La Cámara Federal de Casación Penal suspendió la audiencia que había convocado para esta mañana para establecer qué tribunal es el competente para investigar las causas contra la AFA, si el penal económico, el federal o el juzgado federal de Campana, como quiere la organización del fútbol.

No obstante, el fiscal ante la Casación Mario Villar denunció que la causa de Campana -que está en manos del juez Adrián González Charvay- se inició con un simple mail. El fiscal advirtió que busca “prevenir una manipulación de los órganos jurisdiccionales”.

Villar dijo que es “sorprendente” comenzar una causa con un correo electrónico proveniente de una persona “sindicada como testaferro” y que se use ese correo para un traspaso que va contra “el principio de juez natural” que está “diseñado para evitar manipulaciones”.

“Me cuesta poder aceptar que esto pueda ser visto, no digo como una atribución correcta de competencia, sino como algo que pueda considerarse, simplemente, dentro del imperio de la ley”, afirmó.

Opinó que las causas contra la AFA por lavado deben tramitar en la justicia federal de Comodoro Py 2002 o, en su defecto, en el fuero en lo penal económico de la Capital.

Permitir que el caso quede en Campana, dijo, “sembraría la duda acerca de la transparencia e imparcialidad de la atribución de causas poniendo en jaque un principio constitucional como es el del juez natural”.

La decisión de la Sala I de la Cámara Federal de Casación de suspender la audiencia de hoy se debió a que la exlegisladora Elisa Carrió, de la Coalición Cívica, pidió que se aparte del expediente a la jueza Angela Ledesma, a quien cuestionó por sus supuestos vínculos con el gobierno de Santiago del Estero.

La suspensión de la audiencia fue decidida por los jueces Javier Carbajo y Mariano Borinsky, que le pidieron un informe a Ledesma y luego de analizarlo, resolverán.

Carrió, como denunciante, habló de “la gravitación” de Ledesma en la política judicial y en la sociedad de Santiago del Estero. Dijo que correspondía que la Casación evaluara si Ledesma “ha tenido vínculos de algún tipo con los acusados y su entorno, contemplando la totalidad de personas humanas y jurídicas que forman parte de autos y que están siendo investigados por los hechos denunciados”.

Esto se relaciona con la incidencia que tiene en la política santiagueña Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y uno de los investigados.

No obstante esta decisión, el fiscal Villar se presentó en el expediente y dijo que en este caso se investiga un presunto lavado de activos y un supuesto desvío millonario de fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Señaló que la solución es hacer lugar al recurso del fiscal de Cámara de San Martín, Carlos Cearras, anular la resolución de la Cámara Federal de San Martín que dejó el caso en Campana y resolver la competencia a favor del juzgado federal de Daniel Rafecas, que intervino en primer lugar.

Según el fiscal, al tratarse de un delito complejo de lavado de activos a nivel internacional, el fuero federal porteño es el único con la jurisdicción y especialidad material correspondiente, sostuvo.

Sostuvo que si no comparten su punto de vista, entonces el caso debería ir al juzgado 10 en lo penal económico, que está a cargo de Marcelo Aguinsky. Pero por pocos días, ya que es subrogante y será reemplazado por la jueza Veronica Stracchia, designada por sorteo.

Si tampoco se admite esta solución, pidió que manden el caso a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico para que sea ese tribunal el que resuelva el conflicto de competencia.

Dijo el fiscal Villar que el caso del juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, comenzó sin que existiera ninguna denuncia previa, prevención policial ni requerimiento fiscal.

“No puede existir una cuestión de competencia entre una causa y una no causa”, sentenció Villar.

Dijo que con este correo, el juez de Campana habilitó la feria judicial y le dio curso al pedido sin solicitar una certificación completa de la causa original para saber exactamente qué delitos se estaban investigando.

Dijo Villar que en 2021 y 2022, ante una denuncia idéntica por lavado de activos contra Claudio Tapia y la compra de propiedades en la misma jurisdicción bonaerense, González Charvay se había declarado incompetente argumentando que la AFA tenía su sede en la calle Viamonte y que los delitos se habían gestado en la Ciudad de Buenos Aires.

“Ahora, en estas actuaciones, decide lo exactamente opuesto”, dijo el fiscal.

Recordó que la mayoría de los actos delictivos habrían ocurrido en la ciudad de Buenos Aires porque allí está la sede comercial de la AFA, están las sociedades intermediarias, las financieras y allí fue el presunto movimiento de bolsos de efectivo.

