El director del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA, Agustín Salvia, dialogó con Infobae en Vivo y analizó el dato de pobreza publicado este martes por el Indec, que se redujo al 28,2% en el segundo semestre de 2025.

Salvia mencionó varios factores que explican la disminución de 9,9 puntos porcentuales interanual en ese indicador y de 1,9 puntos porcentuales en el caso de la indigencia, que llegó a 6,3% en dicho período.

Planteó que analizar la caída de la pobreza requiere “algunos matices”, al distinguir entre su contenido y su sustentabilidad en el tiempo. En ese sentido, indicó que existe un componente real vinculado a la evolución de los ingresos frente a la canasta básica alimentaria, que aumentó por debajo del nivel general de precios, lo que permitió “una caída sustantiva de la indigencia”, un dato que consideró “más legítimo” en términos de representación estadística.

En cuanto a la pobreza, Salvia señaló: “Las remuneraciones del sector privado le han ganado a la canasta básica”, dado que mientras los salarios se ajustan por el índice general de precios, la canasta alimentaria lo hace por el valor de los alimentos.

Y agregó un factor de carácter estructural: la caída demográfica. “Los hogares son más chicos, hay menos niños y menos bocas que alimentar dentro de un mismo ingreso”, describió, aclarando que se trata de una tendencia de largo plazo.

Sin embargo, Salvia aseguró que estos avances no siempre se perciben en el bolsillo. Esto se debe, detalló, a un cambio en los precios relativos desde 2024: en el último trimestre, tarifas como transporte, electricidad, agua y comunicaciones aumentaron por encima del índice general de precios.

Al mismo tiempo, describió: “Las clases medias bajas dicen: ‘¿Cómo puede ser que sea menos pobre si no me alcanza y no tengo más plata para consumir?’”.

Según explicó, esto se debe a un cambio en la estructura del gasto de los hogares. “Buena parte del ingreso hoy se destina a pagar tarifas. Son servicios que antes también se tenían, pero ahora se pagan más caros”, señaló. Como consecuencia, el ingreso disponible para otros consumos se reduce.

En ese marco, si bien los alimentos han bajado en términos relativos, otros gastos esenciales limitan la capacidad de consumo. “No podés arreglar tu casa, no podés comprar determinados bienes o servicios que necesitás, no podés invertir más en educación”, enumeró.

Esto genera una percepción contradictoria: “La gente te dice: ‘Estoy más pobre, no menos pobre que antes’”.

Para Salvia, esta situación refleja una tensión de fondo: “Hay una paradoja entre la estadística de la pobreza y la capacidad de consumo”. Mientras el indicador muestra una mejora, no necesariamente capta las restricciones reales que enfrentan los hogares en su vida cotidiana.

Por otra parte, Salvia advirtió que “la medición de la pobreza va perdiendo vigencia, sobre todo en su comparabilidad hacia atrás”, aunque remarcó que “hay una mejora en la situación económico-social de la gente” tanto respecto del año pasado como en relación con el peor momento del último semestre de 2023.

Según explicó, la mejora es “sustantiva”, principalmente por la caída de la inflación, que permitió una recuperación relativa. Sin embargo, al comparar la capacidad de consumo actual con otros períodos, aclaró: “No hemos llegado a niveles como los de 2015, cuando la pobreza se ubicaba en torno al 28%–29%, ni tampoco a los alcanzados en 2018″.

“Estamos llegando a una situación pospandemia. Es decir, estamos mucho mejor, pero estamos tan mal como cuando salimos de la pandemia, en un momento de recuperación”, sostuvo.

En cuanto a la evolución reciente, señaló que el tercer trimestre mostraba niveles de pobreza de “26% o casi 27%”, mientras que en el cuarto trimestre —con un componente estacional— se elevó a “29,5%”. Para el primer trimestre del año, indicó que la tendencia “es como si se hubiese revertido la caída, se hubiese estabilizado y estuviese aumentando”.

Al analizar el fenómeno en perspectiva histórica, Salvia subrayó que “la Argentina nunca ha podido bajar de un 29%–30% de pobreza” en los últimos 20 años. “La pobreza estructural argentina pone un límite porque no hay buenos empleos, porque los empleos están precarizados, porque no se está creando empleo y porque las remuneraciones del sector privado formal no están creciendo significativamente”.

