Meses antes del lanzamiento y colapso del criptoactivo $LIBRA, el lobista Mauricio Novelli acercó dos propuestas confidenciales para monetizar la imagen presidencial de Javier Milei: una proponía acuñar monedas de oro con el rostro del libertario; la otra, lanzar remeras, gorros, mochilas, banderines, ponchos impermeables y hasta bebidas energizantes vinculadas al jefe de Estado, según surge de las copias de los “brochures” de la firma ICV Advisors que expertos informáticos recuperaron del teléfono celular de Novelli.

Los impulsores de ambas propuestas mantuvieron un encuentro cara a cara con Milei, en la Casa Rosada, el 5 de abril de 2024, de la mano de Novelli. ¿Quién autorizó el ingreso? La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, según surge de los registros de ingresos del palacio presidencial que obtuvo tras presentar un pedido de acceso a la información pública.

La primera propuesta comercial, caratulada como “Merchandising – Septiembre 2024”, planteaba construir la marca “Javier Milei” con productos físicos: remeras, gorras, mochilas, ponchos y banderas con la frase “¡Viva la Libertad Carajo!”. El documento, etiquetado como “Confidencial – Mauricio N – NW”, no se limitaba a una simple venta de accesorios: planteaba explícitamente que, a diferencia del pasado donde los influyentes licenciaban sus nombres, hoy las personalidades pueden “desarrollarse en marcas independientes, aprovechando el valor a largo plazo para sí mismas”.

La propuesta incluyó una identidad visual ya desarrollada por colores, logotipos e ilustración del rostro de Milei en estilo stencil blanco y negro, más cercano al arte urbano que al pop art, y trazó un esquema de desarrollo integral que contemplaba finanzas, diseño de producto, fabricación, ventas/marketing y distribución global. Los propios documentos aclaraban, además, que la utilización de la imagen presidencial se encontraba “en proceso de aprobación”. La presentación preguntaba explícitamente si era posible construir “una marca de estilo de vida a largo plazo” basada en la figura presidencial.

La segunda propuesta, originalmente elaborada en junio de 2024 —apenas meses después de que Milei asumiera la presidencia— y actualizada en septiembre de ese mismo año, aparece como un proyecto de mayor calado institucional. Proponía acuñar monedas conmemorativas de oro (calidad 999) y plata, con el logo del león y el rostro de Milei, con la inscripción “Viva la Libertad Carajo” en el anverso y “República Argentina” en el reverso. El plan estipulaba que el mineral sería “Oro & Plata Argentina” y que la comercialización se realizaría tanto en el país como en el exterior, con puntos de venta en Buenos Aires, Miami, Nueva York y Europa.

El proyecto no era meramente conceptual: los documentos detallan que ya habría existido una primera prueba física de producción, realizada en Alemania con estándares de calidad internacional. La presentación incluía además los logos de cuatro acuñadoras de primer nivel mundial —entre ellas la Royal Mint del Reino Unido y la Royal Canadian Mint— aunque no quedaba explicitado si se trataba de socios confirmados o referencias aspiracionales destinadas a dar peso institucional a la propuesta ante el Presidente.

El esquema contemplaba que cada venta pagaría un “fee” destinado a un “Partido, Fundación u ONG a definir”, y definía a la moneda como una suerte de “bono de cooperación o participación” del proyecto libertario, comparable —según los propios documentos— a un instrumento de financiación política con apariencia de activo de reserva de valor, que además funcionaría para los compradores como resguardo de valor por el metal. Los pasos siguientes incluían firmar un acuerdo de confidencialidad (NDA, en inglés) y un memorando de entendimiento (MOU, en inglés) para formalizar el uso de la imagen presidencial.

Con Novelli como abrepuertas, las dos propuestas las presentó ICV Advisors, una firma con sede en la Argentina que lidera el chileno Iván Canales Vandewijngaerden, que planteó que su propuesta tenía “fines educativos” cuando lo consultó .

“Nuestro proyecto estaba enfocado en la educación. La idea era lanzar una cripto educativa que sirviera para recaudar fondos que se destinaran a fines educativos, orientado a chicos de entre 8 y 16 años, pero que al mismo tiempo le dejaran una reserva de valor a quienes adquirieran las monedas”, explicó Canales por teléfono, desde Santiago de Chile.

