La vida dentro del Gobierno podría ganar un Oscar: una batalla tras otra. Ayer se libró una nueva: la del nivel de protección a la industria farmacéutica local. Federico Sturzenegger ganó la pelea que venía dando desde que llegó al poder en contra de los regímenes que benefician a los laboratorios nacionales. Aparece derrotado el ministro de Salud, Mario Lugones, cuya referencia política más inmediata es el amigo y socio de su hijo Rodrigo: Santiago Caputo, el “Mago del Kremlin”.

Pero no hay que apresurarse. Habrá que mirar con atención la implementación de las novedades para determinar si el ganador, en realidad, ganó. La guerra más tradicional, que enfrenta a Karina Milei con el “Mago”, ofrece nuevos episodios. Santiago Caputo tiene una relación indirecta en algunos juzgados en los que se decide el destino penal de los Milei, en especial de Karina.

Ayer se publicó en el Boletín Oficial la Resolución Conjunta 1/2026, que firman el ministro de Salud, Lugones, el de Economía, Luis “Toto” Caputo, y el presidente del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI), Carlos María Gallo. Allí se deroga la Resolución 118 de 2012, que establecía numerosas restricciones al patentamiento de nuevos medicamentos en el país. Esa norma, que quedó anulada, había sido firmada por Débora Giorgi y por el principal benefactor de los laboratorios locales, Juan Manzur.

La nueva resolución obliga a respetar la propiedad intelectual de los productos desarrollados por los laboratorios internacionales. Es una antigua demanda de esas empresas, que se quejaban de que sus competidores locales, al amparo de esas normas proteccionistas, impedían el patentamiento de sus medicamentos para, en muchos casos, vender copias fabricadas por ellos mismos. Sturzenegger, en un mensaje emitido por la red social X, asumió la queja de las empresas extranjeras: se desampara la propiedad intelectual y se agrede la propiedad privada, es decir, los recursos invertidos en investigación y desarrollo para lanzar una nueva medicina al mercado.

Los laboratorios nacionales emitieron una declaración protestando por la novedad. Recurrieron al tradicional argumento del sector: el respeto a las patentes ha servido, en muchísimos casos, para que sus competidores extranjeros disfruten de un monopolio. ¿Cómo? Simulando innovaciones que permiten la prórroga indefinida del vencimiento de esas patentes. Por ejemplo, se pide la exclusividad en la venta de una especialidad porque se modificó su envoltorio, se amplió la lista de dolencias para las que puede suministrarse o se modificó su forma de aplicación. Esas estratagemas se denominan evergreening.

Cada sector alega en su favor las supuestas ventajas económicas que ofrece su posición. Los internacionales, que se agrupan en la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME) sostienen que con un mayor respeto a la propiedad intelectual, la Argentina va a ser más atractiva para la inversión en ciencia y tecnología. Apuestan a que el país, que hoy capta alrededor de 700 millones de dólares por año, atraiga en el mediano plazo 2100 millones de dólares por año. Esgrimen otro beneficio: los argentinos van a poder acceder a medicamentos más modernos y de mayor calidad.

La dimensión económica es determinante para este debate. En los costos de las entidades que financian buena parte del sistema de salud, sean prepagas u obras sociales, los medicamentos tenían una participación del 5%. Hoy es del 20%. Esta es la razón por la cual queda otra batalla pendiente: la de la puesta en funcionamiento de la Agencia Nacional de Evaluación de Financiamiento de Tecnologías Sanitarias (ANEFITS). Esta oficina operaría como un filtro que garantice que no se autorizarán productos que pongan en crisis a prepagas y obras sociales. Esa finalidad es tan clara que, a diferencia de lo que sucede con organismos similares en otros países, la ANEFITS intervendría en el proceso de autorización de un medicamento antes que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), que es la que otorga la aprobación científica. En concreto: si un remedio es bueno, pero es caro, no llegaría a autorizarse. Este organigrama intenta resolver un dilema difícil que existe a escala internacional: ¿se puede liberar la innovación sin controlar los precios? El gobierno ultraliberal de Milei ya respondió: “No”. ¿Qué opinará el “Coloso”?

En relación con la resolución de ayer, los laboratorios nacionales, que se nuclean en la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) alertan sobre el peligro del evergreening, que impediría la competencia de los productos originales con sus copias, desalentando la competencia. En esa cámara aseguran que muchas veces una copia (medicamento genérico) o un producto con efecto terapéutico equivalente (biosimilar) puede representar una reducción superior al 60% en el precio. Una minucia: los industriales farmacéuticos piden protección pero Milei no los insulta como a Paolo Rocca. ¿A qué se deberá la diferencia?

La discusión entre ambos sectores parece una partida de póker no siempre fácil de decodificar. CILFA celebraba ayer la idoneidad del INPI para otorgar patentes a productos que realmente representen una innovación. CAEME alertaba sobre la necesidad de que la implementación de la nueva resolución sea la correcta. En otras palabras, sugería que la clave del problema está en qué decida en cada caso el órgano regulador, que hoy está en manos del abogado Gallo.

