Es imposible comprender el período histórico que se abre el 24 de marzo de 1976, con el establecimiento de la última dictadura, sin advertir que ese experimento estuvo plagado de peculiaridades. Por muchos motivos aquel gobierno militar no obedeció a varias características notorias de su género.

Las razones principales por las cuales los militares volvieron a intervenir en el juego democrático son bastante conocidas. La más obvia es que era muy habitual que lo hicieran. Desde 1930 la política argentina estuvo corroída por sucesivas crisis de representación que se intentaban liquidar con el recurso a las Fuerzas Armadas. Esos desembarcos castrenses en la vida pública se inspiraron casi siempre en una concepción de raigambre católica, fundamentalista, elaborada durante la gran crisis internacional del liberalismo de los años 20 y 30. Una de sus formulaciones más tempranas fue el discurso que pronunció Leopoldo Lugones en Lima, en una conmemoración del centenario de la batalla de Ayacucho que él tituló “La hora de la espada”. Fue el 11 de diciembre de 1924. Un año después de que en España se estableciera la dictadura de Miguel Primo de Rivera. En el marco de esa ideología las Fuerzas Armadas se atribuyeron la custodia del “ser nacional” y, con ella, el derecho a arbitrar en el sistema político. En los extremos de esta visión, la dictadura no era un recurso al que había que resignarse. Era un modelo de gobierno.

En 1976 los militares tomaron otra vez el poder para resolver la gran inestabilidad económica que se hizo incontrolable después del “rodrigazo” de junio de 1975, durante el cual el país conoció por primera vez una inflación anual superior al 100%. Para marzo del año siguiente, el ministro Emilio Mondelli dispuso un aumento de salarios del 12% y un ajuste tarifario del 100%.

Vapuleado por presiones corporativas, entre ellas las reivindicaciones salariales del propio sindicalismo peronista, el gobierno de María Estela Martínez de Perón intentó incorporar al sector castrense a sus filas. El Ejército se acercó a “Isabel” a través de una de sus líneas, la del “profesionalismo integrado”. En agosto de 1975 el general Alberto Numa Laplane llegó a la jefatura de la fuerza, y el coronel Vicente Damasco, al Ministerio del Interior. El ensayo duró poco: el 25 de agosto Numa Laplane fue destituido por el “profesionalismo prescindente” del general Jorge Rafael Videla.

Esta militarización era la respuesta al fenómeno sobresaliente de la vida pública de aquellos años: el avance de la violencia guerrillera. Sin recordar este factor es imposible comprender el apoyo que tuvo el golpe en un sector muy amplio de la sociedad. Como sostiene Eric Hobsbawm, los historiadores suelen hacer más daño con el anacronismo que con la mentira. Muchas veces se cae en el error de valorar esa solidaridad de muchísimos argentinos con el golpe de Estado suponiendo que conocían de antemano las atrocidades sanguinarias que se iban a cometer bajo ese régimen. En la estela de la revolución cubana, la guerrilla no sólo justificó la violencia como forma de resistencia a un gobierno ilegítimo, sino que la vio como el método más eficaz para alcanzar la socialización de la riqueza. Al igual que había sucedido con los golpes, ya no era un recurso extremo, era un modelo de gobierno. En ese clima mental, organizaciones como Montoneros y ERP aceleraron su militarización aun después del restablecimiento de la democracia, en 1973. El asesinato de José Ignacio Rucci, dos días después de las elecciones que reinstalaban a Juan Domingo Perón en el poder, expresa ese mesianismo revolucionario que Pablo Giussani definió como “la soberbia armada”.

La radicalización de la izquierda fue respondida con la radicalización oficial, aun en vida de Perón. Así se explica la creación de una fuerza parapolicial como fue la Triple A, que el general puso en manos de José López Rega. Durante 1975, las organizaciones guerrilleras atacaron innumerables blancos militares, policiales y civiles. El presidente provisional del Senado, Italo Luder, emitió el 5 de febrero de 1975 el decreto que disponía “neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos” que asolaban Tucumán.

