POLITICA
El Gobierno se mostrará focalizado en la gestión para cambiar de página y se abrirán nuevos debates con la Justicia

En una semana que volverá a ser corta como la anterior, esta vez por los feriados del 2 y 3 de abril, el Gobierno intentará mostrar que está compenetrado en la gestión para cambiar de página y tratar de dejar atrás la polémica que envuelve desde hace días a Manuel Adorni.
Luego de haber dado una primera conferencia en la que buscó despejar las dudas sobre su patrimonio y viajes al exterior, aunque sin dar demasiadas explicaciones bajo el argumento de que no quería entorpecer las investigaciones judiciales, el jefe de Gabinete planea retomar los encuentros periódicos con la prensa en Casa Rosada.
La próxima convocatoria está prevista para el miércoles, aunque el funcionario tiene en mente utilizar ese espacio para enumerar cuestiones de la administración y no para seguir hablando de las causas en las que se lo involucra, que su entorno quiere instalar como “algo terminado”.
De todas formas, en el corto plazo su intención es concentrarse en las reformas que va a impulsar el Poder Ejecutivo en esta primera etapa de las sesiones ordinarias a nivel legislativo, y es por eso que este lunes reunirá una vez más a la mesa política.
Con la interna en pausa para resistir los cuestionamientos, Adorni se verá nuevamente con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial, Santiago Caputo; los ministros Luis Caputo (Economía) y Diego Santilli (Interior); la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

“Probablemente establezcamos la agenda con el Congreso de cara a abril y, después, también van a ir apareciendo, seguramente, temas que vayan a poner sobre la mesa cada integrante”, explicó a Infobae uno de los miembros de ese grupo.
Al respeto, precisó que, si bien los proyectos ya fueron anunciados, “la idea es ver en detalle cómo estamos y cómo avanzamos con cada asunto, sobre todo con lo dinámicas que están las cosas”.
Originalmente, la lista de iniciativas que iba a enviar el oficialismo estaba integrada por un paquete de medidas sobre propiedad privada, el nuevo Código Penal y las modificaciones de las leyes de glaciares, de discapacidad y de financiamiento universitario.
Sin embargo, a partir de gestiones de último momento, al temario se agregó el proyecto de “Hojarascas”, que terminó de armar el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Asimismo, tras la llegada de Juan Bautista Mahiques en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona, se decidió suspender la discusión sobre el Código Penal para revisarlo en profundidad y hacer otra redacción.
Según trascendió, uno de los cambios que se analizan tiene que ver con una supuesta reducción de las penas para los funcionarios condenados por delitos de corrupción, que previamente se planteaba endurecer.

Sin embargo, fuentes del Ministerio de Justicia aseguraron a este medio que esas versiones “son mentira” y que “nadie habló de ese tema aún”, porque el texto recién va a comenzar a ser estudiado en los próximos meses.
En lo inmediato, esta cartera está terminando de preparar los proyectos que ya anunció y que fueron pedidos por el presidente Javier Milei, para reemplazar el debate por el Código Penal, como son la creación de nuevos delitos.
Por su parte, el flamante secretario de Justicia -virtual viceministro-, Santiago Viola, tiene en su poder una acordada presentada por la Corte Suprema para modificar el sistema que utiliza el Consejo de la Magistratura a la hora de entrevistar a los candidatos a jueces.
La propuesta del máximo tribunal, a la que accedió Infobae, establece un nuevo “Reglamento de Concursos para la Selección de Magistrados” con el objetivo de “corregir déficits estructurales” y mejorar la “eficacia, transparencia y agilidad del sistema”.
En los fundamentos se argumenta que esta reforma pretende que el acceso de los aspirantes a ese cargo se base en “criterios objetivos de mérito e idoneidad” y en un procedimiento “abierto al control ciudadano e institucional”, y no tanto en cuestiones políticas o coyunturales.
Para ello, el texto establece que la duración total del proceso de selección “no podrá exceder de noventa días hábiles judiciales”, contados a partir de la prueba de oposición, con una prórroga excepcional de treinta días adicionales.
Uno de los ejes centrales de la normativa es la implementación de la “Prueba de Oposición Escrita (POE)”, la cual consta de dos instancias diseñadas bajo “estrictas condiciones de transparencia, anonimato y control”.

