Desde Washington, Estados Unidos – Alec Oxenford tiene una perspectiva geopolítica respecto a la importancia de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), y desde que asumió como embajador en Washington desplegó una agenda diplomática para involucrar a Estados Unidos en la causa que ponía en jaque a la principal compañía argentina de energía.

Oxenford, embajador en este país, cuenta con la confianza plena de Javier Milei y en los últimos meses ejecutó una hoja de ruta en Washington que involucró a protagonistas clave de la Casa Blanca, el Departamento de Justicia y la Secretaria de Estado.

Esa confianza presidencial permitió que el diplomático argentino trabajara a la par con la Cancillería, la Procuración General del Tesoro, el Ministerio de Justicia y la Secretaría Legal y Técnica.

De esta manera, se creo un mecanismo técnico-político que funcionaba por la alianza estratégica entre Milei y Donald Trump y el trabajo silencioso entre la Embajada de Argentina en DC y la administración libertaria.

Michael Kozak conoce todos los rincones de la Secretaría de Estado, y jugó un papel preponderante para lograr que Estados Unidos apoye a la Argentina en el objetivo de evitar que YPF caiga en manos de un puñado de especuladores financieros.

Hubo encuentros reservados entre Oxenford, Juan Ignacio Stampalija -subprocurador del Tesoro- y Roberto Giuffra Jr, que pertenece al estudio Sullivan & Cromwell, con Kozak y otros importantes funcionarios del Departamento de Justicia, la Secretaria de Estado y la Casa Blanca.

Las reuniones fueron en persona y por zoom, y en todos los casos la confianza se fue fortaleciendo con el correr de las semanas. Se trató de un trabajo técnico conjunto y una argumentación política que desarrollo Oxenford y fue aceptada por la administración Trump.

Oxenford explicó que Argentina podía perder YPF, pero que su colofón podía involucrar a todas las empresas de Estados Unidos, ya que el fallo de Loretta Preska creaba un leading case que se podría aplicar Urbi et Orbi.

Chris Landau es subsecretario de Estado, se crió en Paraguay, Chile y Venezuela, conoce Argentina y es trilingue: habla español, guaraní e inglés. Además conoce de leyes financieras, sabe cómo funciona Wall Sreet y Milei le cae muy bien.

Landau y Kozak se pusieron del lado de Argentina, y ese tándem diplomático sirvió para entrar al Departamento de Justicia, clave para lograr que Estados Unidos apoye al país en la Cámara de Apelaciones.

Al tándem Landau-Kozak se sumó Reed Rubistein, principal asesor jurídico del Departamento de Estado. Hace unos meses, Oxenford organizó un homenaje a las víctimas del ataque terrorista a la AMIA en el Capitolio e invitó a Rubistein.

La ceremonia se atrasó, y Oxenford y Rubistein estuvieron hablando sobre YPF durante 45 minutos. El embajador convenció al principal asesor jurídico de la Secretaría de Estado, que se comprometió a apoyar a país.

Un mese más tarde, en agosto de 2025, cuando la causa se inclinaba a favor de los especuladores financieros, Oxenford le envió un mail a Kozak pidiendo un encuentro con funcionarios del Departamento de Estado y la Secretaría de Justicia de los Estados Unidos.

El cónclave fue un éxito: el Departamento de Justicia decidió que se presentaría en el tribunal para respaldar la posición nacional.

En ese contexto, Argentina ajustaba toda la información jurídica en la Procuración del Tesoro y la Secretaría Legal y Técnica, que ocupa María Ibarzabal.

Fue un trabajo sólido y muy elogiado por los expertos del Departamento de Estado y la Secretaría de Justicia. Sin esos fundamentos precisos, la Casa Blanca no hubiera jugado en el expediente.

La administración Trump estaba on board, pero en términos formales se necesitaba una actuación directa del Departamento de Justicia para evitar que la Cámara de Apelaciones de New York fallara en contra de la Argentina.

Marco Rubio, secretario de Estado, avaló las recomendaciones de Kozak, Rubistein y Landau, y pidió al Departamento de Justicia acompañe al país en los tribunales de Manhattan.

Ese movimiento de Rubio fue decisivo.

El 22 de enero de 2026, en el Edificio Harry S. Truman, se reunieron los asesores de Rubio con Oxenford, Stampalija, Giuffra Jr y Julio Pablo Comadira para pedir que con exactitud que se necesitaba del Departamento de Justicia para lograr un fallo a favor.