CILFA celebró que no se hayan modificado las reglas sobre protección de datos de prueba. Se trata de la confidencialidad que debe rodear a la información sobre cómo se elaboró y probó un medicamento para garantizar su seguridad y eficacia. Una queja histórica de CAEME es que la ANMAT suele autorizar productos sobre la base de experimentaciones y controles realizados por el fabricante original de ese remedio.

El nuevo régimen es el cumplimiento de un compromiso asumido por la Argentina en la negociación del Acuerdo de Libre Comercio pactado con los Estados Unidos. Por eso sus defensores recordaban ayer que, como contrapartida a un sistema de propiedad intelectual más transparente, ese país abriría su mercado doméstico a los medicamentos fabricados en la Argentina.

La advertencia de CAEME sobre la calidad de la puesta en práctica de estas nuevas normas es razonable. Primero se sospechó que los laboratorios nacionales podían ponerse a salvo de las garantías que se otorgaran a sus competidores extranjeros manteniendo esta normativa local, que limita las obligaciones a las que el país se somete en el tratado con los Estados Unidos. Este riesgo debería ser descartado desde ayer. Pero queda el otro: que por la vía del otorgamiento concreto de patentes se limite el acceso de los productos importados al mercado argentino.

Es una contienda durísima en la que Sturzenegger tomó partido, como de costumbre, con la liberalización y la defensa del derecho de propiedad que, como él declara, son el núcleo básico del gobierno de Javier Milei. El ministro Lugones se plegó con una declaración que fue casi un eco de la del “Coloso”. Ese alineamiento no debería ocultar que Lugones tiene una relación muy amigable con los laboratorios locales. Un ejemplo muy elocuente fue la organización del bloque destinado a salud, ni siquiera a industria de la salud, para la “Argentina Week” que se celebró la semana pasada en Nueva York.

El núcleo temático fue la competitividad de las empresas farmacéuticas locales, representadas por Daniel Sielecki, quien ya desde las zapatillas asumió el aspecto de un irreverente innovador, y por Leandro Sigman, hijo de Hugo, un experto en mercados regulados capaz de exprimir hasta la última ventaja su concepto de “integración público-privado”. Sigman viene de ser víctima de otra resolución del “Coloso”, destinada a abrir la importación de vacunas contra la aftosa, un sector que él controlaría en un 70 a través de la empresa Biogénesis Bagó. Sigman Jr. se veía muy confortable en el panel de Manhattan, lo que podía llamar a sorpresa: pocos días antes, en España, papá Hugo aplaudió a rabiar a Dolores Fonzi cuando, al recibir el premio Goya, dijo venir de un país en el que un gobierno de derecha está destruyendo todo, hasta el extremo de poner en venta el agua.

Tal vez no haya sido Lugones el máximo defensor de la industria local. Gerardo Werthein, perteneciente a una familia emparentada y asociada a los Sielecki, hizo todo lo posible por proteger a los laboratorios argentinos mientras negociaba como canciller el tratado comercial con los Estados Unidos. ¿Fue una de las razones por las que debió dejar el ministerio?

La disputa por el mercado farmacéutico no terminó porque depende de quién ejerza el control sobre el INPI. ¿Concluyó, en cambio, la pelea por el control del Poder Judicial? Santiago Caputo retrocedió varios casilleros con la designación de Juan Bautista Mahiques y de Santiago Viola en el Ministerio de Justicia. Un minuto antes de que tenga que resolverse la identidad de 209 jueces federales o nacionales. Habría sido sólo el primer paso de una avanzada más profunda sobre el territorio del “Mago”. Existen numerosos indicios de que desde el entorno de Karina Milei se está buscando a un nuevo titular para la SIDE, hoy conducida por el ex contador de la familia Caputo, Cristian Auguadra.

Sin embargo, muchos expertos en la maquinaria judicial especulan con que el “Mago” todavía tiene artillería disponible. Observan esta circunstancia: los dos juzgados donde se tramitan las pesadillas de los Milei, sobre todo de Karina, tienen una conexión más o menos directa con Caputo. Uno es el de Marcelo Martínez de Giorgi, que investiga la causa $Libra. El otro es el de Ariel Lijo, donde está radicado el expediente de las coimas que, se presume, recaudaban en la Agencia Nacional de Discapacidad. Entre el “Mago” y esos dos juzgados hay un eslabón: el tenebroso Antonio Stiuso y su secretario privado Lucas Nekamkis.

Stiuso y Nejamkis, junto con el antiguo colaborador de Alberto Fernández, Fabián Leunda, integran una cofradía con Lijo. Están empeñados en que el juez federal obtenga los 2/3 del Senado para convertirse en procurador general de la Nación, es decir, jefe de todos los fiscales del Estado nacional. La última vez que analizaron la jugada fue, con la participación de Sergio Massa, el jueves pasado en Roldán, el templo gastronómico de José Luis Manzano y Daniel Vila. Allí reina el alegrante Diego Lepera, con quien Mahiques consulta sus movimientos a toda hora.

