Desde la Argentina Week hasta la conferencia del pasado miércoles, el gobierno nacional hace incontables esfuerzos por pasar la página de la polémica que gira en torno a las denuncias que se acumulaban en el caso $LIBRA y a los viajes y las presuntas propiedades que le adjudican al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que no figurarían en la declaración jurada. “No tengo nada que esconder”, se defendió el funcionario en su vuelta -tardía- a las conferencias.

Con intención de dejar atrás el tema, esta semana corta estuvo maracada por una agenda de ultraactividad con reuniones, reapariciones y el respaldo explícito que repinte semana a semana Javier y Karina Milei. A media tarde del jueves, en algunos despachos de Casa Rosada ya definían los próximos pasos de la gestión con la intención de finalmente poder recuperar la agenda y dejar atrás la turbulencia.

“No habiendo nuevos hechos, la cosa se plancha porque la gente se aburre”, vaticinó, en lo que pareció una expresión de deseo, una fuente libertaria a Infobae luego de que el funcionario ensayara una explicación sobre su situación en el primer día hábil de la semana. A eso se juega el oficialismo, pero la situación se complejiza con los movimientos en la causa judicial abierta, luego de que el piloto y bróker de vuelos, Agustín Issin, se presentara el jueves en Comodoro Py para declarar como testigo.

Después del extenso testimonio que duró poco más de cuatro horas, y de que se constatara que el que gestionó y pagó los pasajes del vuelo a Punta del Este fue Marcelo Grandío, amigo de Adorni y periodista de la TV Pública, en el oficialismo le bajaban el precio al impacto. “Nadie puede hablar cuatro horas seguidas de Manuel. No hay ninguna preocupación real por la investigación”, argumentaba una importante fuente con acceso al despacho presidencial.

En paralelo, veinticuatro horas más tarde, la consultora Enter Comunicación midió el impacto que tuvo la reaparación del ministro coordinador en la conferencia del miércoles y arrojó un +224% en la conversación, con 129.288 menciones en un solo día y un alcance potencial de 10 millones de cuentas. En detalle, detectó un “clima dominante” del 59% entre los que receptaron de manera negativa la linea argumental a la hora de evitar responder las preguntas de la prensa acreditada, contra un respaldo libertario del 31%, que atribuyeron al nuclero duro.

Sin embargo, los conocedores de la materia del ecosistema violeta contrapusieron que esperaban que el tema dominara las redes sociales y sostuvieron que le detectan una “utilidad marginal decreciente”. “La situación impactó porque hubo un video. El impacto ya ocurrió. No hay nada más”, garantizó una importante voz del Gabinete.

“Es previsible que hubiera un pico luego de la conferencia, pero es una foto reducida. Hay que mirar la película, es decir los próximos días”, contrapuso otro alfil violeta al respecto.

La ecuación ensayada por la administración libertaria para dejar atrás el tema es contraponer gestión a las acusaciones de la oposición y al predominio mediático del tema. Con eso en mente, el lunes no laborable el propio Adorni estableció contactos virtuales con el asesor presidencial, Santiago Caputo, para ajustar la comunicación antes de presentarse ante la prensa acreditada en la sala de conferencia escoltado con el grueso del Gabinete. Durante los 48 minutos que duró su exposición, combinó detalles de la agenda legislativa con una breve explicación del tema y se dedicó a responder con dureza al periodismo.

Pese a no estar de manera física, los Milei siguieron atentamente la conferencia y expresaron su respaldo al funcionario en las redes sociales. Algo que repetirán este viernes, cuando protagonicen una nueva foto con Adorni durante la inauguración del Centro de Formación de Capital Humano impulsado por el ministerio que lidera Sandra Pettovello, a las 11 en un acto que se celebrará en La Paternal.

Entre el miércoles y este viernes, el ministro coordinador acumuló el respaldo directo de Sandra Pettovello (Capital Humano), Diego Santilli (Interior), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Juan Bautista Mahiques (Justicia) y la jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, con quien protagonizó momentos de tensión que parecen haber quedado atrás. Con los últimos tres se retrató y publicó en redes.

Durante la jornada de hoy, continuará con Luis Caputo (Economía) y Alejandra Monteoliva (Seguridad) y cerrará la ronda la semana próxima con Mario Lugones (Salud) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores).

“Manuel dio la cara y es uno de los imprescindibles. No tiene nada que ocultar. La prensa actúa con total mala leche y los ruidos internos responden a gente de mierda que siempre estuvo. En todo caso dará las explicaciones que tenga que dar en la justicia”, se sinceró un funcionario ante este medio. Por estas horas, son más los integrantes de la administración que creen que algunas acusaciones son direccionadas “desde adentro”.

