El sector energético argentino se encuentra en un proceso de ajustes tarifarios que impactan directamente en millones de usuarios. De esta manera, mediante las Resoluciones 371/2026 y 372/2026, publicadas hoy en el Boletín Oficial, el Gobierno oficializó los nuevos cuadros tarifarios para METROGAS S.A. y Naturgy Ban, las principales distribuidoras de gas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La resolución establece que los valores actualizados empezarán a regir desde el 1° de abril. Este cambio no solo redefine el precio del gas en las facturas domiciliarias y comerciales, sino que también introduce mecanismos de bonificaciones focalizadas y criterios de facturación que buscan equilibrar el acceso energético con la sostenibilidad del sistema.

De igual forma, es dificil de calcular el impacto que tendrá esta suba en las boletas de los usuarios, puesto que debe tenerse en cuenta el consumo que se realiza y el nivel de ingresos del grupo familiar.

Por ejemplo, la resolución establece que para usuarios residenciales sin subsidios, el valor del cargo fijo mensual en la categoría más baja (R1) es de $3.824 en Ciudad de Buenos Aires y de $4.416 en el conurbano. En los niveles de mayor consumo (R4), los cargos fijos mensuales superan los $91.000 en Ciudad de Buenos Aires.

La modificación de tarifas llega tras una serie de decretos y resoluciones que han declarado la emergencia del sector y definido nuevas reglas para la actualización de precios, la protección de usuarios vulnerables y el aseguramiento del abastecimiento nacional. La medida responde a la necesidad de adecuar la estructura tarifaria al contexto económico, a la evolución del tipo de cambio y a los acuerdos de abastecimiento firmados en el marco del “Plan Gas.Ar”.

La aprobación de los nuevos cuadros tarifarios implica que las licenciatarias deberán adaptar su facturación al Precio Anual Uniforme (PAU). De acuerdo con lo dispuesto, la factura reflejará el precio base anual, sobre el cual se aplicarán las bonificaciones correspondientes para los usuarios que integran el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Esta estructura tiene como objetivo garantizar que los hogares en situación de vulnerabilidad accedan a un consumo energético indispensable.

El Precio Anual Uniforme (PAU) fue definido por la Secretaría de Energía como el valor de referencia para trasladar a los usuarios finales en función de los contratos de abastecimiento vigentes, en el marco del “Plan Gas.Ar”. El PAU será la base sobre la que se aplicarán las bonificaciones del SEF, diferenciándose del precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) cuando corresponda, y excluyendo componentes que no sean parte del programa nacional.

La actualización tarifaria contempla también la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT), aprobada para el período 2025-2030, que prevé incrementos mensuales y consecutivos, así como la aplicación de índices específicos definidos por la autoridad regulatoria. Los cuadros tarifarios incorporan el PAU expresado en pesos por metro cúbico para cada subzona, facilitando la transparencia y el control por parte de los usuarios.

Esta suba implica un nuevo golpe a los bolsillos de los usuarios, puesto que ya en marzo se había registrado un actualización en los valores de los servicios.

En el caso de la energía eléctrica, un usuario de ingresos medios (Nivel 1) enfrentó una factura promedio de $49.462 mensuales (3,2% más que en febrero). Por su parte, el servicio de gas natural por red se ubicó en los $28.025 por mes para el mismo perfil de consumo (14% de suba mensual).

En cuanto al servicio de agua potable, que en el AMBA es prestado por la empresa AySA, la factura media para un hogar sin subsidios alcanzó los $35.045 en marzo (12,6% de incremento). “En el mes de marzo un hogar promedio del AMBA, sin subsidios, gasta $213.557 en la canasta de servicios públicos”, detalla el documento del IIEP, evidenciando que la suma de los servicios energéticos y el agua totaliza $112.531, superando incluso el ya elevado costo del transporte.

Tal como sucede desde hace casi dos años, el Gobierno nacional confirmó el pago del bono extraordinario previsional de hasta $70.000 para jubilados y pensionados, cuyos haberes se encuentren en los rangos establecidos por la nueva normativa.

