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POLITICA

Extendieron el plazo para que las provincias adhieran al régimen de pago de deudas que la Nación tiene con ellas

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El decreto que dio orígen al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas se publicó en octubre de 2024 y tenía como objetivo saldar las deudas de la Nación con las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, y viceversa. A partir de una nueva normativa publicada esta madrugada en el Boletín Oficial, el Gobierno extendió el plazo para las jurisdicciones que quieran inscribirse.

Así, mediante el artículo primero del decreto 171/2026 establecieron que los interesados “podrán manifestar ante la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, a través de la máxima autoridad de la jurisdicción, su voluntad de participar del Régimen, en el plazo de 60 días hábiles administrativos, contados a partir de la entrada en vigencia del presente decreto, el que podrá ser ampliado -por única vez- por la Autoridad de Aplicación”.

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Con la reciente publicación, el Poder Ejecutivo realizó una serie de cambios sobre los primeros artículos, además del mencionado período. Los nuevos procedimientos para facilitar la compensación y cancelación de deudas entre jurisdicciones, incluyen además el 31 de diciembre de 2027 como fecha límite para que las jurisdicciones presenten la documentación respaldatoria de las obligaciones que deseen incluir, en línea con lo dispuesto en el artículo 4° reformulado.

Al respecto, indicaron que los organismos y dependencias competentes de la administración central deberán elaborar informes técnicos sobre la verosimilitud, cuantificación y conveniencia de incorporar las obligaciones al régimen, y que toda presentación requerirá intervención previa del servicio jurídico del Ministerio de Economía. Se incorpora la figura del artículo 5° bis, que asigna a cada parte -es decir las provincias, CABA y el Estado Nacional- la responsabilidad de validar y proponer las deudas y acreencias que serán negociadas y consensuadas en los acuerdos respectivos.

La medida fue anunciada por Lisandro Catalán, cuando se desempeñaba como ministro del Interior

En caso de discrepancias que puedan surgir de los informes, se procederá con una “instancia de negociación, que deberá ser llevada a cabo en el marco de los principios de buena fe y lealtad federal, a efectos de arribar a un consenso entre las partes” en un plazo máximo determinado previamente, el cual podrá prorrogarse “si la Autoridad de Aplicación lo estime pertinente”.

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El decreto también adapta el procedimiento para los casos en los que las obligaciones estén sometidas a litigios judiciales o arbitrales, requiriendo la intervención previa de la Procuración del Tesoro de la Nación y la Sindicatura General de la Nación, conforme a la Ley 24.156 de Administración Financiera.

Cuando el Gobierno avanzó por primera vez en este punto, el entonces vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, explicaba en conferencia de prensa que para los distritos será opcional adherir y el Ejecutivo podrá entregar tierras, empresas, rutas y otros bienes para cancelar los pasivos.

“En las últimas décadas, el centralismo creciente por parte de la Nación ha llevado a que las relaciones financieras y económicas entre el Ejecutivo y las provincias no sean tan ordenadas. El objetivo nuestro, y como lo viene planteando el presidente desde hace mucho tiempo, es caminar junto con los gobernadores hacia un verdadero federalismo”, dijo el entonces minsitro y actual presidente de La Libertad Avanza en Tucumán.

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Los gobernadores que se adhirieron en 2024

Este proceso planteó como principal objetivo “extinguir, total o parcialmente, las obligaciones recíprocas entre las jurisdicciones parte para facilitar el proceso de saneamiento de las cuentas públicas”.

En ese momento, se le otorgaban a los interesados 30 días hábiles para ejecutar las presentaciones en donde explicaban que buscaban “ser creativos en las herramientas que podemos utilizar. A modo de ejemplo se me ocurre, hoy hay empresas del Estado Nacional que están radicadas en provinciasy que su principal actividad económica repercute también en el movimiento económico provincial”.

