POLITICA
Cristian Ritondo aseguró que el PRO mantendrá la alianza con LLA en la provincia de Buenos Aires en 2027

El diputado Cristian Ritondo aseguró que el PRO mantendrá la alianza electoral con La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires en las elecciones de 2027. “No hay posibilidad ninguna de que no vayamos juntos para derrotar al kirchnerismo“, afirmó.
La confirmación de Ritondo se da luego del encuentro encabezado por Mauricio Macri en Parque Norte. “Hay que completar el rumbo y no cuestionarlo. No vamos a ser oposición ni boicotear nada, eso no va a pasar nunca”, enfatizó el expresidente.
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“El acuerdo que hicimos en la provincia de Buenos Aires, que lo hice con Karina (Milei) y con todo el equipo, para nosotros fue un muy buen acuerdo”, señaló Ritondo.
En ese sentido, el legislador ratificó su apoyo a la candidatura del ministro del Interior, Diego Santilli, para la gobernación bonaerense. “Para mi, Diego es el mejor. Y yo estoy comprometido a acompañarlo», deslizó en diálogo con radio Rivadavia.
Al ser consultado por un posible candidato del PRO para la Presidencia, Ritondo, lanzó: “Mauricio Macri es el más responsable de todos, pero a nosotros nos importa la Argentina, no las candidaturas. Aprendimos después de que a nuestros dos últimos candidatos no les fue bien”.
Mauricio Macri reapareció en el PRO con el foco puesto en 2027
Ayer, el expresidente Mauricio Macri encabezó un evento del PRO en Parque Norte. En su discurso, Macri ratificó su apoyo al Gobierno, pero advirtió: “El próximo paso es convertir la estabilidad en progreso real”.
El jefe del PRO volvió a marcar sus diferencias con la administración del presidente Javier Milei, en la cumbre partidaria en Parque Norte. Planteó que “está en juego si el cambio tiene raíces profundas para perdurar”.
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El exmandatario volvió a marcar sus diferencias con el Gobierno: “Tenemos diferencias, las hemos expresado y las vamos a expresar cada vez que haga falta, pero nuestra prioridad es el cambio. Nuestra lealtad es apoyar lo que está bien y señalar lo que está mal. Lealtad es defender al cambio de todos los que quieren destruirlo”.
También descartó la posibilidad de que el PRO vaya a definir un candidato propio en el corto plazo. “No íbamos a cometer ese error”, sentenció.
Cristian Ritondo, La Libertad Avanza, PRO
POLITICA
Caso $LIBRA: opositores redoblan la presión sobre el Gobierno y piden interpelar a Manuel Adorni y Karina Milei

Después de que se conocieran nuevos detalles del caso $LIBRA, con la difusión de chats y llamadas del lobista Mauricio Novelli, que actuó de nexo entre el presidente Javier Milei y los creadores de la criptomoneda, la oposición redobla la presión en el Congreso.
Diputados que integraron la comisión investigadora formalizaron hoy un pedido para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Además, presentaron un pedido de informes y de acceso a la información pública dirigida al jefe del Estado.
Los referentes de la oposición, encabezados por el titular de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, quien presidió la comisión investigadora por el affaire $LIBRA, consideraron que “la gravedad institucional del caso y la implicación personal directa” de Milei y su hermana “exigen respuestas inmediatas”.
“En el caso del Jefe de Gabinete, es él quien debe responder por el Presidente de la Nación, los ministros y el conjunto de los funcionarios de la Administración Pública Nacional ante el Congreso de la Nación”, indicaron a través de un comunicado.
La presentación fue firmada por los diputados que integran las bancadas de la CC, Unión por la Patria y Provincias Unidas. Se trata de Ferraro, Juan Marino, Sabrina Selva, Mónica Frade, Nicolás Massot, Pablo Juliano, Itaí Hagman, Julia Strada, Florencia Carignano, Rodolfo Tailhade y Esteban Paulón.
Los peritajes sobre el teléfono del lobista y operador financiero Novelli revelan nuevos datos del vínculo comercial con Javier y Karina Milei a través de pagos en pesos y dólares que recibieron mientras el líder libertario ganaba protagonismo en los medios y la política, hasta llegar a la presidencia. Del material obtenido por la Justicia surgen pagos desde 2021, cuando Milei era diputado, por dar clases y promocionar inversiones que motorizaba Novelli.
“La evidencia recabada en el Informe Final de la Comisión Investigadora y las recientes revelaciones del periodismo de investigación exponen contradicciones insalvables con las declaraciones públicas vertidas por el titular del Ejecutivo durante todo el año 2025”, indicaron los legisladores que firmaron las presentaciones.