Y unas semanas después, por la presencia efectiva del Departamento de Justicia en el expediente, la Cámara de Apelaciones suspendió el discovery y el proceso de desacato solicitados por la Argentina.

Trump aparecía omnipresente en los tribunales de New York.

Mientras que en Balcarce 50 se aguardaba la última estocada para frenar una maniobra opaca que hubiera fracturado a YPF por décadas.

Y así sucedió.

Manhattan ayer estaba nublado cuando la información se transmitió a Buenos Aires y Washington. La Cámara de Apelaciones había fallado a favor de Argentina, cerrando así un proceso judicial de casi quince años y cuatro presidentes.

En la Casa Blanca ya computan dos a favor: el swap antes de las elecciones 2025 y el fallo a favor de YPF.

No es poco.

Caputo asegura que la economía alcanza récords en actividad, exportaciones y consumo, y resalta la intervención del BCRA para sostener el dólar

27/03/2026 – 09:42hs

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseveró que la economía argentina registra niveles históricos de actividad, exportaciones y consumo. En paralelo, destacó que la intervención diaria del Banco Central (BCRA) es clave para sostener el valor del dólar.

«Si el Banco Central no comprara u$s100 millones por día, el dólar estaría a $1.100″, sostuvo durante su participación en Las tres anclas, programa del canal oficial de streaming Carajo.

Los datos como verdad frente a la narrativa mediática

Caputo criticó que algunos sectores difundan percepciones distorsionadas sobre la economía. «Los datos dicen exactamente lo opuesto de lo que se dice en los medios. Estamos en récord histórico de nivel de actividad, de exportaciones, de consumo. Esto ya roza lo absurdo, porque están instalando que estamos en una de las peores semanas del Gobierno, cuando estamos en récords», enfatizó.

El ministro recordó casos del año pasado: «Esto me hace acordar a julio y septiembre del año pasado, cuando decían que la gente no llegaba al 15 del mes y llegaron a decir que el 80% de la población argentina no llegaba a fin de mes. Y después ganó el Presidente en las elecciones 41% a 24%. Miremos los datos de julio a septiembre de ese año: decían que la economía había crecido 1,3% en ese trimestre».

El impacto el cambio de modelo en la población y los empresarios

Consultado sobre cómo se percibe el crecimiento del 0,4% del EMAE entre la población, Caputo explicó: «La economía no es para todos igual, entonces a alguna gente le va a llevar un poco más de tiempo percibirlo, mientras que otra ya lo percibe hoy. Porque la realidad económica es así. Esto ocurre porque estamos cambiando de modelo».

El ministro detalló que el cambio de modelo busca terminar con un esquema que, según él, beneficiaba solo a ciertos empresarios mientras los consumidores pagaban precios excesivos: «Se terminó la época en que los consumidores teníamos que subsidiar a los empresarios».

En ese contexto, mencionó distintos comportamientos empresariales: «Vos podés tener el caso de FATE, que cierra porque ya no puede cazar más en el zoológico, o el caso de Lumilagro que busca la oportunidad«.

Estabilidad, crédito y acceso a productos

Caputo resaltó la mejora en la estabilidad macroeconómica y el aumento de opciones de productos, desde autos hasta textiles. Sobre la transición para la población, señaló: «La respuesta a eso es la reforma laboral. Eso apunta a que los empleadores tengan mayor incentivo para contratar trabajadores en blanco. Terminamos con la industria del juicio, se puede constituir un fondo para hacer frente a la indemnización por despido, se bajó la carga de 18% a 2% para el caso de tomar un nuevo empleado. Terminamos con la lógica en la que a las dos partes les convenía estar en negro».

Y agregó: «Lo que sí es seguro es que el anterior era un modelo contra la gente, con escasez de producto, carísimo y sin crédito, hoy se va a un modelo donde todos tienen acceso a más productos, a mejor precio y con crédito».

Impulso a reformas provinciales y confianza inversora

El ministro de Economía también instó a las provincias a reducir Ingresos Brutos, un tributo que encarece el precio final para los consumidores: «Los gobernadores tienen que entender que deben bajar el gasto para poder recortar impuestos. Creo que hay mucha más conciencia de eso ahora«.

