La Corte Suprema de Justicia cerró filas en torno a la propuesta del nuevo reglamento para la selección de jueces y convocó para este lunes a un acto público donde estarán los tres jueces supremos −y no solo los dos que lo firmaron− para hacer una presentación formal de la iniciativa.

La propuesta del nuevo sistema para seleccionar magistrados surgió de los jueces de la Corte Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Pero inicialmente, Rosatti no lo firmó.

Rosenkrantz y Lorenzetti firmaron el miércoles pasado una acordada en la que plantearon que los jueces deben ser elegidos por concursos anticipados, antes de que se produzcan las vacantes, mediante un sistema de banco de preguntas con multiple choise y restando discrecionalidad a los consejeros para reducir las chances de que hagan ascender o descender a los candidatos en el orden de mérito a partir de la entrevista personal.

Rosatti no firmó esa acordada, lo que alimentó las versiones de diferencias internas en la Corte en torno a este tema. Lo que sería toda una novedad, pues desde que Rosatti preside la Corte, Rosenkrantz lo respaldó en las decisiones de conjunto, mientras que Lorenzetti exhibió juego propio y muchas veces quedó en minoría.

Sin embargo, con el correr de las horas lo que parecieron diferencias entre ambos magistrados fueron explicadas como “razones formales”.

Fuentes de los tribunales indicaron a que Rosatti no firmó la acordada porque no podía hacerlo en su doble carácter de presidente del Consejo de la Magistratura y de la Corte Suprema de Justicia.

Las fuentes señalaron que Rosatti no estampa su firma en las cuestiones jurisdiccionales, como por ejemplo los pedidos de licencia que involucran a jueces con trámites en el Consejo.

Una manera de aventar los rumores, que desbordaron los tribunales y alcanzaron al Congreso y al Consejo de la Magistratura, será presentarse los tres jueces juntos en el acto de presentación de este reglamento, que tendrá lugar este lunes en la Sala de Audiencias del tribunal, en el Palacio de Justicia.

La Dirección de Ceremonial y Protocolo repartió invitaciones en la que señala: “La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene el agrado de invitar a usted al ‘Acto de Presentación del Proyecto de Reglamento para la Selección de Magistrados del Poder Judicial de la Nación’, elaborado por el Tribunal, el cual se llevará a cabo el lunes 30 de marzo, a las 16.30, en el Palacio de Justicia”.

Tras los rumores, fuentes del tribunal dijeron a que asistirán los tres jueces supremos.

El nuevo reglamento es una propuesta que será analizada por el Consejo de la Magistratura el 1° de abril, cuando Rosatti presida primero las “reuniones de labor” y luego el plenario, donde será sometido a discusión.

Desde la Corte informaron que se les transmitió a los consejeros que la aspiración es que el reglamento sea analizado y tratado con el “respeto” que implica la propuesta que fue firmada por dos jueces del máximo tribunal.

De todos modos, en el Consejo de la Magistratura recordaron que hay otros 14 proyectos de reforma del reglamento de selección de jueces que se debaten desde hace un año y medio sin que los consejeros puedan ponerse de acuerdo.

En el Consejo se analizarán todos los proyectos, dijo un consejero a , quien advirtió que no están obligados a hacer lo que dispuso la Corte. Difícil camino le espera a esta nueva iniciativa.

La propuesta de Rosenkrantz y Lorenzetti, que no es vinculante, fija límites al margen de acción política en el criterio de selección.

Los cambios propuestos reducen la discrecionalidad política en los concursos para jueces en momentos en que el Consejo de la Magistratura se dispone a cambiar su relación interna de fuerzas, con mayor incidencia del oficialismo de La Libertad Avanza en el organismo.

En la propuesta de la Corte, el peso de la selección pasa por el diseño de un banco de preguntas −corregido de manera automática−, la definición de evaluación y la gestión del proceso.

El reglamento es un avance sobre la potestad de autogestión del Consejo de la Magistratura al disponer, por ejemplo, que los concursos para jueces se realizarán de ahora en más con un banco de preguntas con el formato multiple choice. También, se reduce la incidencia en el puntaje de la etapa de las entrevistas personales −el momento de mayor intervención “política” de los consejeros−: solo pueden asignar un 10% del puntaje total.

Con el argumento de reforzar la transparencia y reducir la discrecionalidad, el nuevo esquema redefine cómo se evalúa a los candidatos. Hay un fuerte giro hacia un modelo reglado, pues antes tenía peso el examen de oposición, antecedentes y la entrevista personal con una valoración subjetiva. Ahora se impone una lógica de evaluación tabulada, automatizada y con reglas preestablecidas.

