La reciente decisión de Argentina de designar al Cártel Jalisco Nueva Generación como organización terrorista generó una inmediata reacción por parte del gobierno de Estados Unidos. A través de un comunicado difundido en redes sociales, la embajada estadounidense en Buenos Aires manifestó su respaldo a la política adoptada por las autoridades argentinas, destacando la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.

En el mensaje emitido por la representación diplomática, se resalta la postura de la Administración Trump, que “recibe con satisfacción los anuncios de aliados regionales que están tomando medidas contra los narcoterroristas que amenazan la seguridad y la soberanía de nuestro hemisferio”. Este reconocimiento público refuerza la sintonía entre ambos países en materia de seguridad y combate a las redes criminales transnacionales.

La embajada sostuvo que las recientes designaciones constituyen “un paso fundamental para asegurar nuestra región”. El texto también subraya el valor que el gobierno estadounidense asigna a la colaboración regional para enfrentar amenazas complejas. “Apreciamos el compromiso de la Administración Milei en la lucha contra el narcoterrorismo y en la designación formal de organizaciones terroristas”, concluyó el comunicado oficial.

La decisión argentina de incluir al Cártel Jalisco Nueva Generación en el registro oficial de organizaciones terroristas fue confirmada por el gobierno nacional el 26 de marzo de 2026, según se informó. El objetivo de esta medida es dotar a las fuerzas de seguridad y a la justicia de mayores herramientas legales para investigar, perseguir y prevenir las actividades de este grupo, cuya influencia trasciende las fronteras mexicanas y se extiende hacia otros países de la región.

El Cártel Jalisco Nueva Generación se consolidó en los últimos años como una de las estructuras criminales más poderosas de América Latina, responsable de operaciones de tráfico de drogas, lavado de activos y hechos violentos en diversos territorios. La decisión de Argentina responde a la preocupación creciente por la expansión de estas organizaciones y su potencial impacto en la seguridad nacional y regional.

De acuerdo con el registro oficial, la inclusión del cártel en la lista de organizaciones terroristas permite aplicar mecanismos excepcionales de control financiero, profundizar la cooperación internacional y activar protocolos de alerta para prevenir eventuales vínculos o intentos de radicación en el país. Esta acción se inscribe en una estrategia más amplia de la administración de Javier Milei para reforzar la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.

La reacción del gobierno de Estados Unidos refuerza la importancia que Washington le otorga a la coordinación con países de América Latina para enfrentar amenazas comunes. El respaldo explícito, difundido mediante las redes sociales de la embajada, busca fortalecer el compromiso bilateral y regional en la materia. Además, la mención a la “seguridad y la soberanía de nuestro hemisferio” marca una posición clara sobre la gravedad que asignan a la presencia de estas organizaciones en la región.

La medida se suma a una serie de acciones adoptadas por otros países latinoamericanos que también han endurecido su postura frente a cárteles y bandas transnacionales. Argentina, al formalizar esta designación, se alinea con los estándares internacionales de lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, y habilita instancias de colaboración operativa, intercambio de inteligencia y asistencia técnica con socios estratégicos.

El gobierno argentino indicó que la calificación formal de organización terrorista responde a la necesidad de prevenir el asentamiento de grupos criminales en su territorio y disuadir eventuales actividades de financiamiento, logística o reclutamiento. Las autoridades remarcaron que la decisión busca proteger la integridad de la población y preservar el orden público, en un contexto de creciente preocupación por el avance de estructuras vinculadas al tráfico ilegal de drogas y armas.

La declaración del Cártel Jalisco Nueva Generación como organización terrorista por parte de Argentina generó un fuerte respaldo de Estados Unidos, que valoró la medida como un avance clave en la protección regional y el combate conjunto al narcoterrorismo. La coordinación entre ambos gobiernos se presenta como una herramienta central para enfrentar los desafíos que plantean las organizaciones criminales transfronterizas.

La Corte de Nueva York falló a favor de Argentina. El trasfondo de una expropiación ruinosa en 2012: sobreprecio a Repsol, desprecio por la ley y una fortuna gastada en abogados para arreglar el desastre kirchnerista.

​La Justicia de Estados Unidos dictó este viernes un fallo histórico a favor de la Argentina en el juicio por la expropiación de YPF. La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó la sentencia de primera instancia que obligaba al país a pagar 16.100 millones de dólares (que con intereses acumulados ya superaba los 18.000 millones, una cifra similar a todo el préstamo del FMI).

​El presidente Javier Milei celebró la noticia como el «mayor logro jurídico de la historia nacional», destacando que su gestión logró desactivar la deuda más peligrosa heredada del populismo.

​El origen del desastre: 2012, el año de la soberbia

​La historia de este desfalco comenzó en abril de 2012, cuando el gobierno de Cristina Kirchner anunció la expropiación del 51% de las acciones de YPF, que estaban en manos de la española Repsol. Los motivos esgrimidos fueron la búsqueda del «autoabastecimiento energético», pero la ejecución fue un desastre técnico que hipotecó el futuro del país.

• ​El «regalo» a Repsol: En 2014, para cerrar el conflicto con España, el kirchnerismo aceptó pagarle a Repsol 5.000 millones de dólares en bonos. Diversos análisis de mercado confirman que se pagó un precio muy por encima del valor real de las acciones en ese momento. Fue una indemnización inflada para tapar una expropiación que nació mal desde su concepción.
• ​El error fatal de Kicillof: Como ministro de Economía, Axel Kicillof ignoró el estatuto de YPF que obligaba a ofrecer la compra de acciones también a los accionistas minoritarios (como el Grupo Petersen y Eton Park). En su soberbia, llegó a decir en el Congreso que era de «tarados» seguir las reglas de la propia empresa. Esa frase fue la prueba principal que usaron los fondos buitre para ganar en primera instancia.

