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POLITICA

La Corte confirmó el tribunal que juzgará a un exintendente kirchnerista por fraude con la obra pública

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El Tribunal Oral Federal 5 de San Martín deberá llevar adelante el juicio oral en que se investiga al exintendente de Zárate Osvaldo Raúl Cáffaro y a un grupo de funcionarios municipales por el delito de “administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública”, por dinero recibido para hacer obras públicas.

Con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte Suprema de Justicia resolvió un conflicto de competencia entre el Tribunal Oral Federal 5 de San Martín y el juzgado en lo Criminal 2 del Departamento de Zárate-Campana, cuando el caso ya estaba elevado a juicio.

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El exintendente de Zárate Osvaldo CáffaroTwitter @CaffaroOsvaldoR

Según el dictamen del procurador Eduardo Casal, en la causa se investiga a Osvaldo Raúl Cáffaro, a Pablo Andrés Giménez (exsecretario de Obras y Servicios Públicos), a Osvaldo Nicolás Caccaviello (exsubsecretario de Obras Públicas), a Salvador Carlos Ingrassia (Infraestructura), Gustavo Alberto Castillo (exdirector de Obras) y Santiago Roberto Rottari (representante técnico) por el manejo irregular de fondos transferidos a Zárate mediante convenios celebrados con el Ministerio de Planificación para la ejecución de obras de seguridad en el sistema eléctrico de esa localidad.

La fiscalía acusó a los imputados de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Además, se acusó a Cáffaro −surgido del socialismo, que ganó el municipio como vecinalista y se integró al kirchnerismo− y a Giménez por la presentación de una nota ante el Ministerio solicitando un segundo envío de dinero, entre las cuales se adjuntaba un certificado de avance de obra que habría sido falso.

Tras el auto de elevación a juicio, la causa quedó radicada ante el tribunal federal de San Martín, cuyos integrantes declararon su incompetencia a solicitud de algunas defensas.

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Entendieron que una vez ingresado el adelanto de dinero del Estado nacional a la comuna, la responsabilidad de su destino era de la Municipalidad de Zárate, la que además de la planificación, contratación y ejecución de los trabajos, se habría comprometido a aportar el dinero para finalizarlos.

Por eso, entendieron los jueces federales que el asunto era de competencia provincial. Pero el juzgado bonaerense rechazó el caso.

El asunto llegó a la Corte Suprema para destrabar el conflicto. El Procurador General de la Nación subrayó que el tema había sido planteado a lo largo del expediente y que el 17 de julio de 2019 la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín confirmó lo resuelto por el juez de grado, con énfasis en que el dinero comprometido por la Nación tenía como destino una obra de seguridad eléctrica que habría implicado el cambio de traza de líneas de alta tensión para resguardar a la población y que formaría parte del sistema interconectado nacional, vinculado a un servicio público de interés del Estado nacional.

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Por eso, la Procuración concluyó que el caso era de competencia federal. La Corte Suprema validó este criterio. “Resulta claro que corresponde que continúe interviniendo la justicia federal” en “en el juzgamiento de la totalidad de los aspectos de la maniobra por la cual se formuló la acusación”, señala el fallo.


Hernán Cappiello,Corrupción,Zárate,Conforme a,Corrupción,,Revés para el jefe de la AFA. La Justicia rechazó un pedido de Chiqui Tapia para salir del país sin restricciones por 60 días,,Sueños Compartidos. Comenzó el juicio con los Schoklender y De Vido en el banquillo de los acusados,,Investigó al poder. Anularon la destitución de Cecilia Goyeneche y vuelve a ser fiscal anticorrupción

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La Policía de Seguridad Aeroportuaria busca los contratos de Marcelo Grandio en la TV Pública tras la polémica por los viajes de Manuel Adorni

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Durante la tarde del jueves, la Policía de Seguridad Aeroportuaria llegó a los estudios de la TV Pública para llevarse los contratos que el periodista Marcelo Grandio tiene con la señal. Lo que busca determinar la Justicia es si hay alguna irregularidad en la contratación o presunta dádiva, considerando que Grandio fue quien pagó los vuelos de Manuel Adorni a Punta del Este.

Más temprano declaró ante Ariel Lijo, el juez que lleva la causa, el piloto que facturó el vuelo privado que Adorni hizo junto a su familia desde Punta del Este.

