POLITICA
Lijo pidió los contratos entre la TV Pública y la productora del amigo de Adorni
El juez federal Ariel Lijo pidió todos los contratos de la TV Pública con la productora Imhouse de Marcelo Grandio, el periodista que es amigo del jefe de Gabinete y que pagó los vuelos para alojarse en su casa de Punta del Este.
A pedido del fiscal Gerardo Pollicita, el juez Lijo solicitó la documentación, pues investiga si hay algún delito detrás del viaje familiar del jefe de Gabinete a Uruguay y en la relación entre Adorni y Grandio, según dijeron fuentes judiciales a .
Las medidas judiciales requeridas se denominan “órdenes de presentación con allanamiento en subsidio”, lo que significa que si la persona no entrega lo solicitado, el magistrado está autorizado a allanar.
Asimismo, el juez pidió a la empresa Alpha Centauri S.A., que fletó el avión que fue a Punta del Este, toda la documentación comercial, contable, bancaria y de operaciones relacionadas con el viaje efectuado con el avión Honda Jet matrícula LVHWA, que partió del aeropuerto de San Fernando a Laguna del Sauce, en Punta del Este, el 12 de febrero y regresó el 17 del mismo mes.
En particular, el juez quiere presupuestos, solicitudes de servicio, contratos, registros, comunicaciones mantenidas con los clientes, instrucciones relacionadas con la facturación y saber quién pidió el servicio.
El juez Lijo quiere saber quién es el titular de la aeronave y los detalles de cómo se contrató la ida y la vuelta.
Esto, en particular, porque Grandio dijo que pagó el viaje de ida y que la vuelta es parte de un paquete de 10 vuelos pagados por US$42.250 por Issin Agustín Ismael.
Este piloto uruguayo facturó el vuelo de regreso, del 17 de febrero, a Marcelo Grandío el 9 de marzo, cuando se supo de la escapada de Adorni a Uruguay.
El juez quiere los originales o copias certificadas de todas las facturas, recibos, notas de débito o crédito, comprobantes de pago y registros contables.
Lijo le pidió a la Policía de Seguridad Aeroportuaria que se encargue de obtener esta información ante la empresa y levantar el secreto fiscal de Alpha Centauri S.A..
Al ARCA, Lijo le pidió un informe de la situación fiscal de la firma y de Marcelo Grandío.
Asimismo, le pidió a la Oficina Nacional de Contrataciones que informe todos los acuerdos que se registren con Grandío y su productora IMHOUSE S.A.
A la vez, la Televisión Pública debe detallar los contratos o programas que registra esa productora o Grandío.
Lijo ya había pedido al Gobierno informes sobre el viaje de Adorni, a Punta del Este durante el fin de semana de Carnaval.
Quiere saber si el funcionario cumplía alguna misión oficial. Además, el magistrado dispuso levantar el secreto fiscal de la productora de TV y del piloto a quienes les facturaron el vuelo de ida y de vuelta, realizado en un avión privado.
El juez también quiere investigar al comprador del paquete de viajes. Se trata de Agustín Issin Hansen, un piloto corporativo que actualmente trabaja en Consultatio.
Lijo pidió levantar el secreto fiscal de Issin Hansen. Luego apareció la factura del 9 de marzo donde Grandio también figura como quien pagó por ese vuelo.
El vuelo se hizo en un avión de la empresa Alpha Centauri S.A. Por el viaje de ida se pagaron 4.830 dólares. Por el paquete en el que está incluido el vuelo de vuelta la factura es de 42.250 dólares.
Lijo solicitó además que los organismos públicos que operan en el aeropuerto de San Fernando entreguen toda la documentación que tengan vinculada con el caso, incluidos los registros de las cámaras de seguridad del aeropuerto.
Lijo pidió a la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, que le informe si hay allí “expediente, actuación, autorización, misión oficial, comisión de servicio, licencia, solicitud o liquidación de viáticos, asignación de pasajes, rendición de gastos” relativos al viaje de Adorni o su “estadía, alojamiento o financiamiento del viaje”.
Además, levantó el secreto fiscal de Imhouse SA y le pidió a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) un informe sobre su situación fiscal, patrimonial, económica y financiera desde el 1° de enero de 2023 a la actualidad.
Lijo investiga si hay incompatibilidades por el viaje que pagó la productora, que a su vez tiene contratos con la TV Pública.