En varios despachos de Balcarce 50 sostienen que el funcionario debiera hacer frente a los cuestionamientos -que se multiplican con el correr de las horas- con mayor exposición. El propio Adorni parece coincidir en la estrategia y prepara una nueva conferencia para el miércoles próximo. Además, ultima detalles para dar inicio a la instancia preliminar de los proyectos legislativos que presentará cada cartera para cumplir con la promesa de ser el Gobierno más reformista de la historia.

Un dirigente libertario trajo a colación, casi sin recordar, un tuit de Milei del 13 de octubre de 2022 que podría calificarse como vaticinador de esta situación. El Presidente escribió: “¿Cómo se hace para esconder a un elefante? Se lo rodea de una cantidad enorme de elefantes».

Claro, no sabía que, casi cuatro años más tarde, sería la estrategia propuesta para rescatar a su jefe Gabinete en las semanas más complejas para la Casa Rosada.

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El domingo pasado, el programa de TN Y Mañana Qué dio a conocer un documento de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) publicado durante los primeros días de marzo, en el que se detalla que existían al menos 78 oficiales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad condenados por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura, con sentencia firme, que nunca fueron dados de baja y seguían con estatus de retiro. Esto, como se explicó, implicaba mantener un vínculo institucional con el Estado Argentino y los privilegios que ello conlleva: como pensiones, jubilaciones, etcétera. Además, desde un punto de vista técnico, esto los dejaba en condiciones de volver a ser convocados a servicio.

Durante la investigación, la PIA solicitó en reiteradas ocasiones la baja de estos agentes, pero, como explica el documento en sus conclusiones, al momento de su publicación, al menos 50 seguían figurando como retirados.

Tras la publicación del informe de TN, ahora, el Jefe del Ejército, Oscar Santiago Zarich, firmó las resoluciones correspondientes con fecha del 26 de marzo, en donde se ordena la baja de 34 oficiales que permanecían con estatus de retiro. Ese número incluye cinco militares que ya murieron. Los otros 29 transitan diferentes condenas.

La noticia no cayó bien hacia el interior de las Fuerzas Armadas y generó recelo con el Ejército y el Ministerio de Defensa, que de acuerdo a fuentes internas, “no hicieron nada para evitarlo, ni siquiera demorarlo”. De igual forma sucede con sus familias, donde se preguntan si “era necesario tanto” e insisten con algún tipo de “espíritu revanchista”, independientemente de la sentencias firmes que pesan sobre cada uno de estos oficiales que, una vez más, fueron condenados por delitos de lesa humanidad.

Mucho de ese enojo tiene como destinatario al actual Jefe del Ejército, Zarich, pero especialmente al Ministro de Defensa, Carlos Presti. Dentro de la fuerza creen que decidió ceder y “no hacer ruido” en función de presuntas aspiraciones políticas que tendría de cara al año que viene. “Está haciendo buena letra y no quiere quilombos”, cuentan. En ese sentido, la bronca es mayor, ya que quien debía disponer las bajas cuando la PIA lo solicitó era el propio Presti, en ese entonces jefe del ejército, que en aquel momento no tuvo ningún apuro en avanzar con los requerimientos “y ahora los sacó en una semana”.

Leé también: La Justicia detectó que 50 efectivos condenados por crímenes de lesa humanidad nunca fueron dados de baja

Como fuere, y siguiendo con la línea de la PIA, todavía resta avanzar con la baja de doce agentes de las Fuerzas de Seguridad, que incluyen a siete oficiales de la Policía Federal, y otros ocho dentro de las Fuerzas Armadas, siete de los cuales pertenecen a la Armada Argentina. Se espera que en los próximos días haya novedades.

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Solo 62 de los 135 intentendentes de la provincia de Buenos Aires concurrieron a la convocatoria del gobernador Axel Kicillof para analizar el impacto de las medidas económicas del gobierno nacional. Durante la reunión, que se realizó ayer en La Plata, el mandatario provicial anunció una nueva demanda contra la Casa Rosada por el recorte de fondos del Pacto Fiscal del 2017 y su actualización del 2023 y, además, que coparticipará el 16% de los fondos que lleguen a recuperar de las ocho demandas previas.

Los del PRO -con la excepción de María José Gentile de Nueve de Julio- rechazaron el convite. “¿Cómo íbamos a ir? Fijate el título de la convocatoria, ‘Consecuencias económicas del gobierno de Milei en el sistema productivo y económico de la provincia de Buenos Aires”, en vez de decir ‘Desafíos recaudatorios de la provincia de Buenos Aires’; ¿a qué íbamos a ir, a sacarnos una foto?“, cuestionó un jefe comunal macrista ante la consula de Infobae.