Entre todas esas acciones hubo una decisiva. Fue la “Operación Primicia”, que realizó el flamante Ejército Montonero en el Regimiento de Monte 29 de Formosa, el 5 de octubre de 1975. En el ataque, para el que se secuestró un avión de Aerolíneas Argentinas, fueron asesinados varios conscriptos. Al día siguiente Luder firmó tres nuevos decretos de “aniquilamiento”, extendiendo el alcance de la represión a todo el territorio nacional.

La “Operación Primicia” fue el principal disparador del golpe. Sobre ella, sobre su agresividad, pesa un enorme interrogante. Hay quienes leen esa secuencia en términos conspirativos e interpretan que los Montoneros actuaron en complicidad o, tal vez, inducidos por un sector de las Fuerzas Armadas que pretendían sustituir a la administración de la viuda de Perón. El jefe de la Armada, Eduardo Massera, era quien ejercía la presión más intensa. ¿Actuaron los Montoneros en combinación con Massera? La pregunta puede resultar insólita. Pero entre el almirante y esa organización guerrillera hubo varias convergencias. La más importante tiene que ver con la también irracional “Contraofensiva Montonera”, que se realizó al cabo de varias reuniones de Massera con jefes guerrilleros en París. Informar sobre este contubernio le costó la vida a la diplomática Elena Holmberg, desaparecida el 20 de diciembre de 1978. ¿Los indultos de Carlos Menem, que beneficiaron a los jefes de la dictadura y a los líderes de las organizaciones armadas, fueron parte del mismo pacto negro? Carlos Manfroni lo sugiere en el título de su libro Montoneros, soldados de Massera.

Lo relevante es que el ataque a la unidad militar de Formosa abrió el camino del golpe de Estado. Algunos episodios fueron claves para la adopción de un método represivo que se volvió atroz. Uno de ellos ocurrió en España. Fue el fusilamiento de dos militantes etarras y tres insurgentes antifascistas que dispuso un Consejo de Guerra establecido por Francisco Franco, el 27 de septiembre. La decisión levantó una ola de protestas dentro y fuera del país, que incluyó un pedido de clemencia realizado desde la Santa Sede por el papa Pablo VI. Los militares argentinos creyeron encontrar una lección en esa crisis. Había que evitar que la eliminación de guerrilleros tuviera carácter público. Así se concibió la inconcebible estrategia de la desaparición de personas.

El otro antecedente que sirvió para modelar las acciones represivas fue el descubrimiento de que las Fuerzas Armadas podían ser “infiltradas”. Fue la forma de leer un descubrimiento que comenzó en 1973 con la muerte del militante montonero Juan Carlos Alsogaray en un enfrentamiento con policías cordobeses. Se trataba del hijo del general Julio Alsogaray y sobrino de Álvaro Alsogaray. La posibilidad de que hubiera guerrilleros en el seno de familias militares aconsejó radicar el “exterminio” fuera del organigrama oficial castrense. Así se idearon Grupos de Tareas, es decir, escuadrones de la muerte que actuarían de manera descentralizada, agregando clandestinidad a un combate que ya era irregular.

Son características de la represión que ya están presentes en las operaciones llevadas adelante por el gobierno peronista. Es la razón por la cual la ley de autoamnistía que dicta el general Reynaldo Bignone el 22 de septiembre de 1983, antes de que los militares abandonen el poder, absolvía los delitos cometidos entre el 25 de mayo de 1973, fecha de la asunción de Héctor J. Cámpora, y el 17 de junio de 1982, que fue el último día de la gestión de Leopoldo Galtieri.

