POLITICA
El gobierno porteño reforzó la seguridad y el control en la Villa 31 y avanza con el plan de reordenamiento
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha un plan de ordenamiento en la Villa 31 para reforzar la seguridad y frenar el crecimiento del asentamiento. Desde este jueves, se implementaron operativos en los accesos con retenes policiales y la peatonalización de calles, todo con el objetivo de impedir el ingreso de materiales de construcción y detener la expansión edilicia que alteró la dinámica del barrio durante los últimos años.
Según informó el Gobierno porteño, la estrategia busca “fortalecer la integración y garantizar que la Ciudad sea una sola: con las mismas obligaciones, los mismos derechos y las mismas reglas para todos, vivan donde vivan los vecinos”. El plan, que responde a una preocupación persistente sobre el crecimiento desordenado de la Villa 31, apunta a frenar prácticas que pusieron en jaque la seguridad y la convivencia en el barrio, donde residen aproximadamente 45 mil personas en condiciones precarias, distribuidas en un área de 72 hectáreas frente a la terminal de Retiro.
En la presentación de las nuevas medidas, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, expresó: “Orden en la Villa 31. Acá no hay zonas liberadas. No hay excepciones. No hay lugares donde la ley es opcional. Se terminó el ingreso de material para seguir agrandando esto. La ley y el orden rigen en cada metro cuadrado de la Ciudad”.
De acuerdo con lo comunicado por el Ejecutivo local, el plan de control de accesos modificó la circulación en cinco de las 13 entradas al barrio, que se convirtieron en calles peatonales.
Además, tres accesos pasaron a contar con puestos policiales permanentes y se sumaron a otros tres preexistentes, mientras que dos calles cambiaron de sentido y se instalaron bolardos para restringir el paso. También se implementaron controles itinerantes y rotativos, con la intención de reforzar los operativos de fiscalización y la vigilancia urbana.
Durante el operativo especial de este jueves, hubo controles policiales en los accesos de Colibrí y Ramos Mejía —junto a la estación de Ómnibus de Retiro—, en Yaguareté e Islas Galápagos —próximo al Paseo del Bajo y al Ministerio de Educación de la Ciudad—, y en Colibrí y Alberto Chejolán (ex calle 14), vecina al Barrio Saldías.
Las autoridades señalaron que estos procedimientos buscan frenar el ingreso de materiales que alimentan el crecimiento edilicio sin habilitación, una problemática que cobró fuerza tras la sanción de la Ley 6.129 en 2016, la cual estableció la urbanización del barrio, pero no logró contener la expansión irregular ni propiciar un ordenamiento territorial efectivo.
En palabras de Jorge Macri, “tiramos abajo un búnker y seguimos mejorando la seguridad. Y no podemos permitir que el crecimiento descontrolado siga poniendo en riesgo a los vecinos. La Ciudad es una sola y eso implica los mismos derechos, pero también las mismas obligaciones para todos”.
El Gobierno de la Ciudad puso el foco en los operativos contra las ocupaciones ilegales y el desalojo de veredas tomadas, muchas de las cuales se usaban como depósitos improvisados por cartoneros o patios anexos a viviendas.
También se removió un lavadero de autos que obstruía la circulación en una zona peatonal y se desalojó una gomería montada en un micro inutilizado que ocupaba gran parte de una vereda.
El plan contempló la clausura de corralones de materiales de construcción no autorizados, en línea con la normativa que prohíbe ese tipo de establecimientos dentro del barrio para evitar un crecimiento sin regulación y reducir riesgos estructurales y de seguridad.
En la Villa 31, la informalidad propició la especulación y la aparición de negocios ilegales, según la información difundida por el Ejecutivo porteño.
Entre las prácticas más frecuentes, figura la venta de “espacios aéreos”, como los techos de las casas, y el alquiler de viviendas, que oscila entre $300 mil y 1 millón de pesos mensuales, mientras que los locales comerciales alcanzan valores de entre 1,5 y 1,8 millones de pesos por mes.
De este modo, quienes operan en la informalidad aprovechan la necesidad de quienes buscan alquilar, pero no reúnen los requisitos exigidos por las inmobiliarias en otros barrios de la Ciudad.
El plan cuenta con la intervención conjunta de la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Espacio Público, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat y la Secretaría Legal y Técnica, en un esfuerzo coordinado para lograr que la urbanización de la Villa 31 avance hacia un modelo bajo regulaciones claras y un marco de convivencia común.
Este jueves declaró ante la Justicia el piloto del vuelo privado de Manuel Adorni a Punta del Este, Agustín Issin. Aseguró que tanto la ida como la vuelta la pagó Marcelo Grandio. Además, contó que tenía una empresa de brokers de vuelos, donde compró un paquete de 10 vuelos por US$42.000, de los cuales le vendió un par a Grandio.
El vuelo a Punta del Este fue facturado a Grandio, a Imhouse S.A., la productora del periodista, a través de la empresa Alpha Centauri. Pagó US$3000 dólares. Adorni deberá demostrar que pagó esos vuelos a Grandio y que no se trató de una dádiva.
Según la declaración, la contratación de los vuelos no apareció como una operación aislada, sino dentro de una relación comercial previa.