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Se trata de Agustín Issin, de 46 años con amplia experiencia en aviación comercial y privada, que dio detalles en la causa, en una presentación que comenzó a las 11.30 en los tribunales federales de Comodoro Py.

Todo el proceso duró casi cuatro horas y, según trascendió, aseguró que todo el viaje fue pagado por Marcelo Grandio, periodista de la TV Pública y amigo del jefe de Gabinete. Es por eso que ahora, las miradas se posaron en él y en su vínculo con Adorni que tiene bajo su órbita a la TV Pública.

Noticia que está siendo actualizada

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Manuel Adorni

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POLITICA

Dólar blue: allanaron a un empresario cercano a Rodrigo De Paul y se amplía el alcance de la maniobra

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Alejandro Omar Calian es conocido en el mundo del fútbol por su llegada directa a un grupo reducido de la Selección argentina. “El Turco” es un empresario difícil de encasillar, que prefiere vivir en las sombras. Su nombre salió a la luz en diciembre del año pasado, cuando acompañó a su amigo Rodrigo De Paul, a Lionel Messi y a otros jugadores en un viaje de promoción por la India. Esta vez, su protagonismo es más incómodo. Calián fue allanado el viernes pasado en una causa que investiga la supuesta connivencia de exfuncionarios del Banco Central con financistas como Elías Piccirillo o Francisco Hauque para la compra del dólar oficial en tiempos de cepo cambiario.

El amigo de De Paul, así lo conocen todos en el mundo del fútbol, integra una lista de casi veinte personas y empresas allanadas por el juez Ariel Lijo tras un pedido del fiscal Franco Picardi, pudo saber de fuentes con acceso a la causa. Calián no estaba en su domicilio cuando llegó la Policía Federal. Algo similar ocurrió con otra de las personas apuntadas, Gonzalo Roberto Calo, más conocido como “Gonzalote”.

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La causa investiga la relación entre funcionarios del Banco Central y un grupo de financistas entre los que estaban Piccirillo, Hauque, Martín Migueles y Ariel Vallejo (el dueño de Sur Finanzas). Ese vínculo quedó expuesto en una serie de audios grabados por Piccirillo, exmarido de Jésica Cirio. En una de esas grabaciones, una funcionaria del BCRA, Romina García, aseguraba que había“gente de arriba entongada”. Se refería a las autoridades del Central durante la gestión de Miguel Ángel Pesce.

El fiscal Picardi, que tiene delega la investigación, tiene en la mira a cinco funcionarios del área de Supervisión de Entidades No Financieras, encargados de controlar a las casas de cambio. Todos fueron allanados el 30 de diciembre en sus domicilios. Les secuestraron teléfonos y computadoras que ahora están siendo analizadas.

Banco Central de la República Argentina, fachada empleadosSoledad Aznarez

Calian tenía llegada a Piccirillo, aunque la relación terminó muy mal. “Se encargaban de inyectar blanco en las empresas que luego se utilizaban en la maniobra del rulo”, explicó una fuente que conoce la maniobra. Apenas se enteró del allanamiento en su domicilio, el empresario le pidió a un abogado que se presente en Tribunales. No pudo acceder al expediente porque está bajo secreto de sumario.

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El denominado rulo hace referencia a la adquisición de dólares oficiales y su comercialización en el mercado paralelo. Es decir, comprar barato y vender caro. El esquema está compuesto por tres elementos clave: dólares físicos, casas o agencias de cambio, y compradores o personas que demandaran las divisas.

Alejandro calian y Rodrigo de PaulInstagram

El empresario arrastra una condena por contrabando de motos de alta gama. En 2020, el Tribunal Penal Económico 1 lo condenó a tres años de prisión en suspenso por ingresar al país de manera ilegal un total de 51 motos. Otra de las personas condenadas, José Luis Quijano, era defendido por Luis Charro, actual abogado del presidente de la AFA.

Por ese causa, Calian estuvo detenido varios meses.

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En diciembre del año pasado, Calian compartió un viaje a la India junto a De Paul, Messi y Luis Suárez. La gira de promoción arrancó con un escándalo en el estadio Salt Lake de Calcuta: los espectadores, muchos de los cuales habían pagado más de 100 dólares, lanzaron butacas al campo de juego y el jefe del espectáculo terminó detenido.