Ante el silencio del Gobierno sobre las nuevas revelaciones en el caso, los opositores consideraron que “el Congreso de la Nación debe actuar frente a un hecho de profunda gravedad institucional”. Y consideraron que es “indispensable que los responsables directos den explicaciones” para “restablecer la confianza en las instituciones”.
Días atrás, los diputados que integraron la comisión investigadora acusaron a Milei de formar parte de una operación “planificada” y de “estafa” tras el hallazgo de un borrador que daría cuenta de un pago millonario al Presidente por la difusión de la criptomoneda. Anticiparon, además, que denunciarán al fiscal Eduardo Taiano por encubrimiento.
El lunes pasado, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, alertó sobre una posible manipulación de los archivos extraídos del celular de Novelli. “Es grave que se haya filtrado esa información”, afirmó, y aseguró que “una persona que no estaba autorizada a acceder a este expediente habría sacado información; la cadena de custodia no está garantizada”.
“El sistema de frenos y contrapesos exige que el Poder Ejecutivo rinda cuentas cuando existen sospechas fundadas de irregularidades en el ejercicio de sus funciones. Los hallazgos del caso $LIBRA comprometen la ética pública”, señalaron los diputados que integran la comisión investigadora.
En las últimas horas, Milei ratificó a Adorni como jefe de Gabinete después que trascendiera que su continuidad en la gestión estaba en duda. El exvocero presidencial atraviesa su peor momento político por el revuelo que generó la presencia de su esposa Bettina Angeletti en el avión presidencial junto con la comitiva del Gobierno en Nueva York para participar del evento “Argentina Week”.
En paralelo, el ministro coordinador enfrentó un vendaval por la confirmación de que realizó con su esposa y sus hijos un vuelo a Punta del Este en avión privado. Según comprobó la Justicia, el tramo de ida del taxi aéreo figura como costeado por Imhouse SA, del periodista Marcelo Grandio, amigo del ministro coordinador. Actualmente Grandio vive en Uruguay, pero tiene un programa ( Giros en línea recta) en la Televisión Pública (que depende del jefe de Gabinete). Tiene además un ciclo en un canal de streaming de la misma emisora, en la que Adorni fue entrevistado en varias ocasiones.
Ayer, reveló que Angeletti registró a su nombre en noviembre de 2024 la casa en el country Indio Cua Golf Club de Exaltación de la Cruz que señaló en una denuncia penal la diputada Marcela Pagano, una exintegrante de La Libertad Avanza (LLA).
Adorni, un funcionario muy cercano a Karina Milei, se negó a dar explicaciones sobra la casa que compró su esposa en Exaltación de la Cruz cuando él ya era funcionario público. Adujo que prefería no responder preguntas sobre el origen de los fondos o si la propiedad había sido declarada ante la Oficina Anticorrupción (OA) porque el tema está bajo investigación.
En concreto, Adorni enfrenta varias causas judiciales y pedidos de informes en el Congreso.
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POLITICA
El gobierno de Kicillof cree que tendrá un fallo favorable de la Corte en el reclamo por fondos de la ANSES

La Provincia de Buenos Aires recibió esta semana la primera señal concreta de la Corte Suprema de Justicia en la batalla por los fondos de la ANSES. Tras meses de reclamos formales y tensión política, la gestión de Axel Kicillof logró que los jueces del máximo tribunal convoquen a una audiencia con representantes de ambas partes, una jugada que el oficialismo bonaerense leyó como el primer avance real en su demanda por la deuda previsional más pesada que mantiene la Nación con el distrito.
La expectativa creció rápidamente dentro del gobierno provincial, que ahora apunta todos sus cañones a la próxima audiencia fijada para el 21 de abril. En ese encuentro, la Provincia volverá a exponer el reclamo por la falta de transferencias de ANSES para la Caja de Jubilaciones bonaerense, una deuda que —según la última estimación oficial— ya supera los $2,2 billones. La apertura del expediente en la Corte encendió la esperanza de que la disputa finalmente se resuelva en favor del distrito y represente un cambio decisivo en la relación de fuerzas con el Gobierno nacional. “Creemos que nos fue bien. Nuestra argumentación fue sólida y Nación se comprometió a trabajar en el caso. Veremos”, planteó a este medio una fuente provincial que sigue el tema.
La estrategia bonaerense no solo recae sobre el gobernador y el ministro de Economía: el equipo que lidera la defensa provincial ante el máximo tribunal está integrado por el Fiscal de Estado, Hernán Gómez; la presidenta del Instituto de Previsión Social, Marina Moretti; el propio Pablo López y el Asesor General de Gobierno, Santiago Pérez Teruel. Ellos fueron quienes argumentaron ante los jueces y detallaron el peso de la deuda previsional que ya supera los $2,2 billones.