Tras la publicación de la medida ocho gobernadores decidieron adherirse al régimen, entre ellos, Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Nacho Torres (Chubut), Hugo Passalacqua (Misiones), Sergio Ziliotto (La Pampa), Claudio Vidal (Santa Cruz), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Valdés (Corrientes).

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POLITICA

Pablo Moyano se enfrentó con un intendente de Kicillof, que tuvo que mediar para que el conflicto no escale

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La interna del peronismo bonaerense se vio sacudida por la protesta encabezada días atrás por el secretario adjunto del gremio de Camioneros, Pablo Moyano, en la ciudad de Villa Gesell. Una acción que se llevó adelante luego de la recesión de un servicio de barrido en el centro gesellino y que dio de baja cerca de cuarenta contratos. El episodio, que incluyó movilización y acusaciones contra el intendente Gustavo Barrera, de parte del líder gremial encendió alertas en otros distritos, especialmente en La Plata; donde gobierna otro dirigente del círculo kicillofista como lo es Julio Alak.

La decisión del intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, de rescindir uno de los servicios sellados con Santa Elena, la empresa concesionaria de recolección de basura de Villa Gesell, desencadenó la reacción de Camioneros, el sindicato de camioneros. La respuesta gremial se materializó en una protesta frente a la municipalidad, donde Pablo Moyano realizó fuertes cuestionamientos: “Estamos repudiando la decisión que ha tomado este impresentable, mamarracho de intendente Barrera, que ha despedido cuarenta y tres trabajadores y trabajadoras, veintitrés compañeras de Barrido. Este mamarracho que es presidente del Partido Justicialista de Villa Gesell. Fijate en la incongruencia. Llegan con el nombre de Perón, Evita y, después, cuando ganan lo primero que hacen es arrastrarse. No son extranjeros; son vecinos de él. ¿Cómo los vas a cagar así?“, cruzó Moyano días atrás cuando fue hasta la municipalidad de Villa Gesell.

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“Ahora que se la banque. Dónde van a conseguir laburo acá esta gente. Fijate lo perverso de este tipo: en pandemia hubo tres actividades esenciales, una fueron los camioneros y este tipo les paga así”, agregó.

A la movilización en Gesell también asistieron seccionales de Camioneros de otros distritos

Fuentes del Ejecutivo explicaron a este medio que, por contrato, el municipio está facultado para rescindir el servicio de barrido, que se circunscribe solo a las calles céntricas de la localidad. También que la empresa fue notificada con quince días de antelación y que es Santa Elena quien tiene que resolverlo. “Es a la empresa a la que tienen que reclamarle”, dicen cerca del jefe comunal.

El conflicto llegó a las autoridades bonaerenses. Kicillof acaba de ser ungido como presidente del PJ bonaerense y en el distrito costero sospechan de una jugada política detrás del accionar de Mouyano. Además, en el Ejecutivo gesellino llamó la atención la velocidad con que la cartera laboral provincial, conducida por Walter Correa, resolvió convocar a una conciliación obligatoria entre las tres partes: el gremio, el municipio y Santa Elena. Ese encuentro será el próximo viernes y la semana que viene Moyano podría reunrise con el propio mandatario bonaerense. Voceros cercanos al intendente señalaron a Infobae que Pablo Moyano no promovió ninguna instancia de diálogo previa y que la protesta sorprendió al oficialismo local por la falta de canales previos de negociación.

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Una situación que puede repetirse

El impacto del conflicto en Villa Gesell podría replicarse en otros municipios. Uno de ellos es la capital bonaerense. Es que el secretario general del gremio de camioneros seccional La Plata, Miguel Forte, advirtió sobre un posible escenario similar en la ciudad y vinculó directamente la situación con el intendente Julio Alak, uno de los jefes comunales de mayor confianza de Kicillof. Forte también participó de la movilización en Gesell y afirmó: “Soy de La Plata y en La Plata vivimos una situación igual o peor por la cantidad de gente. Hoy el actual intendente quiere hacer una amplia reducción de personal sin tener en cuenta que lo acompañamos y que estábamos dispuestos a acompañarlo para adelante con todo. Todo el gremio de camioneros acompañó al intendente para que llegara a ese lugar y hoy no son reconocidos; todo lo contrario, pierden la memoria. Hugo y Pablo Moyano nos están dando una mano con este tema; en breve tendremos novedades. No va a haber un solo despido”.

