El Gobierno cambiará al subsecretario de Derechos Humanos, Joaquín Mogaburu, que llevaba apenas tres meses en el cargo. En su lugar asumirá Leonardo Szuchet, un dirigente con trayectoria en esa área durante la gestión de Mauricio Macri.

La decisión fue tomada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien buscaba completar la estructura de su cartera desde su llegada al Gabinete. Según pudo confirmar TN, el recambio se formalizará este miércoles.

El cambio se produce días después de la conmemoración por los 50 años del último Golpe de Estado y en medio de definiciones internas sobre el rumbo del área, una de las más sensible por la disputa política del oficialismo en torno de su posicionamiento con respecto al tema.

Reacomodamiento interno

Mogaburu había asumido el 10 de diciembre en reemplazo de Alberto Baños, con respaldo del entonces ministro Mariano Cúneo Libarona. Su llegada estuvo vinculada al espacio de Sebastián Amerio, alineado con el asesor presidencial Santiago Caputo.

En ese esquema, el ahora exsubsecretario intentó sostenerse en medio de la interna entre los distintos sectores del oficialismo, pero finalmente Mahiques avanzó con su reemplazo por un perfil más cercano a su conducción.

La salida se resolvió después de semanas de evaluación sobre el funcionamiento del área y su alineamiento con la estrategia general del Ministerio de Justicia.

El perfil del nuevo funcionario

Szuchet conoce de cerca la estructura de Derechos Humanos. Durante el gobierno de Macri se desempeñó como jefe de Gabinete del entonces secretario del área, Claudio Avruj, quien actualmente cumple funciones en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.

Ese paso previo le permitió trabajar en el predio de la exESMA y participar en la definición de políticas públicas vinculadas a memoria y derechos humanos durante esa etapa.

Su designación refuerza la intención del Gobierno de imprimir un cambio de enfoque en el área, en línea con la revisión que impulsa la actual gestión sobre la política de derechos humanos.

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Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, el Gobierno buscó imprimir un enfoque distinto, con eje en la idea de “memoria completa”, que amplía el abordaje sobre los años 70 más allá de los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura.

Esa postura volvió a quedar expuesta en el mensaje oficial difundido por la Casa Rosada durante el último Día de la Memoria, en línea con el giro que ahora también se refleja en la conducción de la subsecretaría.

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Tras el fallo favorable para la Argentina en la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que revocó la sentencia de primera instancia en el juicio por la expropiación de YPF, Máximo Kirchner presentó en la Cámara de Diputados un proyecto para reafirmar la decisión tomada en 2012 y consolidarla como una política de soberanía nacional.

Con la iniciativa, el líder de La Cámpora profundizó la confrontación con el gobierno de Javier Milei y con la gestión de Mauricio Macri. El texto propone que el Congreso exprese su beneplácito por la resolución judicial y ratifique que la medida adoptada durante la presidencia de Cristina Kirchner fue “la recuperación de la soberanía hidrocarburífera” de la Argentina.

El proyecto traslada la discusión al plano parlamentario y busca que quede una definición política en medio de la controversia que se generó por la expropiación del 51% de las acciones de la petrolera. Ese movimiento se inscribe en una estrategia más amplia de La Cámpora para recuperar protagonismo. En las últimas semanas, Máximo Kirchner recuperó centralidad con actos, recorridas en el conurbano bonaerense y en la Ciudad de Buenos Aires y declaraciones públicas.

Un proyecto para blindar la expropiación

Aunque destacó el fallo, Máximo Kirchner evitó mencionar a Axel Kicillof, quien era ministro de Economía al momento de la expropiación y sobre quien se concentraron las críticas de La Libertad Avanza y del macrismo, que lo señalaron como responsable de una mala instrumentación, con un costo potencial superior a los US$16.000 millones para la Argentina.

En los fundamentos del proyecto presentado, el diputado sostuvo que el fallo judicial “no es simplemente un éxito procesal; es la validación internacional de la soberanía jurídica de la República Argentina”.

“El Estado Nacional a través de diversas administraciones defendió siempre que la expropiación con fines de utilidad pública de YPF se hizo conforme a derecho, como un acto soberano”, señala el proyecto. También afirma que “el estatuto de una sociedad no puede prevalecer sobre la Constitución Nacional y el ordenamiento jurídico de un país”.

Kirchner vinculó el resultado con la estrategia sostenida por el Estado a lo largo del tiempo y cuestionó al Gobierno. “Es una ironía del destino que quienes hoy conducen el país, habiendo denostado sistemáticamente la recuperación de nuestra petrolera de bandera, hoy celebran un triunfo que solo fue posible porque no se rompió la estrategia de defensa nacional que se venía sosteniendo”, sostuvo.

Si logra avanzar en un Congreso adverso, el kirchnerismo buscará darle respaldo político a la expropiación ante eventuales instancias judiciales impulsadas por los fondos buitre que iniciaron el reclamo.

Críticas a Macri y la comparación con 2016

El proyecto incluye cuestionamientos a la gestión de Mauricio Macri por el acuerdo con los fondos buitre en 2016. El diputado contrastó esa decisión con la estrategia judicial en el caso YPF.

“La decisión de pagar US$9300 millones en 2016 estuvo motivada por el negocio del acceso al mercado financiero. Se priorizó la toma de deuda masiva por sobre la defensa de la inmunidad soberana que hoy se ha validado”, afirmó. En esa línea, agregó que “pagar en 2016 fue una decisión ideológica y de mercado; resistir en el caso YPF fue una decisión de Estado”.

También planteó que el fallo obliga a revisar ese antecedente y sugirió que la Argentina podría haber evitado el ciclo de endeudamiento posterior si se hubiera sostenido la misma estrategia.

Según el diputado camporista, la decisión judicial “reivindica el derecho de la República Argentina a decidir sobre sus recursos naturales y su marco normativo interno sin tutelajes de tribunales extranjeros”.

Máximo Kirchner sube el perfil

En paralelo al proyecto, Máximo Kirchner refuerza su presencia territorial en la provincia de Buenos Aires, donde La Cámpora impulsa la idea de una posible candidatura a gobernador del diputado.

La semana pasada acompañó a Mayra Mendoza, que asumió como titular del PJ de Quilmes, escenario que utilizó para volver a denunciar lo que considera la “proscripción” de Cristina Kirchner y reforzar su mensaje sobre YPF.

“Por lo que hoy tienen secuestrada y encerrada a Cristina el Poder Económico y la Corte Suprema tiene que ver con esa nacionalización de YPF”, afirmó. También sostuvo que existe una oportunidad de salir adelante si hay “voluntad y la fortaleza para soportar las presiones”.

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En ese discurso, insistió en el rol de los recursos energéticos. “En el país de Vaca Muerta no podemos pagar el litro de nafta como si fuera un país que no tiene petróleo”, planteó. Y agregó que el superávit energético alcanzado en 2025 explicó “más del 60% del resultado total” del intercambio entre exportaciones e importaciones.

Con el proyecto, firmado por 11 diputados de Unión por la Patria, Máximo Kirchner envió una señal interna y externa en el peronismo. La Cámpora busca consolidar la defensa de la soberanía hidrocarburífera como una de sus principales banderas.

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