La derechización cada vez más aguda de la gestión encabezada por Isabel Perón ayuda a entender otro rasgo atípico del golpe de Estado de 1976: no tuvo una participación ni directa ni importante de los Estados Unidos. Es decir, fue una asonada muy distinta de otras que ocurrieron en América latina, en especial de la que llevó al poder a Augusto Pinochet en Chile, en 1973. Para explicar esta atipicidad hay que recordar que estas intervenciones militares ocurrían en plena Guerra Fría. Es decir, durante el enfrentamiento entre dos bloques: el occidental, liderado por Washington, y el comunista, liderado por Moscú. La proliferación de regímenes castrenses se entendía como el resultado de la urgencia por limitar el avance de gobiernos de izquierda en la región.

El gobierno que los militares voltearon en 1976 en Buenos Aires era un gobierno de derecha que combatía al comunismo. Así se explica que desde Washington no se haya visto como urgente su desplazamiento. Esta pasable prescindencia podría explicar también las relaciones posteriores entre las administraciones norteamericanas y argentinas. Por ejemplo, como consta en los archivos del Departamento de Estado, desde muy temprano la embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires comenzó a recibir denuncias por la desaparición de personas. Apenas había transcurrido un año del golpe, James Carter envió a la Argentina a Patricia Derian, su subsecretaria de Estado para los Derechos Humanos, para recabar datos que permitieran calibrar la dimensión de la represión ilegal. Esa visita, que formó parte de una campaña internacional, contrastó con la casi indiferencia de Moscú frente a los desbordes del régimen militar. En 1980, después de la invasión soviética a Afganistán, Carter dispuso un embargo comercial contra la Unión Soviética y pidió la solidaridad de sus aliados. Pero la Argentina no se plegó. La afinidad con los Estados Unidos ya se había repuesto en 1981, como demuestra un detalle: a fines de ese año el asesor en Seguridad de Ronald Reagan Richard Allen, describió al jefe del Ejército, Leopoldo Galtieri, como un “general majestuoso”. Una versión corriente afirma que el elogio envalentono a Galtieri no sólo para voltear a Viola; también para invadir Malvinas.

La conducta de Galtieri nos lleva a otra nota peculiar del gobierno de facto inaugurado: la de haber sido una dictadura inestable. No sólo porque los militares habían fragmentado el poder entre las tres armas. Un motivo más profundo de esa inestabilidad fue que en esos gobiernos convivían, en tensión, dos proyectos distintos. El golpe y la revolución. Un sector del régimen pretendía que la toma del poder se limitara a restaurar el orden republicano-democrático que se había ido degradando durante la última experiencia peronista. Otro sector quería algo más, y era esto: una remodelación radical de la sociedad y, sobre todo, de la economía. Esta segunda ala fue la que bautizó el experimento: Proceso de Reorganización Nacional. Con acento en “Reorganización”. El contrapunto entre estas visiones acompaña toda la trayectoria del régimen.

Si hubiera que encarnar estas dos almas de la dictadura, se podría apelar a un par de nombres. Uno es el de José Villarreal, secretario general de Videla. Simpatizante del radicalismo, Villarreal siempre pensó que había que pacificar y, cuanto antes, dar una salida electoral. Por sus propias vinculaciones pero, sobre todo, por la proximidad con Ricardo Yofre, tenía interlocutores interesantes en el campo político. Uno de ellos fue Raúl Alfonsín. Pablo Gerchunoff, en El planisferio invertido, reconstruye el plan que Alfonsín negoció con los militares para que se formara una Asamblea Constituyente, se diseñara un nuevo Estado y se abriera una transición cívico-militar breve, encabezada por el propio Videla.