Remarcó que tan evidente es la territorialidad porteña que el juez de Campana recurrió a la orden de allanamientos “en extraña jurisdicción” para poder intentar investigar el caso en la ciudad de Buenos Aires.

El fiscal dijo que en esta causa se investiga una red internacional de intermediarios financieros que habrían operado entre los años 2021 y 2025, y que habrían canalizado fuera del circuito bancario argentino fondos obtenidos por la AFA mediante un complejo circuito financiero.

Bajo el pretexto del cepo cambiario y mediante mecanismos irregulares (comisiones del 30%) se habrían desviado y ocultado del patrimonio de AFA, valiéndose de empresas constituidas en el exterior (algunas en paraísos fiscales y con cuentas bancarias off shore), con la participación o aquiescencia de dirigentes de AFA, sostiene el dictamen.

Los ingresos de la AFA se vincularían con el pago de derechos comerciales, de auspiciantes extranjeros de la Selección Nacional de fútbol y de derechos de transmisión de los partidos, entre otros.

Se sospecha que aquellos fondos vinculados a la actividad comercial de AFA habrían ingresado a las cuentas bancarias en el extranjero de Torneos y Competencia SA (primer intermediario de gestión de cobro de AFA), de Q22 Services Limited (segundo intermediario), de Stratega Consulting USA LLC (tercer intermediaria, controlada por la homónima en Reino Unido), Odeoma Gestión SL (cuarta intermediaria) y TourProdEnter LLC (última intermediaria a partir de diciembre 2021), y que luego los fondos fueron desviados ilícitamente a sociedades constituidas en los Estados Unidos, Reino Unido y Uruguay.

El fiscal enumeró que en el caso los investigados son Claudio Fabián Tapia (presidente de la AFA), Pablo Ariel Toviggino (tesorero de la AFA), Darío Fabián Toviggino (hermano del tesorero de la AFA, vinculado a Soma SRL), Juan Pablo Beacon (dirección ejecutiva de la AFA), María Florencia Sartirana (actual pareja de Pablo Toviggino y extesorera de la AFA), Leandro Petersen (jefe del área comercial y de marketing de la AFA), Marcelo Fabián Ramón Saracco (primer operador financiero de los fondos de la AFA junto con Toviggino, socio de Odeoma Gestión SL).

Además, mencionó a Gabriela Erica Gillette y Javier Horacio Faroni (pareja vinculada a TourProdEnter LLC, operador financiero de AFA a partir de diciembre 2021), Mauro J. Paz (por Soma SRL, exdirector de la liga femenina de la AFA), Mendoza Wines SA (vinculada a Luciano N. Pantano), Malte SRL, Soma SRL (creada en Santiago del Estero), Andres Scornik (controlante de Global Fc LLC), Melchor A. Merlín (socio español de Odeoma Gestión SL), Global Fc LLC, Bibop SA, Wicca SAS, Lindor SRL y Servicios Lindor SA.

Se mencionaron también otras sociedades destinatarias de los fondos de AFA constituidas en EEUU presuntamente sin actividad real ni empleados a cargo, supuestamente controladas por personas de escasos recursos en Bariloche.

Son Velp LLC (de Verónica Inés Lopez), Velpasalt LLC (vinculada a Roberto Salice), Marmasch LLC (relacionada a Mariela Marisa Schmalz), Soagu Services LLC (vinculado a Javier Alejandro Ojeda Jara, pareja de Schmalz).

Entre otras empresas beneficiarias de los fondos de la AFA, se encontrarían: Dicetel Corp (o Decitel), Florida Secured Title LLC, Brisa Management, Argen Agro LLC, Alabama Goal Capital LLC, Spring Stalk (con sede en Italia) y Alas del Fin del Mundo SRL.

La mayoría de estas sociedades carecerían de operaciones comerciales comprobables, no tendrían oficinas reales ni actividades acordes a los montos recibidos, y habrían sido utilizadas como vehículo de lavado de activos para ocultar la verdadera trazabilidad y destino final del dinero, según la fiscalía.

Asimismo, se anotició la existencia de empresas vinculadas a actividades ecuestres privadas, ajenas a la actividad de la AFA, que habrían recibido sus fondos. Ellas son Carbello SRL (dedicada a la compraventa de caballos), M&H Horses Services (empresa francesa de transporte de caballos) y Equestrian (dedicada a la compraventa de caballos de salto).