POLITICA
La oposición en Diputados prepara las preguntas para Manuel Adorni: pondrán el foco en su patrimonio y en el caso Libra
La oposición en el Congreso esperará con numerosas preguntas al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuando vaya a dar su informe. Los diputados dan por sentado que el 29 de abril estará frente a ellos en el recinto de la Cámara baja. “Los senadores lo esperaron durante este mes de marzo y nunca solicitó coordinar una fecha”, argumentó un senador de los bloques aliados a La Libertad Avanza.
Es por eso que dan por descontado que la primera aparición del jefe de Gabinete ante el Parlamento será en Diputados, un espacio que controla Martín Menem, jefe de los diputados e integrante de la mesa política que encabeza Adorni en Casa Rosada.
De esa manera, el jefe de Gabinete cumpliría con la obligación de presentar su informe de gestión ante el Congreso, prevista en el artículo 101 de la Constitución nacional.
“Que venga cuanto antes que tiene mucho por contar y explicar. Sería bueno que llegue antes de que lo echen. El Gobierno viene incumpliendo con la manda constitucional desde siempre”, le dijo a TN el diputado de UxP Sebastián Galmarini.
Mientras que su colega de bancada, Sabrina Selva apuntó al caso $LIBRA: “(Adorni) tiene que dar explicaciones, en principio por la cantidad de bienes y propiedades que ahora surgen y no pudo explicar, por viajes y gastos que tampoco pudo explicar. Nosotros desde UxP presentamos un pedido de interpelación al jefe de Gabinete, porque también tiene que venir a dar explicaciones por el caso $LIBRA, ya que él responde por el Presidente de la Nación, según la Constitución Nacional. Pero además debe responder por sí mismo, ya que tuvo vínculo con los gestores de la estafa $LIBRA, también participó de la organización del Tech Forum (realizado en 2024 por Mauricio Novelli)”.
Los informes del jefe de Gabinete
El informe del Jefe de Gabinete de Ministros, estipulado en el artículo 101 de la Constitución Nacional, es una obligación de rendición de cuentas. El funcionario debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternando entre Diputados y Senadores, para informar sobre la gestión del gobierno.
Para ello se realiza un informe escrito, con las respuestas a las preguntas realizadas por los legisladores. Y posteriormente, un informe oral en el recinto de las Cámaras legislativas, para ampliar las respuestas o recibir nuevas preguntas.
Como ya adelantó TN, la prosecretaria parlamentaria del Senado, Dolores Martínez, explicó que “para llevar adelante el informe, el primer paso es una nota desde la jefatura al Congreso donde el jefe de Gabinete se pone a disposición y con las autoridades de la Cámara legislativa que vaya a concurrir se coordina una fecha. A partir de allí se abre un período de recepción de preguntas de los legisladores, este las contesta y regresa al Congreso para dar el informe”.
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Como el ministro Manuel Adorni confirmó que estará en el Congreso el próximo 29 de abril, enviará la nota correspondiente en los próximos días a la Cámara que definan que será la primera en presentarse. Y diez días antes de su presentación, es decir para el 19, se abrirá la posibilidad de preguntas de los legisladores a la jefatura de Gabinete. Sobre el filo del 29 llegarán, por escrito, las respuestas al Parlamento y luego el ministro ampliará sus respuestas de modo presencial.
El diputado socialista Esteban Paulón, integrante del bloque Provincias Unidas dijo que el ministro Manuel Adorni, le dejo muchas dudas: “Reconoció que vive en un lugar que no sabíamos que vivía en el barrio de Caballito. Diciendo que construyó su patrimonio previo al ingreso a la función pública, un hecho desmentido por su propia declaración jurada de bienes que presentó al inicio de su gestión”.
Además, adelantó que el 29 de abril habrá muchas preguntas vinculadas a la declaración de patrimonio de Adorni.
Desde el oficialismo el diputado Gabriel Bornoroni, jefe de la bancada de La Libertad Avanza solo dijo: “Se espera su llegada, lo vamos a defender”.
Manuel Adorni, Congreso, informe
POLITICA
El gobierno porteño anunció exenciones para emprendimientos que desarrollen IA en el microcentro
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció la creación de un nuevo Distrito de Inteligencia Artificial en el microcentro porteño, una iniciativa que busca transformar oficinas actualmente vacías en un polo de innovación tecnológica. Mediante un proyecto de ley presentado en la Legislatura, la administración de Jorge Macri propone un régimen de exenciones impositivas y facilidades regulatorias para atraer empresas, universidades, startups y centros de investigación dedicados al desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial y áreas afines.
La propuesta contempla la exención de tributos como Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario/ABL y Sellos, así como el acceso a líneas de crédito preferenciales a través del Banco Ciudad para quienes adquieran, refaccionen o reconviertan propiedades en la zona delimitada por las avenidas Belgrano, Paseo Colón/Leandro N. Alem, 9 de Julio y Santa Fe. Según la iniciativa, el sector privado tendrá la responsabilidad de invertir, innovar y generar empleo, mientras la Ciudad crea las condiciones para el desarrollo del nuevo ecosistema.
