ECONOMIA
Clima de Negocios: el detrás de escena de la fallo histórico por YPF, entre el documento clave de EEUU y el derrumbe de Burford
Fue un fallo tan histórico como sorpresivo; inesperado para la gran mayoría. El Gobierno de Javier Milei celebró una victoria sin precedentes, pero estaba preparado para festejar también si la decisión no terminaba siendo tan contundente como finalmente fue, según reconocieron en voz baja varios funcionarios. Claro, se trataba de una demanda tan extensa y con resultados siempre adversos para el país, que en el análisis de escenarios iba a estar satisfechos con un resultado no tan contundente y definitorio. No hubiera habido brindis como el de ayer en Casa Rosada, pero sí puños apretados.
En el Gobierno estaban confiados del trabajo realizado, sobre todo de la estrategia técnica y diplomática del último año –la misma que detalló ayer Infobae–, pero un fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York a medio camino, que le hubiera indicado a la jueza Loretta Preska que revise la forma de calcular el monto del resarcimiento, por caso, también hubiera sido celebrado en los despachos de la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), el equipo de los abogados del Estado, y en la secretaría Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzabal Murphy, desde donde se diseñó el esquema. Es contrafáctico: Argentina ganó y más allá de alguna instancia a la que recurrirá Burford Capital, el bufete que compró los derechos a litigar en este caso hace una década y es el gran perdedor luego del fallo, todo está cerrado a favor del país. Al final, se descorchó.
El documento clave
Por estas horas se habla del rol fundamental del gobierno de Estados Unidos en esta parte final del proceso. Más allá de la independencia de poderes, hubo un fuerte y coordinado lobby a favor del país.
Qué resultado concreto tuvo eso en la decisión de los jueces Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson nunca se sabrá a ciencia cierta, pero en el Gobierno sacan pecho sobre el trabajo que coordinó, desde Washington, el embajador Alec Oxenford.
En ese contexto, más de una fuente señaló como central el documento que presentó el Departamento de Justicia (DoJ) del presidente Donald Trump –el ministerio de justicia de EEUU– ante el estrado de Preska. Si bien es cierto que el gobierno estadounidense no participó en ninguna instancia de la apelación de la causa “madre”, la condena en primera instancia que había llegado a USD 18.000 millones de resarcimiento, funcionarios y expertos en esta causa aseguraron que ese documento fue de vital importancia porque fijó la posición concreta de Trump y sus funcionarios sobre cuestiones de soberanía y relaciones con aliados que podrían verse afectadas en este caso. “No hizo falta que se presentaran ante la Cámara, con eso parece haber alcanzado”, dice una fuente oficial entendida en el tema.
“Tuvimos un fuerte apoyo del DoJ. Lo que hubo en los últimos meses fue una validación a la credibilidad de la defensa. Se vio en el pedido de desacato, cuando EEUU dijo que el discovery pretendido era desproporcionado. También fue súper importante la postura que tuvieron sobre el stay ante la Corte de Apelaciones por el pedido de entregar las acciones que el Estado tiene en la empresa. Realmente, no debe ser desnaturalizado ese apoyo porque se repitió en poco tiempo en distintas instancias”, aseguraron en la PTN.
En concreto, a fines de febrero, el DoJ presentó un documento de 29 páginas. No como “amicus curiae”, o “amigo del tribunal”, sino una presentación de interés espontánea del organismo.
De manera resumida, allí dijo:
- Que un litigio en tribunales de EEUU contra estados extranjeros puede tener importantes implicancias en materia de política exterior para ese país y “afectar el trato recíproco que reciba el gobierno estadounidense ante los tribunales de otras naciones”.
- Que los esfuerzos realizados por Argetina “para cumplir con los requerimientos de discovery dirigidos a obtener comunicaciones de altos funcionarios argentinos vinculadas a entidades estatales, requerimientos que, en sí mismos, resultan incompatibles con las consideraciones de cortesía y reciprocidad que surgen en litigios contra Estados soberanos”.
- Que la moción de los demandantes para que se dicten sanciones pecuniarias por desacato contra la Argentina no se ajusta a los principios de cortesía internacional y reciprocidad y debían ser rechazadas.
Otra vez, no fue un documento ante la Cámara (ahí sí apoyaron Brasil, Uruguay, Chile y Ecuador), sino ante el estrado de Preska por una de las causas paralelas que impulsó Burford luego de la sentencia en primera instancia de 2023.
Pocos días después hubo otro movimiento en el mismo sentido. La Corte de Apelaciones había programado una audiencia para el 16 de abril donde se iba a discutir tanto las apelaciones de entrega del 51% de las acciones a los beneficiarios del fallo “madre” como la solicitud de discovery sobre chats de funcionarios y exfuncionarios.
