El Monitor de Opinión Pública (MOP) de Zentrix Consultora de marzo mostró que el endeudamiento de los hogares se consolidó como la principal respuesta frente al deterioro de los ingresos: el 56,4% tomó crédito en los últimos seis meses y, dentro de ese grupo, casi 9 de cada 10 ya presentó dificultades para pagarlo. Lejos de estar asociado a decisiones de inversión, el crédito se orientó mayormente a cubrir gastos básicos, en un contexto donde el 83,9% afirmó que su salario no le gana a la inflación y más de la mitad de la población no logra llegar al 20 de cada mes. El fenómeno describe un cambio en la función de la deuda: deja de ser una herramienta financiera y pasa a convertirse en un mecanismo de subsistencia.

Este comportamiento no aparece de manera aislada, sino que se inserta en una percepción social más amplia de fragilidad. Más del 53% de la población se representa como clase baja no sólo como una definición identitaria, sino como la expresión de una experiencia económica concreta, que también se refleja en la evaluación del contexto general: cerca de 6 de cada 10 consideran que la situación del país es mala o muy mala. En ese marco, las decisiones económicas de los hogares se reorganizan bajo una lógica defensiva, donde el objetivo deja de ser mejorar la posición económica y pasa a ser sostener niveles mínimos de consumo.

El endeudamiento se vuelve entonces parte de la dinámica cotidiana. No aparece como un evento excepcional, sino como un recurso recurrente para compensar la pérdida de poder adquisitivo. Cuando el ingreso no alcanza, el crédito completa lo que falta. Y cuando el crédito se acumula comienzan las dificultades para pagarlo. Esta secuencia, que se repite de manera extendida, explica por qué el nivel de problemas de repago es tan elevado: no responde a un shock puntual, sino a un uso sistemático del endeudamiento como sustituto del ingreso corriente.

La información sobre el destino de esos créditos refuerza esta lectura. Los principales usos están concentrados en gastos cotidianos, pago de tarjetas y cancelación de otras deudas, lo que indica que el financiamiento no se orienta a generar ingresos futuros, sino a cubrir necesidades presentes. En términos sociales, esto implica que los hogares no sólo enfrentan restricciones en el presente, sino que además trasladan esas tensiones hacia adelante, comprometiendo ingresos futuros para resolver consumos actuales.

En conjunto, los datos describen un mecanismo de ajuste a nivel de los hogares que se articula en cuatro etapas: caída del poder adquisitivo; dificultad para sostener el consumo mensual; recurso al endeudamiento para cubrir esa brecha, y creciente incapacidad para cumplir con esas obligaciones. Este circuito no es marginal, sino mayoritario, y define una forma específica de funcionamiento económico en la que el crédito reemplaza parcialmente al ingreso como fuente de equilibrio. El resultado no es sólo financiero, sino también social: una economía donde la vulnerabilidad deja de ser una condición transitoria y comienza a estructurar las decisiones cotidianas de una parte significativa de la población.

En paralelo al deterioro de los ingresos y al avance del endeudamiento como mecanismo de subsistencia, también crece la distancia entre la experiencia económica cotidiana y las estadísticas oficiales. En marzo, el 65,8% de la población consideró que el dato de inflación publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC) no reflejó adecuadamente la variación de precios que percibió en su vida diaria. No se trata sólo de una discusión técnica sobre índices, sino de una brecha cada vez más visible entre el número oficial y la economía vivida en los hogares.

Esa desconfianza encuentra parte de su explicación en un punto central: cuando el 83,9% afirma que su salario no le gana a la inflación, la percepción social tiende a contrastar de manera directa el dato oficial con el resultado concreto que deja en el bolsillo. La inflación ya no es una variable abstracta y pasa a medirse en términos muy concretos: cuánto dura el ingreso, hasta qué día del mes alcanza y cuánto margen queda para cubrir gastos básicos. Este punto es clave porque el dato de inflación no sólo describe la evolución de los precios, sino que además funciona como referencia para la actualización de salarios a través de paritarias. Cuando esa referencia no logra recomponer el poder adquisitivo se rompe el vínculo entre el índice y la experiencia real: si el salario pierde capacidad de compra y más de la mitad de la población no llega al 20 del mes, la credibilidad del dato se erosiona, no sólo por lo que mide, sino por lo que deja de corregir en la práctica cotidiana.