Canales sostuvo que su empresa contactó a Novelli porque “era un trader con mucho éxito y su perfil nos pareció muy interesante para reforzar la idea de una ‘cripto educativa’”, y afirmó que el lobista “no nos pidió nada a cambio” de destrabarles el ingreso a la Casa Rosada y el encuentro a solas con Milei. “No hubo insinuación de nada raro”, remarcó.

Según el empresario, le enviaron los “brochures” a Novelli, “que que debió enviarle copias electrónicas al Presidente, imagino”, aunque al ingresar al despacho presidencial llevó copias físicas con él para entregarlas en mano. “De todos modos -abundó, Milei me pidió que yo se le contara nuestras ideas, que le parecieron interesantes”.

-¿Qué pasó, entonces, que no prosperaron?- preguntó .

-No prosperó por el “ruido” que generó $LIBRA.

El escándalo que provocó el lanzamiento y colapso de la “memecoin” con el estadounidense Hayden Mark Davis ocurrió diez meses después del encuentro a solas entre Milei y Canales. Pero en el medio, Novelli facilitó la llegada al jefe de Estado de otros empresarios, como el CEO de la plataforma Cube Exchange, Bartosz Lipiński, quien llegó a firmar una “carta de intención” con el Presidente, según confirmó su empresa a .

Novelli abogó ante Milei, incluso, por sus propias ideas para monetizar la imagen presidencial y obtener ganancias millonarias para ambos, según reveló . Lo planteó en la Quinta de Olivos, el domingo 10 de noviembre de 2024, minutos antes de que el jefe de Estado iniciara una de sus veladas de óperas con amigos y conocidos. Entre ellos, el por entonces jefe de Gabinete del Consejo de Asesores, Demian Reidel, los economistas Juan Carlos de Pablo y Claudio Zuchovicki, y el escritor Alejandro Rozitchner.

La propuesta de Novelli era, en esencia, generar proyectos con el nombre o la imagen del líder libertario, basado en la premisa de que se trataba de activos personalísimos que —según ese enfoque— no estarían alcanzados por las restricciones habituales de la función pública, lo que habilitaría su explotación comercial sin vulnerar la Ley de Ética Pública ni otras normativas, como el decreto 41/99.

Como tantas otras noches en Olivos, el entonces titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y abogado personal del Presidente, Diego Spagnuolo, también participó de la velada operística. Él planteó reparos éticos y legales a la propuesta de negocios que había acercado Novelli, según reconstruyó .

Meses antes, las dos propuestas de Canales para Milei siguieron latentes tras el encuentro de abril de 2024 en la Casa Rosada. En ese sentido, ambos brochures figuran fechados en septiembre de ese año, y adjudicaban un rol a “Mauricio N”, de “NW”, en alusión a Novelli y su empresa, N&W Profesional Traders.

Ambos “brochures” incluían, además, un esquema de licencia o “fee” que derivaría fondos hacia estructuras políticas, educativas o afines, con distribución internacional en Miami, Nueva York y Europa. Y hasta trazaba la posibilidad de expandirse a otros productos como anteojos de sol, motosierras con la marca “Milei” grabada, billeteras, lapiceras y maletines con el apellido “Milei” o la letra “M”, y hasta bebidas energizantes “CARAJO Energy Drink”, con mockups que las mostraban distribuidas en góndolas de estaciones de servicio.

“Esa línea de merchandising, la verdad, a mí me parecía ridícula”, planteó Canales ante la consulta de , pero se corrigió a sí mismo, de inmediato. “Ridícula, no; digamos que no me pareció lo más adecuado para una imagen presidencial”.

-¿Por qué la propuso, entonces?

-Porque me la acercó alguien.

-¿Quién?

Canales optó por callar el nombre del impulsor de una “marca de estilo de vida a largo plazo”, con la impronta del Presidente. Porque la propuesta, según los “brochures”, no era solo vender remeras: de manera explícita pretendía construir una marca, un “lifestyle” basado en la figura de Milei, comparable a marcas de celebridades globales.

La Corte Suprema de Justicia lleva dictadas desde 2004 casi 2000 sentencias en causas en las que se investigaron crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura. Al cumplirse 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, el máximo tribunal de país recordó fallos clave que permitieron seguir adelante con la política de protección de los derechos humanos y castigar los delitos del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional.