Una versión muy confiable asegura que un viernes le llevaron la propuesta a Videla, que prometió estudiarla. El lunes siguiente la rechazó. Villarreal se encargó de averiguar con quiénes había estado el Presidente durante el fin de semana. Le informaron que el ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, y su esposa, habían visitado la residencia de Olivos. Martínez de Hoz personificaba el curso de acción alternativo al de Villarreal. El de los que creían que la dictadura debía servir para una gran reforma capitalista. Esta pretensión se enfocaba sobre todo en la vida sindical. Martínez de Hoz, como otros funcionarios de aquel régimen, consideraban que el punto de llegada de sus políticas no debía ser el aplastamiento de la guerrilla. Había también que sofocar o neutralizar a la izquierda radicalizada pero no violenta, que convulsionaba la vida de las fábricas.

Eran las fuerzas sindicales que habían salido ganado la escena con el Cordobazo. Eran las fuerzas sindicales con las que había convivido el ministro cuando estaba al frente de Acindar. Martínez de Hoz había sido presidente del directorio de esa siderúrgica, una de las más importantes del país, fundada por Arturo Acevedo en 1942. Es una información significativa. Por un lado, porque quiere decir que él llegó al Ministerio de Economía desde la conducción de una compañía que gozaba de una altísima protección estatal. Por otro lado, porque en su última etapa al frente de Acindar a Martínez de Hoz le tocó hacer frente a uno de los conflictos sindicales más agresivos de esa época: el “Villazo”, llamado así porque ocurrió en Villa Constitución, donde estaba la sede de la compañía. Fue un enfrentamiento de los dueños y ejecutivos de esa siderúrgica con un sector radicalizado de la Unión Obrera Metalúrgica, que se extendiò varios meses entre 1974 y 1975. Para terminar con la crisis, el gobierno de Isabel Perón lanzó un gran operativo represivo que para numerosos historiadores fue un antecedente de la dureza con que se trató al sindicalismo combativo después del golpe de 1976. La relación de los Acevedo con el Ejército era muy estrecha. Por eso no debe sorprender que el reemplazante de Martínez de Hoz haya sido el general Alcides López Aufranc. La gravitación de este caudillo militar era de tal magnitud que ejecutivos de aquella época comentan que, cuando López Aufranc tenía que comunicarse con el presidente Videla, el que esperaba en la línea telefónica era Videla.

¿El de Martínez de Hoz fue sólo un rol técnico, destinado a alcanzar un inventario de objetivos económicos? Hay quienes creen que no. Que el ministro cobijaba una fantasía política: convertirse en candidato a presidente cuando hubiera una salida electoral. El famoso Joe venía de una familia muy ligada al poder, la de su madre, los Carcano, importantísimos en la vida del Partido Demócrata en la provincia de Córdoba. Esta hipótesis da derecho a sospechar de intenciones tambén personales que podrían haber aconsejado a Martínez de Hoz desaconsejar a Videla de tomar el camino trazado por Alfonsín en aquel proyecto de transición.

Este enfoque menos convencional de la figura del ministro de Economía de Videla podria explicar la orientación de su programa. Hay que volver a Gerchunoff y la columna que publicó en el pasado sábado 14, en la que explica que Martínez de Hoz fue un gradualista. Las razones pueden ser variadas: ¿su experiencia al frente de una empresa industrial protegida?, ¿el temor a un desborde social?, ¿sus recónditas ambiciones de candidato? Gerchunoff explica que la adhesión de Joe a una política más severa de shock fue el gesto desesperado de quien, ante el filo del fracaso, prefirió aceptar una receta elaborada desde el Banco Central.

El bloqueo a una salida temprana, como la que proponía Alfonsín en contacto con Villarreal y Yofre, no fue sólo una consecuencia de los objetivos que se había fijado Videla, inspirado por Martínez de Hoz. Había en el seno de la dictadura un bloque sanguinario que soñaba con un poder eterno. Lo integraban Massera, Camps, Suárez Mason. Esos alineamientos sostenían distintos proyectos de poder para cuando se normalizaran las instituciones. Una fragmentación que acentuaba la que ya había introducido el reparto tripartido de funciones de las Fuerzas Armadas. Sobre ese mapa básico tomaban partido algunas organizaciones civiles. Por ejemplo, los sindicalistas que podían acercarse más a la Marina o al Ejército. Hasta la Iglesia estaba fisurada: la línea política de la Nunciatura, encarnada al comienzo en la figura eminente de Pio Laghi, estaba expuesta al disenso de obispos jóvenes que comenzaron a denunciar las violaciones a los derechos humanos que se cometían desde el poder.