En cuanto a la valoración de los candidatos, el reglamento establece un sistema de calificación de antecedentes con un “máximo de cien puntos”, donde se pondera la formación académica, los antecedentes profesionales y los académicos, incluyendo publicaciones y docencia.
De acuerdo con un cuadro comparativo que, aunque no es oficial, circula en los pasillos de los tribunales, el nuevo sistema invierte la lógica operativa actual al establecer que “la regla son los concursos anticipados” en lugar de los especiales.
Según el documento, esta modificación busca que el proceso “no corra detrás de las vacantes, sino que anticipe el hecho”, con el objetivo primordial de “evitar los largos tiempos de vacancia en los tribunales”.
El objetivo declarado de esta nueva modalidad es alcanzar una “mayor amplitud y objetividad” en la ponderación de las aptitudes jurídicas y prácticas de los concursantes, asegurando que el proceso de evaluación sea más integral.
Finalmente, se destaca la limitación de la “discrecionalidad política” en la etapa de la entrevista personal: a diferencia del régimen actual, donde la Comisión de Selección posee facultades discrecionales que “muchas veces modifican los resultados derivados de antecedentes y exámenes”, el nuevo reglamento “limita la capacidad de convocatoria de la Comisión”.

Ahora, es el plenario del Consejo de la Magistratura el que tiene en su poder la acordada y debe decidir si la analiza, y eventualmente la somete a votación, o si prefiere no tratarla. Los miembros de la Corte Suprema le entregaron un borrador de la propuesta a Viola, que es el representante del Poder Ejecutivo ante ese cuerpo, durante el encuentro de la semana pasada, del que también participó Mahiques.
El secretario de Justicia considera que la iniciativa tiene muchos puntos interesantes y positivos, aunque hay varios expedientes abiertos para modificar el reglamento interno del Consejo que todavía no prosperaron.
Hasta el momento, el funcionario no se sentó a estudiar en profundidad el texto y también espera una opinión del resto de los integrantes del organismo, compuesto por referentes del Congreso y del mundo judicial y académico, tanto del oficialismo como de la oposición.
Su titular es Horacio Rosatti, por ser el presidente de la Corte Suprema, mientras que por el Poder Judicial participan Diego Barroetaveña, Alberto Lugones, Alejandra Provítola y Agustina Díaz Cordero.
Por el Poder Legislativo están los senadores Eduardo Vischi, Mariano Recalde, María Inés Pilatti Vergara y Anabel Fernández Sagasti, y los diputados Álvaro González, Vanesa Siley, Rodolfo Tailhade y Gonzalo Roca.
Por los abogados con matrícula federal, Jimena de la Torre, Fernanda Vázquez, César Grau y Alberto Maques, y por el ámbito académico y científico, Guillermo Tamarit y Hugo Galderisi.
Si bien provienen de diferentes sectores, Viola cree que la composición actual del cuerpo permite un buen diálogo y llegar a concensos, aunque todavía no se empezó a discutir esta acordada.
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POLITICA
Villarruel activa un sistema de pasantías de 20 horas semanales y ofrece más que una jubilación mínima

