“Pasamos por San José 1111 porque nuestra conducción, Cristina Fernández de Kirchner, está injustamente secuestrada y proscripta. Pasamos porque hay que ser leal a los leales y porque somos agradecidos”. Así comunicó La Cámpora ayer la decisión de cambiar el histórico recorrido que realiza la organización cada 24 de marzo, desde la ex ESMA hasta la Plaza de Mayo.

El mensaje encierra dos metamensajes: darle centralidad a la ex presidenta y su detención, y apuntar, sin nombre y apellido, contra Axel Kicillof. En definitiva, en el camporismo piensan que el gobernador bonaerense es un desleal y un desagradecido con su mentora política. Rencillas de una interna inagotable.

La organización de Máximo Kirchner juntará a miles de personas sobre la Avenida Libertador para marchar, durante unas ocho horas, por las calles de la Ciudad de Buenos Aires, en lo que ya es un recorrido histórico de cada aniversario del golpe de Estado. Un momento donde ese sector del peronismo gana la calle y revitaliza su músculo político.

El hecho distinto de este martes, donde se cumplen 50 años del golpe de Estado, será que la enorme columna de militantes pasará por el departamento donde cumple su condena Cristina Kirchner. Una instancia de alto contenido político, en medio de una confrontación férrea entre el kirchnerismo y el Gobierno nacional.

La secretaria general de la organización política, Lucía Cámpora, aseguró que la movilización no solo apunta a recordar el terrorismo de Estado, sino también a “visibilizar la continuidad de un modelo económico que tuvo su origen en la dictadura”, que, según cree, “vuelve a impulsarse”.

“Vamos a marchar para unir simbólicamente todo esto, porque no fue solo el aparato represivo, sino también un modelo económico que hoy Milei busca implementar. Un modelo de financierización y desindustrialización, con apertura indiscriminada de importaciones y destrucción del trabajo argentino”, precisó la legisladora.

Los dirigentes y militantes iniciarán el recorrido a las 9 en la intersección de Manzanares y Avenida del Libertador. Una hora después estarán llegando al túnel de la avenida y a las 12 a la explanada de Bullrich, en la avenida Juan B Justo y Santa Fe. A las 13:30 esperan estar en Entre Ríos y Rivadavia, esquina del Congreso, y a las 15 en San José 1111, el departamento donde cumple prisión domiciliaria la ex presidenta. A las 16:30 arribarán a la Plaza de Mayo. En total del recorrido es de 16 kilómetros.

“Este martes la consigna está clara: la gente en la calle, los genocidas en la cárcel y Cristina libre para defender la patria. Vamos a marchar junto a las Abuelas, las Madres, los Hijos, los organismos de derechos humanos y la sociedad argentina”, sostuvo Cámpora durante una entrevista a AM530.

El cristinismo va a poner en el centro de la escena, además de la figura de la ex presidenta, el pedido de libertad por la condena en la causa Vialidad. Una bandera que levantan cada vez menos dentro del peronismo. Es un tema del sector más duro del kirchnerismo, que genera resquemores internos por lo que consideran que es falta de solidaridad por parte de otras tribus.

La convocatoria se realiza bajo la consigna ”Defendemos la Patria. Caminamos por los 30 mil. Queremos a Cristina”. Aunque no está confirmado, todos esperan que la ex presidenta salga al balcón del departamento y vuelva a expresarse en sus redes sociales, a las que comenzó a utilizar nuevamente, después de varias semanas de silencio, cuando tuvo que ir a la indagatoria que se le realizó en los Tribunales federales de Comodoro Py.

En paralelo, otros sectores del peronismo también saldrán a la calle. Entre ellos Axel Kicillof y el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) que se reunirán a las 13 en la sede de las Madres de Plaza de Mayo. También saldrán varios legisladores del peronismo del interior e intendentes del conurbano. Será una jornada donde el peronismo se encuentre en la calle, más allá de las diferencias que los atormentan dentro del marco político.