Con el reemplazo de Videla por Roberto Viola se produjo otro vaivén expresivo de esas divergencias internas. Llegó Lorenzo Sigaut al Ministerio de Economía y, sobre todo, Horacio Tomás Liendo al del Interior. Liendo fue importantísimo en esa gestión porque su cartera se convirtió en una membrana osmótica con la clase política proscripta y, sobre todo, con la dirigencia sindical. En este aspecto hay que rescatar otro rasgo de aquél experimento castrense y es que desde temprano se intentó incorporar al sistema de poder a dirigentes políticos. Sin ir más lejos, el canciller de Viola fue el dirigente desarrollista Oscar Camilión. El énfasis se puso en acercar a figuras que habían tenido responsabilidades de gobierno a nivel local. Por eso en numerosas intendencias se repuso a los jefes comunales del período anterior, algunos procedentes de la UCR y otros del Partido Socialista. El procedimiento tenía un lejano aire de familia con lo que sucedió en Brasil, donde el gobierno militar alentó la participación de dirigentes partidarios en ciudades y gobernaciones, fundando inclusive un partido político, Arena, que funcionó al mismo tiempo que la administración seguía en manos de uniformados.

Como ya se consignó, la gestión de Viola fue derribada, alegando problemas de salud, por Galtieri. Un golpe dentro del golpe. Con Galtieri regresó una visión liberal ortodoxa de la economía, encarnada por uno de los principales representantes de esa corriente: Roberto Alemann.

Galtieri abrió la puerta a través de la cual la dictadura caminaría hacia su cancelación. La guerra de Malvinas. Ese conflicto determinó otra nota peculiar del régimen militar argentino, que ha explicado con mucha lucidez Natalio Botana. El final por colapso. Que ese final fuera una catástrofe imprimió una lógica a toda la transición democrática. A diferencia de lo que sucedió con otras normalizaciones, la democracia argentina se precipitó. No fue la construcción que habría resultado de una negociación racional entre el poder que se iba y el poder que llegaba, como sucedió en España, Uruguay o Chile.

La derrota militar consumió el último monto de una legitimidad de ejercicio que la dictadura había consumido en sucesivos fracasos económicos. El 24 de marzo de 1976 fue el resultado de un ciclo convulsivo que fue desangrando la capacidad de representación hasta el debilitamiento terminal del gobierno de la viuda de Perón. Ese crepúsculo patético impide rescatar la dignidad con que Isabel enfrentó su destino político. Se le ofrecieron varias negociaciones muy convenientes para su futuro personal, que ella rechazó. Tuvo una alta consciencia de lo que representaba su investidura, aun en medio de un aislamiento cada vez más asfixiante. Esa virtud explica su final.

Sobre el filo de la medianoche del martes 23 de marzo de 1976, María Estela Martínez de Perón abordó en la azotea de la Casa Rosada el helicóptero que debía llevarla a Olivos. Minutos antes, su ministro de Defensa, José Deheza, le había comunicado que el golpe de Estado, sobre el que la había alertado José López Rega desde España, no se iba a producir.

Isabel volvía más tranquila hacia la residencia, acompañada por su secretario, Julio González, y su custodia. Dos minutos después de levantar vuelo, uno de los policías tomó su arma y gritó: “¡Nos están llevando hacia otro lado, estamos sobre el río!”. El edecán naval adujo un desperfecto: “Señora, debemos aterrizar en Aeroparque”. La presidenta giró hacia González: “No se preocupe, doctor. Es pura acción psicológica”.