Un detalle más sobre Stiuso: anteayer, en su declaración ante el tribunal oral, el ex secretario de Obras Públicas Roberto Baratta, jefe del grafómano Oscar Centeno, lo despeinó con su declaración. Fue cuando afirmó que el ex piquetero Fernando “Chino” Navarro lo amenazó con perseguirlo con los servicios de Inteligencia si complicaba en la causa “Cuadernos” a Juan Manuel Abal Medina. Baratta acaso ya sentía que le habían tirado encima el espionaje. Porque muchos se preguntan si existió algún vínculo indirecto entre Centeno y Stiuso. Imposible descubrirlo.

Respecto de la declaración de Baratta, conviene hacer historia: Abal Medina era el jefe directo del amanuense Nejamkis. Baratta agregó otra infidencia: que Alberto Fernández le pidió que no mencione a un grupo de empresarios vinculados a ese río de coimas. Dijo que, por ahora, se guarda los nombres. Cuánto que aprender.

El otro aspirante a la Procuraduría, competidor de Lijo, era el camarista de Casación Mariano Borinsky. Pero ahora Borinsky apunta a cubrir una vacante de la Corte. Si bien el Presidente y su ministro de Justicia aclararon que esas designaciones se realizarán a fines de 2027, cuando el Senado tenga otra composición, la corporación de Comodoro Py cree contar con sus propios votos. El mundo del poder, sobre todo del Gobierno, mira hoy los movimientos de los magistrados a la luz de su comportamiento frente a las fechorías de la AFA.

Borinsky ya tiene un antecedente: junto con su alter ego, Javier Carbajo, benefició en 2025 a Claudio “Chiqui” Tapia en una causa en la que el titular de esa asociación era acusado de usar sociedades misteriosas para intermediar contratos multimillonarios para, entre otras cosas, eludir el cepo cambiario. Gustavo Hornos votó en disidencia. Una curiosidad: el fallo está firmado también por la secretaria María Clara Mitjans Losardo. Es la hija del escribano Fernando Mitjans, presidente del Tribunal de Disciplina de la AFA y de la exministra de Justicia, la albertista Marcela Losardo.

Stiuso, Lijo, Nejamkis y Leunda perdieron una carrera importante junto con Caputo: no lograron consagrar a Guillermo Montenegro como ministro de Justicia. Les ganó de mano Mahiques, impulsado por Karina Milei y los primos Menem. Montenegro se lame ahora las heridas. Hasta piensa en regresar al despacho de intendente, en Mar del Plata, que abandonó en un prudente uso de licencia. Como hizo Mahiques con la Fiscalía General porteña. Hay que reconocer que Milei no siempre es intolerante: no interpreta que esa licencia de Mahiques como una falta de respeto; tampoco lo fastidia compartir un colaborador con Jorge Macri.

Martínez de Giorgi, a cargo de la causa $LIBRA, supera a Lijo en dos comportamientos: es más recatado, y está más subordinado a Stiuso. Esta dependencia de Martínez de Giorgi pone en duda la capacidad de Mahiques para defender, casi como un abogado personal, a los Milei. El ministro concurrió a varios canales de TV para explicar cuál era el procedimiento que podría hacer zafar de un caso tan complicado al Presidente y a su hermana: hay que declarar la nulidad de algunas pruebas que fueron filtradas al periodismo. Aunque esas pruebas ya estuvieran incorporadas al expediente por el fiscal Eduardo Taiano, como explicó Paz Rodíguez Niell en este diario. Esa artimaña de Mahiques no está dirigida a los televidentes. Su único destinatario es el juez. Habrá que ver si Stiuso imparte la misma indicación.

¿La guerra entre la señorita Milei y Caputo se ha vuelto tan agresiva como para sospechar que el “Mago” podría utilizar ese dispositivo judicial para agredir a su propio gobierno? Si uno mira sus cuentas de X se lo ve cada vez más subordinado. Sin embargo, en el entorno de la secretaria general reflexionan de este modo: “Fue ineficaz para defendernos, por eso recurrimos a Mahiques. Habrá que ver si es eficaz para atacarnos”. Demasiada paranoia.

Esos sentimientos persecutorios se proyectaron también sobre el video de los Adorni subiendo a un avión privado. ¿Quién fue? Primero se especuló con el “Mago” Caputo, que controla la SIDE. Después se pensó en Patricia Bullrich, que tiene influencia, a través de su sucesora, la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva. A ella reporta la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Sin embargo, la explicación más extendida en el oficialismo es que la filmación se realizó desde una oficina de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Es la conclusión de un estudio que toma en cuenta el ángulo con que fueron tomadas las imágenes: sería lógico que la cámara estuviera en la oficina de la ANAC. Más aún, le imputan la picardía a una sindicalista de ATE. Quiere decir que los Adorni corrieron el famoso “Riesgo Kuka”. A propósito del vuelo: ¿ya aparecieron las facturas que demuestran cómo se pagó? Trivialidades. En un Gobierno cinematográfico, lo importante es la película. Una batalla tras otra.