En ese contexto, la PTN recibió una confirmación inusual: el DoJ pidió participar activamente en la audiencia para exponer oralmente en defensa de la posición local. En el Gobierno lo definieron como “un hecho sin precedentes”: fue la primera vez que el gobierno de EEUU pidió formalmente un espacio para presentarse “codo a codo” con Argentina en el juicio. Esa audiencia, finalmente, no llegó a realizarse: antes, la Cámara había suspendido todas las causas paralelas a la espera del fallo “madre” y luego éste llegó y anuló la sentencia de Preska por completo.
La página 50 del fallo
Según los entendidos en la causa, uno de los ejes centrales del fallo de Cámara está en la página 50 del texto. Allí los jueces dejan claro que ninguna de las partes involucradas en estos dos casos discutió que la Argentina violó los estatutos de YPF aunque prometió no hacerlo cuando la empresa comenzó a cotizar en Wall Street, en los ’90.
“Su motivo para hacerlo fue claramente asegurar a los inversores privados —muchos de los cuales tenían su base en EEUU— que estarían protegidos en caso de que la República decidiera renacionalizar la mayor empresa petrolera y gasífera del país si alguna vez cambiaban los vientos económicos y políticos, tal como ocurrió a comienzos de la década de 2010. Bien puede ser que la República no hubiera podido recaudar 1.100 millones de dólares de los ADR de YPF listados en el NYSE de Nueva York sin estas protecciones para los inversores. Y su negativa a cumplir con esas protecciones dos décadas después puso en duda de manera general la seguridad de la inversión extranjera en el país”.
A pesar de la contundencia de esos argumentos, eso no alcanzó, dijeron los jueces.
“No obstante estas realidades fácticas, ahora nos enfrentamos a la limitada cuestión legal de si la causa de acción que los demandantes presentaron y el remedio que buscan frente a las acciones de la República están permitidos según la ley argentina. A pesar de la clara y notoria violación por parte de la República de las promesas que hizo a los inversores extranjeros, la respuesta a esa pregunta es no. Pero en la medida en que la República haya cometido un agravio contra los accionistas que prometió proteger, la ley argentina no dejó a los accionistas minoritarios de YPF sin ningún remedio: los demandantes podrían haber solicitado, y de hecho otros accionistas sí lo hicieron, hacer valer las protecciones de los estatutos en un tribunal argentino mediante las causas de acción reconocidas por la ley argentina”. Esas causas locales mencionadas, por el momento, no prosperaron.
Finalmente, la mayoría de los jueces concluyó que “incluso si los estatutos pudieran crear obligaciones recíprocas, y aún si supusiéramos que lo hace, los reclamos de los demandantes de todas formas estarían vedados por la LGE —la ley pública de la república sobre expropiación”.
Es lo que los abogados conocen como la Pirámide de Kelsen, una representación gráfica de la jerarquía normativa de un sistema jurídico, donde las normas de menor rango están supeditadas a las de mayor rango, como la Constitución. O sea, un estatuto corporativo no puede estar por sobre una ley del Congreso, máxime en una causa que se decidió hacer en Nueva York, luego de que se determinara que era un “fuero conveniente” para hacerlo, hace ya varios años, pero que tenía que usar la ley local para analizar el caso.
¿Es el mismo argumento que usó en estos años Axel Kicillof, actual gobernador bonaerense y encargado en 2012, como viceministro de Economía de Cristina Kirchner, de llevar adelante la expropiación? Kicillof dice que sí, otros integrantes del sector no están tan seguros.
“Los que chocaron el auto de la expropiación de YPF fueron la ex presidenta y el actual gobernador. No hay que olvidarse nunca de eso”, resumió Daniel Montamat, ex presidente de YPF y consultor energético.
“Por chocar el auto de esa manera, el riesgo argentino subió a niveles espectaculares, perdimos el acceso a los mercados internacionales y tuvimos que pagar costos reputacionales en todo el mundo. Fue un proceso traumático, una expropiación que al principio fue confiscación. No deberíamos colgarle a nadie cucardas por haber chocado el auto del prestigio, la seriedad, la confiabilidad de la Argentina frente a inversores de todo el mundo. Decisiones que llevaron, por ejemplo, a que el riesgo país se dispare hasta 3.000 puntos”, agregó Montamat.