Un vicecomodoro esperaba en la pista y condujo a Isabel a las oficinas del jefe de la base. Llegados allí, la hicieron pasar. En cambio, González fue detenido por un empellón: “Lo siento, doctor”, dijo el aeronauta. La presidenta de la Nación había sido secuestrada. Y fue necesario secuestrarla por temor a que resistiera en la Casa Rosada con los granaderos, obligando a un desenlace mucho más dramático. La calidad de la dirigencia política ha descendido tanto en estos días que aquella conducta de Isabel adquiere contornos ejemplares.

Con su captura comenzó el 24 de marzo. Es decir, comenzó una dictadura tenebrosa, signada por un brutal atropello a derechos elementales y por la exposición abierta de la violencia física. Esas características hacen que sea más dificultosa la percepción de algunas continuidades entre aquel pasado autoritario y este presente democrático. Una de ellas es la dificultad para dotar a la tarea de gobierno de una organización estable para el manejo del poder. La ausencia de partidos, entonces por proscripción, en estos días por aletargamiento, es una de las claves de esta indigencia.

Hay una evidencia para celebrar. La sociedad argentina, como las de otros países de América latina, se curó de la propensión a resolver sus crisis con golpes de Estado. Es alentador. Hay enfermedades colectivas que pueden curarse. Sin embargo, esa misma sociedad sigue amenazada por una inclinación repetitiva a caer en crisis de representación. Y otra tendencia recurrente: la de suponer que existe un modelo operativo, que no es el de los militares, pero podría ser el de los empresarios, los tecnócratas o los personajes de la farándula, que podría rescatar a la política de las miserias de la política. Ese espejismo produce un daño grave: posterga la regeneración que la vida colectiva está pidiendo a gritos y que explica el ascenso de un outsider como Javier Milei.

Escoltado por Victoria Villarruel, a quien no le había podido sostener la mirada en el saludo protocolar al llegar al Congreso, y por su hermana Karina, Javier Milei escribió el 1° de marzo en los libros de honor de ambas cámaras: “La moral como política de Estado. Volvamos a los valores de Occidente: la filosofía griega, el derecho romano, la actitud de los estoicos y los valores judeo-cristianos”. Tomó en sus discursos posteriores, incluso en el último, anteanoche en Tucumán, el concepto de la moral para anunciar que será el eje de su próxima obra editorial tras la publicación del año pasado, La Construcción del Milagro.

Desde aquella presentación en la apertura de la Asamblea Legislativa a hoy pasaron 20 días en los que el Gobierno quedó atrapado en contradicciones que pusieron en duda su relato sobre la austeridad, la ética y la transparencia, y en los que dejó en evidencia su escasa vocación de informar. Fueron casi tres semanas de dilapidación en tiempo récord de valores que lo diferenciaban ante la sociedad de la política tradicional, según describen recientes estudios de opinión pública.

Surgieron en estos días revelaciones comprometedoras en la causa judicial $LIBRA, en la que el Presidente y su hermana son investigados por haber sido parte de una presunta mega estafa. Manuel Adorni está bajo sospecha por el presunto giro en su nivel de vida y haber mezclado los negocios de su esposa con los del Estado, y crece la preocupación en la Casa Rosada ante las versiones de que el exfuncionario Diego Spagnuolo pueda ventilar en tribunales detalles de lo que habría sido el supuesto esquema de cobro de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Son tres frentes abiertos que inquietan a Milei justo cuando el plan económico también empieza a ser cuestionado por la inflación y las caídas consecutivas de los niveles de empleo y producción.

En el corazón del gabinete hierven las sospechas desde que Adorni denunció un complot interno por la filtración del video de él y su familia subiendo a un jet privado para pasar un fin de semana en Punta del Este en la casa de un amigo que tiene contratos con la TV Pública, otra de sus áreas de control. “Hay algunos que están con la interna, otros nos mantenemos al margen y seguimos con la gestión”, buscaron tomar distancia dos ministros consultados por .