Entre esos fallos se cuentan el que declaró la inconstitucionalidad y nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final, dictados el 14 de junio de 2005. Fue el caso llamado Simón y resultó determinante, pues a partir de esa sentencia se permitió seguir adelante en los últimos 20 años con los juicios por violaciones a los derechos humanos.

Ese fallo de la Corte fue parte de una política de Estado que necesitó de la decisión del Poder Ejecutivo, cuando lo detentaba Néstor Kirchner, y también del avance del Congreso.

Previo al fallo Simón, en 2004, la Corte Suprema también había dictado el fallo Arancibia Clavel, que estableció la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. A su vez, en 2007, en la causa Mazzeo, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de los indultos a los militares.

En la historia de los fallos de la Corte en torno a delitos de lesa humanidad es un capítulo saliente la controversia generada por la sentencia que convalidó la aplicación de la ley del dos por uno en el llamado caso Muiña.

La Corte aplicó en 2017 la Ley 24.390 —que computa doble cada día de prisión preventiva— a Luis Muiña, represor de la última dictadura. Este fallo generó un masivo repudio social y político, y forzó al Congreso a limitar el beneficio para delitos de lesa humanidad.

En mayo de 2017, con los votos de los jueces Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Elena Highton, la Corte aplicó el principio de “ley más benigna” y permitió reducir penas a represores. Esa ley del “dos por uno” sancionada en 1994 y derogada en 2001, establecía que tras dos años de prisión preventiva sin condena, cada día extra valía doble.

Pero tras el fallo de la Corte hubo marchas masivas en todo el país, bajo la consigna “No a la impunidad”. Fue el 10 de mayo de 2017 cuando se llenó la Plaza de Mayo en repudio a ese fallo de la Corte, que aplicaba la ley vigente en ese momento. El Congreso rápidamente aprobó entonces en menos de 24 horas otra ley, la 27.362, que excluyó explícitamente los delitos de lesa humanidad de la aplicación del dos por uno.

Con la nueva ley y tras la creciente presión social, la Corte Suprema revirtió su postura en el fallo Batalla, de diciembre de 2018, donde rechazó aplicar el beneficio para nuevos casos.

El 4 de diciembre de 2018, el máximo tribunal rechazó la solicitud de salidas transitorias en favor del exagente de inteligencia Rufino Batalla, condenado por los delitos de privación ilegítima de la libertad en perjuicio de más de 100 víctimas y los homicidios de Laura Estela Carlotto y Olga Noemí Casado, en el centro clandestino de detención de La Cacha. Y así aplicó la nueva ley.

De acuerdo a la información surgida de los registros de la Secretaría de Jurisprudencia, de la Secretaría Penal y de la Secretaría Penal Especial -abocada a las causas de lesa humanidad-, la Corte dictó desde 2004 a la actualidad un total de 1907 fallos vinculados a esta materia.

Según los datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad de la Procuración General de la Nación, que releva datos de todos los tribunales del país, desde la reapertura de los juicios en 2006 se dictaron 361 sentencias en causas por crímenes de lesa humanidad.

Allí fueron condenadas 1231 personas y fueron absueltas otras 250. Hay en curso doce juicios por crímenes de lesa humanidad y se encuentran en la etapa de investigación preliminar 282 causas, en trámite.

El año pasado, la Corte Suprema homenajeó a los jueces que en 1985 llevaron adelante el Juicio a las Juntas Militares y que, a través de la Causa 13, condenaron a los principales responsables de los crímenes del terrorismo de Estado de la dictadura que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983.

En aquella oportunidad, al cumplirse 40 años de esa sentencia, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, destacó allí la valentía de llevar adelante, en un “contexto complejo, cargado de amenazas y riesgos para la institucionalidad”. Dijo que fue un “auténtico juicio justo” que, lejos de resultar “una venganza encubierta con formas relativamente civilizadas”, se caracterizó por un profundo apego a la ley.

El vicepresidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz, destacó que esos jueces “dieron al país algo que parecía impensable: una respuesta jurídicamente impecable a crímenes atroces”. Y su colega Ricardo Lorenzetti subrayó que “la política de memoria y justicia ya forma parte del contrato social de los argentinos”.