El juez pidió al Banco Santander la información sobre Imhouse, su cuenta corriente, la fecha de apertura, cierre o modificación, y el legajo completo.
Estas medidas se pidieron en la causa promovida contra Adorni por los diputados nacionales Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro. Es uno de los tres expedientes abiertos en los tribunales de Comodoro Py en los últimos días contra el jefe de Gabinete.
El hecho que se investiga podría encuadrar en un posible enriquecimiento ilícito (de corroborarse que Adorni tuvo un crecimiento patrimonial apreciable que no puede justificar) o en un caso de dádivas.
Otra causa por enriquecimiento ilícito, promovida por la diputada Marcela Pagano, se tramita contra Adorni en paralelo, pero es probable que los expedientes terminen unificándose.
La fiscalía de Pollicita pidió en su dictamen del jueves último “certificar en el fuero la existencia de causas que tengan vinculación con el objeto procesal” de este expediente.
En paralelo a lo del vuelo, se conoció esta semana que la esposa de Adorni registró a su nombre en noviembre de 2024 la casa en el country Indio Cua Golf Club de Exaltación de la Cruz que señaló en una denuncia penal la diputada Pagano.
Según documentación catastral, obtenida por en un trámite regular ante la Dirección Provincial de Registro de la Propiedad bonaerense, Angeletti figura como única titular de la Unidad Funcional 380 de Indio Cua desde el 15 de noviembre de 2024, cuando se la compró a otro particular.
La denuncia que presentó Pagano sobre la casa de Indio Cua se montó sobre los cuestionamientos políticos que soporta Adorni desde que se conoció que su esposa había volado en el avión presidencial como parte de la comitiva que acompañó a Javier Milei a Miami y Nueva York y tras revelarse que había viajado en avión privado a Punta del Este con su familia durante el feriado de carnaval.
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POLITICA
El gobierno porteño anunció exenciones para emprendimientos que desarrollen IA en el microcentro
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció la creación de un nuevo Distrito de Inteligencia Artificial en el microcentro porteño, una iniciativa que busca transformar oficinas actualmente vacías en un polo de innovación tecnológica. Mediante un proyecto de ley presentado en la Legislatura, la administración de Jorge Macri propone un régimen de exenciones impositivas y facilidades regulatorias para atraer empresas, universidades, startups y centros de investigación dedicados al desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial y áreas afines.
La propuesta contempla la exención de tributos como Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario/ABL y Sellos, así como el acceso a líneas de crédito preferenciales a través del Banco Ciudad para quienes adquieran, refaccionen o reconviertan propiedades en la zona delimitada por las avenidas Belgrano, Paseo Colón/Leandro N. Alem, 9 de Julio y Santa Fe. Según la iniciativa, el sector privado tendrá la responsabilidad de invertir, innovar y generar empleo, mientras la Ciudad crea las condiciones para el desarrollo del nuevo ecosistema.
El jefe de Gobierno, Jorge Macri, sostuvo que el objetivo es “consolidar un ecosistema de innovación donde todos los actores estén integrados: startups, universidades, centros de investigación, emprendedores y sector público. Todos en un mismo lugar, trabajando en red y potenciándose entre sí”, según declaraciones recogidas por el portal oficial de la Ciudad. Esta estrategia apunta a reposicionar el microcentro como un área dinámica, con actividad económica y residencial, a partir de la reconversión de espacios comerciales en desuso.
El proyecto prevé un régimen de promoción económica destinado a empresas que desarrollen aplicaciones vinculadas a la inteligencia artificial, ciencia de datos, automatización, procesamiento de lenguaje natural y robótica. Las compañías que se instalen en el distrito accederán a incentivos fiscales, apoyo financiero y un “sandbox regulatorio”, es decir, un entorno virtual seguro para el testeo de tecnologías emergentes. La medida también apunta a fortalecer la relación entre el sector público y privado, facilitando el acceso a financiamiento con tasas especiales al 8,5% para compras a través del Banco Ciudad.
La creación del Distrito de Inteligencia Artificial responde a la necesidad de revitalizar el microcentro porteño, afectado por el aumento de oficinas desocupadas en los últimos años. El gobierno porteño plantea que, donde antes había espacios vacantes, ahora se desarrollarán laboratorios, espacios de coworking y unidades de experimentación tecnológica, con la intención de crear un “laboratorio vivo” en el corazón de la ciudad. Según el Ministerio de Desarrollo Económico, el distrito estará abierto también a universidades, escuelas técnicas, centros de investigación y organismos científicos-tecnológicos, con el propósito de articular talento, conocimiento y negocios.
