POLITICA
El Consejo de la Magistratura cuenta con 15 propuestas para reformar cómo se eligen los jueces
El Consejo de la Magistratura tiene abierto un debate de fondo sobre cómo se seleccionan los magistrados. En el organismo ya hay 15 proyectos en discusión para modificar el reglamento de concursos, que regula desde la forma en que se toman los exámenes hasta el modo en que se califican los antecedentes de los postulantes y se integran las ternas que luego se envían al Poder Ejecutivo.
Las iniciativas fueron presentadas por consejeros de distintos estamentos -jueces, abogados, académicos y representantes políticos- y parten de un diagnóstico en general compartido: los concursos son largos, complejos y dejan márgenes de discrecionalidad en algunas etapas del proceso, en particular en la entrevista personal y en la evaluación de antecedentes.
El debate sumará hoy un nuevo actor. Los tres ministros de la Corte Suprema –Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti– presentarán esta tarde su propia propuesta de reforma del sistema de selección judicial, que se sumará a las iniciativas que ya se analizan dentro del Consejo.
Uno de los ejes de discusión es cómo se integran los jurados que toman los exámenes.
Actualmente se conforman mediante un sorteo de docentes de universidades nacionales públicas: dos especialistas en la materia del cargo concursado (uno de ellos debe ser además juez), un profesor de derecho constitucional y una docente mujer de áreas generales de la formación jurídica.
El consejero César Grau (que representa a la abogacía) propuso ampliar ese jurado de cuatro a cinco integrantes para incorporar abogados de la matrícula federal con al menos quince años de ejercicio profesional, con el objetivo de sumar perfiles provenientes del ejercicio de la abogacía y no solo del ámbito académico.
La consejera Alejandra Provítola (que representa a los jueces) en cambio, propuso reducir el jurado a tres miembros e incluir docentes de universidades privadas. Su iniciativa también introduce cambios en la evaluación de antecedentes: plantea eliminar la llamada “pauta correctiva”, que hoy permite ajustar puntajes según el promedio general del concurso, y ampliar la valoración de publicaciones y trayectoria docente.
Una reforma más profunda fue presentada por la consejera Fernanda Vázquez (en representación de la abogacía), junto con Diego Molea y Carina Tolosa, que propone reemplazar el jurado tradicional por tribunales evaluadores integrados por un profesor universitario, un juez con más de quince años de trayectoria y un abogado con extensa práctica profesional.
Ese mismo proyecto introduce uno de los cambios estructurales más ambiciosos: crear listas anticipadas de postulantes evaluados por materia, que se formarían mediante convocatorias anuales del Consejo. Cuando aparezca una vacante, se convocaría a los mejores posicionados de esa lista para competir por el cargo específico. La intención es acortar los tiempos de los concursos, que hoy pueden extenderse durante años.
Otra discusión central gira en torno a la entrevista personal, una instancia históricamente polémica porque puede alterar el orden de mérito de los candidatos.
En el sistema vigente, la entrevista no tiene un puntaje fijo -como sí ocurre con la prueba de oposición o la evaluación de antecedentes-, pero su resultado forma parte del orden final y puede justificar que la Comisión de Selección se aparte del ranking previo.
Algunas propuestas buscan acotar esa discrecionalidad y otras, en cambio, institucionalizarla con reglas claras.
Provítola propone asignar hasta diez puntos adicionales en la entrevista, evaluando aspectos como la ética judicial, las habilidades personales y la concepción del candidato sobre la función judicial.
La consejera Jimena de la Torre (en representación de la abogacía) propone un sistema distinto: una escala de hasta 100 puntos para la entrevista, con una ponderación que represente el 20% del total del concurso. Una idea similar aparece en el proyecto impulsado por Vázquez.
En cambio, Agustina Díaz Cordero (vicepresidenta del Consejo de la Magistratura) y Diego Barroetaveña (en representación del Poder Judicial) plantean limitar su impacto: proponen que el puntaje de la entrevista no supere el 5% de la calificación de la prueba de oposición y que los postulantes deban presentar un plan de trabajo para el cargo al que aspiran.