“Kicillof le hizo perder mucho dinero a la Argentina con la expropiación. Forzaron la situación porque pensaron que había una caja espectacular, luego de las AFJP, y no la había aún. Se requería de mucha inversión para explotar esa mina de oro que era Vaca Muerta. Aceptaron las condiciones leoninas de Chevron y cerraron apurados con el Club de París”, destacó Emilio Apud, consultor y ex secretario de Energía y Minería, brevemente durante el gobierno de Fernando de la Rúa, y también ex director de YPF.
En el mismo sentido se expresó anoche Milei, cuando aseguró que hay quienes quieren leer esta noticia como un logro de la administración que expropió la empresa. “Lo voy a decir con nombre y apellido, hablo de Cristina Fernández de Kirchner y del inefable Axel Kicillof. Nada puede estar más lejos de la verdad. Es una afrenta a los argentinos que pretendan apropiarse de este resultado. Es importante que todos tengamos algo en claro, estos personajes de nuestro pasado nos unieron en una aventura suicida que nos podría haber costado todo, mucho más de lo que está el país en condiciones de pagar y nos podría haber dejado sin YPF y con un Estado fundido”, aseguró el mandatario.
El impacto y lo que viene
YPF no estaba dentro de la causa: Loretta Preska la había exculpado en 2023, cuando señaló sólo al Estado local. Esa absolución fue lo único que el viernes la Cámara dijo que estaba bien del fallo de la jueza.
Con todo, sin dudas influía el ruido internacional que hacía esta causa mientras la petrolera busca instalarse en el concierto global como el corazón de Vaca Muerta, más aún en tiempos de alta inestabilidad energética por la guerra.
“Lo de YPF y llegar a un acuerdo con lo último de los holdouts del default del 2001, baja el riesgo sistémico y, en el caso concreto de la petrolera, baja el riesgo sobre el costo de capital. Las acciones de YPF deberían seguir subiendo, lo mismo que su valuación”, destacó Gustavo Pérego, director de la consultora Abeceb.
“Kicillof le hizo perder mucho dinero a la Argentina con la expropiación. Forzaron la situación porque pensaron que había una caja espectacular, luego de las AFJP, y no la había aún” (Apud)
“Para el país es mejor, también para Vaca Muerta. La decisión debiera impactar en el riesgo país. La colocación de bonos del viernes marca una línea, pero es innegable que la crisis en Medio Oriente, con alza de precios de los combustibles y aumento del riesgo sistémico no está impactando del todo en Argentina. Es algo inédito”, dijo Pérego.
Montamat concuerda y cree que la causa era una “espada de Damocles” para el Estado y la empresa. “Siempre había riesgo de embargos. El desacato estaba a la vuelta de la esquina para la reputación de un país que necesita incorporarse a los mercados y bajar el riesgo país. YPF también se hubiera visto afectada en medio de la búsqueda de capitales para desarrollar su programa de expansión productiva y el GNL”, destacó. Es el plan que lleva adelante Horacio Marín, presidente y CEO de la petrolera de bandera.
“Es muy positivo para adelante porque nos sacamos una mochila de USD 18.000 millones. Habrá más confianza en los mercados y se mejorará la imagen de manera muy positiva. Además, está el contexto bélico y cómo se modifican las compras de crudo y gas para diversificar la oferta y el riesgo, sobre todo en Europa y el sudeste asiático. Vemos un fly to safety (vuelo a la seguridad) global y este resultado despeja un poco más las dudas sobre el país”, remarcó Apud.
El analista también puso foco en el peso de la relación bilateral con EEUU: “No dudo de la independencia de la justicia de EEUU, pero no creo que este resultado se hubiera dado con otro gobierno. Alguna influencia subliminal quizás hubo t no hay dudas de que se creó un clima para que las cosas sucedieran”.
“Fue un proceso traumático, una expropiación que al principio fue confiscación. No deberíamos colgarle a nadie cucardas por haber chocado el auto del prestigio y la confiabilidad de Argentina” (Montamat)
Sebastián Maril, de Latam Advisors y un especialista en este juicio, señaló un aspecto global que se deriva de esta causa y podría tener, dijo, impacto en el mercado de capitales internacional. “Esto es un antecedente fuerte. ¿Qué pasa si mañana EEUU quiere hacer un proceso similar, expropia y no hacer una oferta a los otros accionistas? O México, con Pemex; Brasil con Petrobrás, o España con Repsol. Esto afecta al mercado de capitales global, por el mensaje general que deja para adelante”, planteó.
¿Y con Burford qué va a pasar? El bufete siempre fue prudente con respecto al resultado final, pero confiaba en que ganaría.