En el marco del lanzamiento, Jorge Macri compartió detalles del proyecto con representantes de empresas tecnológicas de relevancia internacional, entre quienes se encontraban ejecutivos de Meta, Siemens, Microsoft, Oracle, Globant, Amazon Web Services, CESSI, IBM, Lonq & The Quantum, Rocking Data/Apgreid, Altura Ventures, Salesforce, SAIA, Poincenot e IPLAN. La propuesta, según el jefe de Gobierno, es “revitalizar y reconvertir el microcentro”, transformando la zona en un punto de referencia para el desarrollo y la experimentación en inteligencia artificial.
El ministro de Desarrollo Económico, Hernán Lombardi, definió la iniciativa como “una apuesta estratégica para posicionar a la Ciudad en la economía del futuro” y detalló que busca consolidar un ecosistema capaz de atraer inversiones, generar empleo calificado y promover la transformación productiva de la zona céntrica. Lombardi remarcó que la transformación del microcentro apunta a consolidar un área residencial y comercial más activa, aprovechando líneas de crédito especiales para la compra, refacción y reconversión de inmuebles.
El gobierno porteño estima que el impacto del nuevo distrito será significativo en términos de generación de empleo y atracción de inversiones. Desde 2008, la Ciudad ha implementado políticas similares en otras áreas, como el Distrito Tecnológico en Parque Patricios, Boedo y Nueva Pompeya, que logró la radicación de 312 empresas y la creación de más de 23 mil puestos de trabajo. A estos se suman los distritos Audiovisual, de Diseño, de las Artes, del Deporte y Joven, cada uno con regulaciones específicas y beneficios para sectores estratégicos.
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La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha tomado una loable iniciativa destinada a mejorar sustancialmente la selección —y posterior designación— de los jueces de la Nación. Mediante la acordada 4/2026 ha aprobado, en su condición de cabeza del Poder Judicial, un “Reglamento de concursos para la selección de magistrados” y le ha propuesto al Consejo de la Magistratura de la Nación que lo apruebe y lo ponga en vigencia. La propuesta es trascendente, por el avance que significa, y muy oportuna, por la inmensa cantidad de vacantes que dificultan el buen funcionamiento de este poder del Estado.
Una de las innovaciones más importantes del nuevo reglamento consiste en establecer como regla general la realización de concursos anticipados, es decir, antes y no después de que se produzcan las vacantes.
Entre las múltiples ventajas de la anticipación sobresalen dos. La primera, que las vacantes podrían ser cubiertas de inmediato, en lugar de tener que esperar los dos o tres años que suelen llevar los concursos, como mínimo. La segunda, que evitaría las interferencias políticas, tan habituales y nefastas hoy en día. Porque los postulantes rendirían las pruebas sin saber para qué cargo concreto podrían ser luego designados.
La cobertura rápida e inmediata de las vacantes impediría llegar a una situación como la actual en la que más de un tercio de los cargos de jueces se encuentra vacante, circunstancia que prenuncia un colapso inminente e inevitable.
Los exámenes, por su parte, también cambiarían sustancialmente. En primer lugar, pasarían a ser dos en lugar de uno solo. El primero sería una prueba automatizada, de opciones múltiples y corrección informatizada, que mediría los conocimientos generales de derecho de modo objetivo. En caso de aprobarlo, los postulantes rendirían un segundo examen centrado en la resolución de casos.
Y no solo se propician medidas para reforzar el anonimato de los concursantes sino que también se separan las funciones de proponer las preguntas y el contenido de los exámenes y la de corregirlos, para evitar posibles filtraciones y colusiones.
Otra reforma esencial es la de limitar la discrecionalidad en la etapa de entrevistas personales, que constituye uno de los aspectos más deleznable en el sistema actualmente vigente y al que ya me he referido (ver, mi nota en este mismo diario del 12/8/2024).