Entre las innovaciones aparece como regla la instauración de concursos anticipados. Es decir que los concursos se convocan antes de que se produzcan las vacantes. La medida busca licuar la influencia del contexto político en los concursos.

Otro cambio es la implementación de un doble examen con anonimato reforzado. El primero es el de corrección automatizada, que funciona como filtro técnico. Y el segundo, de carácter práctico, evalúa la capacidad de resolución de casos y redacción de sentencias.

La entrevista personal deja de ser el espacio donde se definían muchas ternas. En paralelo, el nuevo reglamento introduce un sistema de evaluación de antecedentes tabulado.

La formación académica, los promedios universitarios, la experiencia profesional y la trayectoria en la función judicial son ponderados mediante criterios objetivos y previamente definidos. La intención es sustituir valoraciones por métricas verificables.

También se avanza hacia la digitalización del proceso, donde cada postulante contará con un legajo único, auditable y accesible, lo que mejora la transparencia y el control.

Eran frecuentes las quejas de candidatos que terminaban bien en los exámenes y perdían lugares en la lista definitiva. También eran frecuentes los casos de los candidatos de mitad de tabla que ascendían en la lista final, merced a la política, para convertirse en jueces a pesar de sus antecedentes.

El exministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona salió a respaldar públicamente al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de las polémicas por sus viajes y por el incremento de su patrimonio desde que llegó al Gobierno. El abogado relativizó las acusaciones y consideró que, desde el punto de vista penal, no existe delito.

En su defensa, sin embargo, también dejó una recomendación. Definió a Adorni como un “enorme expositor, brillante”, pero sugirió que, ante cuestionamientos judiciales, lo mejor es delegar la defensa.

“Mejor buscate un abogado”, aconsejó. Y agregó: “Es un enorme expositor, brillante. Pero en causa propia es distinto. Es como los abogados: pueden ser buenos, pero cuando te toca a vos, mejor buscate un abogado”.

Cúneo Libarona también minimizó la controversia generada por el viaje de la esposa de Adorni en el avión presidencial. “Me parece irrelevante el tema del viaje de la mujer de Adorni”, afirmó. Aunque lo calificó como un “error”, aclaró que “los errores no son judicializables”.

Sobre el viaje a Punta del Este durante el feriado de carnaval en un avión privado, el exministro descartó en declaraciones a Futurock que se configure el delito de dádivas. “El delito de dádiva requiere que se le regale algo a un funcionario en base a su función”, explicó.

Según su versión, el vínculo personal entre los involucrados descarta esa hipótesis. “Son amigos de toda la vida. Vos a quién contratás: contratás a la gente en la que confiás, de la que sos amigo. Es lo más natural del mundo. Viajaron los dos amigos, las dos familias. Se fueron cuatro días en carnaval”, sostuvo.

En ese sentido, añadió: “Si me decís que es un regalo para obtener un beneficio, estás hablando de otra cosa. Y esto no fue así”.

Para el exministro, la polémica genera un impacto político injustificado sobre el funcionario. “Le están haciendo un daño tremendo a Adorni”, afirmó. También justificó el uso de un avión privado con un argumento práctico: “No es fácil para un funcionario público subirse a un avión”.

Consultado por los periodistas sobre la falta de facturas que respalden los gastos del viaje, respondió con ironía: “¿Pero vos le pedís una factura a un amigo? Déjense de joder, busquemos algo en serio. Es un viaje en un avión”.

“Jurídicamente no veo la tipicidad. Manuel es un funcionario extraordinario”, concluyó.

El exministro sostuvo además que las dudas sobre el patrimonio del jefe de Gabinete quedarán despejadas cuando se conozca su declaración jurada.

Durante la entrevista también se refirió al caso $LIBRA, que involucra al presidente Javier Milei y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. En ese punto, cuestionó el tratamiento público del expediente.

“En el caso $LIBRA veo mucho sensacionalismo”, sostuvo. Y agregó: “Han aparecido llamados, que es lo más natural del mundo”.

Respecto de los mensajes hallados en el celular del empresario Mauricio Novelli -en los que se mencionan supuestos pagos al Presidente y a su hermana-, el exministro remarcó que las acusaciones deben ser probadas. “Tenés que probar que hubo pagos”, afirmó.

Cúneo Libarona también se refirió a la gestión de su sucesor en el Ministerio de Justicia, Juan Bautista Mahiques, a quien evaluó positivamente. “Lo veo muy bien”, dijo, y destacó su intención de avanzar con la cobertura de vacantes judiciales. “Mahiques está terminando la designación de los jueces”.