La tensión política que rodea el caso quedó expuesta ese mismo martes, cuando Axel Kicillof mencionó el reclamo en público durante la presentación del Centro de Estudios Derecho al Futuro. Con un dejo de ironía, el gobernador pidió “un aplauso para la Corte” al referirse a la apertura de la instancia judicial, enviando un mensaje claro sobre la importancia que el gobierno bonaerense asigna a la demanda previsional y al gesto del máximo tribunal.

Tras la audiencia, López resumió la expectativa de la provincia: “Pudimos plantear nuestro reclamo en relación con la deuda que el Gobierno Nacional mantiene con nuestra provincia por el sistema jubilatorio provincial. Es una deuda que ya supera los dos billones de pesos. Hemos planteado nuestros argumentos. Se ha fijado una nueva audiencia para el 21 de abril, donde el Gobierno Nacional se comprometió a trabajar y esperemos que lleguemos al 21 de abril con un reconocimiento de la deuda y un compromiso de solución para este problema existente, que es que el Gobierno Nacional no está cumpliendo con los fondos que debería transferir a la provincia de Buenos Aires”.
El funcionario remarcó el esfuerzo fiscal que representa para la provincia: “El perjuicio no es solamente fiscalmente para la Provincia de Buenos Aires”. Y agradeció el espacio concedido por la Corte Suprema: “Poder tener un espacio como este, agradecemos a la Corte Suprema que nos haya dado esa posibilidad”.
La expectativa bonaerense se sostiene en un dato clave: la demanda por la transferencia de fondos de ANSES es, por ahora, la única que recibió este gesto de atención judicial, mientras que el resto de los planteos —como el Fondo de Incentivo Docente, el Fondo de Fortalecimiento Fiscal y el Fondo de Compensación al Transporte del Interior— siguen en lista de espera en el máximo tribunal. El propio López lo subrayó: “Son más demandas las que tenemos contra el Gobierno Nacional. Son siete demandas ante la Corte Suprema y esperemos que se pueda ir avanzando para que el Estado Nacional cumpla con las obligaciones que tiene con nuestra provincia”.
El razonamiento que inclinó la balanza quedó expuesto en la decisión de los jueces: “La magnitud y especificidad del reclamo previsional ameritan un tratamiento diferenciado y urgente frente a otras demandas por fondos nacionales”. Así, la causa por ANSES se transformó en la principal vía de presión de la provincia mientras el resto de los reclamos permanecen en un limbo judicial.

El punto nodal fue el Decreto 280/2024. La decisión de Casa Rosada abrió la disputa con varias provincias, entre ellas Buenos Aires, por el recorte de fondos destinados a sus cajas previsionales. Es que la decisión de derogar los artículos 92, 93 y 94 de la Ley 27.701 activó el conflicto, ya que estos artículos garantizaban la llegada regular de fondos nacionales a las cajas provinciales no transferidas. La demanda bonaerense busca revertir el recorte y que se restablezca el mecanismo de transferencia automática, mientras el gobierno nacional sostiene que la medida responde a la necesidad de ordenar las cuentas públicas y revisar los criterios de financiamiento de los sistemas previsionales provinciales.
Por eso, el 21 de abril aparece como una fecha de alto voltaje que además es seguida por otras administraciones provinciales.
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POLITICA
Milei tiene más de 200 ternas para nombrar jueces, pero ninguna de la justicia federal porteña

Con la asistencia del nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y la opinión cada vez más influyente de su hermana Karina en el área, el presidente Javier Milei debe elegir, de entre una nómina de más de 200 ternas, a los postulantes que buscarán el acuerdo del Senado para convertirse en jueces.
La nueva fisonomía del oficialismo en el Senado genera expectativas de que esta vez el Gobierno sí avanzará con el tantas veces anunciado envío de pliegos a la Cámara alta. Pero en ese extenso listado en manos del Poder Ejecutivo -configurado en gran parte por la falta de nombramientos en los últimos dos años- no hay ningún aspirante para cubrir las vacantes que se reparten a lo largo de los tribunales de Comodoro Py, donde más de una docena de sillas clave siguen vacías.
Son lugares de extrema sensibilidad: por allí pasan las causas que comprometen al poder y, por ende, exigen acuerdos políticos más complejos en el Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de evaluar a los candidatos y proponer las ternas al Poder Ejecutivo. El caso de los Cuadernos de las Coimas, en pleno juicio oral, con Cristina Kirchner en el banquillo de los acusados; o la causa $LIBRA, en instrucción, pero con revelaciones que ponen en crisis las explicaciones del Gobierno sobre el tema, son dos ejemplos del tipo de expediente que tramita en Comodoro Py.