El jefe de Gobierno, Jorge Macri, sostuvo que el objetivo es “consolidar un ecosistema de innovación donde todos los actores estén integrados: startups, universidades, centros de investigación, emprendedores y sector público. Todos en un mismo lugar, trabajando en red y potenciándose entre sí”, según declaraciones recogidas por el portal oficial de la Ciudad. Esta estrategia apunta a reposicionar el microcentro como un área dinámica, con actividad económica y residencial, a partir de la reconversión de espacios comerciales en desuso.
El proyecto prevé un régimen de promoción económica destinado a empresas que desarrollen aplicaciones vinculadas a la inteligencia artificial, ciencia de datos, automatización, procesamiento de lenguaje natural y robótica. Las compañías que se instalen en el distrito accederán a incentivos fiscales, apoyo financiero y un “sandbox regulatorio”, es decir, un entorno virtual seguro para el testeo de tecnologías emergentes. La medida también apunta a fortalecer la relación entre el sector público y privado, facilitando el acceso a financiamiento con tasas especiales al 8,5% para compras a través del Banco Ciudad.
La creación del Distrito de Inteligencia Artificial responde a la necesidad de revitalizar el microcentro porteño, afectado por el aumento de oficinas desocupadas en los últimos años. El gobierno porteño plantea que, donde antes había espacios vacantes, ahora se desarrollarán laboratorios, espacios de coworking y unidades de experimentación tecnológica, con la intención de crear un “laboratorio vivo” en el corazón de la ciudad. Según el Ministerio de Desarrollo Económico, el distrito estará abierto también a universidades, escuelas técnicas, centros de investigación y organismos científicos-tecnológicos, con el propósito de articular talento, conocimiento y negocios.
En el marco del lanzamiento, Jorge Macri compartió detalles del proyecto con representantes de empresas tecnológicas de relevancia internacional, entre quienes se encontraban ejecutivos de Meta, Siemens, Microsoft, Oracle, Globant, Amazon Web Services, CESSI, IBM, Lonq & The Quantum, Rocking Data/Apgreid, Altura Ventures, Salesforce, SAIA, Poincenot e IPLAN. La propuesta, según el jefe de Gobierno, es “revitalizar y reconvertir el microcentro”, transformando la zona en un punto de referencia para el desarrollo y la experimentación en inteligencia artificial.
El ministro de Desarrollo Económico, Hernán Lombardi, definió la iniciativa como “una apuesta estratégica para posicionar a la Ciudad en la economía del futuro” y detalló que busca consolidar un ecosistema capaz de atraer inversiones, generar empleo calificado y promover la transformación productiva de la zona céntrica. Lombardi remarcó que la transformación del microcentro apunta a consolidar un área residencial y comercial más activa, aprovechando líneas de crédito especiales para la compra, refacción y reconversión de inmuebles.
El gobierno porteño estima que el impacto del nuevo distrito será significativo en términos de generación de empleo y atracción de inversiones. Desde 2008, la Ciudad ha implementado políticas similares en otras áreas, como el Distrito Tecnológico en Parque Patricios, Boedo y Nueva Pompeya, que logró la radicación de 312 empresas y la creación de más de 23 mil puestos de trabajo. A estos se suman los distritos Audiovisual, de Diseño, de las Artes, del Deporte y Joven, cada uno con regulaciones específicas y beneficios para sectores estratégicos.
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La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha tomado una loable iniciativa destinada a mejorar sustancialmente la selección —y posterior designación— de los jueces de la Nación. Mediante la acordada 4/2026 ha aprobado, en su condición de cabeza del Poder Judicial, un “Reglamento de concursos para la selección de magistrados” y le ha propuesto al Consejo de la Magistratura de la Nación que lo apruebe y lo ponga en vigencia. La propuesta es trascendente, por el avance que significa, y muy oportuna, por la inmensa cantidad de vacantes que dificultan el buen funcionamiento de este poder del Estado.
Una de las innovaciones más importantes del nuevo reglamento consiste en establecer como regla general la realización de concursos anticipados, es decir, antes y no después de que se produzcan las vacantes.
Entre las múltiples ventajas de la anticipación sobresalen dos. La primera, que las vacantes podrían ser cubiertas de inmediato, en lugar de tener que esperar los dos o tres años que suelen llevar los concursos, como mínimo. La segunda, que evitaría las interferencias políticas, tan habituales y nefastas hoy en día. Porque los postulantes rendirían las pruebas sin saber para qué cargo concreto podrían ser luego designados.
La cobertura rápida e inmediata de las vacantes impediría llegar a una situación como la actual en la que más de un tercio de los cargos de jueces se encuentra vacante, circunstancia que prenuncia un colapso inminente e inevitable.
Los exámenes, por su parte, también cambiarían sustancialmente. En primer lugar, pasarían a ser dos en lugar de uno solo. El primero sería una prueba automatizada, de opciones múltiples y corrección informatizada, que mediría los conocimientos generales de derecho de modo objetivo. En caso de aprobarlo, los postulantes rendirían un segundo examen centrado en la resolución de casos.
