El Gobierno envió al Congreso el paquete de reformas sobre propiedad privada, que incluye cambios en expropiaciones, tierras rurales, desalojos y régimen de manejo del fuego. El texto terminó de pulirse pasada ayer a la tarde en la secretaría de Legal y Técnica, fue firmado por Javier Milei y fue remitido a la Cámara de Diputados pasada la medianoche.

Uno de los ejes centrales del paquete es la reforma de la Ley de Expropiaciones. El Ejecutivo apunta a restringir la definición de utilidad pública para que quede acotada a casos excepcionales y a reforzar el criterio de indemnización previa, en línea con la idea de limitar la discrecionalidad estatal sobre la propiedad privada.

Otro de los capítulos abarca modificaciones a la Ley de Tierras Rurales. La Casa Rosada busca levantar las restricciones a la compra de campos por parte de extranjeros con el argumento de atraer inversiones en sectores como agro, minería y energía. Se trata de un cambio que el Gobierno ya había intentado incluir en el DNU 70/2023 y que ahora intenta reactivar por la vía legislativa.

El paquete también incorpora cambios en la Ley de Manejo del Fuego. En Balcarce 50 sostienen que mantendrán la protección sobre bosques nativos, pero que buscarán revertir la ampliación de restricciones sobre campos agrícolas y bosques implantados. La intención oficial es flexibilizar las limitaciones sobre el uso del suelo en zonas afectadas por incendios, uno de los puntos que ya generó cuestionamientos de sectores ambientales y de la oposición.

A eso se suma una nueva ley de desalojos. El Gobierno quiere establecer una vía sumarísima para restituir inmuebles ocupados en menos de cinco días, con el argumento de que la toma de propiedades encarece los alquileres y profundiza la inseguridad jurídica. Es uno de los tramos más duros del paquete y forma parte de la estrategia oficial para reforzar el discurso sobre defensa de la propiedad privada.

En el Ejecutivo aseguran que buscarán tratar este paquete después de los debates por Glaciares, el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PTC) y la Emergencia en Discapacidad. La definición responde al intento del oficialismo de ordenar prioridades en el Congreso y evitar que la discusión sobre propiedad privada quede mezclada con otros expedientes sensibles que ya están en la agenda parlamentaria.

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El envío de estas reformas se dio además en paralelo a otros movimientos legislativos de la Casa Rosada, que remitió este jueves la Ley Hojarasca al Congreso, con la que busca derogar más de 70 normas que considera obsoletas o sin vigencia práctica. Se trata de un proyecto del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

En Balcarce 50 advierten que la reforma del Código Penal todavía no está lista y que todavía no definieron una estrategia para impulsarla en el Congreso. Lo mismo aplica para los 62 piegos judicales que anunció el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, anunció que enviará al Congreso: por el momento sólo llegaron más de 30 a Legal y Técnica y se dilata la firma del jefe de Estado.

Gobierno, propiedad privada, Congreso

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Las audiencias públicas en la Cámara de Diputados por la reforma a la Ley de Glaciares atravesaron momentos de fuerte tensión durante una jornada marcada por interrupciones, desorden y dificultades para sostener el orden de las exposiciones. El clima se volvió especialmente álgido cuando una disertante tomó la palabra a los gritos para exigir silencio en la sala.

El episodio ocurrió en el marco del plenario que presidieron los diputados José Peluc y Nicolás Mayoraz, quienes llevaban adelante la audiencia por la reforma legislativa. Durante el desarrollo de la jornada, ambos dieron por finalizada la instancia, aunque todavía quedaban personas anotadas para exponer.

Tras ese anuncio, desde la organización consultaron si todos los disertantes se encontraban presentes en la sala. Ante la confirmación, el plenario continuó, aunque en un contexto que derivó en desorden generalizado, con múltiples voces superpuestas y dificultades para coordinar las intervenciones.

En ese escenario, tomó la palabra Wanda Albornoz Olivera. Su intervención se destacó de inmediato por el tono elevado y la forma en que buscó imponerse en medio del ruido ambiente. Según se escuchó en la sala, la disertante comenzó su exposición con un pedido contundente de silencio.

“Silencio, callensé la boca, todos, sí, todos, me van a dejar a hablar. Soy Wanda Albornoz Olivera. Gracias. Yo vengo como periodista y ciudadana”, exclamó, elevando la voz por encima del resto de los presentes.

El volumen de los gritos generó una distorsión en el sonido de la sala, con parlantes que reprodujeron la intervención de manera saturada. La escena se desarrolló mientras persistían conversaciones y movimientos en el recinto, lo que reforzó el clima de desorden que atravesó ese tramo de la audiencia.

En simultáneo, y en medio de los gritos, se escuchó la voz de Nicolás Mayoraz desde la mesa de conducción. El diputado anunciaba que iba a tomar la palabra Wanda Albornoz Olivera, en un intento por ordenar la secuencia de exposiciones. Sin embargo, ese anuncio quedó parcialmente solapado por la intensidad de la intervención de la disertante.

El episodio se produjo luego de una serie de momentos tensos durante la jornada, en los que distintos participantes expresaron dificultades para intervenir o reclamaron condiciones para poder exponer. La continuidad del plenario tras el cierre inicial generó confusión entre los presentes, que intentaban confirmar si aún podían hacer uso de la palabra.

En concreto, lo que fue la segunda jornada de la audiencia pública sobre la modificación de la Ley de Glaciares mantuvo la misma dinámica que la anterior, con la mayoría de los participantes reiterando su rechazo a la norma que ya cuenta con media sanción del Senado. Además, señalaron que la exclusión del 99,5% de los inscriptos evidencia la nulidad de las audiencias, por lo que se reservaban la posibilidad de recurrir a la vía judicial.

Los asistentes, que previamente habían manifestado no conocer los criterios de selección, cuestión que tampoco fue explicada por las autoridades de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Recursos Naturales, insistieron en sus críticas. Tras una jornada presencial marcada por la tensión y cruces entre participantes y diputadas de La Libertad Avanza, que se burlaban de sus argumentos, el encuentro virtual exhibió un clima totalmente diferente.

La modalidad a distancia, impuesta por el oficialismo, le restó relevancia y provocó la ausencia de muchos legisladores. El bloque gobernante, convencido de que cuenta con los votos necesarios gracias al respaldo del PRO y la UCR, permitió que los discursos en contra se sucedieran sin intervención.

Ahora, La Libertad Avanza organiza una audiencia con los 12 gobernadores “mineros” para enviar un mensaje claro a los legisladores de esas provincias.

En este contexto, el diputado Maximiliano Ferraro presentó una carta a las autoridades de las comisiones y al presidente de la Cámara, Martín Menem, solicitando que, si se realiza esa convocatoria, se incluya al resto de los gobernadores.

Se estima que, en los primeros días de abril y con dictamen favorable, La Libertad Avanza llevará el proyecto al recinto y buscará la sanción definitiva de la norma, a la que más de 100.000 personas e instituciones ambientalistas manifestaron su desacuerdo.