En medio de las advertencias al Gobierno sobre los niveles de desempleo, la titular del Senado, Victoria Villarruel, activó un sistema de pasantías para estudiantes mayores de 18 años con pagos por encima de lo que sería hoy un haber previsional mínimo. La Vicepresidenta, cada vez más alejada de la administración central a la que aún pertenece -al menos, en los papeles-, además extendió dos retiros para empleados: el reciente de plata en mano y el clásico previo a la jubilación, que bajo la excusa de liberación de cupos se esconde, muchas veces, la frenética ubicación de propios para copar espacios de poder y blindar cierto control en la Cámara alta, que es lo único a lo que puede aspirar en la actualidad la funcionaria en cuestión y su ínfima mesa política, que la “ayuda” casi en nada.
Para avanzar con este asunto, Villarruel se apoyó en una ley y reglamentaciones de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. ¿Qué se exige? En primer lugar, ser “alumno regular de la institución secundaria técnica, terciaria o universitaria seleccionada” por el Senado, así como la mayoría de edad (18) y contar con antecedentes académicos como “promedio mínimo de 7 durante los 12 meses anteriores a la pasantía”; haber aprobado “el equivalente a 10 materias en su carrera terciaria o universitaria”, o “cursar el último año del secundario técnico”; y un certificado médico por autoridades sanitarias oficiales que permitan realizar las eventuales tareas.
“Los pasantes percibirán una asignación estímulo mensual para viajes, gastos y erogaciones derivadas del ejercicio. El monto al que ascenderá dicho estímulo, por todo concepto, será el equivalente a 200 módulos”. El valor de cada uno se encuentra hoy en $2.554. Por ende, $510.800. La cantidad de horas que se demanda es de 20 por semana, y la relación –no laboral, pero sí correrá la antigüedad, por caso- se “extenderá durante un mínimo de dos meses y un máximo de 11”. Se permite una renovación, “por única vez”, de medio año.
Por otra parte, la “Dirección General de Recursos Humanos designará” a “tutores, de acuerdo a las áreas que se encuentren implicadas en el proyecto integral de pasantía”. En ese sentido, el decreto presidencial firmado por Villarruel impone que cada uno de éstos “podrá tener asignado hasta cinco pasantes” y que la “labor será retribuida con el equivalente a 10 horas cátedra, por todo concepto”.
Días atrás, este medio contó que la mencionada dirección, que comanda Alejandra Figini -responde sin chistar a la vice-, fomentó un curso sobre “herramientas de coaching” ontológico “para el entorno laboral”. La tarea fue realizada por una planta permanente que trabaja hace largos años en despachos de extracción radical. Entre los “objetivos específicos” se hallaba el de “adquirir conocimiento sobre las tres dimensiones del ser humano”: cuerpo, lenguaje y emociones.
Retiros por doquier
Según consta en la web de la Cámara alta -pese a olvidos selectivos de decretos, continúa muy arriba de Diputados a la hora de comparar la transparencia en información-, Villarruel aprovechó el 19 de marzo último para sostener dos medidas.
Una de ellas reanuda “a partir del 9 de marzo y hasta el 29 de mayo de 2026, inclusive, el plazo para la presentación de la solicitud de adhesión al Régimen de Retiro Anticipado Previo a la Jubilación”. Este tema ya fue comentado en el pasado y permite limpiar decenas de cupos por todos lados. Varias gestiones lo han llevado a cabo. No es nuevo.
Sí fue llamativa la prórroga, hasta el 30 de abril, del que implica plata en mano -sólo para planta permanente-, debido a quesignificaría un gasto adicional para un presupuesto en el Senado sobre el que advirtió la propia Villarruel, en diciembre, último a este medio y un centenario matutino impreso. Las cosas parecen haber cambiado y hasta se actualizaron los viáticos de legisladores y autoridades que viajen al exterior, ya sea en euros o dólares, según la zona. Curioso.
Senado
POLITICA
Aumento salarial para los empleados públicos: de cuánto será y cuándo pagarán una nueva suma fija