Recordó además que fue su abogado en una causa judicial. “Fui abogado de Mahiques en la causa de Lago Escondido”, señaló.

Sobre el fallo internacional vinculado a la expropiación de YPF, lo calificó como un logro del Gobierno. “Lo de YPF es un triunfo histórico”, afirmó.

“Participaron muchos gobiernos, pero además contamos con el apoyo de Estados Unidos a Milei”, añadió.

La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó la sentencia de primera instancia en el juicio por la expropiación de YPF y evitó que la Argentina pague 16.000 millones de dólares.

Según su interpretación, el giro en el caso estuvo marcado por el cambio político en la Argentina. “Estábamos en el descenso hasta que entró Milei”, dijo, y cuestionó la actuación del exministro de Economía Axel Kicillof en la expropiación de la petrolera: “Kicillof no obró ajustado a derecho”.

“Se apostó fuerte y se ganó”, concluyó.

Poco más de tres meses después de asumir, el abogado Joaquín Mogaburu dejará en las próximas horas el cargo de subsecretario de Derechos humanos, dependiente del Ministerio de Justicia. Fuentes oficiales confirmaron a que se prevé que el próximo miércoles asumirá en su lugar el abogado penalista Leonardo Szuchet, quien cumpliera funciones en el área durante el gobierno nacional de Cambiemos y la gestión de Mauricio Macri en la Ciudad.

El recambio en el área de Justicia, con la asunción de Juan Bautista Mahiques como ministro, selló la suerte de Mogaburu, cercano a Sebastián Amerio, ex número 2 de Justicia durante la gestión de Mariano Cúneo Libarona. En el contexto del avance de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por sobre el asesor presidencial Santiago Caputo (frustrado promotor de Amerio para ese ministerio) Mahiques buscó “una persona de su confianza” para ese delicado puesto, eje de la batalla por la “memoria completa” que el Gobierno disputa con las organizaciones de derechos humanos.

Actual vicepresidente del Consejo Argentino para el Desarrollo y los Derechos Humanos, Szuchet fue jefe de gabinete de Claudio Avruj, cuando el actual director del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai), era secretario de derechos humanos del gobierno de Cambiemos. Mahiques también conoce bien a Avruj: fue parte del equipo de Germán Garavano, cuando éste fungía como ministro de Justicia de Macri, y tuvieron muchos temas en común.

Durante la segunda gestión de Macri en la ciudad (2011-2015), y con Avruj como subsecretario de derechos humanos, Szuchet ocupó la dirección de atención a las víctimas, e intervino en casos resonantes como la tragedia de Once.

La sede de la subsecretaría de Derechos Humanos se ubica en el predio de la exESMA (Escuela de Mecánica de la Armada), donde se estableció uno de los principales centros clandestinos de detención durante la última dictadura (1976-83).

Más allá de los cambios de nombres, no se esperan modificaciones de fondo para la política de derechos humanos, centrada en la búsqueda de “memoria completa” sobre lo ocurrido durante los años setenta en el país. Una posición que confronta con la de los organismos de derechos humanos y rescata la tarea de las Fuerzas Armadas en el combate a las organizaciones guerrilleras.

El video oficial, distribuido el martes pasado en las redes sociales en conmemoración del golpe de Estado de marzo de 1976, contuvo el testimonio de Arturo Larrabure, asesor del Ministerio de Defensa e hijo del coronel Argentino del Valle Larrabure, asesinado por el ERP en 1974, y el de Miriam Fernández, nieta recuperada número 127 pero distante de las posturas de las Abuelas de Plaza de Mayo.

Aún antes de la llegada de Mogaburu, y mientras la mayoría de los edificios presentaba graves signos de deterioro por la falta de inversión, con goteras en los techos y frentes descascarados, corrían los rumores sobre el eventual traslado de la sede de la subsecretaría desde la actual sede, en el predio de la ex Esma, hacia un edificio del barrio de San Telmo, aunque esa iniciativa volverá a ser examinada por la nueva conducción del área.

Bajo la gestión de Alberto Baños, antecesor de Mogaburu, se acondicionaron dos edificios de ese mismo predio en tiempo récord para trasladar allí los archivos de la causa por el atentado a la AMIA.

Archivos que cobran valor ante la inminencia del juicio oral en ausencia a los ex funcionarios iraníes acusados por su participación en el atentado terrorista contra la mutual judía, en julio de 1994. Otro edificio, denominado ex presidente Raúl Alfonsín, también se encuentra por estos días en refacciones, para instalar allí oficinas de la Procuración que encabeza, de modo interino, el procurador general Eduardo Casal.