Y no solo se propician medidas para reforzar el anonimato de los concursantes sino que también se separan las funciones de proponer las preguntas y el contenido de los exámenes y la de corregirlos, para evitar posibles filtraciones y colusiones.
Otra reforma esencial es la de limitar la discrecionalidad en la etapa de entrevistas personales, que constituye uno de los aspectos más deleznable en el sistema actualmente vigente y al que ya me he referido (ver, mi nota en este mismo diario del 12/8/2024).
Hoy en día, luego de la evaluación de antecedentes y de la corrección del examen escrito, los postulantes deben someterse a una entrevista personal, a la cual llegan ordenados por la suma de los puntajes obtenidos en las dos etapas anteriores, que en teoría deberían ser evaluaciones objetivas. Pero, y aquí viene el problema, con el sencillo argumento de un buen o mal desempeño en esa entrevista, cualquier consejero puede presentar un dictamen que implique que un candidato hasta ese momento ubicado, por ejemplo, en segundo lugar pase al vigésimo quinto y, al revés, que un candidato ubicado en el lugar décimo noveno pase a integrar la terna. Más arbitrariedad no se consigue. Ha habido casos, inclusive, en los cuales un consejero que no participó de las entrevistas ha propuesto ascensos o descensos astronómicos en el orden de mérito, argumentando que leyó el acta de esas entrevistas o escuchó el audio (que se conserva como resguardo).
El reglamento propuesto por la Corte Suprema cambia esa censurable discrecionalidad por un sistema de puntaje basado en indicadores objetivos y con límites previamente definidos, lo cual debería desterrar los ascensos y descensos meteóricos o injustificados en el orden de mérito de los concursos.
En definitiva, se trata de modificaciones propuestas por algunos de los propios consejeros durante los últimos años (incluido el autor de esta nota) basadas en la experiencia y con el aval de muchos concursos realizados y órdenes de mérito aprobados. Y aunque es de lamentar que no haya sido el propio Consejo de la Magistratura quien impulse la propuesta, es muy saludable y debe ser recibida con beneplácito la iniciativa de la Corte Suprema orientada, sin la menor duda, a mejorar la objetividad y transparencia en el proceso de selección de futuros jueces y a lograr que, finalmente, se designe a los mejores y más idóneos candidatos.
(*) El autor es exdiputado de la Nación (PRO) y exmiembro del Consejo de la Magistratura.
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POLITICA
El Gobierno sigue revisando los pliegos judiciales y admite que puede demorarse el envío al Senado
El Gobierno sigue revisando los pliegos para cubrir vacancias judiciales y advierte que puede dilatarse el envío al Senado. En el Ejecutivo reconocen que el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, sigue retocando las nóminas y que los expedientes todavía no llegaron a la Secretaría de Legal y Técnica, que encabeza María Ibarzabal.
Más allá de que el jefe de gabinete, Manuel Adorni, anunció este miércoles que serían remitidos “hoy mismo” a la Cámara Alta, en la Casa Rosada admiten que el proceso de selección definitiva no está “tan avanzado” y que puede enviarse en los próximos días. “No está todo cerrado”, agregan.
El ministro coordinador informó en conferencia de prensa que el Ministerio de Justicia enviaría 60 pliegos y que luego seguiría remitiendo los restantes. Lo presentó como parte de una estrategia para recomponer “el funcionamiento del sistema judicial”, en un contexto de fuerte crecimiento de las vacantes.
Cerca del ministro de Justicia aseguran, de todos modos, que la intención es enviar los pliegos cuanto antes. Se trata del área que interviene en la revisión final de los expedientes antes de que sean formalmente girados para la firma de Javier Milei y que responde políticamente al asesor presidencial Santiago Caputo.
“La definición es mandar los mejores candidatos, no hacerlo rápido”, expresan en Nación. Es por eso que hay diferencias entre el anuncio político y el estado administrativo de los pliegos. Según fuentes oficiales, hay algunas candidaturas para jueces, fiscales y defensores oficiales que siguen abiertas y bajo análisis.
Hay en la actualidad 364 cargos vacantes sobre 1002 en la justicia federal y nacional, lo que equivale a más de un tercio del total. En tribunales advierten además que, si no hay nombramientos, el nivel de vacancias podría seguir creciendo en los próximos meses, con impacto en fueros sensibles de la Capital y del interior del país.
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En el Gobierno remarcan que una parte de esa demora se explica por una decisión tomada al comienzo de la gestión. En diciembre de 2023, Javier Milei retiró del Senado todos los pliegos que habían sido enviados por la administración anterior y, desde entonces, no remitió nuevas propuestas para cubrir cargos federales. Eso hizo que el volumen de vacantes siguiera creciendo por jubilaciones, renuncias y fallecimientos.
La revisión actual quedó en manos de Mahiques, que asumió hace pocas semanas en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona. En su entorno aseguran que está terminando de ordenar el universo de ternas disponibles y que busca definir qué nombres enviará primero al Senado. El ministro estuvo reunido este martes con Milei en la quinta de Olivos para la revisión de la reforma del Código Penal.
Gobierno, pliegos, Senado
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