El Gobierno oficializó esta madrguada un nuevo aumento salarial para los empleados públicos. Este entendimiento, formalizado mediante el Decreto 206/2026, tiene carácter retroactivo y abarca a agentes permanentes y no permanentes de la administración pública nacional. El pacto fue oficializado con la homologación de las Actas Acuerdo firmadas el 6 de marzo de 2026.
De acuerdo con lo dispuesto, el nuevo esquema de remuneraciones máximas para quienes prestan servicios extraordinarios —salvo los requeridos por terceros— fija topes que irán desde $791.210 en enero hasta $851.392 en mayo de 2026. Para el cálculo de estas sumas no se tendrán en cuenta compensaciones transitorias, adicionales por zona, premios por asistencia ni otros conceptos fijos no bonificables, tal como se detalló en la normativa oficial.
A partir de enero, los aumentos serán del 2,50 % a partir de enero de 2026; del 2,20 % desde febrero; del 2 % en marzo; del 1,70 % en abril; y del 1,50 % en mayo, siempre calculados sobre la base de las retribuciones mensuales normales, habituales, regulares y permanentes vigentes al último día del mes anterior.
A su vez, también se extenderán aumentos anteriores —homologados por varios decretos entre 2024 y 2026— al suplemento previsto para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), según lo dispuesto en el artículo 84 del convenio sectorial.
Las escalas retributivas de los diferentes escalafones y entidades comprendidas serán actualizadas conforme a los nuevos valores, incluyendo compensaciones por viáticos, servicios en la Antártida, reintegros de comida y movilidad, y gastos de guardería.
En cuanto al régimen de licencias, la normativa introduce modificaciones en los incisos b), c) y d) del artículo 3° del régimen sustituido por la Cláusula Primera del Acta Acuerdo del 29 de septiembre de 2020. Estas modificaciones alcanzan a licencias para rendir exámenes, por enfermedad, tratamientos médicos y acompañamiento terapéutico de familiares a cargo. Se estableció que las sumas fijas remunerativas no bonificables otorgadas por el Decreto N° 56/20 mantendrán sus montos hasta el 31 de mayo de 2026.
Por otra parte, se acordó la entrega de una suma fija excepcional y no bonificable de $40.000, a liquidarse en mayo de 2026, para todos los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo General. Esta medida será de percepción única por persona y busca cubrir el diferencial inflacionario acumulado en el período.
Aumentos para residentes nacionales
La normativa también fija los montos para los profesionales residentes nacionales en los establecimientos dependientes del Ministerio de Salud y el Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. “Profesor Dr. Juan P. Garrahan”. A modo de ejemplo, la remuneración de un jefe de residentes será de $1.473.717 en enero y alcanzará $1.585.814 en mayo, mientras que los residentes de primer año percibirán $1.117.549 en enero y $1.202.555 en mayo.

Además, se actualizan las asignaciones de becas para residentes, que irán desde $470.883 para jefes en enero hasta $506.700 en mayo de 2026, y desde $353.803 a $380.715 para residentes de primer año en igual período.
Otras actualizaciones de salarios
El Gobierno también hizo efectiva la suba para cargos docentes y administrativos de escuelas y organismos estatales. La medida se oficializó mediante el decreto 208/2026 e impacta directamente en la Escuela Nacional de Bibliotecarios de la Biblioteca Nacional, el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER) y otras dependencias.
La medida también alcanza a quienes cumplen funciones en organismos como el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), la Curia Castrense y el Tribunal Fiscal de la Nación, así como a quienes prestan servicios en la Antártida. De este modo, el nuevo esquema salarial pretende garantizar la actualización uniforme de los ingresos en todos los estamentos del Estado, en cumplimiento de los acuerdos paritarios y los dictámenes técnicos y jurídicos requeridos.
El decreto modifica la retribución mensual de los cargos de Rector, Regente y Ayudante de Trabajos Prácticos de la Escuela Nacional de Bibliotecarios.
Para el personal del ISER, dependiente del ENACOM, la retribución mensual del cargo de Bedel se fija en $111.212 a partir del 1° de abril de 2026 y en $112.880 desde el 1° de mayo de 2026. El ajuste se establece en el artículo 2° y responde a la política de actualización periódica de los haberes estatales.
El valor de la hora cátedra para personal docente retribuido por este sistema en la administración central se fija en $8.143 desde el 1° de abril de 2026 y en $8.266 a partir del 1° de mayo de 2026. Esta actualización no comprende al personal docente civil bajo la Ley N° 17.409 ni a quienes están dentro del convenio marco del artículo 10 de la Ley N° 26.075. La nueva escala reemplaza la establecida por el Decreto N° 1536/08 y sus modificatorios.
En materia de viáticos, el decreto sustituye la tabla correspondiente al Decreto N° 686/08 por una versión actualizada (Anexo III, IF-2026-26826385-APN-SSDYMEP#MDYTE), que será de aplicación para el personal del Servicio Exterior de la Nación y cargos extraescalafonarios. Los valores y fechas específicas están consignados en el anexo respectivo.
El valor del adicional remuneratorio por servicios en la Antártida se establece en $1.448.923 a partir del 1° de abril de 2026 y en $1.470.657 desde el 1° de mayo de 2026, conforme lo previsto en la Ley N° 23.547. Este ajuste alcanza al personal militar contemplado en el Decreto N° 690/11 y sus modificatorios.
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POLITICA
Murió María del Carmen Roqueta, la ex jueza que dio por probado el plan sistemático de robo de bebés en la dictadura