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El proceso de concurso preventivo que atraviesa SanCor, uno de los emblemas de la lechería nacional, sigue arrojando datos que dan cuenta de un momento fatídico para la compañía en términos financieros y operativos. La unión de cooperativas posee una deuda del orden de los u$s120 millones, según quedó establecido por la Justicia, y acumula 2.702 acreedores que demandan pagos. De acuerdo al Juzgado Civil y Comercial de la 4ta. Nominación de Rafaela, en la provincia de Santa Fe, desde que inició el concurso SanCor acumuló una deuda adicional cercana a los $6.349 millones, y los incumplimientos más graves se dan con el mismo estado: la láctea debe a ARCA unos $23.607 millones en capital, y a eso deben añadirse otros $25.235 millones en concepto de intereses y honorarios. La firma en cuestión mantiene en situación de parálisis sus plantas cordobesas en Balnearia y Devoto, además de San Guillermo, ya en Santa Fe.

Según lo informado por fuentes judiciales, las cifras corresponden a una sentencia de verificación de créditos establecida por el juez Marcelo Gelcich, a cargo del Juzgado Civil y Comercial de la 4ta. Nominación de Rafaela.

SanCor acumula una deuda sideral

«En el rubro de los acreedores financieros, se destaca el reconocimiento de deudas con fondos internacionales de inversión. El fondo holandés BAF LATAM Trade Finance Fund B.V. fue admitido como acreedor quirografario por un monto de u$s51.859.126,90, tras entender el juez que la presentación al concurso implicó una renuncia tácita a ejecutar garantías extrajudiciales sobre marcas e inmuebles», indicaron medios rafaelinos.

«… el fondo IIG Structured Trade Finance Fund Ltd. obtuvo el reconocimiento de u$s34.476.796, también como crédito ordinario, debido a que las garantías reales fueron declaradas inoponibles por falta de inscripción de las cesiones de crédito. El fideicomiso estatal FONDEP, en cambio, fue verificado con privilegio especial por una suma superior a los 2.279 millones de pesos, respaldada por una prenda sobre la marca SanCor», añadieron.

Además de resaltar el fuerte endeudamiento que la lechera posee con ARCA, se indicó la Justicia estableció una «morigeración de intereses en las deudas impositivas de doce provincias y diversos municipios».

También se indicó que, en cuanto a las presentaciones de acreedores, casi el 71% de los reclamos -alrededor de 1.063- refiere a acreedores laborales.

En paralelo a estos datos, se informó que la intervención judicial en SanCor se extenderá hasta cuanto menos el 30 de junio de este año. «Esta decisión se fundamentó en la detección de una deuda postconcursal que ascendía a más de 6.349 millones de pesos al 31 de enero de 2026, con un crecimiento mensual estimado en 3.000 millones de pesos», se argumentó.

Al mismo tiempo, el tribunal interviniente estableció que el Consejo de Administración de SanCor debe presentar el balance del ejercicio cerrado en junio de 2025 en un plazo no mayor de 30 días.

«Para garantizar la continuidad de las operaciones, la justicia autorizó la apertura de una cuenta corriente especial en el Nuevo Banco de Santa Fe S.A., la cual posee carácter de inembargable frente a reclamos de acreedores postconcursales», determinó el ámbito judicial.

Se acumulan los pedidos de quiebra de SanCor

Por estos días, SanCor acumula una deuda laboral del orden de los 20.000 millones de pesos. Al mismo tiempo, la firma suma más de 300 pedidos de quiebra en su contra.

Recientemente, José Pablo Gastaldi y Alberto Eduardo Sánchez, dos expresidentes de la lechera, fueron procesados por la presunta apropiación indebida de al menos $1.600 millones que, señala la Justicia, debieron destinarse al pago de los aportes de los operarios de la firma.

La medida en cuestión, establecida por Aurelio Cuello Murúa, juez federal de Rafaela, incluyó un embargo por $90 millones aplicado a ambos exejecutivos. También se rechazó la posibilidad de que Gastaldi y Sánchez obtengan una suspensión del juicio fijado por el mismo Cuello Murúa.