Tampoco se hicieron presentes en La Plata distintos intendentes del peronismo de distritos de peso como Fernando Espinoza (La Matanza), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Federico Achával (Pilar), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Gastón Granados (Ezeiza), Eva Mieri (Quilmes), Fernando Moreira (San Martín), Gustavo Menéndez (Merlo) y Mariel Fernández (Moreno).

Algunos de ellos plantearon problemas de agenda como la quilmeña, Fernández y Menéndez. Los últimos dos transitan momentos de conmoción en sus distritos tras los incendios y explosiones en depósitos. A su vez, referentes tanto del Frente Renovador como de La Cámpora (como Julián Alvarez, de Lanús), además de quienes reportan en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), sí se hicieron presentes.

Varios jefes comunales del radicalismo se ausentaron, pero concurrió una comitiva liderada por Maximiliano Suescun (Rauch)

“Terapia de grupo”

Antes de la reunión, el intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, manifestó sus críticas: “Linda la ‘terapia de grupo’ en La Plata, pero para llorar me quedo en el Santuario. Nación abandonó a las Pymes y a los laburantes a su suerte. Provincia tiene la seguridad, salud y educación detonadas hace años. Dejen de pasarse la pelota: si cada uno hiciera su laburo, estaríamos mejor”.

Desde las filas libertarias, a su vez, señalarón que Kicillof “no asume su responsabilidad”. “Volvió a hacer lo único que sabe: juntar intendentes para echarle la culpa al otro de una crisis que su propio modelo ayudó a profundizar. Es una burda movida política para sostener el relato y victimizarse”, sostuvo La Libertad Avanza a través de un comunicado.

“La discusión no puede limitarse únicamente a las medidas del Gobierno nacional, sino que también debe incluir una revisión del funcionamiento de la administración provincial, así como de las deudas pendientes, préstamos internacionales y el destino de fondos”, cuestionaron.

En el mismo sentido, el presidente de LLA en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, sostuvo: “La provincia necesita un shock de reformas estructurales, no más reuniones. Kicillof asume muy pocas responsabilidades ante los problemas estructurales que arrastra la provincia desde hace muchos años”.

Por su parte, indicó que “Kicillof no junta a los intendentes para resolver los problemas de los bonaerenses, sino para hacer política y victimizarse. La administración provincial sólo genera enfrentamiento y utiliza la oficina del Estado, en un contexto donde hay una crisis de credibilidad de esos políticos, torpedeando los recursos y apoyos que se canalizan en cambios estructurales que permitan mejorar problemas de larga data”, completó.

La reunión

Con relación al encuentro, los intendentes aplaudieron con cierta efusividad cuando Kicillof anunció que iría a coparticipar los fondos que pueda llegar a recuperar y vayan al Fondo de Recupero creado en el Presupuesto bonaerense 2026. Se trata de fondos que no eran coparticipados, pero ahora -de aparecer- una parte irá a las cajas municipales. Sin embargo, todo está atado a la voluntad de la Corte Suprema; que el máximo tribunal falle favorablemente y que luego, efectivamente, la Nación termine por girar los recursos.

Por lo pronto, fuentes del Ejecutivo bonaerense, dejaron trascender que en las últimas horas la Nación habilitó un endeudamiento por $1 billón.

En su discurso, Kicillof volvió a confrontar contra la política económica de Javier Milei y caracterizó: “Las finanzas municipales y provinciales, a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina, están atravesando una crisis originada por tres situaciones: lo que el Estado nacional ha dejado de hacer; lo que nos ha quitado; y la caída de la recaudación como consecuencia de sus políticas de ajuste. El resultado es concluyente: con menos recursos tenemos que dar respuestas a necesidades que crecen a medida que el Gobierno nacional deserta de sus funciones y la situación económica se deteriora”.

Ahora, en caso de que obtener fallos favorables, los intendentes deberán adherir vía sus concejos deliberantes al Fondo de Recupero establecido en el Presupuesto bonaerense. Así lo anunció el mandatario provincial: “A pesar de que no se trata de recursos originalmente coparticipables, convocamos a los intendentes a adherir a una normativa que nos permita coparticipar lo recaudado en el Fondo de Recupero de las Deudas del Estado Nacional con la provincia de Buenos Aires. En este momento tenemos siete denuncias en la Corte Suprema, de las cuales solo se excluirá lo que corresponda al FONID, que es un derecho de los trabajadores de la educación”.