Crime,Domestic Politics,Law Enforcement,Crime,South America / Central America,Government / Politics

El gobierno de Javier Milei evalúa avanzar con la creación de un fondo destinado al reequipamiento de las Fuerzas Armadas, financiado con el 10% de lo recaudado por la venta de activos del Estado. La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia que apunta a combinar el proceso de privatizaciones con inversiones en Defensa.

Según analizan en la Casa Rosada, el objetivo es utilizar una porción de los ingresos extraordinarios generados por la venta de empresas públicas, terrenos e inmuebles estatales para fortalecer la capacidad operativa militar. El esquema podría implementarse mediante un decreto o a través de una herramienta normativa más robusta, aunque la definición aún no está cerrada.

En el oficialismo sostienen que la propuesta se enmarca en una nueva etapa de la reforma del Estado prevista para 2026. La idea es avanzar en la reducción de activos públicos considerados no estratégicos y, al mismo tiempo, canalizar esos recursos hacia áreas clave como la Defensa.

El plan se apoya en dos vías que ya están en marcha. Por un lado, el Ejecutivo habilitó mecanismos para acelerar las privatizaciones contempladas en la Ley Bases. Por otro, la Agencia de Administración de Bienes del Estado tiene autorización para desprenderse de inmuebles catalogados como “innecesarios para la gestión estatal”, incluidos algunos predios bajo la órbita del Ejército.

Sin embargo, dentro del propio Gobierno reconocen que el principal desafío no está en la venta de activos, sino en el destino de los fondos. La Ley de Administración Financiera establece que las asignaciones específicas deben crearse por ley, lo que abre un debate sobre la viabilidad de constituir este fondo únicamente mediante un decreto. La cuestión jurídica sigue en análisis.

Defensa refuerza la agenda con EE. UU: el Gobierno busca consolidar la cooperación militar en Washington

En este contexto, aparece como antecedente el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF), que fue creado en 2020 para financiar el reequipamiento militar. No obstante, el esquema sufrió modificaciones recientes que afectaron su fuente de financiamiento automático, lo que impulsa al Ejecutivo a explorar nuevas alternativas.

Desde Nación aseguran que el eventual fondo permitiría sostener un programa de compras que va más allá de las adquisiciones ya en curso. Entre ellas se destacan los vehículos blindados Stryker para el Ejército, el programa de incorporación de aviones F-16 con entrenamiento de pilotos y la financiación de helicópteros navales para la Armada.

Además, el Gobierno mantiene abiertos proyectos vinculados a la compra de submarinos y buques, en un intento por modernizar integralmente el equipamiento de las fuerzas. La intención es contar con una fuente de financiamiento que no dependa exclusivamente de los recursos corrientes del Tesoro.

En términos de proyección, en Balcarce 50 estiman que podrían reunir entre 1500 y 3000 millones de dólares si logran avanzar con el cronograma de privatizaciones y ventas de bienes públicos. Esa “caja”, sostienen, permitiría encarar inversiones de mayor escala en materia de Defensa.

En paralelo, el Ejecutivo trabaja en acelerar distintos procesos de privatización. Entre los casos más avanzados figuran Intercargo, Belgrano Cargas y AYSA, mientras que el Correo Argentino avanza bajo un esquema de concesión. Otros expedientes, como Nucleoeléctrica, continúan en etapas más preliminares, junto con iniciativas sobre SOFSE, YCRT y tramos de Corredores Viales.

Con este escenario, el Gobierno busca consolidar un modelo que combine desinversión estatal con fortalecimiento de áreas estratégicas, en un contexto donde la discusión por el financiamiento de la Defensa vuelve a ganar protagonismo en la agenda oficial.

