La Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata resolvió este jueves elevar a juicio a un dirigente de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA) y a otras 26 personas acusadas de robo agravado, daño y amenazas coactivas durante un bloqueo realizado en marzo de 2021 contra la empresa Lácteos Mayol, en Gobernador Udaondo, partido de Cañuelas.

La resolución se adoptó tras analizar dos recursos de apelación: uno presentado por la gerenta de la empresa, Paulina Mayol, contra el sobreseimiento de casi todos los imputados dictado previamente por el Juzgado de Garantías N° 8, y otro de los defensores de los acusados, que solicitaban la nulidad y el cierre definitivo de la causa. Por mayoría, los jueces Alejandro Gustavo Villordo, Fernando Jorge Mateos y Juan Alberto Benavides optaron por revocar el sobreseimiento parcial y permitir que el caso avance a la etapa oral respecto de todos los involucrados en la protesta sindical.

Entre los acusados está Guillermo Arregui, titular de la Seccional Cañuelas de ATILRA y figura importante en la estructura del líder nacional del gremio, Héctor Ponce, que, al igual que el Sindicato de Camioneros, adoptó los bloqueos como una forma habitual de intimidar a las empresas ante cualquier reclamo.

Los acusados que irán a juicio por los hechos encuadrados como robo agravado, daño y amenazas coactivas son Guillermo Facundo Arregui, Juan Carlos Esnaola, Carlos Miguel Barbero, Eduardo Fabián Mujica, Dante Heradio Lugo, Damián Ezequiel Muñoz, Darío Ricardo Montivero, Eduardo Ismael Rodríguez, Juan Pablo Miño, Néstor Fabián Bordón, Ramón Darío Miño, Cristian Edgardo Flores, Walter Raúl Ojeda, Héctor Ramón Díaz Inchauste, Maximiliano Eduardo Nicolás Casco, Jacinto Fabián Taborda, Alejandro Maximiliano Juárez, José Luis Méndez, Pablo Daniel Duville, Daniel Antonio Delari, César Sebastián Núñez, Hernán Alberto Galeto, Hernán Olive, Marcelo Adrián Madona, Maximiliano Luis Daniel Navarro, Julio Cesar Sigales y Sergio Patricio Costa.

La causa continuará en la instancia oral, donde deberán determinarse la responsabilidad penal de cada uno de los acusados y la posible existencia de un acuerdo o plan común entre los participantes de la protesta.

De acuerdo con los antecedentes, la investigación penal preparatoria se inició a partir de la denuncia del presidente de Mayol, Dardo Juan Mayol, quien señaló que entre el 1° y el 6 de marzo de 2021 un grupo de al menos 28 personas identificadas como integrantes de ATILRA y otras no individualizadas se instalaron en el ingreso de la planta, impidiendo el acceso a propietarios y empleados.

Según denunció el empresario, hubo agresiones verbales, amenazas y la utilización por la fuerza de las instalaciones de la fábrica durante la protesta. También se reportaron daños materiales, como el corte de candados, cables eléctricos y cámaras de seguridad, la sustracción de mercadería (al menos 40 potes de dulce de leche y quesos) y la apropiación de llaves de vehículos.

El expediente judicial incluye declaraciones de empleados, dueños y vecinos que describieron un control sostenido de la planta por parte de los manifestantes durante varios días, así como situaciones de amedrentamiento y hechos vandálicos. Entre los elementos considerados por la Cámara figura la inutilización deliberada de las cámaras de seguridad y la permanencia continua de los acusados en la planta, lo que refuerza, según la resolución, la tesis de una coautoría funcional que impidió individualizar acciones específicas pero que, en conjunto, habría facilitado el resultado delictivo.

En cuanto a la calificación legal, el tribunal tomó como base el requerimiento fiscal, que atribuyó las conductas investigadas a robo agravado por ser cometido en lugar poblado y en banda, daño y amenazas coactivas (artículos 54, 167 inciso 2, 183 y 149 bis segundo párrafo del Código Penal). La decisión se fundamentó en la existencia de prueba suficiente para sostener en esta etapa la probabilidad positiva de los hechos y la conveniencia de que sea el juicio oral el marco para determinar la existencia de un plan común y las responsabilidades concretas en el bloqueo.

La defensa había solicitado el cierre de la causa por falta de especificidad de la imputación y planteó nulidades por entender vulneradas garantías constitucionales de sus asistidos, al considerar genérica la acusación y centrada en una supuesta criminalización de una protesta gremial. Estas objeciones fueron rechazadas por la mayoría de los jueces, para quienes la descripción de los hechos y la modalidad colectiva permiten avanzar a juicio sin perjuicio del derecho de defensa, ya que será en el debate oral donde deberá analizarse la responsabilidad individual.

Por otra parte, Paulina Mayol cuestionó que el sobreseimiento parcial resultaba contradictorio, dada la documentación, testimonios y actas que, según su argumento, acreditaban el dominio de la planta y la comisión de los hechos denunciados.

El tribunal, por mayoría, resolvió que existen elementos objetivos que ameritan el avance a la etapa de juicio respecto de todos los implicados, dado el carácter colectivo de la ocupación de la fábrica, la extensión temporal (6 días), la sustracción de productos de la empresa, los daños relevados y la inutilización de las cámaras, elementos que, en esta instancia, impiden descartar la inexistencia de una acción común.

¿Cómo fue el bloqueo sindical contra Lácteos Mayol? La entrada y salida de la planta de esta empresa familiar, instalada desde 1936 en Gobernador Udaondo, fue bloqueada en marzo de 2021 por integrantes de ATILRA de General Rodríguez que reclamaban que 13 trabajadores de la fábrica debían ser recategorizados e incorporados como afiliados al sindicato.

Ante el reclamo, en Lácteos Mayol señalaron que el convenio está diseñado para las grandes usinas lácteas, pero es inaplicable en una pyme familiar. Aún así, el conflicto fue escalando con agresiones personales, daños al establecimiento y robos, lo cual generó indignación entre los pobladores de Gobernador Udaondo, que salieron a la ruta para protestar porque corría riesgos una empresa clave en la zona, cuya principal actividad es la elaboración de quesos y dulce de leche.

Los daños causados a la pyme por el bloqueo fueron importantes: al cabo de seis días de paralización de la actividad, se perdieron 45.000 litros de leche y desde entonces se redujeron los puestos de trabajo y la producción de entre 15 mil y 20 mil litros de leche bajó a entre 4 mil y 5 mil litros.

Paulina Mayol, gerenta de la empresa que su bisabuelo fundó en 1936, señaló a Infobae: “Se podrá imaginar todo lo que esto ha acarreado a nivel empresa y también a nivel de conflictos familiares, donde la mayoría bregaba por cerrar la empresa y yo decidí continuar con el apoyo de una prima y de mis hermanos. Realmente este gremio destruye todo lo que se pone en su camino”.

El bloqueo sindical a esta pyme tuvo mucha repercusión mediática porque Dardo Mayol, uno de sus dueños, por entonces de 73 años, filmó en esos días un video que circuló rápidamente en las redes y en el que pidió, entre lágrimas: “Espero que alguien en este bendito país saque esta lacra de mi fábrica, la fábrica de mi abuelo. Sáquenme esta lacra, ayúdenme”.