​El costo oculto: Una fortuna en abogados

​Para defendernos de la impericia de Kicillof, el Estado argentino tuvo que gastar millones de dólares en honorarios legales que salieron del bolsillo de todos. Solo el estudio neoyorquino Sullivan & Cromwell factura honorarios que llegan a los 1.800 dólares por hora.

​Es decir, no solo nos dejaron una deuda billonaria latente, sino que obligaron al país a drenar dólares de las reservas durante años para pagar a abogados de élite. Todo esto para intentar arreglar el desastre legal que ellos mismos provocaron por no cumplir con los contratos firmados.

​¿Por qué el fallo salió a favor de Argentina ahora?

​La clave del triunfo reside en que la Corte de Apelaciones aceptó que la Ley de Expropiación argentina tiene preeminencia sobre el estatuto privado de la empresa. El tribunal reconoció que las leyes soberanas del Congreso están por encima de un contrato comercial privado, desestimando la demanda del fondo Burford Capital que pretendía cobrar los 16.000 millones de dólares.

​El caradurismo de adjudicarse «los laureles»

​Es insólito que hoy Cristina Kirchner y Axel Kicillof intenten celebrar este fallo como si fuera un éxito de su autoría. El juicio existió exclusivamente por sus errores técnicos. Si hoy Argentina respira, es porque el gobierno de Javier Milei mantuvo la firmeza técnica y la seriedad necesaria para revertir un desastre que el kirchnerismo inició con soberbia y terminó costándonos una fortuna en abogados y tiempo.

El fallo de la justicia de Estados Unidos que anuló la condena por el caso YPF le dio aire al Gobierno, que transcurría una seguidilla de días complejos en los que aunaba esfuerzos para blindar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, envuelto en la polémica por los viajes y las presuntas propiedades que no estarían declaradas en su declaración jurada.

Minutos después de la resolución de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que invalida la condena de primera instancia de la jueza Loretta Preska y la orden de un resarcimiento multimillonario por la expropiación de la petrolera durante el kirchnerismo, Adorni convocó para la próxima semana a una nueva reunión de mesa política, según confirmó a Infobae una fuente oficial, que aclaró que hay intenciones de que sea el lunes, pero que podría darse el martes, y se prepara para volver a brindar otra conferencia de prensa el próximo miércoles con la idea de destacar el suceso y retomar la agenda pública.

Pasados los golpes internos a raíz de las nuevas filtraciones, y luego de haber planteado que daría las explicaciones necesarias en el marco de la causa judicial, el ministro coordinador se plegó a la voluntad del presidente Javier Milei y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quienes se mostraron firmes en su respaldo. Detrás de esa directiva se encolumnó el Gabinete completo.

En medio de los nuevos movimientos en la causa, marcada por las declaraciones del piloto y bróker de vuelos, Agustín Issin, y su empleada, la secretaria Vanesa Tossi, los Milei volvieron a mostrarse este mediodía escoltados por el funcionario en una actividad coordinada por Sandra Pettovello.

Allí, además de incluirlo en la foto de celebración con el titular de YPF, Horacio Marín, el mandatario comparó la situación del funcionario con la de la ministra de Capital Humano, a la que la definió como la más “torpedeada, cuestionada, operada, ensuciada por los ensobrados medios de comunicación corruptos”. Ante la mirada atenta del ministro coordinador, el mandatario expresó entre risas: “Así es que, Manuel, en algún momento después va a tocar darte las gracias”.

Con un nuevo tema de impacto en agenda, y luego de haber intentado retomar la agenda con reuniones individuales con ministros, que dejó varios retratos de apoyo, entre los que destacó el de Patricia Bullrich, Manuel Adorni se prepara para imprimir celeridad a la agenda legislativa y dar normal curso a la gestión.

Para eso, entre lunes y martes, horario a definir, en medio de otra semana corta, el jefe de Gabinete tiene intenciones de volver a recibir en sus oficinas a los ministros Diego Santilli (Interior) y Luis Caputo (Economía); Patricia Bullrich y Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados; al armador nacional, Eduardo “Lule” Menem; al asesor presidencial, Santiago Caputo; y al secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt. Todo, bajo la supervisión de Karina Milei, de las más fervorosas resistentes a su salida.

La idea del nucleo duro es comenzar a debatir la segunda tanda de proyectos que enviarán y acordar los lineamientos del proyecto de reforma política que, por estas horas, aún cuenta con algunos aspectos por definir. Y de esta forma, pasar finalmente la página de la polémica.

Luego de haber ajustado con Santiago Caputo el tono de la línea comunicacional, el exvocero tiene previsto volver a mostrarse frente a las cámaras para responder nuevas preguntas de los periodistas acreditados el próximo miércoles. Además, intentará sintetizar las principales urgencias de los ministerios para avanzar en el diseño de los proyectos de ley que enviará el Poder Ejecutivo para construir el año “más reformista de la historia”.

En Balcarce 50 le bajaban el precio al impacto judicial de la causa y aseguran que la presentación de la declaración jurada que tendrá lugar el 30 de mayo aclarará el panorama. «No hay ninguna preocupación real por la investigación”, importante fuente con acceso al despacho presidencial. “Están haciendo un circo al pedo”, se expidió otro estrecho colaborador de Milei.

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