Esta medida, publicada en el Boletín Oficial por medio del Decreto 213/2026, se hará efectiva durante abril de 2026. Según alegaron, este plus busca compensar el deterioro del poder adquisitivo causado por la inflación y los retrasos en la actualización de los haberes, en un contexto de continua revisión de la política previsional argentina.

Como es habitual, el decreto establece que el bono será liquidado por titular y alcanzará a diversos grupos, incluyendo jubilados del régimen general, beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y titulares de pensiones no contributivas, entre otros.

El otorgamiento de este bono se fundamenta en la persistencia de una brecha entre el valor real de las prestaciones y el costo de vida. Según los considerandos de la norma, el cambio en la fórmula de movilidad jubilatoria implementado desde julio de 2024 —que ajusta los haberes según el Índice de Precios al Consumidor— no logró revertir completamente los efectos adversos acumulados por la anterior legislación.

De esta manera, dispusieron que el bono sea aboado a titulares de prestaciones contributivas a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), incluidas las jubilaciones y pensiones bajo la Ley N° 24.241, regímenes nacionales anteriores, regímenes especiales derogados y ex-cajas transferidas a la Nación. Además, alcanzará a quienes perciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor y a los beneficiarios de pensiones no contributivas por vejez, invalidez o por ser madres de siete hijos o más.

Para quienes perciben un monto igual o inferior al haber mínimo previsional garantizado, el bono será abonado en su totalidad. En el caso de quienes superen ese umbral, el monto a percibir será el necesario para alcanzar la suma resultante de adicionar el bono al haber mínimo, sin sobrepasar los $70.000 establecidos como tope.

Se trata de una extra que tiene carácter no remunerativo y estará exento de descuentos o deducciones. No será computable para otros conceptos ni influirá en el cálculo de futuras actualizaciones de haberes. La ANSES será responsable de dictar las normas aclaratorias necesarias para la administración, otorgamiento, pago, supervisión y eventual recupero de percepciones indebidas.

La medida contempla también las adecuaciones presupuestarias a cargo de la Jefatura de Gabinete de Ministros para garantizar la disponibilidad de recursos financieros destinados al pago del bono.

En marzo, el dato de la inflación fue del 2,9%, por lo que el haber mínimo jubilatorio se ubicará en $380.286,25. Este valor representa el ingreso básico legal sin computar adicionales extraordinarios. Con el pago del bono, el ingreso total para quienes perciben la mínima alcanzará los $450.286,25.

Para los beneficiarios de la PUAM, que equivale al 80% de un haber mínimo, el monto a cobrar en abril será de $304.243,19. Al sumar el bono, la cifra final en el cronograma de pagos ascenderá a $378.314,27.

Por su parte, las Pensiones No Contributivas por Invalidez y por Vejez quedarán establecidas en $266.170,81. Con el refuerzo económico incluido, los titulares de estas pensiones verán depositados en sus cuentas un total de $340.289,48. En tanto, la pensión para madres de siete hijos o más, que es igual a una jubilación mínima, se fijará en $380.312,63 (o $454.359 si se integra el bono).

La ANSES tendrá a su cargo la implementación integral del bono, incluyendo la administración de los pagos, la supervisión del cumplimiento de los requisitos y el recupero de eventuales percepciones indebidas. El decreto faculta al organismo a dictar las normas aclaratorias y complementarias que resulten necesarias.

El consumo de carne vacuna en Argentina tocó en 2025 su nivel más bajo en dos décadas. Sin embargo, el precio continúa al alza y todavía no encontró un piso, según advierten en el sector. La combinación de menor oferta, precios internacionales firmes y una mayor presión exportadora impide que una menor demanda se traduzca en una baja en el precio en las carnicerías.

Durante los primeros meses de 2026, el mercado atravesó un punto de inflexión. Mientras el consumo interno retrocede, el precio de la hacienda y de los principales cortes alcanzó máximos históricos en términos reales. En febrero, el valor promedio al consumidor llegó a $15.895 por kilo, el registro más alto de los últimos veinte años ajustado por inflación, según un informe de Fundación Mediterránea.