A esto se suman discusiones que exceden el dato puntual y afectan la confianza en el organismo: la sospecha de injerencia política sobre las estadísticas públicas y la percepción de que las canastas o ponderaciones no representan con precisión el consumo real de los hogares. En términos sociales, cuando los bienes y servicios que más presionan sobre la vida cotidiana parecen no estar adecuadamente reflejados en la medición, el índice deja de ser percibido como una herramienta de representación y pasa a leerse como una cifra distante de la experiencia común. La desconfianza, en ese sentido, no nace sólo del rechazo al número, sino de la sensación de que la medición no captura el modo en que efectivamente se encarece la vida.

Así se configura un circuito similar al que aparece en el endeudamiento familiar: si los ingresos no alcanzan, el salario pierde frente a los precios y la referencia oficial no coincide con lo que se vive todos los días. La consecuencia directa es que también se debilita la confianza en las instituciones que miden esa realidad. El problema no es únicamente estadístico. Es, sobre todo, un problema de validación social de un dato público.

Imágenes políticas

La evolución de la imagen y la evaluación de la gestión del presidente Javier Milei en marzo mostró un deterioro consistente con el clima económico descripto. La desaprobación de la gestión alcanzó el 53,3%, con un incremento de 8,3 puntos respecto a la medición anterior, mientras que la aprobación se ubicó en el 38,5%. En paralelo, la imagen también se desplazó hacia terreno negativo, consolidando un escenario donde predominaron las valoraciones críticas sobre la figura presidencial.

Este movimiento no aparece desconectado del contexto económico. La evaluación de los liderazgos tiende a estar fuertemente condicionada por la situación material de los hogares, y los datos muestran un deterioro claro en ese plano: ingresos que pierden frente a la inflación, dificultades crecientes para llegar a fin de mes y un uso extendido del endeudamiento para sostener el consumo básico. En este marco, la caída en los niveles de aprobación puede leerse como una traducción política de tensiones económicas que se vuelven cada vez más visibles en la vida cotidiana.

La relación entre economía e imagen se vuelve especialmente relevante cuando el ajuste se percibe a nivel micro. A diferencia de otros momentos donde las expectativas podían amortiguar el impacto de corto plazo, el actual escenario muestra una convergencia entre percepción personal y evaluación del país, lo que reduce el margen de tolerancia social. Cuando el deterioro deja de ser una proyección y pasa a experimentarse directamente en el bolsillo, la evaluación de la gestión tiende a ajustarse en esa misma dirección. En ese sentido, la caída de la aprobación no responde únicamente a episodios puntuales de la agenda pública, sino a una base económica que condiciona la forma en que la sociedad interpreta los resultados de la gestión.

La imagen de Axel Kicillof exhibió en marzo un leve cambio de dinámica, aunque todavía dentro de un escenario claramente desfavorable. Su imagen positiva se ubicó en el 33,8%, mientras que la negativa alcanzó el 57,2%, lo que dejó un diferencial negativo de 23,4 puntos. El dato sigue siendo problemático en términos políticos, porque lo mantiene estancado en la franja de los 30 puntos de aprobación, con un rechazo alto y sostenido que limita su capacidad de expansión más allá de su propia base.

Lo relevante es que este registro parece cortar, al menos momentáneamente, la secuencia de caída que se venía observando desde octubre del año pasado. Tras varios meses de deterioro, en un contexto atravesado por la derrota del peronismo frente a Milei tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires, marzo mostró una imagen positiva algo más estabilizada. La pregunta que queda abierta es si esta interrupción de la inercia negativa marca el comienzo de un reordenamiento de su posicionamiento o si simplemente anticipa una meseta en niveles bajos, con una imagen contenida en torno al 30% y un diferencial negativo todavía muy elevado.

Un reciente informe elaborado por la organización Tejido Urbano, basado en el procesamiento estadístico de datos del Censo 2022 y la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), reveló una radiografía crítica sobre las condiciones de vida en el país. De acuerdo con la investigación, de los 14,6 millones de hogares urbanos censados, 10,7 millones presentan algún tipo de problemática habitacional. Esto significa que el 73% de las familias argentinas reside en viviendas con deficiencias materiales, falta de servicios, hacinamiento o inseguridad en la tenencia.

El estudio propone una visión ampliada del déficit habitacional, incluyendo no solo las carencias materiales tradicionales, sino también la falta de escrituras y la dificultad de acceso a la propiedad que enfrentan los inquilinos. “En este trabajo se cuantifica un amplio conjunto de problemáticas para luego calcular la cantidad de hogares que están afectados por cada caso, y la superposición de problemas que pueden darse”, explica el documento técnico.

El primer gran grupo identificado por Tejido Urbano corresponde a los hogares que requieren una vivienda adicional, un segmento que abarca a 1.021.798 familias, lo que representa el 9,6% del déficit total. Esta categoría agrupa tres situaciones de extrema precariedad que, en la mayoría de los casos, requieren una mudanza o un cambio estructural profundo.