Fue un viernes negro para este litigation funding (o financiador de litigios) que mucho comparan, por su estilo, con un fondo buitre. Su acción se derrumbó 50 por ciento en un día. En 2023 tenía un market cap de unos USD 3.500 millones y ahora ronda los USD 900 millones: una pérdida de valor de 75 por ciento.
Burford hizo lo imposible para sentarse a negociar con los gobiernos argentinos a lo largo de estos años, sobre todo cuando Milei llegó al poder. Nunca lo logró, pero tener un fallo en primera instancia por USD 18.000 millones de una jueza muy prestigiosa lo ponía en una situación óptima.
Ahora, probablemente acuda a la Corte Suprema de EEUU y al tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, el Ciadi del Banco Mundial, como sugirió el viernes en un comunicado. Quedó a un paso de quedarse sin nada. Compró los derechos de litigio en 15 millones de euros y vendió parte de esa tenencia por unos USD 300 millones, lo cual le dio una ganancia de casi 2000%, a la que hay que descontar los gastos de más de una década de juicio. Mucho, claro… pero poco si la perspectiva era cobrar de alguna manera los USD 18.000 millones.
El tembladeral que le provocó el fallo de ayer quedó reflejado en ese comunicado. En el apartado de “Impacto en Burford” prometió analizar el resultado y ver cómo refleja en su balance un juicio que había valorado en, al menos, USD 1.200 millones.
“Para el país es mejor, también para Vaca Muerta. La decisión debiera impactar en el riesgo país” (Pérego)
Habló de amortizaciones de activos que podría reducir el valor patrimonial “por debajo del nivel requerido bajo las escrituras que rigen nuestras notas senior para contraer deuda adicional bajo las disposiciones que permiten incurrir en deuda en función de nuestra relación deuda-capital, lo que limitaría la capacidad de Burford para emitir nueva deuda”. Todo muy técnico. Simplificado, abrió un gran paraguas sobre su futuro y ante un contexto financiero que podría ser muy malo. Tanto que algunos expertos financieros creen que podría haber quedado frente a un proceso de activación de cláusulas y posible aceleración de deuda, incumpliendo de ratios, restricción compulsiva de gastos e, incluso, default.
Se comenzó a cerrar un capítulo que comenzó hace más de una década y que generó un daño reputacional muy importante a un país que ya tenía una muy golpeada imagen en el exterior. Una demanda compleja e intrincada que atravesó cuatro presidencias argentinas y fue el mayor juicio a un país soberano que se cursó en una corte de EEUU en toda la historia.
Tiene pocas chances, pero seguramente Burford acuda al pleno de la Cámara de Apelaciones para que revise el fallo. En 14 días deberá decidir y contárselo a Preska. Quizás luego decida acudir a la Corte de EEUU y Ciadi. Será todo mucho más cuesta arriba luego de un viernes en el que seguro no hubo brindis sino caras largas en el 350 de Madison Avenue donde el bufete tiene su oficina neoyorkina.
ECONOMIA
Cuáles fueron las ciudades con mayor nivel de pobreza en 2025: una localidad quedó cerca del 50%
El Indec publicó este martes los datos de pobreza del segundo semestre de 2025 y el promedio nacional fue 28,2% en centros urbanos, el nivel más bajo en siete años. El Gobierno de Javier Milei celebró el número como un logro. Pero el dato esconde una realidad mucho más compleja.
La Argentina tiene ciudades donde la pobreza roza el 50% y otras donde apenas supera el 9%. Una brecha territorial que el promedio nacional oculta.
El informe del Indec releva 31 aglomerados urbanos a través de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Esos datos sirven para proyectar la situación al total del país. Y muestran una radiografía desigual.
La ciudad con casi 50% de pobreza y las otras con más del 30%
La ciudad con el peor número fue Concordia, Entre Ríos. En el segundo semestre de 2025 registró 49,9% de pobreza. Casi la mitad de su población urbana es pobre.
El dato representa una leve mejora respecto al primer semestre del mismo año (49,2%), pero está muy por debajo del 57,1% que marcó los últimos seis meses de 2024. Para fines del año pasado, el total de concordienses pobres alcanzó las 83.268 personas.
La única otra ciudad que superó el 40% fue Gran Resistencia, con 42,2% de pobreza.
Además de Concordia y Resistencia, otras 11 localidades quedaron por encima del 30% de pobreza. El listado completo muestra la dimensión del problema en el interior:
- La Rioja: 36,7%
- Catamarca: 35,7%
- Gran San Juan: 34%
- San Nicolás-Villa Constitución: 33,8%
- Rawson-Trelew: 32,9%
- Partidos del GBA: 32,6%
- Gran Mendoza: 31,9%
- Gran La Plata: 31,5%
- Corrientes: 31,3%
- Gran Paraná: 31,1%
- Gran Santa Fe: 30,6%
- Gran San Luis: 30,1%
El resto de las ciudades relevadas superó el 20% de pobreza. La única excepción fue la Ciudad de Buenos Aires, con apenas 9,6%.