La secuencia de traspiés comenzó hace casi dos semanas, cuando Milei mudó a medio Gobierno a Nueva York para la Argentina Week, una apuesta para captar inversores que quedó opacada por los escándalos y que tuvo por ahora dudosa recepción entre el empresariado, más allá de los elogios de ocasión de algunos hombres de negocios aliados de la gestión libertaria. Los industriales no quedaron conformes. Tampoco los 11 gobernadores a los que Milei invitó a Wall-Street como una escenificación de su capacidad de acuerdo y poder. Con ellos, el vínculo está guiado por la mercantilización de los apoyos en el Congreso: dinero a cambio de votos, como sucedió con la reforma laboral.

La Argentina Week tampoco tuvo una gran repercusión en la prensa internacional: los grandes diarios estadounidenses no cubrieron las jornadas y solo las agencias Reuters y Bloomberg publicaron cables en sus servicios informativos. Las noticias más incómodas para el relato libertario se dieron extramuros del Bank of America y de los salones de JP Morgan. Todo comenzó cuando se conoció que Adorni subió a su esposa, Bettina Angeletti, al avión presidencial como parte de la comitiva oficial que acompañó a Milei a Miami y Nueva York. La secuencia después ya es conocida: se filtró el video del jefe de Gabinete abordando un taxi aéreo a Punta del Este; comenzaron a aparecer contratos de Angeletti en su rol de “coach ontológica” con empresas vinculadas a YPF, la petrolera estatal de la que su esposo es director, y, ¿por último?, se reveló que ella registró en 2024 una casa en un country en Exaltación de la Cruz que él no incluyó en su declaración jurada patrimonial pública. Hoy tanto la declaración jurada de Angeletti como el detalle de clientes y facturación de su agencia +BE, que fue creada también en 2024 después de que Adorni haya jurado como vocero presidencial, son documentos que podrían complicar aún más al funcionario.

A Milei se lo percibe incómodo y agresivo. Lanza ataques permanentes a empresarios y periodistas, y en medio de esta tormenta tal vez impensada, visitó cuatro países distintos en tan solo diez días: Estados Unidos, España, Chile y está desde ayer en Hungría, invitado por Viktor Orban, el primer ministro que lleva 16 años en cadena en el poder y que ganó notoriedad internacional por sus intentos de controlar a la prensa y prohibir las manifestaciones del colectivo LGTB+.

Durante la Argentina Week, el Presidente delegó en Sandra Pettovello de modo interino la Jefatura de Gabinete. El rol de la ministra de Capital Humano pasó casi de inadvertido entre la agenda estadounidense y las polémicas de Adorni. Sin embargo, en el mega ministerio que está bajo su órbita, que abarca Educación, Trabajo y Seguridad Social, se dio en paralelo un cimbronazo que podría derivar en más cambios de nombres y nuevos dolores de cabeza.

Hace dos semanas reveló una supuesta maniobra irregular en la Secretaría de Trabajo para habilitar Procedimientos Preventivos de Crisis (PPC) a empresas de seguridad privada. Con el aval de la secretaría, que es la que debe acreditar la situación de crisis, decenas de empresas sellaron convenios con el gremio del sector, en este caso la Unión Personal de Seguridad (Upsra). Al acceder al PPC, se facilitan las suspensiones del personal, la posibilidad de rebajar salarios y aportes patronales y hasta avanzar con indemnizaciones a menor costo.

Hay una denuncia judicial en curso en el Juzgado N°12, a cargo de Julián Ercolini, en la que se investiga si existió una operación fraudulenta entre empresarios, gremialistas y funcionarios de la cartera laboral para hacerse de una caja millonaria con los aportes de los trabajadores. La denuncia judicial, que salpica al secretario de Trabajo, Julio Cordero, será ampliada por Marcelo Greco, un dirigente opositor de Upsra, que dice reunir pruebas para demostrar que la habilitación de PPC a empresas que no acreditan situación de crisis se extiende a otros rubros más allá de la seguridad privada. Están en la mira compañías de limpieza y una conocida cadena de kioscos que están abiertos las 24 horas. Greco también solicitó que intervenga la Oficina Anticorrupción, aunque todavía no obtuvo respuesta.

