En una entrevista exclusiva con Julián De Diego por Infobae al Regreso, el abogado laboralista que participó en la redacción de la reforma laboral sostuvo que la medida cautelar dictada por la Justicia no cuenta con un hecho concreto que justifique su aplicación y anticipó que será apelada.

Durante su paso por el estudio de Infobae al Regreso, donde dialogó con Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Gustavo Lazzari, De Diego remarcó la naturaleza abstracta de la acción iniciada por la CGT y los problemas de jurisdicción que, desde su perspectiva, afectan la validez de la resolución.

El análisis de De Diego sobre la competencia judicial en la reforma laboral

“La acción es de la CGT contra el Estado nacional. No es una acción contra la Unión Industrial ni contra la actividad privada. Por lo tanto, la justicia competente es la justicia contenciosa administrativa cuando el Estado es parte”, afirmó De Diego al explicar el punto de partida del conflicto. Desde su experiencia como redactor de la norma, subrayó: “El juez que falló, en rigor, no es competente”.

En la conversación, detalló que el magistrado justificó su intervención “por razón de la especialidad”, al tratarse de un asunto laboral, aunque para De Diego esto no corresponde porque la demanda tiene como único destinatario al Estado, responsable de la sanción y publicación de la ley. “El juez habla de que por la especialidad se tiene que involucrar y no quiere prejuzgar, y después prejuzga porque analiza uno por uno todos los artículos”, sentenció.

Además, el abogado criticó que la resolución haya avanzado sobre la constitucionalidad de 83 artículos impugnados, “cuando la cautelar debería limitarse a evitar daños irreparables y no a dictar juicio sobre el fondo”.

Medida cautelar, daños concretos y la posición del Gobierno

De Diego también respondió sobre la posibilidad de que el Poder Ejecutivo recuse al juez, en función de sus antecedentes laborales y supuesta falta de imparcialidad. “No conozco las razones de imparcialidad que mencionan, pero el contenido de la resolución tiene muchas contradicciones y mecanismos de sesgo”, manifestó.

Planteó que la decisión judicial se dictó “in abstracto”, sin casos concretos de trabajadores afectados por la reforma: “Ninguno de los artículos está siendo impugnado por efecto de una aplicación injusta o arbitraria que comprometa derechos constitucionales”. Por eso, calificó la medida como una expresión genérica que no satisface el requisito de daño irreparable que exige la ley.

Frente a la pregunta sobre la diferencia entre demandas individuales y acciones institucionales, precisó: “Si un trabajador demanda a su empleador por horas extras en virtud de la reforma laboral, interviene un juez laboral. Si la demanda es de la CGT contra el Estado, corresponde la justicia administrativa federal”.

El futuro de la cautelar y el impacto en la reforma laboral

Respecto al futuro del caso, De Diego anticipó: “Esta medida cautelar va a ser apelada. El otro problema es si tiene efecto inmediato o diferido. La cámara, al apelar, puede decir: ‘Como esto tiene tanta incidencia sobre el mundo real, el efecto se va a diferir al momento que se dicte la sentencia’”.

Sostuvo que si la cámara decide ese efecto diferido, los 83 artículos suspendidos podrían seguir aplicándose hasta que exista una sentencia definitiva. “Cuando se pueda hacer un verdadero planteo de constitucionalidad será cuando un hecho concreto genere una decisión que lesione derechos fundamentales a un trabajador”, concluyó.

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El Gobierno dio el primer paso para cubrir vacantes en la Justicia y envió a la Secretaría Legal y Técnica un paquete inicial de 45 pliegos de candidatos a jueces, fiscales y defensores oficiales divididos en dos tandas. Tras la revisión formal y la firma del presidente Javier Milei, los nombres serán remitidos al Senado para su aprobación.

La nómina fue elevada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Se trata de la primera tanda dentro de un universo de 313 pliegos acumulados.

Entre los nombres que integran el listado sobresale el de Emilio Rosatti, propuesto para el Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe. Es hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, que además encabeza el Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de seleccionar a los candidatos.

Desde el entorno del titular del máximo tribunal aclararon a Clarín que no participó de la votación de esa terna en el Consejo, que fue aprobada por unanimidad. También destacaron que Emilio Rosatti tiene carrera propia en el Poder Judicial y formación especializada en derecho penal.

El envío de los pliegos había sido anticipado la semana pasada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la presión por la cobertura de vacantes judiciales.

La mayoría de los cargos corresponde a la provincia de Buenos Aires y al fuero correccional de la Ciudad. Entre ellos hay puestos en tribunales orales federales, cámaras de apelaciones y juzgados nacionales. También se incluyeron cargos en el fuero civil y en la Cámara Federal de la Seguridad Social.

En detalle, figuran posiciones para el Tribunal Oral Federal de Formosa, la Cámara en lo Criminal Federal de La Plata, la Cámara Penal Económica, la Cámara Correccional porteña y distintos juzgados nacionales en lo criminal y correccional. Además, se incorporó un cargo de fiscal en el fuero penal económico y una defensora oficial.

El proceso continuará ahora en el Senado, donde los candidatos deberán pasar por la Comisión de Acuerdos antes de ser votados en el recinto. A diferencia de los jueces de la Corte Suprema, estos nombramientos requieren mayoría simple.

El movimiento del Gobierno busca empezar a reducir el alto nivel de vacantes en el sistema judicial. Actualmente, el 36,5% de los cargos está sin cubrir y en la Corte advierten que podría llegar al 42% en los próximos meses si no se acelera el proceso.

La situación es aún más crítica en el Ministerio Público Fiscal, donde casi la mitad de los cargos están vacantes. Sin embargo, en este primer envío solo se incluyó un puesto para ese organismo.

En el Gobierno sostienen que la cobertura de cargos judiciales es una prioridad y una de las principales urgencias de la gestión, en un contexto de fuerte atraso en las designaciones y creciente presión institucional por el funcionamiento del sistema.

Horacio Rosatti