Kicillof junto a Gustavo Barrera (foto: archivo)

La reacción sindical se produce en un momento políticamente sensible para el oficialismo provincial y expone tensiones dentro de la coalición gobernante. Moyano, que respaldó a Kicillof en la última elección y se distanció de su propio padre, Hugo Moyano, busca fortalecer su liderazgo en el universo sindical y marcarle el terreno a los intendentes, que avanzan en un esquema de ajuste producto de la caída de recursos. En Villa Gesell argumentan que cayó la coparticipación y el concejo deliberante no le votó el presupuesto de 2026; con lo cual el escenario financiero es complejo.

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La convocatoria a conciliación obligatoria, resuelta con rapidez por la cartera laboral provincial, generó inquietud en el Ejecutivo local, que esperaba una instancia de diálogo previa con el sindicalismo antes de la escalada pública. Camioneros mantiene el estado de alerta y anticipa la profundización de las medidas si no se revierten los despidos. La cartera laboral provincial intentará zanjar diferencias y evitar la extensión del conflicto a otros distritos.

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POLITICA

Para controlar a Santiago Caputo, Karina Milei busca asegurarse el manejo de la Comisión Bicameral de Inteligencia

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Tras vetar al diputado Cristian Ritondo, jefe del bloque de Pro y cercano al asesor presidencial Santiago Caputo, como futuro presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia, el círculo áulico que rodea a Karina Milei decidió que quien ocupará ese cargo estratégico será un diputado leal a la hermana del presidente, decidida a avanzar sobre el control del organismo que aglutina a los espías.

El nombre del elegido está por definirse, pero de lo que no caben dudas es de que surgirá del seno del “karinismo puro”, anticipan cerca del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, fiel lugarteniente de la secretaria general de la Presidencia. Todo un mensaje dirigido a Caputo, con quien Karina Milei mantiene una feroz disputa por los espacios de poder en la administración libertaria. Uno de ellos es la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), por ahora bajo el influjo de Caputo.

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En los últimos días, la tensión interna alcanzó niveles de paroxismo. Las mentes más suspicaces del Gobierno sospechan que desde la SIDE surgieron los audios y videos que expusieron el presunto cobro de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) -que salpicó a la propia Karina Milei- y, más recientemente, el escándalo que envuelve al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por sus viajes a Nueva York y Punta del Este con su familia.

Javier Milei da un discurso en la bolsa de comercio de Córdoba. Lo acompañan Karina Milei y Manuel Adorni.SEBASTIAN SALGUERO

La caída en desgracia de Adorni habría convencido a Karina Milei a tomar el control de la SIDE. Mientras la pelea interna escala, la hermana del Presidente se decidió a acotar y controlar la injerencia que ejerce Caputo sobre el área; de allí su decisión de colocar a un ladero de su mayor confianza al frente de la Comisión Bicameral de Inteligencia para que marque el ritmo del control sobre lo que acontece dentro y fuera de la SIDE.

Las atribuciones de la Comisión Bicameral conferidas por la ley nacional de inteligencia son de vasto alcance. Esto no escapa a los lugartenientes de Karina Milei; por caso, la comisión tiene a su cargo la consideración, análisis y evaluación de la ejecución del Plan de Inteligencia Nacional. Además, lo que no es menor, está autorizada a supervisar y controlar los “gastos reservados” que ejecutan los organismos que integran el Sistema de Inteligencia Nacional, entre ellos la SIDE.