En ese sentido, el funcionario destacó que varios mandatarios provinciales felicitaron al Gobierno por el rumbo económico, un mensaje que, según él, es fundamental para los inversores porque transmite estabilidad y reduce el riesgo de volatilidad política.

“Revocamos la sentencia a favor de los demandantes respecto de la República por sus reclamos de incumplimiento contractual, ratificamos la desestimación de los reclamos de estoppel contra la República e YPF, ratificamos la concesión de sentencia a favor de YPF, y remitimos para procedimientos ulteriores compatibles con esta opinión».

Con esas 49 palabras la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, en EEUU, resumió un fallo de 56 páginas que desligó al país de la condena en primera instancia por haber expropiado mal YPF en 2012, cuando Cristina Kirchner era presidenta. Esa sentencia adversa en primera instancia de la jueza Loretta Preska condenó al Estado local a pagar USD 16.000 millones, que con intereses que corren desde 2013 ya totaliza unos USD 18.000 millones.

El fallo fue sorpresivo. Se esperaba desde la audiencia de octubre y estaba al caer, pero sorprendió.

Luego de esa reunión con los jueces de apelación en Nueva York, el Gobierno estaba confiado, pero no se imaginaban una decisión revocatoria completa, una anulación total. Hubiera sido una victoria que los tres jueces, Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson, ordenaran revisar la cifra. Fue mucho más y el presidente Javier Milei festejó. También Cristina Kirchner y Axel Kicillof.

Burford Capital era el querellante del caso. Se trata de un bufete de abogados inglés que era el principal beneficiario del caso y había comprado los derechos a demandar en esta causa a accionista de YPF que dijeron verse perjudicados por la expropiación.

Se definen como litigation funding, pero para muchos se mueve y acciona como un fondo buitre. Como sea, el precio de sus acciones se derrumbaron ayer hasta 50%. O sea, la empresa, que ya venía en caída, perdió la mitad de su valor de mercado.

Las claves de un caso cuyo peso económico y simbólico es notable- O como dijo anoche son exagerar el presidente Javier Milei, que podría haber costado “mucho más de lo que está el país en condiciones de pagar y nos podría haber dejado sin YPF y con un Estado fundido”.

1 – Qué dijo la sentencia

Fue un dos contra uno: Cabranes votó en contra del país. El fallo establece que todo lo resuelto por Preska no es válido y le envía la cusa a la jueza para que dicte uno nuevo. pero con la visión de la Cámara.

Y dice, textual: “Sostenemos que las reclamaciones de daños por incumplimiento de contrato de los accionistas contra Argentina y la empresa no son reconocibles según la ley argentina, y que las reclamaciones restantes de los accionistas contra y la empresa carecen de mérito”.

Vale recordar que YPF, que estuvo años dentro de la demanda, fue exculpada por Preska, quien sólo condenó al Estado argentino en 2023. Burford apeló esa parte del fallo y ahora la Cámara dijo que la empresa fue bien excluida.

Además, el texto es contundente al detallar que “revertimos la decisión del tribunal de distrito por dos motivos independientes. Primero, bajo el derecho civil argentino, el Estatuto no creó promesas bilaterales que generen una obligación contractual por parte de la República hacia otros accionistas de YPF, incluidos los demandantes. Segundo, aun asumiendo que el Estatuto haya originado un contrato bilateral, los reclamos de incumplimiento de contrato por daños están vedados por el derecho público de la república sobre expropiación”.

Básicamente, expresó que el Congreso y sus leyes están por sobre el estatuto de YPF y de cualquier empresa. La mayoría del tribunal argumentó que, de acuerdo con la legislación argentina, los estatutos de una sociedad anónima cumplen un papel organizativo interno, pero no constituyen contratos bilaterales exigibles entre accionistas privados y entidades estatales. Esta interpretación fue clave para descartar la posibilidad de que la expropiación generara automáticamente una obligación contractual indemnizable entre el Estado argentino y los tenedores privados de acciones.

Con todo, los jueces reconocen que “tal vez sea cierto, como sostienen los demandantes, que la República hizo ‘promesas excepcionalmente claras’ en estos estatutos y cometió un ‘incumplimiento excepcionalmente grave’ al negarse flagrantemente a realizar una oferta a los muchos inversores privados de YPF que habían comprado suponiendo que estarían protegidos contra la renacionalización. Pero al interpretar el lenguaje inequívoco y en ausencia de jurisprudencia argentina que nos indique lo contrario, nos abstenemos de encontrar una obligación recíproca exigible mediante un reclamo de daños contractuales entre accionistas”.