Los trámites en el Consejo para cubrir las vacantes de Comodoro Py están avanzados, con el orden de mérito de los candidatos establecido, pero todavía no hubo acuerdo con los nombres.
Con la salida de Sebastián Amerio de la secretaría de Justicia, el representante del Ejecutivo en el Consejo pasará a ser su reemplazante, Santiago Viola. Algunos consejeros abrigan la expectativa de que Viola venga con instructivos puntuales sobre los cargos en Py, para terminar de confeccionar esas ternas.
Las vacantes
Las vacantes de mayor peso se concentran en la Casación, el máximo tribunal penal del país por debajo de la Corte Suprema. A principios de marzo, la situación en esa instancia se agravó con la renuncia del juez Juan Carlos Gemignani. Con su baja, quedaron cuatro sillas vacías de 13, es decir, un 33% de los cargos.
El presidente Milei ya solicitó al Senado la renovación del acuerdo del camarista Carlos “Coco” Mahiques -padre del flamante ministro de Justicia- para que pueda seguir ejerciendo como juez de la Casación después de los 75 años, edad que cumple a fin de año y a partir de la cual solo se puede continuar en el cargo con un nuevo nombramiento. Pero el pliego de Mahiques sería solo para prolongar su vocalía por cinco años más, no para comenzar a llenar los huecos en la Casación.
Algo similar sucede en los juzgados federales, que constituyen otra muestra a escala pequeña de un problema que aqueja todo el Poder Judicial. Allí, donde las causas inician, solo hay ocho jueces titulares para doce despachos, es decir que están vacantes más del 33% de los cargos.
Los cuatro juzgados sin jueces titulares son: el N.º 12, vacante desde 2019 tras la salida de Sergio Torres (cuando partió a la Corte bonaerense); los N.º 6 y 11, vacantes desde 2020 luego de la jubilación de Rodolfo Canicoba Corral y la muerte de Claudio Bonadio; y el N.º 9, sin titular desde 2023, tras la renuncia de Luis Rodríguez.
Al igual que en la Casación, el sistema se sostiene con un esquema de subrogancias, es decir, con reemplazos horizontales que suelen durar un año y representan un adicional en el sueldo del magistrado. En algunas circunstancias, ese sistema pone a prueba sus límites, como en febrero cuando un mismo magistrado llegó a tener a su cargo cuatro juzgados distintos.
El Consejo de la Magistratura
El proceso de selección de jueces federales y nacionales comienza en el Consejo de la Magistratura. Allí se inician los concursos, se realizan evaluaciones preliminares, se toman exámenes y se llevan a cabo entrevistas personales. Finalmente, cuando hay acuerdo entre los consejeros, se conforman las ternas que se envían al Ejecutivo.
Durante 2024 y 2025, el Consejo envió un total de 115 ternas al Poder Ejecutivo (en 2025 solo 19), pero como en ese período el Presidente no remitió al Senado más que los pliegos de sus candidatos para la Corte Suprema -Ariel Lijo y Manuel García Mansilla- esas ternas se acumularon con las anteriores y hoy suman un total de 203.
El último nombramiento consumado por el decreto de un presidente -tras la aprobación en el Senado- se produjo en noviembre de 2023, cuando Alberto Fernández puso su firma para que Marcelo Alejandro Cardozo se convierta en juez federal de Puerto Iguazú. Asumió en julio de 2025, después de 14 años de creado el juzgado.
Por eso, en el Consejo esperan que haya una señal por parte del Ejecutivo para avanzar con las ternas de Py.
En manos del Poder Ejecutivo hay ternas para cubrir vacantes en cámaras federales de Rosario, Salta, La Plata, Mar del Plata, Mendoza y General Roca, entre otras jurisdicciones.
También hay nombres para ocupar cargos en ocho salas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en seis salas de la Cámara Nacional Civil, aspirantes a ocupar cargos en tres salas de la Cámara Nacional Comercial y en las dos salas de la Cámara Nacional en lo Penal Económico, donde solo hay dos jueces titulares sobre seis cargos.
También esperan nombramientos la Cámara Nacional en lo Civil y Comercial Federal y la Cámara Federal de la Seguridad Social, entre otros.
El Poder Ejecutivo tiene ternas, además, para cubrir vacantes en tribunales orales, tanto en la Capital como en el interior del país. En la ciudad de Buenos Aires hay cargos pendientes en múltiples Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional, además de puestos en los Tribunales Orales en lo Penal Económico y en el Tribunal Oral de Menores.
En el ámbito federal, las vacantes se extienden a tribunales de ciudades como Bahía Blanca, La Plata, San Martín, Tucumán, Santa Fe, Comodoro Rivadavia, Neuquén, Posadas, Catamarca, Santa Cruz y Formosa, entre otras.
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