A nivel regional, la Patagonia mostró el mejor desempeño con 25,4% de pobreza. Le siguió muy de cerca la Región Pampeana, con 26,2%.
Las zonas con peores números fueron el Noreste (32,7%) y Cuyo (32,3%). El Noroeste quedó en 28,4% y el Gran Buenos Aires -que incluye Ciudad y GBA- marcó 28,3%.
Indigencia: Concordia y Resistencia también lideran
Concordia y Gran Resistencia fueron las únicas localidades que superaron los dos dígitos en indigencia: 13,6% y 13,2%, respectivamente.
Gran Santa Fe, que había registrado 30,6% de pobreza, ocupó el tercer lugar en indigencia con 9,3%. Le siguieron Gran La Plata (9%), San Nicolás-Villa Constitución (8,9%) y Gran Paraná (8,8%).
Los partidos del GBA quedaron en 8% de indigencia. Santa Rosa-Toay marcó 8,7%.
En el extremo opuesto, las tres ciudades con menos indigencia fueron Río Cuarto (3%), Neuquén-Plottier (2,7%) y la Ciudad de Buenos Aires (2,6%).
La brecha entre Concordia y CABA es contundente: en la capital del país hay cinco veces menos indigencia que en la ciudad entrerriana. Y en pobreza, la diferencia es aún mayor.
La pobreza cerró el 2025 en el nivel más bajo en siete años
El INDEC dio a conocer esta miércoles el dato del porcentaje de la población que se encuentra bajo la línea de la pobreza: en el segundo semestre del 2025 se redujo al 28,2%, luego de alcanzar el 31,6% en la primera mitad del año pasado. También representó una fuerte baja con relación a la segunda mitad del 2024, cuando había sido del 38,1%.
Es el nivel más bajo de la pobreza desde primer semestre de 2018, durante el Gobierno de Mauricio Macri, cuando se ubicó en 27,3%. El de indigencia, en tanto, también es el más bajo desde ese período: alcanzó al 6,7% de la población.
Se trata de un dato positivo para el Gobierno, en un contexto en el que la economía crece a distintas velocidades: por un lado, sectores como el agro, la energía y la minería traccionan la actividad, otros rubros que demandan más mano de obra como el comercio, la industria y la construcción evolucionan con mayor rezago.
Según INDEC, el porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza (LP) alcanzó el 21,0%. Dentro de este conjunto, el 4,8% de los hogares están por debajo de la línea de indigencia (LI), que incluyen al 6,3% de las personas. Esto implica que, para el universo de los 31 aglomerados urbanos de la EPH, por debajo de la LP se encuentran 2.145 mil hogares, que incluyen a 8.474.000 personas; y, dentro de ese conjunto, 494 mil hogares se encuentran por debajo de la LI, lo que representa 1.884.000 personas indigentes.
En tanto que la extrapolación de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec al total del país de 47,9 millones de habitantes, arroja que la pobreza afecta a 13,5 millones de personas y la indigencia a 3 millones de habitantes.
La pobreza en Argentina durante el primer semestre de 2025 se había situado en 31,6%, afectando a cerca de 9,5 millones de personas, según datos oficiales del INDEC. Esta cifra representó una disminución de 6,5 puntos porcentuales respecto al segundo semestre de 2024 (38,1%), marcando el valor más bajo desde 2018.
De esta manera, con respecto al primer semestre de 2025, la incidencia de la pobreza registró un descenso tanto en loshogares como en las personas, de 3,1 y 3,4 puntos porcentuales (p.p.), respectivamente. En el caso de la indigencia, no se observaron variaciones estadísticamente significativas.
Dado que la incidencia de la pobreza y la indigencia resultan de la capacidad de los hogares de accedera la canasta básica alimentaria (CBA) y a la canasta básica total (CBT) mediante sus ingresos monetarios,se observó que, con respecto al semestre anterior:
- En promedio, el ingreso total familiar aumentó 18,3%. Las canastas regionales promedio aumentaron 11,9% (CBA) y 11,3% (CBT).
- Los ingresos en el período estudiado aumentaron a un nivel superior tanto con respecto a la CBT comoa la CBA.
- Así, ambas tasas, pobreza e indigencia, presentan una disminución en el presente semestre conrelación al semestre anterior.