La problemática más extendida en este sector es la de las viviendas irrecuperables, que afecta a más de 510.000 hogares. Se trata de ranchos, casillas o piezas en inquilinatos que no cuentan con las condiciones mínimas de habitabilidad y no pueden mejorarse con refacciones aisladas. Por otro lado, el hacinamiento crítico —definido como aquellos hogares donde conviven más de tres personas por cuarto— alcanza a 372.000 familias. Finalmente, más de 230.000 hogares se ven obligados a compartir una misma vivienda con otra familia, lo que impacta directamente en la privacidad y la salud de sus integrantes.

El informe destaca que “los hogares que tienen estas problemáticas son los que tienen los niveles más bajos de ingreso”. Específicamente, el 84% de las familias que comparten vivienda y el 79% de quienes habitan estructuras irrecuperables pertenecen a los estratos sociales más vulnerables.

La mayor parte del problema habitacional en Argentina no reside en la falta de techos, sino en las carencias de las construcciones actuales. Este segundo grupo, denominado “necesidades en viviendas existentes”, involucra a 7,4 millones de hogares, es decir, casi el 70% de las familias con problemas habitacionales.

Dentro de este universo, la falta de acceso a servicios básicos de red (agua potable y cloacas) es la carencia más masiva, afectando a 5 millones de hogares. La investigación subraya que esta situación tiene un alto impacto en la salud pública y la calidad de vida. Asimismo, 4,7 millones de familias enfrentan la irregularidad dominial. “Las condiciones de regularidad en el dominio de las viviendas determinan el nivel de seguridad ante desalojos y abusos”, señala el texto.

Un dato relevante es que, a diferencia de los casos de viviendas irrecuperables, en este grupo existe una alta superposición de problemas. La mayoría de los hogares que habitan viviendas con materiales deficientes (como pisos de tierra o techos precarios) también carecen de servicios y de escrituras. Sin embargo, el estudio aclara que muchas de estas casas son “recuperables” mediante mejoras sencillas en pisos y techos, siempre que se garantice simultáneamente la infraestructura de red y la seguridad jurídica.

Una problemática transversal es la localización de las viviendas en entornos deficitarios. Según el Relevamiento Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) citado en el informe, en Argentina existen 1,2 millones de familias residiendo en villas, asentamientos o conjuntos habitacionales degradados.

Para estos casos, la necesidad supera la escala individual de la casa y requiere una “integración urbana concreta”. Esto implica obras de espacio público, vialidades, equipamiento comunitario y saneamiento ambiental. El informe advierte que los procesos de mejora barrial que no finalizan con la escrituración de los lotes “suelen reproducir los males que afectaban al barrio degradado”. En situaciones de villas de alta densidad, donde el trazado de calles no permite un mínimo de calidad urbana, el estudio menciona que podrían requerirse incluso relocalizaciones de viviendas.

Finalmente, el estudio incorpora a un sector que tradicionalmente no era contabilizado como parte del déficit: los hogares inquilinos que, aunque viven en construcciones adecuadas, enfrentan la imposibilidad de acceder a la propiedad. Este grupo alcanza a 2,3 millones de hogares y representa el 21% de las problemáticas habitacionales del país.

“Alquilar puede ser una opción elegida, pero la propiedad de la vivienda tiene ventajas en términos de seguridad y resguardo del patrimonio familiar”, afirma la investigación. Este segmento presenta características sociales distintas a los grupos anteriores: el 36% son personas que viven solas, tienen un nivel educativo por encima de la media y se ubican mayoritariamente en zonas céntricas.

A diferencia de los sectores de ingresos bajos, los inquilinos poseen una “demanda latente” de mecanismos de financiamiento. El informe concluye que para este grupo, el acceso a créditos hipotecarios que permitan sortear la barrera del ahorro previo es fundamental, dado que han demostrado una alta voluntad de pago y bajos índices de morosidad histórica cuando las condiciones de préstamo son favorables.

El ecosistema de servicios financieros en Argentina sumará un nuevo jugador, con el arribo de ProntoPaga, una paytech de origen chileno que anunció una inversión inicial de USD 2,5 millones para establecer sus operaciones en el país.

La firma, especializada en el procesamiento de pagos de alto volumen, busca capitalizar la madurez del mercado local y posicionarse como un socio estratégico para la industria del entretenimiento digital y el juego en línea, un sector que demanda estándares de cumplimiento y capacidad transaccional superiores al promedio.