El mundo de los derechos humanos despidió a una de sus figuras más relevantes: la ex jueza María del Carmen Roqueta. Su trayectoria marcó un antes y un después en la búsqueda de justicia para las víctimas de la última dictadura militar, especialmente en los casos vinculados al Plan de apropiación de menores.
La noticia de su fallecimiento generó expresiones de pesar desde diferentes organismos, entre ellos Abuelas de Plaza de Mayo, quienes destacaron su compromiso y agradecieron por el rol de Roqueta en su lucha.
La ex magistrada tuvo a su cargo procesos que permitieron esclarecer y condenar crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1983. Su presencia como presidenta del Tribunal Oral Federal N°6 de la Ciudad de Buenos Aires fue determinante para poner fin a décadas de impunidad y reconocer oficialmente la existencia de un plan sistemático de secuestro, retención y ocultamiento de niños y niñas.
El 6 de julio de 2012, en una audiencia histórica, la magistrada comunicó la condena a nueve militares por estos delitos, entre ellos el dictador Jorge Rafael Videla, sentenciado a 50 años de prisión.
Así, bajo la presidencia de Roqueta en el Tribunal Oral Federal N°6, la Justicia dio por probada la “práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de menores de edad en el marco de un plan general de aniquilación que desplegó sobre parte de la población civil, con el argumento de combatir la subversión implementando métodos del terrorismo de Estado durante los años 1976 a 1983 de la última dictadura militar”. Así lo declaró la jueza al comunicar la sentencia en 2012.
Este fallo estableció un precedente fundamental al reconocer por primera vez en sede judicial la existencia de este sistema de apropiación, una de las demandas históricas de las Abuelas de Plaza de Mayo.

El impacto de esta resolución fue inmediato: sentó las bases para otros procesos judiciales y contribuyó a la identificación y restitución de la identidad de decenas de nietos y nietas apropiados durante el terrorismo de Estado.
Durante su gestión en el Tribunal Oral Federal N°6, Roqueta también presidió otras causas vinculadas a la apropiación de bebés, como las conocidas bajo los nombres de Fontana-Sandoval, Madariaga-Quintela y Médicos de Campo de Mayo.
En todos esos procesos, la actuación de Roqueta fue valorada por su rigor y su respeto por los testimonios de las víctimas. Abuelas de Plaza de Mayo destacó especialmente su “trayectoria amplia y comprometida con los derechos humanos”, y subrayó que su tarea judicial resultó esencial para esclarecer el destino de los menores desaparecidos y restituir su identidad.
De hecho, en 2019, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la distinguió como Personalidad Destacada en el ámbito de los Derechos Humanos. El acto se realizó el 10 de junio en el Salón San Martín, con la presencia de familiares, colegas y referentes de organismos de derechos humanos. La propuesta fue impulsada por la diputada Victoria Montenegro.
Roqueta también se desempeñó como docente universitaria, donde formó a nuevas generaciones en temas vinculados a la justicia y los derechos humanos.
La despedida de sus restos se realizó durante la noche del domingo en Casa América, ubicada en Acevedo 1120, entre las 20 y la 1.
En sus últimas apariciones públicas, Roqueta participó el 31 de mayo de 2025 en un acto por el décimo aniversario del Museo Sitio de Memoria ESMA, reafirmando su vínculo con los espacios de memoria. Además, en junio de 2025, compartió reflexiones sobre los juicios del Plan Cóndor en un Encuentro Regional de Derechos Humanos, aportando su experiencia a debates académicos y sociales.
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