El testigo explicó que trabajaba habitualmente con la firma aérea Alpha Centauri S.A., con la que ya tenía acuerdos anteriores para la compra de paquetes de vuelos a Punta del Este. También dijo que Grandio ya había contratado en otras oportunidades sus servicios, aunque aclaró que no era de sus clientes más importantes sino una persona que lo contactaba con cierta frecuencia.
Leé también: El piloto del vuelo de Punta del Este de Adorni aseguró que el viaje lo pagó un periodista de la TV Pública
El broker se refirió a la factura de US$3000 emitida por el tramo de vuelta. Issin sostuvo que ese importe no representaba el valor total original del vuelo, sino el saldo final luego de una reducción acordada. Según explicó, el precio base del regreso era de US$ 4800, pero Grandio pidió que se utilizaran plazas vacías del avión —la llamada “pata vacía” o empty leg— para bajar el costo.
De acuerdo con esa versión, sobre esos US$4.800 se aplicó una quita total de US$1.800: US$1.200 por dos plazas vacías vinculadas al vuelo del 12 de febrero y US$600 por otra plaza vacía correspondiente al tramo del 17 de febrero.
En cuanto a la forma de pago, el testigo diferenció claramente la ida de la vuelta. Respecto del vuelo de ida, declaró que fue facturado directamente entre Alpha Centauri S.A. y la empresa contratante, y que se pagó mediante transferencia bancaria. Sin embargo, no dejó asentado en ese acto el monto exacto efectivamente abonado por ese tramo y dijo que debía verificarlo.
Sobre el vuelo de vuelta, en cambio, fue más preciso: afirmó que los USD3.000 se pagaron en efectivo, a través de un tercero, y que esa entrega fue coordinada por WhatsApp y audios, respecto de los cuales dijo contar con respaldo.
El dato clave es que la factura de la vuelta fue emitida varias semanas después del vuelo. Frente a eso, Issin explicó que no obedeció a una nueva contratación ni a una modificación posterior del servicio, sino a que se encontraba de viaje y recién cuando regresó confeccionó la factura.
También aclaró que la constancia del cobro no habría sido un recibo formal, sino un mensaje enviado informando que el dinero había sido recibido por Whatsapp. Por último, cuando se le preguntó si le constaba que Adorni hubiera viajado con su empresa en alguna otra oportunidad anterior, respondió que no.
Manuel Adorni, Vuelos, Gobierno
POLITICA
Milei se sumó al enfrentamiento por el caso de la argentina detenida en Rio y apuntó contra Alberto Fernández
El gobierno nacional autorizó formalmente a la empresa Latam Airlines a operar la ruta entre San Pablo, Brasil, y Ushuaia, Argentina, como transporte aéreo de pasajeros y cargas o de forma combinada, por medio de la línea de bandera brasileña TAM. La medida fue oficializada mediante la Disposición 2/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial.
“Autorizar a la empresa de bandera brasileña, TAM, sucursal argentina, nombre de fantasía Latam Airlines Brasil para explotar servicios regulares internacionales de transporte aéreo de pasajeros y cargas, en forma combinada, en la ruta San Pablo, Brasil, y Ushuaia, Argentina y viceversa.
POLITICA
Escándalo en la AFA: Pablo Toviggino le habría pagado a otro árbitro para beneficiar a Barracas Central
Una investigación judicial a cargo del juez Luis Antonio Armella y la fiscal Cecilia Incardona expuso presuntos sobornos en el fútbol argentino tras analizar chats del 12 de diciembre de 2020.
Según los mensajes, Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, habría indicado a Juan Pablo Beacon el pago de “300.000, unos USD 2.000” al árbitro Jorge Nelson “Chino” Sosa. El pago se habría efectuado horas después de un polémico partido donde Sosa expulsó a dos jugadores de Belgrano de Córdoba, beneficiando a Barracas Central (equipo de Claudio “Chiqui” Tapia) con un gol en el minuto 95. Tras la entrega del dinero, Beacon confirmó: “Deje el total en lo del chino” y agregó que el referí “quedó satisfecho”.
Jorge Nelson “Chino” Sosa
El escándalo de Sosa se inscribe en una serie de sospechas que alcanzan al director nacional de Arbitraje, Federico Beligoy, y otros jueces como Luis “Lobo” Medina y Fernando Espinoza. La Justicia investiga no solo el arreglo de partidos, sino también presunto lavado de dinero vinculado a exsponsors de la AFA y el patrimonio de Toviggino, a quien se le atribuye una mansión de 17 millones de dólares.
Según fuentes internas de la AFA, los pagos a los árbitros funcionan como un “premio y un extra”, ya que si perjudican a los equipos vinculados a la dirigencia “los dejan parados y no cobran ni el sueldo”.
Tras aquel encuentro de 2020, el entonces técnico de Belgrano, Ricardo Caruso Lombardi, denunció: “Nosotros somos víctima de esta gente, somos rehenes del fútbol argentino”. Por su parte, el delantero Pablo Vegetti publicó un descargo afirmando que “sabíamos que lo que nos pasó iba a pasar”, cerrando con la frase: “Diego, la pelota hoy se manchó”.
Partido investigado
Actualmente, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) investiga a seis árbitros por incompatibilidades patrimoniales, mientras crecen los testimonios sobre órdenes de “retorcerte el reglamento” para favorecer a clubes específicos.
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AFA,Arbitros,Claudio «Chiqui» Tapia,Pablo Toviggino
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