A principios de noviembre de 2025, la directiva de la empresa presentó ante la Justicia un plan de crisis que propone, a modo de aspecto sobresaliente, el recorte de 304 empleos como medida concreta para mejorar el presente financiero de la lechera.

En los últimos dos años SanCor implementó 370 despidos aunque, más allá del tenor de la medida, la láctea no logró reducir su rojo operativo y financiero.

Durante marzo, las empresas del sector agropecuario liquidaron divisas por un total de USD 2.032 millones. Este monto reflejó un aumento del 57% en relación a lo registrado en febrero, cuando el flujo de ingresos resultó sensiblemente menor. Con respecto al mismo mes de 2025, el incremento en la liquidación fue del 8%.

Son datos de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan el 48% de las exportaciones argentinas.

El acumulado anual alcanzó los USD 5.172 millones, aunque, al compararlo con igual periodo de 2025, se observa una caída interanual del 15% en los ingresos generados por la actividad agroexportadora.

“El mes de marzo se caracterizó por un crecimiento de arribo de camiones de maíz y embarques de trigo y maíz sumados a harina y aceite de soja, junto al inicio de la campaña de girasol”, explicaron.

Durante 2026, el sector agropecuario argentino prevé aportar USD 34.530 millones al Mercado Libre de Cambios (MULC), según proyecciones de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). Esta previsión se da en el marco de una cosecha que alcanzaría niveles récord por la mejora en las condiciones climáticas, aunque el monto estimado resulta similar al registrado el año anterior.

Las proyecciones para la campaña 2025/26 anticipan una producción total de 158 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 14% respecto al ciclo previo. Emilce Terré, economista de la BCR, indicó que este ciclo marca una notable recuperación tras varios años afectados por dificultades climáticas.

El incremento responde principalmente a mejores rendimientos y a la recuperación de la producción en varios cultivos estratégicos. Entre los cultivos con mayor aporte se encuentran el trigo, con 29,5 millones de toneladas; el maíz, con 62 millones; y el girasol, con 6,6 millones, el mayor registro en lo que va del siglo.

En el caso de la soja, la producción rondaría los 48 millones de toneladas, una cifra inferior a sus picos históricos debido a una reducción en la superficie sembrada, aunque con un rendimiento superior al alcanzado en la campaña anterior.

El fenómeno expone una particularidad: el crecimiento en la producción de granos y la recuperación transitoria de los precios internacionales no se verían reflejados en un incremento equivalente en la liquidación de divisas, debido a distintos factores.

Entre los elementos que limitan ese crecimiento, uno de los más recientes es el conflicto en Medio Oriente. El aumento de la tensión en la zona del Estrecho de Ormuz, vía por la que se transporta cerca de un tercio del petróleo global, elevó los costos del transporte internacional, lo que atenúa el efecto positivo de la suba productiva sobre los ingresos por exportaciones.

Vale mencionar que un informe de la Sociedad Rural (SRA) señaló que el conflicto en Medio Oriente provocó un aumento considerable de los costos totales de producción agrícola en Argentina, impulsado principalmente por la suba del precio del gasoil y de los fertilizantes nitrogenados.

Estos incrementos generaron un encarecimiento de entre 9,5% y 11% en los costos de producción, dependiendo de la distancia a puerto, afectando especialmente a los establecimientos más alejados. El impacto podría ampliarse si el conflicto se prolonga, trasladando la presión sobre los márgenes agrícolas en la próxima campaña.

Además, la misma entidad insistió en la necesidad de avanzar en la eliminación de los derechos de exportación, luego de que las proyecciones oficiales situaran las exportaciones agropecuarias en hasta USD 42.000 millones para 2026. La entidad sostuvo que el sector responde con inversiones, mayor producción y generación de empleo cuando existen reglas claras y una menor presión tributaria.

Según la SRA, estos resultados reflejan el impacto favorable de la reducción de aranceles para la importación de insumos y bienes de capital, y subrayó que el sector reaccionó de forma inmediata a los incentivos fiscales.