Cómo impactó la pobreza, según la edad y la región
En cuanto a los grupos de edad según condición de pobreza, se destaca que 41,3% de las personas de 0 a 14 años forman parte de hogares bajo la línea de pobreza.
El porcentaje total de personas bajo la línea de pobreza para los grupos de 15 a 29 años y de 30 a 64 años fue de 32,6% y 24,6%, respectivamente. En la población de 65 años y más, el 9,7% de las personas se ubicóbajo la LP.
A nivel regional la incidencia de la pobreza en personas se ubicó en un 28,3% para Gran Buenos Aires, en 32,3% para Cuyo, 32,7% para Noreste, 28,4% para Noroeste, 26,2% para Pampeana y en 25,4% para Patagonia.
Mientras que la incidencia de la indigencia fue de un 7,0% para Gran Buenos Aires, 4,6% para Cuyo, 7,5% para Noreste, 3,8% para Noroeste, 6,2% para Pampeana y 4,0% para Patagonia.En los aglomerados de 500.000 y más habitantes se observó un descenso de la pobreza de 3,6 p.p., conrespecto al primer semestre de 2025. Mientras que, en los aglomerados de menos de 500.000, lareducción fue de 2,3 p.p. entre los mismos períodos
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ECONOMIA
“Esas políticas generaron hiperinflaciones y pobreza”: la Argentina le respondió a Stiglitz en el debate por la desigualdad
La cumbre del G20 en Sudáfrica de fines de 2025 dejó en evidencia un cruce conceptual entre dos visiones sobre la desigualdad y el desarrollo. Federico Pinedo, exsenador y representante de la Argentina en el foro, difundió un extenso análisis en respuesta al informe presentado por el economista estadounidense y Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, y su equipo. El texto del ex presidente provisional del Senado, publicado por el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), expone una crítica frontal a los lineamientos de política económica propuestos por Stiglitz y utiliza el caso argentino como advertencia sobre los riesgos de replicar ese enfoque.
Pinedo arranca su crítica señalando el eje central del documento de Stiglitz: la idea de que la prosperidad de unos depende de la pobreza de otros. “La tesis del documento tiene como premisa la idea de que unos señores prósperos saben que no lo serían si no aumentaran la pobreza de otros”, sostiene. Para el autor, esta visión presupone un “juego de suma cero” en la generación de riqueza, un planteo que rechaza de plano. “Considero que esa premisa es completamente falsa”, marca en el arranque.
A consideración del articulista, los autores proponen la adopción de políticas que vayan más allá de la mera progresividad fiscal. Entre las recomendaciones, se destaca la creación de impuestos diferenciales, la división de grandes empresas para reducir su tamaño y poder de mercado, y el impulso de medidas orientadas a limitar las desigualdades educativas, en particular, mediante el cuestionamiento a la llamada privatización de la educación. Además, se sugieren otras acciones orientadas a modificar la “distribución de capacidades” tanto a nivel nacional como internacional.
Apoyado en la experiencia argentina, el sherpa argentino ante el G20 advierte que muchas de las propuestas impulsadas por el Premio Nobel de Economía ya se aplicaron en el país y derivaron en consecuencias negativas.
“Nuestro país, la Argentina, ha implementado casi todas esas políticas y, además, ha tenido momentos de estatización del comercio exterior y manipulación del valor del cambio de divisas”, recuerda el ex funcionario. Entre las medidas citadas por Stiglitz, se enumeran la provisión estatal de educación, salud, seguridad social y vivienda, la suba de impuestos, la creación de reservas estatales de alimentos y el control de precios.
El resultado, según el análisis de Federico Pinedo, fue una sucesión de crisis económicas profundas: “Esas políticas han generado tres hiperinflaciones (1975, 1989-91 y 2023), una gran depresión (2002), el 50% de pobreza, más del 40% de trabajo informal con estancamiento del empleo privado formal entre 2011 y 2025, y una caída extraordinaria del ingreso per cápita en comparación con nuestra propia región y contra el promedio mundial”. Este diagnóstico es presentado como una advertencia directa a quienes promueven recetas similares a nivel internacional.
A la vez, el texto plantea que la lógica de mercado “sacó de la pobreza a miles de millones de personas”, en oposición a la mirada de Stiglitz que lo describe como generador de desigualdad y pobreza. El ex titular del bloque del Pro en la Cámara de Diputados observa que, tras el colapso de los modelos de planificación estatal en el siglo XX, “no es clara la alternativa sugerida” por el Nobel norteamericano.
