deudas.

En paralelo, en el Congreso avanzan otros proyectos orientados a abordar el problema del sobreendeudamiento. Los diputados socialistas Pablo Farías y Esteban Paulón, del bloque Provincias Unidas, impulsan una modificación de la ley de concursos y quiebras para incorporar la figura del “sobreendeudamiento pasivo”, definida como la imposibilidad manifiesta de afrontar obligaciones tanto con bancos como con fintech.

La iniciativa habilita a los jueces a anular créditos abusivos y establece que, en caso de deudores que hayan actuado de buena fe, podrán ser liberados del pasivo residual en un plazo máximo de un año, además de fijar esquemas de pago que no superen los tres años.

Por su parte, el diputado de Unión por la Patria y ex titular de la Aduana, Guillermo Michel, promueve la creación de un “Programa de Desendeudamiento de las Familias Argentinas”. El proyecto contempla que jubilados, trabajadores, monotributistas y beneficiarios de programas sociales puedan acceder a créditos de la Anses para cancelar deudas con tarjetas, plataformas digitales y otros operadores financieros.

En este contexto, Lewandowski impulsa la iniciativa como una herramienta para frenar la escalada del endeudamiento y la morosidad, y reclamó su tratamiento en el Senado a partir del inicio de las sesiones ordinarias. El legislador advirtió que la situación responde, en parte, a la desregulación financiera posterior al DNU 70/2023, que —según cuestionó— permitió a bancos y emisoras de tarjetas fijar tasas sin controles efectivos.

“Esto es una necesidad real de quienes nos trajeron a esta banca”, afirmó. También señaló que “liberaron a los bancos y a las tarjetas de crédito para que le cobren a la gente los intereses que crean conveniente, sin ningún tipo de regulación”, y describió el impacto social del fenómeno: “El poder adquisitivo ha caído, la gente pierde el trabajo y no puede afrontar sus compromisos. Estamos en una economía frenada, en un contexto de estanflación”.

Finalmente, insistió en la necesidad de avanzar con el debate legislativo sin dilaciones y abrir la iniciativa a aportes de otros sectores. “La gente está desesperada, las deudas se comen el sueldo y no hay respuestas. Tenemos que atender esta realidad”, concluyó.