Después de ese viaje, Calian repartió su tiempo entre Buenos Aires y Miami, donde pasa varios meses del año. En cada una de sus gestiones, invoca el nombre de su amigo De Paul.

Lionel Messi camina por el Salt Lake Stadium de Calcuta; a su lado, Rodrigo De PaulDIBYANGSHU SARKAR – AFP

En los allanamientos del viernes pasado, los investigadores buscaban documentación sobre una veintena de empresas entre las que se destacan Arg Exchange, Xinergia, Gallo Cambios, MegaLatina, Fenus, y Goat SA, entre otras.

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Detrás de Arg Exchange aparecen varios financistas. Piccirillo apareció en 2022, con un 90 por ciento de las acciones. El accionista minoritario en ese momento era Matías Bocca, un nombre que se repite en otras agencias. Y como presidente ya estaba Migueles. La sociedad se activó en 2023. Entre enero y diciembre de ese año, compró más de 250 millones de dólares a distintas entidades y vendió una cantidad similar. La cifra exacta, entre el 26 de enero y 19 de diciembre, fue de US$251.933.029. Eso significa un ritmo de compra diario de 768.000 dólares.

Fenus, muy conocida en la zona sur del Gran Buenos Aires, pertenecía a Ariel Vallejo, el financista cercano a Claudio “Chiqui” Tapia. Esa casa de cambio pasó de operar $425 millones en el segundo semestre de 2022 a $8400 millones en el primer semestre de 2023.

Ariel Vallejo y Claudio Chiqui Tapia

El expediente acumuló en los últimos meses decenas de informes del Banco Central y otras pruebas como entrecruzamiento de teléfonos, según pudo saber .

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Entre las personas investigadas se destaca la contadora Valeria Fabiana Fernández, homónima de una funcionaria del Banco Central allanada en diciembre. Su nombre ya había aparecido en la causa que investigan la jueza María Servini y el fiscal Carlos Stornelli. “Fernández habría suscripto los estados contables de al menos diez casas de cambio individualizadas por la UIF, incluyendo a Mega Latina SA y Stema Cambios SA”, se puede leer en ese expediente.

Esa causa se abrió por una denuncia de la Unidad de Información Financiera (UIF), a partir de reportes del BCRA. Se investiga la compra de unos 1500 millones de dólares entre enero y octubre de 2023, cuando Sergio Massa todavía era ministro de Economía.


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Cuadernos de las Coimas: la Justicia rechazó un recurso de Cristina Kirchner que buscaba anular la causa

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La Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos extraordinarios presentados por la expresidenta Cristina Kirchner y el exministro Julio De Vido en la causa conocida como Cuadernos de las Coimas.

Los jueces Daniel Petrone y Javier Carbajo declararon inadmisibles las apelaciones que buscaban desestimar las declaraciones de los imputados “arrepentidos” y el pedido de archivar el caso por “falta de acción por cosa juzgada”.

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Julio De Vido y Cristina Kirchner

Por su parte, la jueza Ángela Ledesma votó en disidencia a favor de conceder los recursos, al considerar que los planteos introducían un debate válido sobre “el alcance del derecho de defensa en juicio, los principios de publicidad, oralidad y contradicción”.

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Ledesma sostuvo que la resolución atacada “resulta equiparable a una sentencia definitiva en tanto le ocasionaría a su defendida un perjuicio de imposible o tardía reparación ulterior”, advirtiendo además sobre la vigencia de garantías como el ne bis in idem, que impide que una persona sea juzgada dos veces por el mismo hecho.

Cristina Kirchner, Néstor Kirchner y Julio De Vido

La defensa de la expresidenta cuestionó la resolución que “incorporó los legajos de arrepentidos” al expediente principal, mientras que De Vido buscaba revertir el “rechazo de nulidad y recusación” del Tribunal Oral Federal.

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La mayoría del tribunal resolvió que no se demostraron defectos graves que descalifiquen la decisión como acto jurisdiccional válido, señalando que “la parte recurrente basó su impugnación en juicios discrepantes con el criterio adoptado”. Tras este fallo, a los imputados solo les resta el camino de plantear un recurso de queja directamente ante la Corte Suprema.

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