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No solo eso: entre las facultades de la Comisión Bicameral figura la de controlar e investigar de oficio y la de requerir a la Dirección de Observaciones Judiciales (DOJ) y a las empresas de telecomunicaciones informes con clasificación de seguridad que contengan las interceptaciones y derivaciones que se hayan realizado en un período determinado.

Por la sensibilidad de los asuntos que trata, las reuniones de la Comisión Bicameral son secretas. Está integrada por 16 miembros: ocho por el Senado y ocho por la Cámara de Diputados. Todavía está pendiente su constitución tras la renovación parlamentaria del 10 de diciembre pasado, aunque los libertarios ya anticipan que buscarán asegurarse la mayoría con nombres propios y legisladores aliados.

El oficialismo todavía tiene fresco en su memoria el traspié que sufrió hace dos años, cuando el kirchnerismo pactó con Martín Lousteau el armado de una mayoría en la comisión que le permitió al entonces senador radical alzarse con la presidencia. “Eso no va a volver a suceder”, juran los libertarios.

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Martín LousteauX Cámara de Diputados

En el kirchnerismo corre la sospecha de que el oficialismo, robustecido después de las elecciones legislativas, intentará dejarlo en minoría con solo cuatro miembros. Allí cayó pésimo la noticia de que Karina Milei buscará controlar y presidir la Comisión Bicameral; con Caputo las relaciones fueron de respeto mutuo, deslizan.

En una jugada preparada y a menos de una semana del recambio parlamentario en ambas cámaras, los representantes del oficialismo en la bicameral propusieron firmar un dictamen de aprobación del primer año de gestión del gobierno de Javier Milei al frente de la central de inteligencia.

Como contrapartida, el kirchnerismo hizo lo propio impulsando otro despacho que aprueba la gestión de la ex Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el último año de la administración de Alberto Fernández. En aquel tiempo la conducción del organismo fue compartida entre Agustín Rossi (hoy diputado nacional), hasta fines de febrero, y Ana Clara Alberdi.

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Carrera por la ONU: Chile le retiró su apoyo a Bachelet y beneficia al argentino Rafael Grossi

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Buenas noticias para el titular del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi. Su principal contendiente para la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la expresidenta de Chile, Michele Bachelet, perdió el apoyo del país trasandino tras la decisión del flamante presidente, José Antonio Kast, de quitárselo.

En un comunicado, Kast anunció que “hemos llegado a la convicción que el contexto de esta elección, la dispersión de candidaturas de países de América Latina y las diferencias con algunos de los actores relevantes que definen este proceso, hacen inviable esta candidatura y el eventual éxito de esta postulación”.

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Rafael Grossi tomó distancia del respaldo de Milei y defendió su postulación a la ONU

Con esta perdida de apoyo, Michele Bachelet, mandataria de Chile entre 2006 y 2010 y 2015 y 2019, pierde la ventaja que tenía sobre el argentino Rafael Grossi. Sin embargo, la trasandina cuenta aún con el espaldarazo de Brasil y México, que son los países más gravitantes por poder político, económico y población de la región latinoamericana.

Rafael Grossi, por su parte, tiene el apoyo del Gobierno de Javier Milei y, presumiblemente, el de Chile, además de otros países latinoamericanos. Y ante la perdida de acompañamiento en su propio país de Bachelet, su candidatura corre el riesgo de debilitarse.

Javier Milei respaldó la candidatura de Rafael Grossi en la ONU y apuntó contra la “agenda woke”

El próximo secretario general de las Naciones Unidas será, casi seguramente, latinoamericano. No obstante, las candidaturas de Grossi y Bachelet no son las únicas. También están las de la argentina Virginia Gamba y la costarricense Rebeca Grynspan Mayufis.

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José Antonio Kast,Michele Bachelet,Naciones Unidas,ONU,Rafael Grossi

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