La suba no responde a un mayor consumo, sino a una oferta cada vez más limitada. En el mercado de Cañuelas, el novillito promedió $4.745 por kilo vivo, también en niveles récord, reflejando una escasez relativa tanto en el mercado local como en el internacional.

El aumento del precio se da en paralelo con una caída sostenida del consumo. De acuerdo con la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra), el consumo per cápita fue equivalente a 47,3 kilos por habitante por año en los últimos 12 meses, el registro más bajo desde 2005. La cifra implica casi 15 kilos menos por persona que hace dos décadas, cuando el consumo superaba los 62 kilos anuales.

El analista ganadero Víctor Tonelli explicó a Infobae que el descenso no se explica solo por el poder adquisitivo, sino también por una fuerte reducción de la oferta. Según sus estimaciones, la disponibilidad de carne cayó cerca de 10% en los últimos seis meses, mientras que las exportaciones se mantuvieron en niveles similares a los de un año atrás. Como resultado, el volumen destinado al mercado interno se redujo con fuerza y el consumo aparente —es decir, la carne que queda en el país después de restar las exportaciones a la producción total— podría ubicarse entre 44 y 45 kilos por habitante hacia marzo.

En paralelo, Tonelli destacó que el consumo de otras proteínas sigue creciendo. El pollo ya ronda los 50 kilos por persona por año y el cerdo se acerca a los 18 kilos, lo que mantiene el consumo total de carnes en uno de los niveles más altos del mundo.

Por qué el precio no baja

En el sector descartan, al menos por ahora, una baja sostenida en el precio de la carne. Miguel Schiariti, presidente de Ciccra, señaló que cualquier cambio dependerá del comportamiento de la oferta en el mercado de Cañuelas en las próximas semanas. Según explicó, las lluvias e inundaciones generadas este fin de semana en la zona centro del país podrían reducir el ingreso de hacienda y evitar una baja en el mostrador.

“La tormenta hace muy probable que la oferta se achique y entonces no habrá modificación de precios. Mi pronóstico para esta semana era una caída de hasta $1.000 en el mostrador, pero habrá que ver cómo afectan las inundaciones”, sostuvo.

Detrás de esa presión aparecen factores estructurales del ciclo ganadero. La sequía que afectó al país entre 2022 y 2023 obligó a muchos productores a vender animales de manera anticipada y redujo el stock de madres. Eso derivó en una menor cantidad de terneros y, en consecuencia, en menos hacienda disponible para faena en la actualidad.

En febrero se enviaron a frigoríficos 924.333 vacunos, una caída del 10,7% respecto al mismo mes del año pasado, según datos de la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario. Tal como explicaron a este medio, menos animales en el mercado implica menos carne disponible tanto para el consumo interno como para la exportación, lo que mantiene los precios en niveles elevados incluso con una demanda debilitada.

El mercado internacional también empuja los precios

La dinámica local se combina además con un contexto internacional que sigue sosteniendo el valor de la carne vacuna. Mientras otros alimentos retrocedieron desde los picos de 2022, los precios internacionales de la carne se mantuvieron firmes, impulsados por la demanda global.

Esto se refleja directamente en los valores que reciben los frigoríficos argentinos por exportar. El precio de referencia de la Cuota Hilton superó los USD 22.000 por tonelada en algunos cortes, con subas de más del 30% en la comparación interanual.

China sigue siendo el principal destino de la carne argentina y explica buena parte del volumen exportado. A eso se suma el acuerdo comercial ya firmado con Estados Unidos, que amplía el cupo de exportación y refuerza la presión sobre la oferta disponible para el mercado interno, en un contexto en el que los frigoríficos pueden vender al exterior a valores en dólares y, en muchos casos, por encima de los precios locales.

En paralelo, la semana pasada la Aduana de China suspendió las exportaciones del frigorífico ArreBeef luego de detectar cloranfenicol —un antibiótico prohibido para el consumo humano— en un embarque de 22 toneladas de carne vacuna proveniente de su planta en Pérez Millán, provincia de Buenos Aires. En la industria sostienen que podría tratarse de un falso positivo, como ocurrió en un caso similar en 2015, y remarcan que ese antibiótico no se comercializa en la Argentina.