El juez Cabranes, en su voto en minoría, expresó que los estatutos de YPF debían ser entendidos como contratos entre accionistas, lo que implicaba que, tras la adquisición estatal del control de la compañía, Argentina asumió la obligación de incurrir en una oferta pública de adquisición bajo los términos estatutarios. Según la posición de Cabranes, la privatización de YPF y su marco normativo buscaban “proteger a los inversores y generar confianza en el mercado” y, por lo tanto, el incumplimiento de la oferta pública debió ser considerado como un daño indemnizable conforme al derecho privado.

Cabranes argumentó que la existencia de una obligación contractual previa a la expropiación no podía ser desplazada sin más por el ejercicio soberano del Estado argentino, y advirtió que la decisión de la mayoría “deja sin remedio efectivo a los accionistas perjudicados”, lo que podría erosionar la confianza de inversores internacionales en la seguridad jurídica de los mercados en los que se privatizan empresas estatales.

2 – El rol de EEUU

Más allá de la independencia de poderes, no pocos creen que el peso de la relación bilateral entre Argentina y EEUU terminó influyendo, de alguna manera, en el fallo.

El alineamiento de Milei con Donald Trump, y la relación personal entre ambos, cimentaron un gran y potente lobby diplomático que trabaja desde hace varios meses en el tema.

Según detalló ayer en Infobae en Vivo, Román Lejtman, corresponsal de este medio en EEUU, ese lobby se apalancó en la relación de los dos mandatarios y lo protagonizaron de manera directa el embajador en EEUU, Alec Oxenford; Michael Kozak, un funcionario de carrera del Departamento de Estado; quien es hoy segundo de ese organismo, Christopher Landau; el influyente abogado del Reed Rubinstein, la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; y el subprocurador del Tesoro, Juan Stampalija.

Ese “pack”, destacó el corresponsal, junto con el estudio Sullivan & Cromwell, trabajaron para conseguir este fallo.

“Fueron muy importantes los apoyos porque Argentina tiene un daño reputacional histórico muy grande. Y a veces eso hace que los argumentos no se tomen tan en serio. No debería ser, pero podría pasar. Por eso fue importante el apoyo concreto de EEUU en el expediente”, destacó Stampalija, subprocurador del Tesoro.

En febrero, EEUU le marcó la cancha ante la jueza Loretta Preska mediante un escrito de 29 páginas que funcionó como una suerte de “escudo” diplomático. Por medio de un documento, Washington fue tajante al advertir que castigar a un Estado soberano en tribunales locales podría generar un efecto bumerán, afectando la reciprocidad que el propio gobierno estadounidense espera recibir en cortes extranjeras.

Semanas después, el Departamento de Justicia solicitó participar activamente en la audiencia frente a Preska para exponer oralmente en defensa de la posición argentina en lo que se conoció como discovery. No hizo falta porque la Cámara frenó todas las causa paralelas hasta que estuviera resuelta la cuestión de fondo. Lo que ocurrió hoy a favor del país.

3 – Qué quería Burford

Cobrar. Y rápido. No es que no tuviera paciencia: está al frente de esta causa desde hace casi 10 años, cuando compró los derechos a litigar de empresas que había sido accionistas de YPF y aseguraban que fueron perjudicadas al quedar afuera del acuerdo que el país hizo con la española Repsol, la principal accionista de la empresa al momento de la expropiación.

Burford intentó cobrar a toda costa el fallo de Preska a pesar de la apelación. La ley de EEUU así lo permite.

Por eso intentó varias acciones en el tribunal de la jueza que reemplazó a Thomas Griesa, el fallecido juez de la causa de los holdouts de la deuda defaulteadas.

Buscó que se declare al país en desacato, exigió quedarse con las acciones del Estado en YPF e intentó demostrar el “alter ego” entre la petrolera, otras empresas y organismos y el Estado argentino. Si lograba ese cometido de demostrar que eran “lo mismo” podía pedir parte del capital de esas empresas, siempre según sus cálculos.

También intentó pedir embargos, indagó sobre dónde estaba el oro de las reservas del Banco Central y buscó llevar al tribunal de Preska a funcionarios y ex funcionarios, como Luis Caputo y Sergio Massa, o al menos indagar en sus chats y mails.