Varios proyectos apuntan también a acelerar los procesos de selección.
La iniciativa de Vázquez, Molea y Tolosa propone dividir el sistema en dos etapas: una evaluación general anticipada para integrar una lista de aspirantes y una segunda evaluación cuando exista una vacante concreta. Además fija un plazo máximo de 60 días hábiles desde la vacante hasta la conformación de la terna.
En paralelo, la consejera Vanesa Siley (por la Cámara de Diputados) presentó un proyecto para ordenar qué ocurre cuando un candidato es designado juez mientras participa en otros concursos, estableciendo criterios para determinar si corresponde su desvinculación de los procesos en curso.
Otra iniciativa, impulsada por el consejero Alberto Lugones (por el Poder Judicial), propone incorporar causales de excusación y recusación para los consejeros evaluadores cuando intervienen en la calificación de antecedentes o en la resolución de impugnaciones, con el objetivo de reforzar la imparcialidad del proceso.
El paquete de reformas también incluye propuestas vinculadas con paridad de género y perspectiva de vulnerabilidad. Entre ellas se plantea realizar un segundo llamado exclusivo para mujeres si no alcanzan un tercio de los inscriptos, garantizar presencia femenina en las ternas y valorar capacitaciones vinculadas con derechos humanos, discapacidad, niñez y medio ambiente.
Otra línea de cambios apunta a modernizar el sistema con herramientas tecnológicas.
Algunos proyectos proponen crear bancos públicos de casos para los exámenes, digitalizar los mecanismos de anonimato de las pruebas y desarrollar sistemas informáticos que automaticen parte de la evaluación de antecedentes.
La consejera De la Torre, incluso, plantea utilizar inteligencia artificial para transformar sentencias judiciales en casos prácticos que puedan utilizarse en los exámenes de oposición, con el objetivo de ampliar el repertorio de pruebas y reforzar la transparencia del proceso.
El proceso actual de selección judicial tiene tres etapas principales: una prueba de oposición escrita, donde los postulantes deben resolver casos prácticos y proyectar una sentencia; una evaluación de antecedentes, que pondera la trayectoria profesional y académica; y una entrevista personal ante la Comisión de Selección.
Luego se suman otras instancias, como el examen psicológico y psicotécnico y la audiencia pública ante el plenario del Consejo, que finalmente define la terna de candidatos que se envía al Poder Ejecutivo para la designación.
Sobre ese esquema se concentran ahora las 15 propuestas que discute el organismo.
El debate volverá hoy al centro de la escena con la propuesta que presentará la Corte Suprema, que busca incidir en una discusión clave para el funcionamiento del sistema judicial.
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POLITICA
El Gobierno declaró persona no grata al encargado de negocios de la Embajada de Irán y lo instó a abandonar el país en 48 horas
Cancillería declaró persona no grata al encargado de negocios de la Embajada de Irán y lo instó a abandonar el país en un plazo de 48 horas. La Casa Rosada elevó la tensión con Teherán y le exigió a Mohsen Soltani Tehrani que deje la Argentina.
“La decisión fue adoptada en respuesta al comunicado iraní que contiene acusaciones falsas e improcedentes contra la República Argentina”, afirmaron desde el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Las credenciales del diplomático habían sido aceptadas en diciembre de 2021, durante la presidencia de Alberto Fernández.
El comunicado fue publicado por el canciller Pablo Quirno y reuiteado por el presidente Javier Milei. Destacó que “la República Argentina ha declarado persona non grata al Sr. Mohsen Soltani Tehrani, Consejero y Encargado de Negocios ad interim de la República Islámica de Irán y debe abandonar el territorio nacional en un plazo de 48 horas”.
La decisión de la cartera que conduce Pablo Quirno llegó como respuesta a un comunicado difundido este miércoles por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán, que contenía “acusaciones falsas, ofensivas e improcedentes contra la República Argentina y sus más altas autoridades”.