En el debate sobre la educación, Pinedo rechaza que se la catalogue como un derecho estatal y cuestiona la crítica de Stiglitz a la “privatización” en este sector. “La educación, de la que derivan habilidades y capacidades para el trabajo, el desarrollo personal y la integración a cadenas de valor, no es un derecho de los Gobiernos o del Estado, sino que es un derecho humano, personal, de cada uno y de cada padre respecto de sus hijos”, sostiene el exfuncionario. Y va más allá: “Cuestionar desde las políticas públicas la ‘privatización’ de la educación es, además de absurdo, antinatural y excepcionalmente antihumano y, por lo tanto, antisocial”.
El análisis de Pinedo dedica varias páginas a diferenciar el enfoque argentino en el G20 del que impulsa el equipo de Stiglitz. El abogado recuerda que la posición oficial de la Argentina fue defender la responsabilidad nacional en el desarrollo, la previsibilidad jurídica y la igualdad ante la ley.
“La Argentina sostuvo en soledad que el desarrollo nacional dependía fundamentalmente de políticas internas, de marcos de reglas y de convivencia que generaran previsibilidad, justicia e igualdad ante la ley, con un fuerte énfasis en la educación y capacitación para el trabajo”, reseña. Junto a esto, el país defendió “los equilibrios macroeconómicos, el funcionamiento de los mercados y un sistema de comercio abierto y sin distorsiones de la competencia”, consigna en el artículo difundido por CARI.
En tal sentido, el articulista se muestra escéptico ante la propuesta de financiar políticas sociales a nivel multilateral y alerta sobre los riesgos de imponer desde organismos internacionales una agenda igualitarista que ignore la autodeterminación de los pueblos. “La dosis de cada valor debe ser establecida en un sistema democrático por el pueblo en cada elección periódica y de acuerdo a las circunstancias, y no por tecnocracias internacionales que busquen imponer su mirada, aunque nadie las haya votado para gobernar”, afirma en su escrito.
El texto también subraya la importancia de los equilibrios macroeconómicos y del funcionamiento de los mercados, como elementos necesarios para el desarrollo sostenido. Pinedo señala que las políticas que priorizan la intervención estatal, el control de precios y la estatización de sectores estratégicos no han sido exitosas en la Argentina y, en su opinión, tampoco pueden serlo en otros países. Además, considera que la experiencia argentina constituye un ejemplo que debería ser tenido en cuenta en el debate global sobre desigualdad y desarrollo.
El exsenador hace hincapié en que la igualdad ante la ley y la previsibilidad normativa son condiciones indispensables para atraer inversiones, fomentar el empleo y mejorar la calidad de vida. En tanto, sostiene que el desarrollo no puede depender exclusivamente de transferencias o programas financiados externamente, sino que requiere reglas claras y un entorno de competencia genuina.
“En conclusión, no es raro que la desigualdad haya aumentado en un mundo que desde su origen hasta 1800 había crecido el 1%, mientras que desde el año 2000 en solo 25 años duplicó su riqueza (como reconoce el Reporte Stiglitz), pues si aún hay en el mundo población que vive en economías de subsistencia, sin comercio y sin Estado de derecho, las desigualdades se tienen que haber agigantado. La creación de riqueza de la revolución digital es monumental, pero no estaríamos mejor sin ella”, agrega.
Pinedo plantea que la discusión pública sobre la igualdad no suele ubicarse entre dos extremos irreales: el igualitarismo absoluto, que conduce al estancamiento total, y el desinterés completo por los demás. Según el ex senador, “ninguna de las dos cosas se corresponde con la realidad de los sentimientos humanos”.
En su visión, existe consenso en que el Estado debe construir infraestructura de acceso común y garantizar derechos y obligaciones que funcionen como “igualadoras de base”. El ex funcionario considera fundamental que quienes gobiernan desarrollen mecanismos para financiar servicios esenciales. Remarca que es importante que los gobiernos generen “mecanismos para financiar esos objetivos: educación, salud, infraestructura general, seguridad, justicia, mecanismos de deliberación pública y organización política”.
Y suma que, a esos pilares, debe sumarse el Estado de derecho, que garantice “la igualdad ante la ley, las libertades personales, la propiedad y una justicia imparcial que aplique la ley en forma igual para todos”. A su entender, ese marco permitiría crear condiciones para erradicar la pobreza a través del proceso de destrucción creativa que describió Schumpeter, “sacando recursos de sectores parasitarios para llevarlos a los que satisfagan mejor las necesidades de cada uno y del conjunto”.