“Era todo ruido para tratar de cobrar, era su objetivo. No le importaba nada más, por eso la insistencia. Y estaban jugados, no esperaban un fallo de este calibre”, analizó una fuente oficial.

Ayer Burford dijo que está decepcionado con el fallo y que analiza apelar ante la Corte Suprema de EEUU y Ciadi. No sólo eso “abrió el paraguas” sobre su futuro financiero: se trataba de su mayor demanda, por lejos, y donde había apuntado todos sus cañones.

4 – La defensa de Argentina

Básicamente, la defensa argentina mantuvo su estrategia a lo largo de los 10 años de este largo juicio. Hubo cambios de estilo, claro, y de nombres. Pero siempre se buscó que el caso se traslade a la Argentina, algo que se cursó en los primeros cinco años de causa sin éxito, y luego en que se debía analizar bajo la ley argentina, cosa que finalmente sí pasó.

Este gestión, en los últimos meses, hizo eje en estos puntos:

• Violación de la inmunidad soberana: la práctica y el derecho estadounidense reconocen que la propiedad de un Estado en el extranjero está absolutamente protegida frente a embargos o ejecuciones. El Congreso norteamericano, al sancionar la Ley de Inmunidades Soberanas (FSIA) en 1976, estableció excepciones a dicha inmunidad solamente para bienes situados en EEUU, nunca para bienes fuera de su territorio”.
• Interpretación errónea del derecho de Nueva York: se aplicó indebidamente la norma de turnover, que jamás fue diseñada para obligar a un Estado soberano a transferir activos desde su propio territorio.
• Inaplicabilidad de la Ley de Inmunidades Soberanas (“FSIA”) al caso: las acciones de YPF no están ‘en los Estados Unidos’, nunca fueron ‘utilizadas en una actividad comercial en EEUU’ ni ‘en la actividad comercial que dio origen al reclamo’, requisitos exigidos por la FSIA.
• Violación del derecho argentino e internacional: la orden judicial fuerza a Argentina a desconocer su propia legislación, que desde 2012 exige la aprobación del Congreso por mayoría especial para cualquier transferencia de esas acciones. Además, contradice el principio de cortesía internacional (’comity’) y la doctrina del acto de Estado (’act-of-state doctrine’), pilares de las relaciones entre naciones.

En un breve discurso de ayer, Milei le agradeció al equipo conducido por la secretaria Legal y Técnica y “cerebro jurídico de esta gestión”, María Ibarzabal Murphy; al procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, y a los subprocuradores Santiago Castro Videla, Julio Pablo Comadira y Juan Ignacio Stampalija y sus equipos.

También mencionó al canciller Pablo Quirno, al ministro de Economía Luis Caputo y al embajador Oxenford.

Los técnicos también mencionan a dos abogadas de la Procuración, que vienen de la gestión anterior: Mariana Loza y Alejandra Etchegorry.

5 – El origen de todo

Como se sabe, todo comenzó con la expropiación de la petrolera, en 2012. El proceso se realizó con una ley del Congreso y se le pagó al accionista mayoritario, Repsol. CFK era presidente y Axel Kicillof, que llevó a cabo el proceso, era viceministro de Economía.

El resto de los accionistas aseguraron que se vieron perjudicados porque no hubo oferta pública para todos y comenzaron a accionar en contra del Estado argentino. Buena parte de los derechos a litigar de ellos se los quedó Burford. La causa duró más de una década.

“Hoy tenemos una Nación más rica, pero también más seria, que honra sus compromisos y defiende su patrimonio en la arena internacional. Pero incluso hoy hay quienes quieren leer esta noticia como un logro de la administración que expropió la empresa en primer lugar”, dijo anoche Milei.

“Lo voy a decir con nombre y apellido, hablo de Cristina Fernández de Kirchner y del inefable Axel Kicillof. Nada puede estar más lejos de la verdad. Es una afrenta a los argentinos que pretendan apropiarse de este resultado. Es importante que todos tengamos algo en claro, estos personajes de nuestro pasado nos unieron en una aventura suicida que nos podría haber costado, todo mucho más de lo que está el país en condiciones de pagar y nos podría haber dejado sin YPF y con un Estado fundido”, agregó el mandatario.