La entrada Javier Milei analiza destinar parte de las privatizaciones a Defensa y proyecta un fondo para reequipar a las Fuerzas Armadas se publicó primero en Nexofin.

defensa nacional,Fuerzas Armadas,Javier Milei,PRIVATIZACIONES

Con intención de dar curso al año legislativo, el Gobierno Nacional revisa el proyecto de Código Penal, anunciado en diciembre como una de las claves del período, y el paquete en defensa de la propiedad privada, que girarán al Congreso en el primer envío del período ordinario. Según supo Infobae, el oficialismo analiza insistir también con la Ley de Hojarasca para concretar la eliminación de 70 leyes, que fueron sancionadas por distintas administraciones.

Luego de la reunión de mesa política del pasado martes, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció que el Poder Ejecutivo insitirá con la modificación del Código Penal, en el que trabajó el saliente tándem de Justicia Mariano Cúneo Libarona y Sebastián Amerio, y que revisa el equipo que lidera Juan Bautista Mahiques con intención de implementar algunos cambios, y el paquete que contempla la ley de expropiaciones, ley de tierras, ley de fuegos y la regularización dominial para la integración socio-urbana.

A los anunciados proyectos, podría sumarse la Ley Hojarasca que diseñó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que contempla la eliminación de 70 leyes, y que fue enviada al Congreso Nacional en octubre de 2024, cuyo tratamiento no prosperó. El funcionario argumentó que la normativa “busca quitarle a la ciudadanía barreras que afectaron libertades individuales y generaron costos inútiles a través de diversas sobrerregulaciones”.

Con tan solo tres días hábiles en la semana, luego del fin de semana XLL por el 24 de marzo, que conmemora el 50° aniversario del último golpe cívico militar de 1976, el reducido equipo que coordina Adorni, bajo supervisión directa de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, volverá a verse las caras la próxima semana. Sin embargo, este miércoles accederán al detalle de las normativas anunciadas a ser enviadas en la primera tanda, que hasta entonces permanecen en las oficinas de un puñado de funcionarios.

Asimismo, en el oficialismo destacan la Ley de Glaciares, prevista para ser tratada durante las extraordinarias, pero finalmente postergada para ordinarias, como una de las prioridades de la Casa Rosada. El cronograma legislativo incluye el desarrollo de una audiencia pública sobre el tema que contó con más de 65000 inscriptos a repartirse entre el miércoles 25 y jueves 26 de marzo, con un cupo de solo 200 expositores.

Se trata de uno de los principales reclamos de un puñado de gobernadores mineros aliados, varios de los que participaron de la Argentina Week, y configura una cuenta pendiente que quedó del temario de la prórroga veraniega.

Por estas horas, hay quienes sostienen que podría discutirse en el recinto el próximo 8 de abril, y si bien estaba previsto que ingresara por la Cámara de Senadores, aún no hay garantías de que eso ocurra. Es que, según expuso un integrante de la mesa política a este medio, varios legisladores cuestionan la determinación al sostener que “(Patricia) Bullrich quiere absorver todo y llevarse los laureles”.

Todavía hay detalles de la hoja de ruta legislativa que restan definir en Balcarce 50. En este grupo figuran las modificaciones en las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Discapacidad que prometieron impulsar para contener la bronca de los sectores involucrados, pero también la reforma política que fue anunciada por el presidente Javier Milei durante su discruso de la apertura de sesiones ordinarias.

Los cambios en el sistema democrático actual también son materia de debate interno. Como contó este medio, el oficialismo resolvió postergar para “más adelante” el envío al Congreso con intención de tantear los respaldos con los que cuenta antes de su tratamiento. Varias voces del ecosistema libertario promente que figurará en la segunda tanda de proyectos que girará el Ejecutivo, luego de que resuelva el futuro de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Las posturas, delimitadas en función de la composición del Congreso, son diversas. “Nosotros queremos la eliminación porque es un gasto inmenso para el contribuyente”, argumenta un habil negociador violeta. Sin embargo, la realidad parece empañar los deseos del mandatario y limitar su alcance: algunos piensan en repetir la suspensión de las PASO, como ocurrió en 2025, y otros en eliminar su caracter obligatorio. Con el correr de los días, y feriados mediante, deberán ajustar la línea antes de enviar los proyectos.

Mesa Política