Hoy en día, luego de la evaluación de antecedentes y de la corrección del examen escrito, los postulantes deben someterse a una entrevista personal, a la cual llegan ordenados por la suma de los puntajes obtenidos en las dos etapas anteriores, que en teoría deberían ser evaluaciones objetivas. Pero, y aquí viene el problema, con el sencillo argumento de un buen o mal desempeño en esa entrevista, cualquier consejero puede presentar un dictamen que implique que un candidato hasta ese momento ubicado, por ejemplo, en segundo lugar pase al vigésimo quinto y, al revés, que un candidato ubicado en el lugar décimo noveno pase a integrar la terna. Más arbitrariedad no se consigue. Ha habido casos, inclusive, en los cuales un consejero que no participó de las entrevistas ha propuesto ascensos o descensos astronómicos en el orden de mérito, argumentando que leyó el acta de esas entrevistas o escuchó el audio (que se conserva como resguardo).
El reglamento propuesto por la Corte Suprema cambia esa censurable discrecionalidad por un sistema de puntaje basado en indicadores objetivos y con límites previamente definidos, lo cual debería desterrar los ascensos y descensos meteóricos o injustificados en el orden de mérito de los concursos.
En definitiva, se trata de modificaciones propuestas por algunos de los propios consejeros durante los últimos años (incluido el autor de esta nota) basadas en la experiencia y con el aval de muchos concursos realizados y órdenes de mérito aprobados. Y aunque es de lamentar que no haya sido el propio Consejo de la Magistratura quien impulse la propuesta, es muy saludable y debe ser recibida con beneplácito la iniciativa de la Corte Suprema orientada, sin la menor duda, a mejorar la objetividad y transparencia en el proceso de selección de futuros jueces y a lograr que, finalmente, se designe a los mejores y más idóneos candidatos.
(*) El autor es exdiputado de la Nación (PRO) y exmiembro del Consejo de la Magistratura.
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POLITICA
El Gobierno sigue revisando los pliegos judiciales y admite que puede demorarse el envío al Senado
El Gobierno sigue revisando los pliegos para cubrir vacancias judiciales y advierte que puede dilatarse el envío al Senado. En el Ejecutivo reconocen que el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, sigue retocando las nóminas y que los expedientes todavía no llegaron a la Secretaría de Legal y Técnica, que encabeza María Ibarzabal.
Más allá de que el jefe de gabinete, Manuel Adorni, anunció este miércoles que serían remitidos “hoy mismo” a la Cámara Alta, en la Casa Rosada admiten que el proceso de selección definitiva no está “tan avanzado” y que puede enviarse en los próximos días. “No está todo cerrado”, agregan.
El ministro coordinador informó en conferencia de prensa que el Ministerio de Justicia enviaría 60 pliegos y que luego seguiría remitiendo los restantes. Lo presentó como parte de una estrategia para recomponer “el funcionamiento del sistema judicial”, en un contexto de fuerte crecimiento de las vacantes.
Cerca del ministro de Justicia aseguran, de todos modos, que la intención es enviar los pliegos cuanto antes. Se trata del área que interviene en la revisión final de los expedientes antes de que sean formalmente girados para la firma de Javier Milei y que responde políticamente al asesor presidencial Santiago Caputo.
“La definición es mandar los mejores candidatos, no hacerlo rápido”, expresan en Nación. Es por eso que hay diferencias entre el anuncio político y el estado administrativo de los pliegos. Según fuentes oficiales, hay algunas candidaturas para jueces, fiscales y defensores oficiales que siguen abiertas y bajo análisis.
Hay en la actualidad 364 cargos vacantes sobre 1002 en la justicia federal y nacional, lo que equivale a más de un tercio del total. En tribunales advierten además que, si no hay nombramientos, el nivel de vacancias podría seguir creciendo en los próximos meses, con impacto en fueros sensibles de la Capital y del interior del país.
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En el Gobierno remarcan que una parte de esa demora se explica por una decisión tomada al comienzo de la gestión. En diciembre de 2023, Javier Milei retiró del Senado todos los pliegos que habían sido enviados por la administración anterior y, desde entonces, no remitió nuevas propuestas para cubrir cargos federales. Eso hizo que el volumen de vacantes siguiera creciendo por jubilaciones, renuncias y fallecimientos.
La revisión actual quedó en manos de Mahiques, que asumió hace pocas semanas en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona. En su entorno aseguran que está terminando de ordenar el universo de ternas disponibles y que busca definir qué nombres enviará primero al Senado. El ministro estuvo reunido este martes con Milei en la quinta de Olivos para la revisión de la reforma del Código Penal.
Gobierno, pliegos, Senado
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