Con motivo de los 50 años del golpe militar de 1976 y en el marco de la conmemoración del Día de la Memoria, el Gobierno publicó un video de poco más de una hora en el que cuestiona al kirchnerismo bajo el lema de “Las víctimas que quisieron esconder” y refuerza su postura de “memoria completa”. El material incluye el testimonio de Miriam Fernández, la nieta recuperada número 127.

Fernández, oriunda de Mendoza, fue restituida el 27 de diciembre de 2017, cuando se confirmó que es hija de María del Carmen Moyano y Carlos Simón Poblete. Según relata en el documental, decidió —mediante un proceso judicial— mantener el apellido de sus padres de crianza, Armando Osvaldo Fernández e Iris Yolanda Luffi —fallecida en 2023—. “Elegí la familia esa, que iba a seguir siendo Fernández siempre”, sostuvo.

De acuerdo con el sitio web de Abuelas de Plaza de Mayo, Fernández nació en cautiverio en la entonces Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Sus padres —que compartieron militancia en la organización Montoneros— habían sido secuestrados entre abril y mayo de 1977 en Córdoba, cuando la mujer estaba casi a término de su embarazo, y habían sido llevados al centro clandestino La Perla. Ambos continúan desaparecidos.

Testimonios de sobrevivientes indicaron que el parto fue asistido por el médico Jorge Luis Magnacco, posteriormente condenado por delitos de lesa humanidad.

En octubre de 2017, Fernández fue citada a realizarse un análisis de ADN que, dos meses más tarde, confirmó su identidad biológica. “Un día llegó a mi casa una notificación para que yo me presentara. Como yo ya sabía de qué se trataba, me tuve que fugar prácticamente; me tuve que ir el día de la citación. Fue una comitiva de la CONADEP, del banco genético, para hacerme la prueba genética y yo decidí irme”, recordó.

“Estuve una semana fuera hasta que esta gente se fuera y el día de la citación, como no me presenté, me mandaron Gendarmería a mi casa a custodiar y a ver por qué no me había presentado», añadió y lamentó: “Había hasta vecinos míos que estaban camuflados, que eran gente de inteligencia, por así decir, donde en el expediente había fotos, horarios de donde yo entraba, salía, con quién entraba. Una invasión a la privacidad terrible”.

Casi cuatro años después, en 2021, el Tribunal Oral Federal N° 1 de Mendoza condenó a Osvaldo Fernández —quien trabajaba en el Departamento de Informaciones (D-2) durante la dictadura— y a Luffi a 15 y 10 años de prisión, respectivamente, por los delitos de “retención y ocultamiento de una menor, alteración del estado civil y falsedad ideológica de documentos públicos”. Abelardo Santiago Garay, otro integrante del (D-2), recibió una pena de ocho años por falsificar su rol como testigo del nacimiento.

Fernández recibió, además, —en el marco de una decena de juicios— dos condenas a prisión perpetua y otras penas por delitos cometidos durante la dictadura. En 2023 recibió una nueva condena a perpetua por la desaparición de Daniel Moyano.

“¿Dónde está el negocio de hacerse cargo de una niña ajena, darle educación, darle amor, darle valores? Eso no es un negocio; eso es amor. Mi infancia fue hermosa. Fui criada en el seno de una familia de un padre, una madre y cinco hermanos», subrayó y apuntó: “Me defino como una ciudadana más que trata de no victimizarme y que nadie me victimice por la situación que viví”.

Crítica de las políticas de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, Fernández eligió que el anuncio de su restitución se hiciera en el anonimato, sin dar a conocer su identidad en ese entonces.

Bajo la consigna “Nunca más” que marcó a generaciones, organismos de Derechos Humanos, sindicatos y organizaciones sociales llamaron a marchar en todo el país portando fotos de los desaparecidos, que organismos de derechos humanos cifran en 30.000.

A media jornada de este día feriado, la Plaza de Mayo comenzaba a llenarse de gente portando carteles. “No nos han vencido”, se leía en algunos. Globos blancos se elevaban en el aire con las fotos de desaparecidos y la leyenda “Aún te estamos buscando”.

El camión que traslada a las Madres de Plaza de Mayo y al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, con su gabinete avanzaba a paso de hombre por la Avenida de Mayo. El mandatario, Verónica Magario y otros funcionarios saludaban a la caravana de gente que acompaña el recorrido.

En algunos tramos, el cántico “Axel presidente” se hace escuchar. En el acoplado del camión (marca Iveco) viajan los ministros bonaerenses Andrés Larroque, Walter Correa, Javier Alonso y Carlos Bianco, entre otros. También, intendentes como Lucas Ghi (Morón), Mario Secco (Ensenada), Fabián Cagliardi (Berisso), o Andrés Watson (Florencio Varela).

El Gobierno estableció un plazo de 60 días hábiles para que la ciudad de Buenos Aires y las provincias se inscriban para participar del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, que el Poder Ejecutivo creó meses atrás para facilitar el “saneamiento” de deudas provinciales. La medida fue plasmada a través del Decreto 171/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial.

El régimen fue creado en noviembre de 2024 y permite que los diferentes distritos tengan la posibilidad de incluir compensaciones, conciliaciones, transacciones, reconocimiento, remisiones y toda otra operación para conseguir la cancelación de deudas, a través de créditos que tengan cada una de las jurisdicciones con el Estado nacional.

Además, los saldos provenientes de débitos o créditos recíprocos pueden ser cancelados en las condiciones que establezca el acuerdo entre Nación y cada uno de los distritos participantes, y permite como opción la posibilidad de que si el saldo de deuda resulta a favor del Estado nacional o las provincias, podrán cancelarlo afectando un porcentaje de los recursos que le correspondan por coparticipación, así como la entrega de bienes nacionales a las provincias, como tierras, empresas o rutas.

En su momento, Lisandro Catalán, entonces vicejefe de Gabinete, lo anunció como una medida para “hacer borrón y cuenta nueva” en las compensaciones entre las provincias y la Nación. “Desde hace muchas décadas las cuentas fiscales y un centralismo creciente han llevado a que las relaciones financieras y económicas entre la Nación y las provincias no sean simétricas“, marcó.

En el nuevo decreto, el Gobierno indicó que se celebraron convenios con diferentes jurisdicciones y se logró sanear parte de las cuentas públicas, “sin perjuicio de que se continúa trabajando en la compensación de deudas recíprocas a los fines de cumplir con el objeto previsto en el citado decreto”. Asimismo, planteó que se considera conveniente establecer un nuevo plazo.

Para participar, el Ejecutivo determinó que las jurisdicciones deberán presentar documentación que respalde la legitimidad de las obligaciones que se proponen incluir en el régimen, mientras que los informes técnicos pertinentes de las jurisdicciones adherentes podrá ser presentada ante la autoridad de aplicación hasta el 31 de diciembre de 2027.

“Los organismos y dependencias con competencia en la materia del Estado nacional deberán producir los informes técnicos pertinentes sobre la verosimilitud de las obligaciones que se pretenden incluir en el régimen, su cuantificación, la conveniencia de incluirlas, así como toda otra consideración que estime pertinente a efectos de ser evaluada por la autoridad de aplicación”, sostuvo.

Al momento de anunciarlo, meses atrás, desde el Gobierno afirmaron que se buscaba “caminar junto con los gobernadores hacia un verdadero federalismo”. “Uno de los pilares de nuestro gobierno es el ordenamiento de la macroeconomía y el equilibrio fiscal. La Nación no debe ser un corsé que impida el crecimiento de las provincias”, recalcó.