El conflicto con el régimen iraní, de por sí tenso, escaló aún más luego de que la Argentina declarara esta semana como organización terrorista a la Guardia Revolucionaria Islámica. Se trata del poderoso cuerpo militar que responde directamente al líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, que hoy controla gran parte de los hilos del país.
“Esta medida no solo perjudica seriamente las relaciones bilaterales entre Argentina e Irán, sino que también establece un precedente peligroso en las relaciones internacionales y genera responsabilidad internacional para el gobierno argentino”, sentenció el régimen islámico en un comunicado difundido a través de su embajada en Uruguay.
Allí, el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní condenó la “acción ilegal” e “inapropiada” del Gobierno libertario, “que parece haberse tomado bajo la influencia del régimen ocupante y genocida sionista y de Estados Unidos.
En ese sentido, el régimen sostuvo que la declaración argentina es un “error estratégico y un insulto injustificable al pueblo iraní“, y advirtió que el presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno “se convirtieron en cómplices de los crímenes cometidos y quedaron del lado equivocado de la historia” al alinearse con Estados Unidos e Israel en el conflicto en Medio Oriente.
Como respuesta, la Cancillería que comanda Quirno aseguró que “dichas manifestaciones constituyen una inaceptable injerencia en los asuntos internos del país y una tergiversación deliberada de decisiones adoptadas conforme al derecho internacional y al ordenamiento juridico nacional”.
Para el Gobierno, ese agraviante se suma a la “persistente negativa” de Irán de cooperar con la Justicia argentina en la investigación del atentado contra la AMIA, junto con su “reiterado incumplimiento” de las órdenes internacionales de detención y extradición de los responsables.
Además, el comunicado argentino destacó como “particularmente grave” la designación en cargos de alta responsabilidad del Cuerpo de Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de personas requeridas por la Justicia argentina.
Por eso, el Gobierno enfatizó que “no tolerará agravios ni injerencias de un Estado que ha incumplido de manera sistemática sus obligaciones internacionales y que persiste en obstaculizar el avance de la justicia”.
Y agregó: “La República Argentina reafirma su compromiso inquebrantable con la memoria, la justicia y la lucha contra el terrorismo, asi como con el pleno respeto del derecho internacional”.
Noticia que está siendo actualizada.-
Cancillería, Irán, Israel
La Cancillería argentina, a cargo de Pablo Quirno, declaró este jueves “persona non grata” al encargado de negocios de la embajada de Irán en el país, Mohsen Soltani Tehrani, y le ordenó que abandone el país en 48 horas, de acuerdo a lo que publicó la cartera de Relaciones Exteriores en un comunicado. La reacción de la administración libertaria surge luego de que el régimen islámico condenara que la Argentina haya declarado organización terrorista a la Guardia Revolucionaria en medio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.
“El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto informa que la República Argentina declaró persona non grata al Sr. Mohsen Soltani Tehrani, Consejero y Encargado de Negocios ad interim de la República Islámica de Irán y debe abandonar el territorio nacional en un plazo de 48 horas”, informó la cartera.
El comunicado continúa: “La decisión se adopta en respuesta al texto difundido el día de ayer por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán, que contiene acusaciones falsas, ofensivas e improcedentes contra la República Argentina y sus más altas autoridades. Dichas manifestaciones constituyen una inaceptable injerencia en los asuntos internos de nuestro país y una tergiversación deliberada de decisiones adoptadas l derecho internacional y al ordenamiento jurídico nacional”.
Esto se suma, según se indicó, a la negativa de Irán a “cooperar con la Justicia argentina en la investigación del atentado contra la AMIA, así como a su reiterado incumplimiento de las órdenes internacionales de detención y extradición de los responsables”.
“Resulta particularmente grave la designación en cargos de alta responsabilidad del Cuerpo de Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de personas requeridas por la Justicia argentina”, asegura.
Y cierra: “La Argentina no tolerará agravios ni injerencias de un Estado que ha incumplido de manera sistemática sus obligaciones internacionales y que persiste en obstaculizar el avance de la justicia. La República reafirma su compromiso inquebrantable con la memoria, la justicia y la lucha contra el terrorismo, así como con el pleno respeto del derecho internacional”.