Por último, advierte que es necesario velar porque los intercambios entre personas se realicen bajo reglas de igualdad, evitando abusos y preservando a los mercados de distorsiones. “Habrá que velar por que los intercambios entre las personas se realicen respetando reglas de igualdad y no abuso, preservando a los mercados de su distorsión mediante acciones que restrinjan la competencia nacional e internacional, controlando monopolios y eliminando privilegios, garantizando libertad y acceso a los mercados de bienes y servicios”, afirma.
“La igualdad no puede ser el valor único y superior, como no lo pueden ser ni la libertad sin orden ni respeto por la dignidad de todas las personas, ni el orden que postergue la dignidad y la libertad de todos. Atacar la pobreza es un objetivo necesario; aumentar la satisfacción de las necesidades humanas va en el mismo sentido; que los que pueden eduquen a los demás de la mejor manera posible y los que sanan hagan lo mismo es un objetivo social. La justicia de dar a cada uno lo suyo, con los valores del respeto y la responsabilidad, también. Igualar todo lo desigual, no”, concluye el artículo.
Asia / Pacific,BEIJING
El exministro de Economía publicó un nuevo informe en el que sugiere que el Gobierno debería quitar todas las restricciones cambiarias. Su argumento
31/03/2026 – 19:58hs
El economista Domingo Cavallo volvió a insistir en la necesidad de eliminar por completo el cepo cambiario y advirtió que, pese a algunos avances, persisten obstáculos clave que impiden una baja sostenida del riesgo país en la Argentina.
En un nuevo análisis, el exfuncionario sostuvo que la liberalización cambiaria sigue siendo incompleta, ya que continúan las restricciones para empresas y para la intermediación financiera en dólares. A su entender, este esquema limita el funcionamiento normal del mercado y mantiene latente la incertidumbre sobre el futuro del tipo de cambio.
Cepo al dólar: Domingo Cavallo insiste en eliminarlo plenamente
En este sentido, el exministro de Economía explicó: «Normalmente, los controles de cambio se establecen para restringir la salida de capitales en circunstancias de shocks externos adversos, como una súbita caída de los términos de intercambio o un cierre inesperado de los mercados de capitales externos. Pero cuando se mantienen para obligar a invertir en pesos los excedentes financieros que las empresas generan en dólares, lejos de restringir la salida de capitales terminan desalentando la entrada».
Cavallo planteó que la eliminación total del cepo es una condición necesaria para avanzar hacia un sistema monetario más estable, con mayor libertad de movimiento de capitales y reglas claras. Según explicó, mantener controles cambiarios desalienta la inversión, restringe el crédito y dificulta la consolidación de un proceso de crecimiento sostenido.
Por qué no baja el Riesgo País: las 2 razones
En ese marco, identificó dos factores centrales que hoy impiden que el riesgo país continúe bajando. El primero es, precisamente, la persistencia del cepo para empresas y actores financieros, que mantiene abierta la expectativa de una futura corrección cambiaria. El segundo es el nivel de las tasas de interés reales, que se mantienen elevadas y condicionan tanto el financiamiento como la actividad económica.
«Hay varias razones por las que el riesgo país no baja de los 600 puntos básicos a pesar de los excelentes resultados fiscales. Una de ellas es la permanencia de controles de cambios para las empresas que no acceden al RIGI. Otra, es el bajo nivel de las reservas externas netas del Banco Central y su lentitud para acumularlas por temor a que la emisión monetaria provoque aumentos adicionales en la tasa mensual de inflación», aclaró al respecto.
El exministro remarcó que mientras existan estas restricciones, los inversores seguirán percibiendo un riesgo elevado, lo que se traduce en mayores costos de financiamiento para el Estado y el sector privado. En ese sentido, advirtió que la reducción del riesgo país no será sostenible sin una reforma monetaria, cambiaria y financiera más profunda.
Además, Cavallo vinculó directamente la baja del riesgo país con la acumulación de reservas y la normalización del mercado cambiario. Según su visión, sólo en un contexto de mayor previsibilidad y sin controles se podrá consolidar el acceso al crédito internacional en mejores condiciones.
Por último, insistió en que el Gobierno debería acelerar las reformas y evitar el gradualismo. Consideró que una apertura más decidida del mercado cambiario, acompañada por disciplina fiscal, permitiría reducir la incertidumbre, bajar las tasas de interés y generar un entorno más favorable para la inversión y el crecimiento económico.
«En síntesis, para que pueda funcionar sin sobresaltos un sistema de competencia de monedas es fundamental que no existan controles de cambio y que el mercado cambiario deje de ser un mercado intermediado obligatoriamente por el Banco Central», concluyó.
El informe de Domingo Cavallo completo.
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