En el entorno de Pettovello vinculan el caso a la interna y señalan sin dar precisiones a los primos Menem, Martín y Eduardo, quienes conservan nexos y gente de confianza en la cartera laboral y en los sindicatos. No habría sido casual la abrupta salida de Eugenia Cortona, la subsecretaria de Empleo y Formación Laboral despedida cuando estaba de vacaciones. Cortona, una suerte de número dos de Cordero, pretendía mantener el sistema de capacitaciones en mano de los gremios, pero Pettovello decidió quitarles esa caja y les cedió el manejo de los cursos a las empresas. Con el cierre del programa Volver al Trabajo, que tenía 900.000 beneficiarios que cobraban $78.000, la ministra piensa redireccionar los fondos al sistema de vouchers para capacitaciones y a la ampliación horaria del plan de alfabetización. Esta medida terminaría de cortar una histórica cadena de pagos por los cursos de formación de la que se beneficiaban sindicalistas y punteros, la mayoría de ellos, siempre ligados al oficialismo de turno. A los Menem, a cargo de la estrategia de ampliación territorial de La Libertad Avanza, no les cayó del todo bien la decisión de la ministra, según supo de fuentes confiables.

La pulseada entre los Menem y Pettovello está lejos de disiparse. Llegó esta semana a la cúpula de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) Guillermo Arancibia, un técnico de largo recorrido en la actividad pública que tuvo a su cargo la gestión operativa de los beneficios que reciben millones de jubilados y receptores de asignaciones. Pettovello asegura que fue ella la que definió la designación de Arancibia en lugar de Fernando Bearzi. Pero hay otras fuentes oficiales que deslizan que se trató de una imposición de Karina Milei, la jefa de los Menem.

Con raíces en Pro y terminales en la justicia porteña, Arancibia ingresó a la gestión libertaria de la Anses de la mano de Osvaldo Giordano, de quien fue su jefe de asesores. Antes había pasado por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, donde anudó relaciones con las compañías de seguros a las que supuestamente debía auditar. Giordano fue desplazado tras denunciar los contratos irregulares del Estado con Nación Seguros y de que su esposa, la diputada Alejandra Torres, rechazara la Ley Bases. “El negocio de la Anses con los seguros es de dimensiones astronómicas”, dijo un exfuncionario del área al que no le sorprende el salto de Arancibia hacia la cima del organismo. En la Anses, alguno lo llaman “el persa”. Las razones de ese apodo son por ahora incomprobables. Tuvo hasta hace poco a su cargo la supervisión de las prestaciones, lo que incluye la coordinación de las unidades de atención (Udai). Las Udai sirvieron de herramienta para hacer política en la provincia de Buenos Aires durante el año electoral. Las manejó la tropa de Sebastián Pareja a través de punteros, barrabravas y dirigentes distritales de PAMI y Anses.

Detrás del ascenso de Arancibia surgen dos objetivos de un sector del Gobierno agazapado en construir más poder. Uno es el de tener el manejo del multimillonario Fondo de Garantía Sustentable (FGS), un atajo para financiar al tesoro con la compra de bonos, como lo hizo el ministro de Economía, Luis Caputo. El otro propósito es avanzar hacia la privatización del sistema jubilatorio y allanar el camino para el regreso de las AFJP. Pero antes de retomar la fase reformista, el Gobierno deberá despejar los interrogantes morales y éticos que abrieron los casos $LIBRA, Andis y la sucesión de polémicas que involucran a Adorni. El best seller que imagina Milei tal vez pueda esperar.