Ayer por la tarde, a través de su embajada en Uruguay, Irán condenó que la Argentina haya declarado a la Guardia Revolucionaria iraní como organización terrorista.
“Esta medida no solo perjudica seriamente las relaciones bilaterales entre Argentina e Irán, sino que también establece un precedente peligroso en las relaciones internacionales y genera responsabilidad internacional para el gobierno argentino”, expresó el régimen islámico.
Desde el régimen sostuvieron la declaración argentina es un “error estratégico y un insulto injustificable al pueblo iraní”. Y advirtieron que Javier Milei y el canciller Quirno “se convirtieron en cómplices de los crímenes cometidos y quedaron del lado equivocado de la historia” al alinearse con los ataques de EE.UU. e Israel que comenzaron el 28 de febrero.
El Gobierno argentino incorporó esta semana al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). Su inclusión implica no solo su declaración como organización terrorista, sino también el congelamiento administrativo inmediato de bienes, dinero y activos de la entidad y la prohibición de la posibilidad de operar en el sistema financiero nacional.
La Guardia Revolucionaria es un conglomerado militar, político y económico que fue fundado como una fuerza militar paralela al ejército regular de Irán en 1979, tras la Revolución Islámica. Hoy está presente en todos los estamentos, incluso en la política: de las 290 bancas de la Asamblea Legislativa, unas 30 pertenecen a oficiales superiores.
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POLITICA
El fuerte gesto público de Milei con Adorni que reafirma el respaldo presidencial al Jefe de gabinete
En medio de la sucesión de denuncias que pusieron en jaque la continuidad de Manuel Adorni en el gobierno nacional, el presidente Javier Milei dio esta mañana una nueva muestra de apoyo público al jefe de Gabinete.
En la previa del inicio del acto por el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas que se celebró en el barrio de Retiro, el Presidente saludó uno por uno a los funcionarios presentes, pero al ministro coordinador le dio un abrazo sentido que fue registrado por las cámaras.
En otro contexto, el saludo con Adorni podría haber sido un gesto de cordialidad que no daría para mayores interpretaciones. Sin embargo, en este momento no es un gesto inocente, sino una decisión de mostrar públicamente su respaldo a un hombre que lleva semanas en el centro de la escena y cuya continuidad es puesta en duda a diario.
Esta fue la segunda actividad que Milei y Adorni compartieron en las últimas 24 horas: el presidente convocó ayer al jefe de Gabinete a una reunión a solas en la Quinta de Olivos y duró algo más de horas; fue otra señal para despejar los rumores de salida del funcionario.
Cerca de los hermanos Milei no había otra lectura posible: iba a ser un encuentro para dar una muestra de apoyo a uno de sus funcionarios más allegados en la administración libertaria. Son sólo ellos, Javier y Karina, quienes decidirán cuál es la sobrevida de Adorni en el cargo.
Después del acto, Milei se acercó a darle un beso al Jefe de Gabinete y saludó (como en la previa del evento) al resto de los integrantes del gobierno nacional que estaban en el lugar: Karina Milei, Luis Caputo, Federico Sturzenegger, Diego Santilli, Alejandra Monteoliva, Pablo Quirno, Martín Menem, María Ibarzábal y Mario Lugones. Un dato extra de color: esta vez el Presidente también saludó de modo cordial a Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, al que había ignorado notoriamente en el Tedeum de 2025.
Homenaje y anuncio
Durante la ceremonia que se realizó en el barrio porteño de Retiro, Milei pronunció un breve discurso en el que confirmó que, a través de un decreto, la Secretaría General de la Presidencia organizará para 2027 un homenaje y entregará distinciones a los veteranos de la guerra, coincidiendo con el 45º aniversario del conflicto. El objetivo de esta medida es reconocer a quienes participaron en la guerra y fortalecer la centralidad de las Fuerzas Armadas.
El mandatario también confirmó que el gobierno destinará el 10% de los ingresos fiscales provenientes de privatizaciones a la compra de armamento y bienes de capital para fortalecer el sistema de defensa nacional.
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