Según informaron desde la compañía, la decisión de ingresar al mercado argentino responde a una estrategia de consolidación en el Cono Sur, donde la empresa ya tiene presencia operativa en Chile y Perú. Este desembarco es un paso en un plan de expansión que incluirá a México, Colombia y Paraguay hacia el cierre de 2026.

El capital invertido se destinará principalmente a desarrollar infraestructura tecnológica local, conformar un equipo especializado y cumplir la normativa vigente ante los organismos reguladores.

El diferencial técnico que la firma trae al mercado local se centra en resolver ineficiencias críticas en la infraestructura de pagos, especialmente en lo que respecta a la velocidad y seguridad de las transacciones. En el sector de las apuestas en línea, uno de los puntos más sensibles es el proceso de “payout” o retiro de fondos por parte de los usuarios.

Sebastián Salazar, CEO de ProntoPaga, habló con Infobae y explicó que en Argentina existe una inestabilidad en los sistemas de pago que afecta la sincronía de estos procesos. Para mitigar este problema, la plataforma implementará un sistema de “encolado” de transacciones. “Esta solución técnica permite que, ante una eventual caída de los sistemas externos, las órdenes de pago no se pierdan, sino que se mantengan en fila para ser procesadas automáticamente una vez restablecido el servicio, garantizando la continuidad de la operación”, explicó el empresario.

La capacidad operativa de la plataforma ha sido escalada para soportar picos de demanda extrema, como los que se prevén para el Mundial de Fútbol 2026. Actualmente, la infraestructura puede procesar 1,2 millones de transacciones por hora, pero el objetivo de la firma es triplicar esa cifra antes del Mundial, alcanzando una capacidad de 20.000 transacciones por segundo. A nivel regional, la paytech ya gestiona un volumen de 9 millones de transacciones mensuales, lo que representa un flujo de pagos superior a los USD 250 millones al mes.

Uno de los pilares del desembarco de la fintech chilena en Argentina es la integración con los métodos de pago locales de mayor adopción. En este sentido, la empresa confirmó un contrato con MODO para proveer servicios específicos a la industria del juego. Esta alianza permitirá utilizar herramientas de gestión de riesgo avanzadas y soluciones innovadoras para el segmento del gambling (apuestas).

El cumplimiento normativo es otro eje central de la operación. Salazar destacó que “Argentina posee una de las legislaciones fintech más desarrolladas” y mencionó específicamente el marco para Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) y las recientes actualizaciones en materia de ciberseguridad. “Para nosotros, empezar a operar en este mercado es muy positivo, porque nos ayuda a entender cómo funcionan economías que están más desarrolladas a nivel de tecnología financiera”, señaló el ejecutivo en referencia al ecosistema local.

“Argentina no es un experimento para nosotros, sino una pieza estratégica dentro de nuestra expansión regional. Es uno de los ecosistemas fintech más sofisticados de América Latina y tiene un rol clave en nuestra consolidación en el Cono Sur”.

Además, la plataforma incorpora un sistema de validación de identidad diseñado para impedir transacciones de menores de edad, un requerimiento crítico para operar en mercados regulados de apuestas. Esta capa de seguridad se complementa con una arquitectura antifraude y una gestión experta en temas tributarios para pagos transfronterizos, permitiendo que grandes comercios internacionales operen con la agilidad de un actor local.

Las ambiciones de la firma en el país son elevadas. El objetivo de ProntoPaga es procesar USD 1.000 millones exclusivamente en el mercado argentino durante el año 2027. A nivel regional, la meta para 2028 es alcanzar un volumen de procesamiento de USD 5.000 millones.

“Nos preparamos para procesar 20.000 transacciones por segundo. Nuestra expectativa es triplicar ese número antes del mundial; el crecimiento en volumen es lo que apalanca nuestra ambición”, sostuvo Salazar.

Para sustentar este crecimiento, la empresa está apostando por el talento argentino. Actualmente, ya cuentan con once personas trabajando en áreas de tecnología y finanzas, y planean contratar al menos quince profesionales adicionales durante el transcurso de 2026. Aunque el equipo se encuentra distribuido en diversas localidades como San Antonio de Areco, Córdoba y Entre Ríos, la firma contempla la apertura de una oficina física en Buenos Aires.

Fundada en Chile en 2021, la compañía nació para cerrar brechas en la infraestructura de pagos de sectores con altos niveles transaccionales. Con el inicio de sus trámites para obtener licencias como PSP agregador y aceptador en Argentina, la firma busca consolidarse como un socio de largo plazo en una de las economías con mayor adopción de tecnologías financieras de la región.